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Justicia pendiente

El caso de Marisela Escobedo: indiferencia y corrupción

El caso de Marisela Escobedo es uno de los cientos de feminicidios que terminan con la investigación corrompida por las mismas autoridades

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Ofrenda a Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo por la que pedía justicia. Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- La Fiscalía de Chihuahua presentó a los medios al presunto homicida de Marisela Escobedo, el domingo 4 de octubre. Después de casi dos años de su asesinato, y de irregularidades por parte de las autoridades, se da importancia al caso en un contexto en que la prioridad y el gran despliegue de recursos judiciales ha sido evidente para resolver el homicidio del hijo del exgobernador priista Humberto Moreira, ejecutado en Coahuila.

El caso Moreira tuvo resultados desde el tercer día de la ejecución, mientras que el caso de Marisela Escobedo ha requerido mucha presión internacional para sacarlo de los archiveros de la Fiscalía, según lo apuntaba el abogado de la familia Escobedo, Carlos Spector.

Junto con el caso de Escobedo, las autoridades presentaron también al supuesto autor de la masacre de 72 migrantes acribillados en San Fernando, el presunto homicida Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias, “La ardilla”. Y coronaron la “eficacia” del sistema de justicia con la supuesta ejecución del narcotraficante Heriberto Lazcano, del cártel de los Zetas, al que supuestamente después de muerto “fue desaparecido de la morgue por un comando”.

Sin embargo, el feminicidio de Marisela Escobedo, madre de otra víctima de feminicidio, Rubí Marisol Freyre, va mucho más allá de encontrar un asesino y presentarlo ante la prensa como caso resuelto. Las declaraciones del gobernador César Duarte, con tropiezos editados, no es suficiente para hacer creer que hubo una investigación y que se hizo justicia. y así lo declaran las mismas personas que estuvieron a su alrededor en las caminatas y en la búsqueda de justicia.

Al igual que los demás casos de feminicidios, el de Marisela Escobedo tiene cabos sueltos, especialmente porque involucra a las mismas autoridades de la fiscalía en la corrupción de la investigación.

La indiferencia de las autoridades fue reclamada

“Marisela Escobedo caminó diariamente durante varios días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial en Juárez para exigir la “pena máxima” para el asesino de su hija Rubí Frayre Escobedo, de 16 años. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija exigiendo justicia y pidiendo 60 años de cárcel para el asesino, a quien un tribunal de juicio oral lo dejó en libertad.

“Rubí tenía 14 años cuando se sintió enamorada de Sergio Rafael barraza Bocanegra, quien primero, como suele suceder en estos casos de violencia, la sedujo y después la sometió a una vida de miedo y de violencia extrema, caracterizada por celos enfermizos, por violencia física y psicológica, control y dominio alejándola de sus amistades y familia. El 28 de agosto de 2008, finalmente la asesinó, la quemó y la tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos, después de destazarla.”

Así reza un par de fragmentos del comunicado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, de Chihuahua, escrito el 13 de mayo de 2010, quien tenía la representación jurídica de Escobedo. En diciembre de ese mismo año volvía la organización a mandar otro comunicado ahora para condenar el asesinato de Marisela perpetrado el 16 de diciembre, frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua.

En otro documento oficial del organismo de derechos humanos, dice que “Desde el 20 de mayo hasta el día en que Marisela fue asesinada, pasaron más de 200 días, tiempo que tuvo la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República para ejecutar la orden de aprehensión y detener a Sergio Rafael por el asesinato de Rubí.

Marisela constató, cuando acudió a las representaciones de la PGR en diversos estados, así como a las procuradurías locales que nadie lo estaba buscando y que no había acuerdos de cooperación. Incluso, en Zacatecas no tenían la orden de aprehensión, a pesar de que la Procuraduría la habría enviado a ese lugar.”

En julio de 2010, Escobedo después de constatar que nadie buscaba al asesino de su hija, pese a las pistas que ella misma había aportado acudió a la Ciudad de México para solicitar audiencia con el presidente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez. Ambos se negaron a recibirla.

Las denuncias contra la fiscal Rosa María Sandoval

La fiscal Rosa María Sandoval, de Chihuahua, fue denunciada por destruir evidencia, amenazas de muerte y desestimar información relevante del caso Escobedo en diciembre de 2011, en Los Ángeles Press, que después fueron amenazas de muerte a los periodistas.

Las denuncias fueron hechas por el testigo protegido Manuel García, quien acompañaba a Escobedo en la búsqueda del asesino de su hija, mientras García buscaba a su sobrina desaparecida en 2008.

Entre la evidencia destruida estaba un disco compacto que grabó el asesino Sergio Rafael Barraza Bocanegra. La grabación eran tres canciones en las que, en estrofas al estilo de corridos, contaba todo lo que le había hecho a la joven desde asesinarla hasta destazarla y dársela a los cerdos. Así de grotesco. La fiscal destruyó ese disco frente al testigo y dijo que “no era nada”.

García la denunció también por intentar vincular a Escobedo con el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán y por amenazas de muerte contra él mismo porque se negó a cambiar su testimonio ante el Ministerio Público. Al verse acorralado y en peligro, el joven de 32 años de edad y sin recursos ni apoyo de las organizaciones de derechos humanos de la región, se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos y hoy se encuentra en proceso de asilo político, bajo la dirección jurídica del abogado Carlos Spector, de El Paso, Texas, y abogado de la familia Escobedo.

La fiscal Sandoval es quien lleva aún las investigaciones de los feminicidios de Ciudad Juárez y revisa los expedientes con las madres de las víctimas. También es la fiscal que negó que hubiera cuerpos de jovencitas guardados en la morgue por años, mientras sus madres las estaban buscando en el centro de Ciudad Juárez. Incluso fue la que negó que el cuerpo de la adolescente Adriana Sarmiento que fue asesinada a los quince años de edad se encontrara entre esos 233 restos óseos que yacen en al morgue desde hace años. De todo ello dio cuenta Los Ángeles Press, y hasta la fecha la fiscalía sólo ha entregado 22 cajas con restos óseos, y la fiscal sigue activa como mano derecha del gobernador César Duarte.

Las intimidaciones a las madres de víctimas de feminicidios

Las madres de las víctimas han denunciado su miedo en diferentes ocasiones e incluso amenazas veladas de parte de las colaboradoras más cercanas a la fiscal Sandoval. Las intimidaciones las han hecho en reuniones públicas mientras revisan casos, o en alguna convocatoria para que asistan las madres como audiencia de alguna autoridad y les lanzan afirmaciones como “Yo no acepto traiciones”, “ustedes corren peligro”, “Aguas, no den pasos en falso” o “anden con mucho cuidado” en referencia a la información que dan, que reciben, y que difunden.

Les hacen constantemente ver que están vigiladas, sobre todo las madres que se atreven a investigar por su cuenta como lo hizo Marisela Escobedo. De ello, “dependen los casos de sus hijas”, mientras las atienden dándoles una despensa de menos de setenta pesos al mes, les dan uniformes para los hijos de las desaparecidas y tres de las madres –que viven en condiciones de extrema pobreza– tienen la promesa de un cuarto con un baño en comodato para vivir.

La fiscalía tenía ángulo directo de cámara de seguridad

La fiscal Rosa María Sandoval, a través del “comandante Santacruz”, amenazó a Manuel García por no aceptar cambiar su testimonio ante el Ministerio Público. Pero también trascendió por otro testigo confidencial, que el mismo oficial que seguía órdenes de la fiscal era responsable de vigilar la cámara de seguridad que daba al ángulo de Marisela Escobedo en el plantón frente al Palacio de Gobierno, y que el día del asesinato el oficial no vigilaba esa cámara. Fueron cinco videos grabados por las cámaras de seguridad que obtuvo la fiscalía para su análisis.

El domingo 7 de octubre de 2012, por la tarde, la fiscalía difundió un boletín de prensa afirmando que hubo una investigación y que contaba con “con los elementos técnicos, científicos y periciales para afirmar que José Enrique Jiménez Zavala era el autor material del homicidio de la activista Marisela Escobedo”. Pero el análisis de los videos no fueron presentados ni explicaron porqué las autoridades atribuyeron a los Zetas el feminicidio, o qué elementos prueban la relación entre el asesino que pertenece supuestamente a la banda local Los Aztecas y cómo fue contratado para hacer ese trabajo cuando el cártel de los Zetas opera nacionalmente. Más aún cuando la misma fiscalía ya había dado como autor material a otra persona e incluso había señalado como principal autor intelectual al mismo asesino de Rubí Marisol Frayre.

La fiscalía tuvo la dirección del asesino

Las autoridades de la fiscalía tampoco lograron encontrar al asesino de su hija, Sergio Rafael Barraza, pese a que Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Fresnillo, Zacatecas, y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua.

Fue a principios de julio de 2010, cuando Escobedo logró juntar 90 mil pesos (7 mil dlls) de sus ahorros, y le dijo a una de las personas que le ayudaban que se fueran a recorrer el país para buscar al asesino de su hija. También buscarían a Brenda Berenice Castillo García, la sobrina desaparecida de Manuel García. “Con este dinero nos sostenemos, bajamos por Chihuahua y recorremos el país para buscarlos”, dijo.

Pero Escobedo no recorrió el país, no fue necesario. En un lapso menor a 160 días, de julio hasta el día que la mataron el 16 de diciembre, había dado con el paradero de Sergio Rafael Barraza. Y contó que en una ocasión, ella y su hijo fueron rodeados por narcotraficantes a punta de armas largas en la carretera hacia Fresnillo, mientras descansaban por la noche dentro del auto. Escobedo temerosa de que se fueran a llevar a su hijo, les contó a los hombres lo que andaban haciendo y la tragedia de su hija Rubí. Después de momentos de gran tensión, los hombres no sólo los dejaron pasar, sino que les dijeron que iban a ayudar a encontrar al asesino. Pero no se supo que la hayan ayudado, puesto que hasta la fecha Barraza sigue vivo.

Al tiempo de ese suceso, Manuel García, el joven que ayudaba a Escobedo, fue quien acompañó a unos agentes de la fiscalía hasta el domicilio exacto donde se encontraba el asesino y les señaló el lugar. Cuándo preguntó si no iban a detenerlo, respondieron que “no estaban pendejos”.

El hermano de Sergio Rafael Barraza pertenece al cártel de los Zetas y opera en Zacatecas. Todos esos hechos también lo supo la fiscalía. Sin embargo, la fiscal Rosa María Sandoval volvió a desestimar esa información y dijo que ella, personalmente, mantenía contacto telefónico con la madre del asesino y que le había dicho que su hijo Sergio Rafael se encontraba en Estados Unidos.

Caminatas para exigir justicia Foto: pulsoslp.com

En el funeral de Marisela amenazaron a su hijo Juan

El cuerpo de Marisela Escobedo fue trasladado el 17 de diciembre de 2010 de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, para su velación. En la reunión fúnebre se encontraban familiares, amigos y activistas de derechos humanos. Cada paso que se daba en torno a la tragedia, era difundido por los medios, y los reporteros daban cuenta a detalle del mismo funeral.

Una de las madres de víctima de feminicidio, se encontraba fuera del recinto funerario cuando se le acercó un joven de unos 16 o 17 años. Le susurró que “le dijera a Juan que se fuera de Juárez, porque si no también lo iban a matar”. Le dio algunos apodos para que identificara que la amenaza era seria y no fuera desestimada por el hijo de Marisela.

La madre se lo dijo de inmediato a otra persona, porque en esos momentos “Juan era inaccesible” por la presión de los medios y de la multitud que acompañaba a la familia. Cuando el mensaje llegó finalmente a Juan, se puso pálido, seco, y apresuró el entierro del cuerpo de su madre. Sabía que no estaban vacilando.

Carlos Spector, abogado de los Escobedo, aclara a la fiscalía

El abogado Carlos Spector, quien ha llevado la investigación de la familia Escobedo, desde El Paso, Texas, para su asilo político, señaló que los datos que está difundiendo la fiscalía fueron aportados por ellos. “Llevamos muchos meses en esa investigación” dijo el abogado. “Juan (hijo de Marisela) y su tío han estado sobre la fiscalía y toda la información que investigamos la hemos aportado para obligarlos a hacer justicia”, señaló Spector. “Lo que han hecho es por presión internacional, si no no se hubieran movido”, dijo.

Respecto al vínculo que está haciendo la fiscalía sobre Marisela Escobedo y el narcotráfico, Spector respondió que el hermano del asesino de Rubí Marisol, hija de Marisela, es miembro de los Zetas en Zacatecas. Y que Marisela hacía presión a la fiscalía para que detuvieran al asesino que se refugiaba con su hermano. Y descartó por completo que Escobedo hubiese sido favorecida por el cártel rival, tal como lo sugiere la misma declaración del presunto asesino.

El gobernador contradice al asesino

Frente a cámaras televisivas de Ciudad Juárez, José Enrique Jiménez Zavala, identificado por las autoridades como El Wicked, dijo que “le ordenaron la muerte de Escobedo porque les calentaba la plaza de Zacatecas a los Zetas”. Al día siguiente, (lunes 8 de octubre) el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dió una conferencia de prensa y se dirigió “a la opinión pública” para afirmar que concluía la investigación sobre el asesinato de Marisela Escobedo con la detención del presunto homicida, a quien se refirió como “autor material e intelectual” del feminicidio, pese a que el supuesto asesino ya había dicho que “se lo habían ordenado”.

Las notas de prensa fueron corregidas y no dieron mayor importancia al asunto. Sin embargo, fue evidente que el gobernador había sido mal asesorado en el manejo de la información y que la prioridad era difundir de prisa la información.

Marisela Escobedo y los supuestos vínculos del narcotráfico

Marisela Escobedo era enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estaba gestionando su jubilación. Vendía joyería también para ayudarse económicamente. En alguna ocasión comentó a una persona cercana que tenía problemas con su esposo y con sus hijos, quienes le reclamaban que “no sólo era madre de Rubí, sino de todos”. Pero que ella insistía en que la que la necesitaba en esos momentos era su hija Rubí.

Marisela tuvo que enfrentarse varias veces a la fiscalía y reclamó abiertamente su indiferencia: “Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos”, fue el registro de la última minuta que se levantó con organismos de derechos humanos en queja de que la fiscalía no cumplía con su trabajo. Ella misma, en esa minuta, propuso que se juntaran las madres de las víctimas de feminicidios para hacer presión a la fiscalía “porque dispersas no les iban a hacer caso”.

A seis días de que la mataran, la entonces diputada federal del PRI, Adriana Terrazas, repartía despensas a las madres víctimas de feminicidios. Y Escobedo recibió una despensa para llevar a su casa. Su situación económica ya no era buena, y les exigía a las autoridades que le retribuyeran cada gasto que hacía en la investigación del asesino de su hija. Un reporte, por cierto, que la fiscalía ha presentado.

Para una de las especialistas en derechos humanos, que nos reservamos su identidad por razones de seguridad, la misma fiscalía ha construido esa historia de los vínculos con el cártel del Chapo, porque “Marisela presionaba mucho para que actuaran las autoridades”. Incluso, “a la fiscalía se les entregó una lista de nombres de funcionarios involucrados, y sólo los cambian en un encubrimiento entre ellos mismos”, dijo.

Después de la muerte de Marisela Escobedo, aún se intenta manchar su memoria. «Pero está claro para quienes la conocimos, que lo único que ella deseaba era pena máxima para el asesino de su hija», dijo la especialista, lamentando que ninguno de los feminicidios tenga justicia ni el estado pague por ellos.

Justicia pendiente

Respuesta de José Humbertus Pérez por calumnias de Sergio Villafuerte, director de Milenio Estado de México

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El director de Milenio Edomez, Sergio Villafuerte, lanzó calumnias contra José Humbertus Pérez, director de PIDH

 

¡Imaginemos que confianza pueden dar las personas que se venden con las autoridades que tienen familiares en prisión¡

 

Sergio Villafuerte
Director General de Milenio Estado de México

PRESENTE:

Mucho le agradecería que se incluyera en su diario en la edición impresa y digital de mañana lunes 5 de diciembre de 2022 en la nota principal, a ocho columnas y con la misma tipografía, mi nota aclaratoria por la falsa, perversa y calumniosa información que publicó el 1 de diciembre de 2022 el periodista Mario C. Rodríguez, titulada: “Denuncian mujeres a Humbertus Pérez por abuso y violencia”.

Quiero destacar que el Diario Milenio Estado de México tiene mucho años que no publica temas del activismo social y en defensa de los derechos humanos que vengo defiendo desde el año 2007 en todo el Estado de México y de un día para otro me convierto en tema de noticia principal para su diario.

Incluso en la nota publicada el 1 de diciembre de 2022 se faltó a la imparcialidad, objetividad y transparencia que deben aplicar los periodistas en sus investigaciones, máxime por lo gravedad de las acusaciones, el periodista Mario C. Rodríguez antes de hacer la publicación, tenía el deber ético de tomar mi versión y publicar para que los lectores tuvieran su criterio propio.

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Lo más grave, no obstante que desde el 1 de diciembre de 2022 le acredité con pruebas, que estas acusaciones son falsas y que las personas que hoy me denuncian fueron expulsadas de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH, A.C.) por desplegar diversas conductas que las acreditamos al periodista Mario C. Rodríguez y que continuación describimos:

El primer caso María “N”, se le otorgó la garantía de audiencia el 1 de mayo de 2020, para que diera una explicación por las graves acusaciones de extorsionar a Personas Privadas de la Libertad (PPL), reunión a la que no asistió, se le acreditaron depósitos a su cuenta bancaria por la cantidad de $60 mil pesos de las personas extorsionadas, además de otras acusaciones que no fueron atendidas y por resolución del pleno de la mesa directiva se le expulsó de nuestro movimiento. (Se anexaron pruebas de los vouchers están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Segundo caso Gabriela “N”, fue electa tesorera por el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022, durante su desempeño se le solicitó en reiteradas ocasiones por la mesa directiva, que presentara los informes mensuales: contables, financieros y fiscales, pero nunca los presentó, también los comprobantes que se le entregaron por los gasto de gasolina, casetas, fotocopias, comidas entre otros.

También se le pidió que entregaran los ingresos totales de los depósitos de las rifas, aportaciones para las rentas de salón y nunca más se volvió presentar a PIDH, A.C. desde el mes de marzo de 2022; pues era importante la información contable, en virtud de que en el mes de abril de 2022 se realizaría la Asamblea Ordinaria de la A.C. para cambiar la mesa directiva incluyendo a la tesorera. El pasado 25 de octubre de 2022 en la asamblea se nombró un nueva tesorera, en la Asamblea General, en el pleno de PIDH, A.C. se votó por unanimidad para que se presentaran la denuncia penal y demanda civil, entre otras.

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Incluso en un primer momento Gabriela “N”, se quedó con nosotros, quién en una reunión que tuvimos con familiares de los penales de Otumba, Texcoco y Zumpango, señaló que María “N”, le cobró varias “asesorías jurídicas”, incluso nos entregó unos vouchers, en donde, nos hizo de nuestro conocimiento que esos pagos se hicieron para contratar a unos sicarios del Estado de Sonora para que atentaran en contra la vida del ofendido que acusaba a su hijo por el delito de feminicidio. (Tenemos los 3 vouchers en nuestro poder de los depósitos y que acreditan que esta testimonial forma parte de una investigación en diversa fiscalía).

María “N” comenzó una campaña de violencia contra la menor de edad (niña) y de género, denuncia que fue interpuesta y que la Fiscalía general de Justicia del Estado de México conoció de estas conductas, concretamente el vicefiscal Rodrigo Archundia Barrientos, pero se niegan a integrar la investigación cuando se trata de proteger políticamente los delitos y fabrican delitos a falsos culpables, incluso no se ha querido incorporar la comparecencia de varias compañeras para que rindan su testimonio como pruebas. Entre éstas, que María «N» les llamó para que me acusaran de acoso y abuso sexual. (Se anexaron pruebas que están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Tuvimos conocimiento que una vez que la tesorera Gabriela “N” que no presentó los ingresos y gastos de PIDH, A.C., se volvió a unir con María “N”, quién la acercó al Colectivo Zeferino Ladrillero, quienes apoyaron y comenzaron la denuncia penal en mi contra que interpusieron desde el mes marzo de la presente anualidad, y que sorpresivamente hoy la dan a conocer, violentando el debido proceso y mi presunción de inocencia.

Es muy importante señalar que la estrategia perversa para dañar a un servidor y a PIDH, A.C., se acredita con la propia publicación del 1 de diciembre de 2022, en donde el periodista Mario C. Rodríguez concluye señalando que “Agrupaciones como Haz Valer Mi Libertad y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dan seguimiento a los casos y arropan a los familiares de presuntos inocentes en prisión».

La estrategia fue desprestigiar a PIDH, A.C. y fortalecer a los colectivos “Haz Valer Mi Libertad” y al “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, cuando estos dos organismos perdieron todas las amnistías que interpusieron desde el 20 de enero de 2021; esto se acredita con el Amparo en Revisión 218/2021 y el diverso Amparo en Revisión 215/2021, resuelto el primero por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el segundo  por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito ambos ubicado en la Ciudad de Toluca.

Los colectivos mencionados: ¿arroparon y dieron seguimiento a los casos? No es verdad, perversamente lucraron con el dolor de los familiares, mismos a los que obligaron a raparse, sacarse sangre, denigrarlos bañándolos públicamente simulando estar en prisión, vestirse de Reyes Magos y la cabalgata de la mediocridad jurídica, toda vez que cuando ellos realizan estas “protestas” sus solicitudes de amnistías que ingresaron el 18 de marzo de 2021 en la CODHEM se les habían negado desde el 31 de agosto de 2021 y que en la página 4 del  Amparo en Revisión 218/2021 se señala “tuvo por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Antonio Duque y Fabiola Vite Torres” Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Ante la perdida de su estrategia jurídica en las solicitudes de amnistía el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió clemencia y ser oídos por el Gobierno del Estado de México, ¿Por qué no hablar con la verdad a las personas que dicen arropar y que siguen sus casos? Simplemente, porque negociaron con los verdugos de los falsos culpables, la libertad por la lucha y la verdad por la infamia, tenemos pruebas como este colectivo en tan sólo tres casos cobraron aproximadamente $290 mil pesos por tres amparos de tres amnistías perdidas y ahora hasta se olvidaron de los familiares, lo más triste que los PPL no obtuvieron su libertad.

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PIDH, A.C. no perdido ninguna solicitud de amnistía y actualmente tenemos interpuestos 10 amparos colectivos por las resoluciones de la CODHEM, de resolver opiniones consultivas desfavorables (que no perdidas de amnistía).

No somos lo mismo, tenemos otros datos y los damos a conocer que en el Informe Justificado del Amparo Indirecto número 884/2022 rendido por el diputado Sergio García Sosa, Presidente de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México, presentó la relación de las solicitudes que han sido negadas por los organismo que tenían que emitir las citadas opiniones consultivas, y ahí aparecen todos los nombre de las y los PPL que perdieron sus solicitudes de los colectivos que son de: “Haz Valer Mi Libertad” y el “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, como los casos de Cristóbal “N” y Daniel “N” entre otros, pero lo más deshonesto y perverso es seguir lucrando con la amnistía, que ni un punto y coma no obstante de haber estudiado Derecho no escribieron, y mucho menos hicieron ninguna propuesta para de Ley de Amnistía.

La campaña de desprestigio, calumnias, cobrar por la amnistías y por delitos de violencia a la mujer tiene como objetivo debilitar la Segunda Marcha Nacional de los Falsos Culpables, los acuerdos de la mendicidad jurídica dieron frutos para la traición, y son muchos los intereses para detener a nuestro colectivo.

Señalamos como el director Editorial de Milenio Diario Sergio Villafuerte se comprometió a publicar mi réplica y hasta el día de hoy no se ha publicado nuestro desmentido.

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Finalmente sabemos que uno de los personajes (de muchos más) que están detrás de esta estrategia de perversidad es el diputado Sergio García Sosa, cuyos colaboradores fueron acusados de acoso laboral y contra el director Editorial de Milenio Estado de México Sergio Villafuerte pesan en sus espaldas diversas acusaciones de acoso laboral y que la autoridad del Ministerio Público no ha querido integrar las respectiva carpeta de investigación porque hace uso político de la justicia.

La negativa de darme el derecho de réplica sólo tiene una respuesta, la estrategia de fabricar delitos, para esto se necesita la perversidad; estamos ciertos que el directivo de Milenio Diario Sergio Villafuerte operó esta infamia, no importando que fue nombrado integrante del “Mecanismo para la Protección de Periodistas del Estado de México”.

 

RESPETUOSAMENTE

LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA
FUNDADOR DE PIDH, A.C.

Evidencias de fraude de Gabriela «N»

 

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Juez niega prisión domiciliaria a Murillo Karam

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Un juez le negó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam

El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia Fuerte, negó cambiar la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que fue aprehendido desde agosto pasado.

El juzgador ordenó que el ex funcionario federal permanezca en prisión preventiva justificada, aunque en la Torre Médica del penal de Tepepan, por lo cual deberá permanecer en reclusión por las imputaciones que existen en su contra.

Para saber más del caso: UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero

La defensa legal del ex gobernador de Hidalgo alegó que debería permanecer en su domicilio, debido a las complicaciones de salud que ha presentado durante meses, no obstante, esta petición fue rechazada y será atendido médicamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El juez también determinó fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria contra el también ex senador, debido a que fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

Según la defensa legal de Murillo Karam, quien se desempeñó en diferentes puestos durante la administración de Enrique Peña Nieto, necesita de atención médica especial, ya que padece hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral, pero el juez consideró que existe el riesgo de que se dé a la fuga y por ello debe seguir recluido.

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También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Murillo Karam por lavado de dinero, debido a que no comprobó millones de pesos que recibió en distintas cuentas bancarias que usaba para fines personales y a través de familiares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

 

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Justicia pendiente

La cobertura de la narcopolítica en México, un enorme riesgo para periodistas: Héctor Valdez, desde prisión

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Hector Valdez, periodista preso por delitos fabricados, explica cómo lo dejaron

 

Ponencia en el Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche España, Los Ángeles Press y el Gobierno del estado de Chihuahua

Por Héctor Valdez Hernández

A la obligada distancia, pero, por fortuna, aún con vida. Les saluda un servidor, Héctor Valdez, periodista de Quintana Roo, una entidad fronteriza con Guatemala y Belice, y la única con costa al Caribe Mexicano.

Les saludo a todos los participantes y asistentes a este décimo Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras. Les saludo no desde aquella entidad, Quintana Roo, sino desde la penitenciaría de la Ciudad de México, donde estoy encarcelado desde hace dos años por un crimen que jamás cometí, pues fue fabricado por los grupos de poder que pretendieron acallarme quitándome la vida. No lo consiguieron, pero sí lograron privarme de la libertad con una falsa acusación y con jueces de consigna, en lo que también se constituyó como un intento de asesinato civil, al que me resisto y contra el que lucho y seguiré luchando.

En principio, como dijera Kapuscinski, siendo un buen ser humano, un periodista digno, como trato de serlo desde hace más de 40 años, incluso ahora y desde la prisión en 2019, una serie de amenazas, agresiones y atentados me obligaron al desplazamiento forzado para refugiarme en la Ciudad de México, desde donde seguí mi labor periodística de denuncia puntual y sustentada, de lo que fue el más trágico y ominoso gobierno de aquella entidad, Quintana Roo, el del ahora exgobernador Carlos Joaquín.

Al llegar a Ciudad de México, busqué y conseguí estar en la conferencia mañanera del presidente López Obrador para exponer la situación en que se encontraba Quintana Roo, en el que existían y existen muy fuertes evidencias de colusión entre el narco y grupos delincuenciales con el gobierno de ese momento.

Vínculos incluso familiares y de dirección. En el caso del ex presidente municipal de Tulum, la ciudad donde yo residía y trabajaba, una ciudad pequeña pero muy turística, que llegó a tener la nada honrosa distinción de ser en ese momento una de los más letales del país, en términos per cápita, pues con sólo 32 mil habitantes oficiales, tuvo la friolera de más de 50 asesinatos a balazos.

Para leer más del autor: ¿Quiénes fabricaron los delitos? Desde la prisión Santa Martha Acatitla, la columna del periodista Héctor Valdez

Es decir, que extrapolando las cifras, debió contar ese pequeño municipio con alrededor de 180 asesinatos con sicarios, y en las calles, 180 por cada 100 mil habitantes.

La cobertura de la narcopolítica en el periodismo es un asunto de enorme riesgo, pero es necesario llevarla a cabo si queremos cumplir con el precepto de informar y de alumbrar para que la sociedad observe, analice reflexione. Aunque en el caso de la narcopolítica, las cucarachas no corran a esconderse, sino incluso envalentonadas, quieran pisarnos, callarnos, vigilarnos, destruirnos, encarcelarlos, matarnos.

En el estado de Quintana Roo, la actividad del narcotráfico tiene una historia mucho más larga que en el resto del país, al menos con las llamadas drogas duras o sintéticas, pues desde finales de los años 70, del siglo pasado, el estado se erigió apenas en 1974, cuando tuvo la figura legal del territorio. Y entonces los pobladores sabían del tráfico de estupefacientes por las costas del Mar Caribe.

Lo mismo como trasiego de una ruta por mar a una terrestre o por el reabastecimiento de las lanchas con dos o tres motores fuera de borda, bien conocidos como las lanchas rápidas del narco.

Las costas del sur de Quintana Roo y del actual municipio de Tulum fueron escenario de la incesante actividad del narcotráfico, que desde el principio se vinculó con las familias más poderosas, económica y políticamente de ese estado, precisamente en esa zona en las primeras décadas en que se integró como estado, del que forma parte Cozumel, donde la actividad fue más visible, aunque todavía discreta.

Precisamente en Cozumel es donde nació el poder político y económico de una familia que cuenta con dos hermanos exgobernadores, una senadora, diputados, varios presidentes municipales, todos ellos ascendidos al poder político de manera directa, como un núcleo familiar, pero también como una familia que decidió la mayor parte de los candidatos que luego fueron gobernadores, senadores, diputados federales y locales y por supuesto, presidentes municipales.

Se trata de la familia Joaquín, con un patriarca fallecido en el 2016 a la cabeza, donde Nassim Joaquín, padre del exgobernador Carlos Joaquín González, apenas afuera de la gubernatura hace poco más de un mes; pero también padre del gobernador Pedro Joaquín, en los años ochenta, que después en el sexenio de Enrique Peña, se desempeñó como Secretario de Energía y antes, incluso, había sido uno de los aspirantes por el PRI a la candidatura para la Presidencia de la República.

En Quintana Roo, en el último tercio del siglo XX y en las primeras décadas de este siglo XXI, era bien conocida la premisa de que nada podía hacerse sin la venia de los Joaquín, incluyendo el narcotráfico, cómo nació, creció y se fortaleció. Tanto así que en Tulum, mucho antes que fuera paraíso del turismo, un desarrollo mundial, Pablo Escobar, la figura histórica del narco en Colombia, eligió una de las zonas de playas más bellas de Tulum para construirse una residencia, un búnker con extensas fachadas de cristal blindado.

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Todo ello sobre unas costeras colindantes con la Reserva Natural de Sian Ka’an, patrimonio mundial de la humanidad, y a fines de los años ochenta y principios de los noventa, cuenta incluso de red eléctrica, cuando hasta cinco años atrás, oficialmente, estuvo prohibida esa infraestructura en una zona que se supone de preservación y amortiguamiento natural.

Esa residencia, Casa Magna, se volvió emblema y estandarte del narco y a la muerte del colombiano y el posterior crecimiento y control de los cárteles mexicanos, pasó a la posesión de distintos y sucesivos grupos delincuenciales.

A mí, en 2009 y desde entonces, muchas veces me tocó escribir esa historia que entonces los medios locales evitaban publicar y los medios nacionales e internacionales todavía ni siquiera la mencionaban. Pero después de varios años, puede leerse tal historia, aunque, por supuesto, no se ahonda en detalles.

La narcopolítica de Quintana Roo fue siempre la constante. Incluso un exgobernador que tuvo sentencia en México fue extraditado a los Estados Unidos y luego de regreso a nuestro país. Pero el caso del exgobernador Mario Villanueva no hubiese sido distinto de ninguno de sus antecesores o sucesores de no ser, precisamente, porque ese gobernador entró en pugna con la familia Joaquín al oponerse a que una hermana del clan llegara a gobernadora, algo en lo que el expresidente de la república de aquel entonces, Ernesto Zedillo, estaba de acuerdo.

Oponerse al poder real es peligroso, incluso para políticos. Ventilar las verdades de acción, publicar los intereses y las complicidades es un riesgo extremo para cualquier periodista.

Durante muchos años mi trabajo en los medios de comunicación se limitó a la radio en temas culturales y a la conducción noticiosa en medios públicos locales, en una etapa social en la que los medios de comunicación estaban totalmente bajo el control gubernamental.

 

Y cuando parecía que el control social lo mantenía el gobierno con relativa tranquilidad, como en la capital del estado desde los años ochenta y hasta poco antes de concluir la primera década de este siglo.

En 2007-2008 trasladé mi residencia al naciente municipio de Tulum. Venía de otro municipio, Solidaridad, que antes también formaba parte de Cozumel, que por cierto fue un centro turístico y económico aún antes de la existencia de Cancún, al norte de Quintana.

El motor económico y turístico del estado se volvió pronto en un polo de desarrollo económico enorme, con desarrollos turísticos inmobiliarios extensos y con un incremento verdaderamente exponencial de flujos turísticos y poblacionales.

Quintana Roo, desde los años 90, dejó de ser zona de trabajo y traslado para el negocio del narcotráfico y se volvió también en una zona de mercadeo para el consumo. Pero el crecimiento también llevó problemas de enorme violencia y descontrol, sobre todo porque pronto también tuvieron presencia, no unos cuantos, sino varios cárteles del narco que comenzaron su lucha por el control de territorios.

La violencia criminal que durante varios años permaneció relativamente discreta, estalló de pronto, justo a la llegada del exgobernador Carlos Joaquín, que además de manera personal, alentó y promovió las invasiones de terrenos urbanos en municipios como Solidaridad y Tulum, con el argumento de que su antecesor, Roberto Borge, por cierto familiar político, había vendido irregularmente buena parte de reservas territoriales urbanas.

En realidad, las invasiones de millones de metros cuadrados con valor de al menos dos mil pesos cada metro, Carlos Joaquín como un medio clientelar de base social, pero no en la organización de esas invasiones. Los líderes de ellos, muchos, estaban vinculados en varios casos con células criminales. Y justo por eso, de pronto, en las extensas zonas, habitaciones, tierra de nadie, a los pocos meses se aplicaron y operaron varias células locales de otros cárteles nacionales

El Cártel Jalisco Nueva Generación, por esos años justamente, llegó a Quintana Roo, coincidiendo con la llegada del gobernador Carlos Joaquín González, que en apenas un par de años, de 2016 a 2018, se volvió en el más fuerte en el norte de Quintana Roo. De todo ello y de manera cotidiana, ya para entonces me tocó referirlo y publicarlo en un medio digital propio Tulum en Red, que por cierto fue fundado desde el año 2008 y que entonces, ya con casi 10 años de presencia y conocido, gozaba de una buena credibilidad.

Pero a los gobiernos autoritarios no les gusta la libertad de expresión y por eso fui despedido por esos años de una labor de más de una década en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, de corte oficialista, donde yo ganaba dinero para vivir.

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Por ese tiempo vi que desapareció otro medio de comunicación en el que yo entonces trabajaba, Diario Respuesta. Los periodistas, sobre todo los reporteros en México, a veces necesitamos de tres o hasta cuatro trabajos distintos, al menos dos trabajos para subsanar los gastos cotidianos para subsistir junto con nuestras familias.

La parte económica, entonces, fue el primer ataque, la primera arremetida del poder a mi persona. Por fortuna, en ese tiempo, la Agencia Quadratín Quintana Roo me tendió la mano y confió en mi trabajo y profesionalismo, pues mi medio propio Tulum en Red siempre ha sido un medio informativo, independiente de esfuerzo propio, pero de ganancias económicas nulas.

La vorágine de violencia y asesinatos extrajudiciales que desde 2016 fueron multiplicándose cada año, ocupó de pronto casi toda mi actividad periodística y hasta el silenciamiento voluntario ordenado desde el gobierno de la mayoría de los medios formales.

‘Yo opté por una cobertura más completa que procesar, incluyendo una gran cantidad de transmisiones en vivo sobre hechos delictivos que incluyeron balaceras, que narré en video o en el momento mismo en que ocurrían.

En 2018, la situación se tornó incluso más complicada, pues un presidente municipal del equipo del gobernador logró ser electo, pero ese presidente municipal era líder, al mismo tiempo, de una banda criminal fundada por sus familiares desde muchos años atrás, algo que se conocía en voz baja por casi todos los pobladores.

Yo decidí hablar públicamente del tema y contextualizar la cobertura informativa con datos ampliamente conocidos, pero también responsablemente corroborados. Ya para ese tiempo también un personaje controversial.

Se había hecho cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Alberto Capella, como titular de la Policía, consiguió tener el mando único de todas las corporaciones del estado, pero era previsible que ello no remediaría y al final, incrementaría la violencia, pues al llegar Capella a Quintana Roo, era conocido porque tenía al menos dos demandas por posible colaboración con grupos delictivos de Guerrero y de Morelos, donde antes tuvo también el cargo de secretario de Seguridad, y cuyo estado dejó hecho un mar de muerte.

Otra coincidencia ocurrió entonces, pues, que ha fortalecido el Cártel, a principios de 2018, con la llegada de Alberto Capella, llegaron también los del grupo delincuencial Los Rojos, que se instalaron con fuerza en la llamada Riviera Maya.

Para 2019, el clima de violencia era insostenible para que se pretendiera informar, tres amigos de los medios, periodistas, habían sido asesinados a balazos, uno en Solidaridad, en Playa del Carmen, y uno más en el municipio de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún.

Un supuesto amigo, dirigente local de un partido político y colaborador del Gobernador y del presidente municipal, me había advertido a principios de 2019 que a mí podría pasarme lo mismo que a mis amigos periodistas acallados a balazos, pues directamente me dijo que el Gobernador y el presidente municipal estaban hartos de mí.

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Después de esa advertencia, que traté de minimizar, aunque con muchas precauciones, vino un atentado con bombas molotov a mi domicilio y vehículo, una emboscada en una madrugada de la que escapé milagrosamente, una golpiza multitudinaria propinada a mi persona por una decena de policías y finalmente, amenazas demasiado claras de delincuentes, como esos policías que me golpearon.

En muchas ocasiones denuncié formalmente las amenazas, las agresiones, los atentados, denuncié en el ámbito estatal, pero también en el federal, ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por sus siglas, pero ninguna de las muchas demandas avanzó en investigaciones.

Algunos ataques, como la golpiza de policías, fueron negadas por el entonces secretario de Seguridad Pública, aunque los grabé en video, e irónicamente, apenas el año pasado, en la cárcel por un delito fabricado, fui notificado de que en una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo se reconocían los hechos, e incluso se me daba la característica de víctima, característica que también antes ya me había otorgado la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Salí de Quintana Roo el 15 de mayo de 2019 y dos días después mataron, también en Playa del Carmen a otro amigo periodista. Ese año, 2019, Quintana Roo fue el estado que más periodistas asesinados, contó.

Apenas a unas semanas de que yo llegué a Ciudad de México y de que el Mecanismo de Protección a Periodistas me incluyera en su programa, una conocida de Tulum, me habló por teléfono para decirme que viajaría por unos días a Ciudad de México, y que le gustaría saludarme al llegar.

Días después me pidió alojamiento por poco tiempo, el mismo día en que me otorgaron un departamento de refugio. Debo decir que para mí no es extraño recibir huéspedes o invitados, de hecho, pertenezco a dos plataformas de viajeros en el mundo, Hospitality Club y Couchsurfing, y ahí consta que por casi 20 años he recibido cálida y respetuosamente a hombres y mujeres de todo el mundo, algunos por varias semanas. Nunca fui desconfiado y menos falté al respeto a alguien, y mis amigos, hombres, pero también mujeres, pueden confirmarlo.

Sin embargo, la persona que recibí esos días realizó una falsa acusación de violación, sin pruebas e incluso con pruebas en contra, como una pretensión de su parte de comprar testigos, avanzó de pronto, coincidentemente después de que Tulum en Red, y mi persona difundieron profusamente con videos que me hicieron llegar, y testimonios, el ataque a balazos por parte de la policía de Quintana Roo de una manifestación feminista ocurrida en Cancún en noviembre de 2020, ataque que el propio Gobernador y su secretario de Seguridad negaron inicialmente, aunque había incluso dos mujeres heridas por arma de fuego, mujeres periodistas, por cierto, menos de 15 días después de que yo difundiera la noticia y se hiciera eco internacional.

 

El caso en mi contra fue reactivado y yo soy aprehendido. El Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal hacía meses que pretendía quitarme los apoyos en Ciudad de México y, por supuesto, que no me otorgó ni el menor apoyo legal, pese a que desde meses atrás yo les había expuesto que era víctima de la falsa acusación.

Hace casi dos años que estoy en prisión. Ingresé un 30 de noviembre de 2020. Sostengo que mi encarcelamiento responde al afán de callarme, de matar a un periodista con la impunidad que caracteriza a los hombres del poder en nuestro país.

Aún en prisión, he sido testigo directo de una podredumbre y una impunidad aún más grande del sistema policial y de justicia de Ciudad de México.

Sigo siendo periodista.

He recabado testimonios sobre el modo en que decenas de millones de pesos mensuales son extraídos de las cárceles de la ciudad y usados para fines de enriquecimiento personal ilícito de varios jefes policíacos, o para financiar actividades proselitistas de algunos políticos de esta ciudad.

En la cárcel he sido torturado de muy diversos modos y advertido de otras tantas maneras de que aquí, en cualquier momento, puedo perder la vida sin que a nadie le interese.

He sido amenazado directamente por el subsecretario del Sistema Penitenciario de Ciudad de México y por varios altos jefes policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo para Prevenir y Erradicar la Tortura, salvó mi vida una ocasión al adelantarse a solicitar medidas precautorias a mi favor, después de que comencé a publicar testimonios de la corrupción y de los negocios millonarios al interior de los reclusorios.

El mismo mecanismo de la CNDH interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por tortura en mi contra ordenada por altos mandos policiacos, y solicitó también a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por ser de su esfera de competencia, una investigación por tortura continuada.

La denuncia ante la Fiscalía General simplemente fue recibida, pero no avanzó ni un ápice. No hasta ahora. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México me ha dado a conocer que ellos han optado por, entre comillas, proteger mi vida de ahora en adelante, sin indagar las torturas anteriores que quedaron en constancia del mecanismo de la CNDH.

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Nada de esto me sorprende. La vida de los periodistas en México, sobre todo la de los periodistas críticos, no importa a las personas el poder. Incluso si esos hombres y mujeres del poder se dicen progresistas o precursores de transformaciones que solo lo son simuladas, Kapuscinski y otros referentes del periodismo nos han dejado claro que quienes decidimos informar debemos hacerlo con dignidad y con responsabilidad. No importan las circunstancias.

Un periodista por sí solo, nada cambiará en una sociedad, pero se puede aportar un poco a alumbrar la realidad a todos los asistentes a este Décimo Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos y Frontera.

Les pido su esfuerzo, su entereza e investigación, su solidaridad humana para avanzar por una sociedad más justa.

Desde la Penitenciaría de la Ciudad de México, en la que permanezco por un proceso fabricado desde el poder, pero en la que lucho por seguir siendo un buen ser humano que ejerce el periodismo incluso en prisión, les saluda, Héctor Valdez.

 

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