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Justicia pendiente

El caso de Marisela Escobedo: indiferencia y corrupción

El caso de Marisela Escobedo es uno de los cientos de feminicidios que terminan con la investigación corrompida por las mismas autoridades

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Ofrenda a Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo por la que pedía justicia. Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- La Fiscalía de Chihuahua presentó a los medios al presunto homicida de Marisela Escobedo, el domingo 4 de octubre. Después de casi dos años de su asesinato, y de irregularidades por parte de las autoridades, se da importancia al caso en un contexto en que la prioridad y el gran despliegue de recursos judiciales ha sido evidente para resolver el homicidio del hijo del exgobernador priista Humberto Moreira, ejecutado en Coahuila.

El caso Moreira tuvo resultados desde el tercer día de la ejecución, mientras que el caso de Marisela Escobedo ha requerido mucha presión internacional para sacarlo de los archiveros de la Fiscalía, según lo apuntaba el abogado de la familia Escobedo, Carlos Spector.

Junto con el caso de Escobedo, las autoridades presentaron también al supuesto autor de la masacre de 72 migrantes acribillados en San Fernando, el presunto homicida Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias, “La ardilla”. Y coronaron la “eficacia” del sistema de justicia con la supuesta ejecución del narcotraficante Heriberto Lazcano, del cártel de los Zetas, al que supuestamente después de muerto “fue desaparecido de la morgue por un comando”.

Sin embargo, el feminicidio de Marisela Escobedo, madre de otra víctima de feminicidio, Rubí Marisol Freyre, va mucho más allá de encontrar un asesino y presentarlo ante la prensa como caso resuelto. Las declaraciones del gobernador César Duarte, con tropiezos editados, no es suficiente para hacer creer que hubo una investigación y que se hizo justicia. y así lo declaran las mismas personas que estuvieron a su alrededor en las caminatas y en la búsqueda de justicia.

Al igual que los demás casos de feminicidios, el de Marisela Escobedo tiene cabos sueltos, especialmente porque involucra a las mismas autoridades de la fiscalía en la corrupción de la investigación.

La indiferencia de las autoridades fue reclamada

“Marisela Escobedo caminó diariamente durante varios días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial en Juárez para exigir la “pena máxima” para el asesino de su hija Rubí Frayre Escobedo, de 16 años. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija exigiendo justicia y pidiendo 60 años de cárcel para el asesino, a quien un tribunal de juicio oral lo dejó en libertad.

“Rubí tenía 14 años cuando se sintió enamorada de Sergio Rafael barraza Bocanegra, quien primero, como suele suceder en estos casos de violencia, la sedujo y después la sometió a una vida de miedo y de violencia extrema, caracterizada por celos enfermizos, por violencia física y psicológica, control y dominio alejándola de sus amistades y familia. El 28 de agosto de 2008, finalmente la asesinó, la quemó y la tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos, después de destazarla.”

Así reza un par de fragmentos del comunicado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, de Chihuahua, escrito el 13 de mayo de 2010, quien tenía la representación jurídica de Escobedo. En diciembre de ese mismo año volvía la organización a mandar otro comunicado ahora para condenar el asesinato de Marisela perpetrado el 16 de diciembre, frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua.

En otro documento oficial del organismo de derechos humanos, dice que “Desde el 20 de mayo hasta el día en que Marisela fue asesinada, pasaron más de 200 días, tiempo que tuvo la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República para ejecutar la orden de aprehensión y detener a Sergio Rafael por el asesinato de Rubí.

Marisela constató, cuando acudió a las representaciones de la PGR en diversos estados, así como a las procuradurías locales que nadie lo estaba buscando y que no había acuerdos de cooperación. Incluso, en Zacatecas no tenían la orden de aprehensión, a pesar de que la Procuraduría la habría enviado a ese lugar.”

En julio de 2010, Escobedo después de constatar que nadie buscaba al asesino de su hija, pese a las pistas que ella misma había aportado acudió a la Ciudad de México para solicitar audiencia con el presidente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez. Ambos se negaron a recibirla.

Las denuncias contra la fiscal Rosa María Sandoval

La fiscal Rosa María Sandoval, de Chihuahua, fue denunciada por destruir evidencia, amenazas de muerte y desestimar información relevante del caso Escobedo en diciembre de 2011, en Los Ángeles Press, que después fueron amenazas de muerte a los periodistas.

Las denuncias fueron hechas por el testigo protegido Manuel García, quien acompañaba a Escobedo en la búsqueda del asesino de su hija, mientras García buscaba a su sobrina desaparecida en 2008.

Entre la evidencia destruida estaba un disco compacto que grabó el asesino Sergio Rafael Barraza Bocanegra. La grabación eran tres canciones en las que, en estrofas al estilo de corridos, contaba todo lo que le había hecho a la joven desde asesinarla hasta destazarla y dársela a los cerdos. Así de grotesco. La fiscal destruyó ese disco frente al testigo y dijo que “no era nada”.

García la denunció también por intentar vincular a Escobedo con el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán y por amenazas de muerte contra él mismo porque se negó a cambiar su testimonio ante el Ministerio Público. Al verse acorralado y en peligro, el joven de 32 años de edad y sin recursos ni apoyo de las organizaciones de derechos humanos de la región, se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos y hoy se encuentra en proceso de asilo político, bajo la dirección jurídica del abogado Carlos Spector, de El Paso, Texas, y abogado de la familia Escobedo.

La fiscal Sandoval es quien lleva aún las investigaciones de los feminicidios de Ciudad Juárez y revisa los expedientes con las madres de las víctimas. También es la fiscal que negó que hubiera cuerpos de jovencitas guardados en la morgue por años, mientras sus madres las estaban buscando en el centro de Ciudad Juárez. Incluso fue la que negó que el cuerpo de la adolescente Adriana Sarmiento que fue asesinada a los quince años de edad se encontrara entre esos 233 restos óseos que yacen en al morgue desde hace años. De todo ello dio cuenta Los Ángeles Press, y hasta la fecha la fiscalía sólo ha entregado 22 cajas con restos óseos, y la fiscal sigue activa como mano derecha del gobernador César Duarte.

Las intimidaciones a las madres de víctimas de feminicidios

Las madres de las víctimas han denunciado su miedo en diferentes ocasiones e incluso amenazas veladas de parte de las colaboradoras más cercanas a la fiscal Sandoval. Las intimidaciones las han hecho en reuniones públicas mientras revisan casos, o en alguna convocatoria para que asistan las madres como audiencia de alguna autoridad y les lanzan afirmaciones como “Yo no acepto traiciones”, “ustedes corren peligro”, “Aguas, no den pasos en falso” o “anden con mucho cuidado” en referencia a la información que dan, que reciben, y que difunden.

Les hacen constantemente ver que están vigiladas, sobre todo las madres que se atreven a investigar por su cuenta como lo hizo Marisela Escobedo. De ello, “dependen los casos de sus hijas”, mientras las atienden dándoles una despensa de menos de setenta pesos al mes, les dan uniformes para los hijos de las desaparecidas y tres de las madres –que viven en condiciones de extrema pobreza– tienen la promesa de un cuarto con un baño en comodato para vivir.

La fiscalía tenía ángulo directo de cámara de seguridad

La fiscal Rosa María Sandoval, a través del “comandante Santacruz”, amenazó a Manuel García por no aceptar cambiar su testimonio ante el Ministerio Público. Pero también trascendió por otro testigo confidencial, que el mismo oficial que seguía órdenes de la fiscal era responsable de vigilar la cámara de seguridad que daba al ángulo de Marisela Escobedo en el plantón frente al Palacio de Gobierno, y que el día del asesinato el oficial no vigilaba esa cámara. Fueron cinco videos grabados por las cámaras de seguridad que obtuvo la fiscalía para su análisis.

El domingo 7 de octubre de 2012, por la tarde, la fiscalía difundió un boletín de prensa afirmando que hubo una investigación y que contaba con “con los elementos técnicos, científicos y periciales para afirmar que José Enrique Jiménez Zavala era el autor material del homicidio de la activista Marisela Escobedo”. Pero el análisis de los videos no fueron presentados ni explicaron porqué las autoridades atribuyeron a los Zetas el feminicidio, o qué elementos prueban la relación entre el asesino que pertenece supuestamente a la banda local Los Aztecas y cómo fue contratado para hacer ese trabajo cuando el cártel de los Zetas opera nacionalmente. Más aún cuando la misma fiscalía ya había dado como autor material a otra persona e incluso había señalado como principal autor intelectual al mismo asesino de Rubí Marisol Frayre.

La fiscalía tuvo la dirección del asesino

Las autoridades de la fiscalía tampoco lograron encontrar al asesino de su hija, Sergio Rafael Barraza, pese a que Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Fresnillo, Zacatecas, y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua.

Fue a principios de julio de 2010, cuando Escobedo logró juntar 90 mil pesos (7 mil dlls) de sus ahorros, y le dijo a una de las personas que le ayudaban que se fueran a recorrer el país para buscar al asesino de su hija. También buscarían a Brenda Berenice Castillo García, la sobrina desaparecida de Manuel García. “Con este dinero nos sostenemos, bajamos por Chihuahua y recorremos el país para buscarlos”, dijo.

Pero Escobedo no recorrió el país, no fue necesario. En un lapso menor a 160 días, de julio hasta el día que la mataron el 16 de diciembre, había dado con el paradero de Sergio Rafael Barraza. Y contó que en una ocasión, ella y su hijo fueron rodeados por narcotraficantes a punta de armas largas en la carretera hacia Fresnillo, mientras descansaban por la noche dentro del auto. Escobedo temerosa de que se fueran a llevar a su hijo, les contó a los hombres lo que andaban haciendo y la tragedia de su hija Rubí. Después de momentos de gran tensión, los hombres no sólo los dejaron pasar, sino que les dijeron que iban a ayudar a encontrar al asesino. Pero no se supo que la hayan ayudado, puesto que hasta la fecha Barraza sigue vivo.

Al tiempo de ese suceso, Manuel García, el joven que ayudaba a Escobedo, fue quien acompañó a unos agentes de la fiscalía hasta el domicilio exacto donde se encontraba el asesino y les señaló el lugar. Cuándo preguntó si no iban a detenerlo, respondieron que “no estaban pendejos”.

El hermano de Sergio Rafael Barraza pertenece al cártel de los Zetas y opera en Zacatecas. Todos esos hechos también lo supo la fiscalía. Sin embargo, la fiscal Rosa María Sandoval volvió a desestimar esa información y dijo que ella, personalmente, mantenía contacto telefónico con la madre del asesino y que le había dicho que su hijo Sergio Rafael se encontraba en Estados Unidos.

Caminatas para exigir justicia Foto: pulsoslp.com

En el funeral de Marisela amenazaron a su hijo Juan

El cuerpo de Marisela Escobedo fue trasladado el 17 de diciembre de 2010 de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, para su velación. En la reunión fúnebre se encontraban familiares, amigos y activistas de derechos humanos. Cada paso que se daba en torno a la tragedia, era difundido por los medios, y los reporteros daban cuenta a detalle del mismo funeral.

Una de las madres de víctima de feminicidio, se encontraba fuera del recinto funerario cuando se le acercó un joven de unos 16 o 17 años. Le susurró que “le dijera a Juan que se fuera de Juárez, porque si no también lo iban a matar”. Le dio algunos apodos para que identificara que la amenaza era seria y no fuera desestimada por el hijo de Marisela.

La madre se lo dijo de inmediato a otra persona, porque en esos momentos “Juan era inaccesible” por la presión de los medios y de la multitud que acompañaba a la familia. Cuando el mensaje llegó finalmente a Juan, se puso pálido, seco, y apresuró el entierro del cuerpo de su madre. Sabía que no estaban vacilando.

Carlos Spector, abogado de los Escobedo, aclara a la fiscalía

El abogado Carlos Spector, quien ha llevado la investigación de la familia Escobedo, desde El Paso, Texas, para su asilo político, señaló que los datos que está difundiendo la fiscalía fueron aportados por ellos. “Llevamos muchos meses en esa investigación” dijo el abogado. “Juan (hijo de Marisela) y su tío han estado sobre la fiscalía y toda la información que investigamos la hemos aportado para obligarlos a hacer justicia”, señaló Spector. “Lo que han hecho es por presión internacional, si no no se hubieran movido”, dijo.

Respecto al vínculo que está haciendo la fiscalía sobre Marisela Escobedo y el narcotráfico, Spector respondió que el hermano del asesino de Rubí Marisol, hija de Marisela, es miembro de los Zetas en Zacatecas. Y que Marisela hacía presión a la fiscalía para que detuvieran al asesino que se refugiaba con su hermano. Y descartó por completo que Escobedo hubiese sido favorecida por el cártel rival, tal como lo sugiere la misma declaración del presunto asesino.

El gobernador contradice al asesino

Frente a cámaras televisivas de Ciudad Juárez, José Enrique Jiménez Zavala, identificado por las autoridades como El Wicked, dijo que “le ordenaron la muerte de Escobedo porque les calentaba la plaza de Zacatecas a los Zetas”. Al día siguiente, (lunes 8 de octubre) el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dió una conferencia de prensa y se dirigió “a la opinión pública” para afirmar que concluía la investigación sobre el asesinato de Marisela Escobedo con la detención del presunto homicida, a quien se refirió como “autor material e intelectual” del feminicidio, pese a que el supuesto asesino ya había dicho que “se lo habían ordenado”.

Las notas de prensa fueron corregidas y no dieron mayor importancia al asunto. Sin embargo, fue evidente que el gobernador había sido mal asesorado en el manejo de la información y que la prioridad era difundir de prisa la información.

Marisela Escobedo y los supuestos vínculos del narcotráfico

Marisela Escobedo era enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estaba gestionando su jubilación. Vendía joyería también para ayudarse económicamente. En alguna ocasión comentó a una persona cercana que tenía problemas con su esposo y con sus hijos, quienes le reclamaban que “no sólo era madre de Rubí, sino de todos”. Pero que ella insistía en que la que la necesitaba en esos momentos era su hija Rubí.

Marisela tuvo que enfrentarse varias veces a la fiscalía y reclamó abiertamente su indiferencia: “Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos”, fue el registro de la última minuta que se levantó con organismos de derechos humanos en queja de que la fiscalía no cumplía con su trabajo. Ella misma, en esa minuta, propuso que se juntaran las madres de las víctimas de feminicidios para hacer presión a la fiscalía “porque dispersas no les iban a hacer caso”.

A seis días de que la mataran, la entonces diputada federal del PRI, Adriana Terrazas, repartía despensas a las madres víctimas de feminicidios. Y Escobedo recibió una despensa para llevar a su casa. Su situación económica ya no era buena, y les exigía a las autoridades que le retribuyeran cada gasto que hacía en la investigación del asesino de su hija. Un reporte, por cierto, que la fiscalía ha presentado.

Para una de las especialistas en derechos humanos, que nos reservamos su identidad por razones de seguridad, la misma fiscalía ha construido esa historia de los vínculos con el cártel del Chapo, porque “Marisela presionaba mucho para que actuaran las autoridades”. Incluso, “a la fiscalía se les entregó una lista de nombres de funcionarios involucrados, y sólo los cambian en un encubrimiento entre ellos mismos”, dijo.

Después de la muerte de Marisela Escobedo, aún se intenta manchar su memoria. «Pero está claro para quienes la conocimos, que lo único que ella deseaba era pena máxima para el asesino de su hija», dijo la especialista, lamentando que ninguno de los feminicidios tenga justicia ni el estado pague por ellos.

Justicia pendiente

¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

El municipio de Coyomeapan, se encuentra en el estado de Puebla, enclavado en la Sierra Negra, zona de pobreza extrema, gobernado por caciques como lo es el expresidente municipal, David Celestino Rosas, quién intervino políticamente para que lo sucediera al cargo a su cuñado, Rodolfo García López; además de intervenir para que su hermana Aracely Celestino Rosas, actualmente ostente el cargo de diputada federal. Hechos que provocaron que la comunidad se organizara para hacer denuncias públicas y protestas pacíficas. Como respuesta a la organización de Coyomeapan, el 5 de septiembre de 2021, fue detenido arbitrariamente el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, cuando se encontraba en su domicilio.

El defensor de los derechos humanos convaleciente de COVID, sin que le otorgaran las medidas sanitarias correspondientes y sin recibir atención médica necesaria a su estado de salud, con padecimientos de diabetes e hipertensión arterial.

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Gonzalo Martínez Herrera fue procesado de homicidio calificado bajo la Averiguación Previa;  AP-1548/2013/TEHUA, con un expediente de más de 200 páginas, donde lo señalan de agravios en contra de quienes respondieran en vida a los nombres de Juan Vázquez López, Pedro Vázquez García y José Villanueva García; así como por el delito de tentativa de homicidio calificado cometido en agravio de Gregorio González Lázaro. El suceso en mención sucedió el día 22 de abril de 2013 en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, perteneciente a la Sierra negra, en el paraje denominado “la cascada de Papalocuautla”.

El día en que dicen que se cometió el delito, el activista indígena Gonzalo Martínez Herrera se encontraba laborando en su centro de trabajo. La distancia aproximada entre ambos lugares es de aproximadamente 5 horas, por lo cual le resultaba imposible que él se encontrara en dicho lugar día y hora que señalan los denunciantes. Esto se confirma por testigos que lo ubican ese día en diversos horarios en su centro de trabajo, así como un talón de pago en el cual se aprecia que en esa quincena respectiva no tuvo descuento alguno por inasistencia a su centro de trabajo.

En la Averiguación Previa se encuentran muchas anomalías en la investigación que realiza el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Puebla, por lo que es totalmente claro que al defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, lo están criminalizando por su labor de defensa a la comunidad.

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Por lo que la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (C.N.P.A.), han pedido la intervención de Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como la de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

***

Responsables de la información: María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera (RSDCIAC) y Blanca Vera Mendoza Ramírez (CNPA).

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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