Connect with us

Justicia pendiente

El caso de Marisela Escobedo: indiferencia y corrupción

El caso de Marisela Escobedo es uno de los cientos de feminicidios que terminan con la investigación corrompida por las mismas autoridades

Avatar

Published

on

Ofrenda a Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo por la que pedía justicia. Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- La Fiscalía de Chihuahua presentó a los medios al presunto homicida de Marisela Escobedo, el domingo 4 de octubre. Después de casi dos años de su asesinato, y de irregularidades por parte de las autoridades, se da importancia al caso en un contexto en que la prioridad y el gran despliegue de recursos judiciales ha sido evidente para resolver el homicidio del hijo del exgobernador priista Humberto Moreira, ejecutado en Coahuila.

El caso Moreira tuvo resultados desde el tercer día de la ejecución, mientras que el caso de Marisela Escobedo ha requerido mucha presión internacional para sacarlo de los archiveros de la Fiscalía, según lo apuntaba el abogado de la familia Escobedo, Carlos Spector.

Junto con el caso de Escobedo, las autoridades presentaron también al supuesto autor de la masacre de 72 migrantes acribillados en San Fernando, el presunto homicida Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias, “La ardilla”. Y coronaron la “eficacia” del sistema de justicia con la supuesta ejecución del narcotraficante Heriberto Lazcano, del cártel de los Zetas, al que supuestamente después de muerto “fue desaparecido de la morgue por un comando”.

Sin embargo, el feminicidio de Marisela Escobedo, madre de otra víctima de feminicidio, Rubí Marisol Freyre, va mucho más allá de encontrar un asesino y presentarlo ante la prensa como caso resuelto. Las declaraciones del gobernador César Duarte, con tropiezos editados, no es suficiente para hacer creer que hubo una investigación y que se hizo justicia. y así lo declaran las mismas personas que estuvieron a su alrededor en las caminatas y en la búsqueda de justicia.

Al igual que los demás casos de feminicidios, el de Marisela Escobedo tiene cabos sueltos, especialmente porque involucra a las mismas autoridades de la fiscalía en la corrupción de la investigación.

La indiferencia de las autoridades fue reclamada

“Marisela Escobedo caminó diariamente durante varios días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial en Juárez para exigir la “pena máxima” para el asesino de su hija Rubí Frayre Escobedo, de 16 años. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija exigiendo justicia y pidiendo 60 años de cárcel para el asesino, a quien un tribunal de juicio oral lo dejó en libertad.

“Rubí tenía 14 años cuando se sintió enamorada de Sergio Rafael barraza Bocanegra, quien primero, como suele suceder en estos casos de violencia, la sedujo y después la sometió a una vida de miedo y de violencia extrema, caracterizada por celos enfermizos, por violencia física y psicológica, control y dominio alejándola de sus amistades y familia. El 28 de agosto de 2008, finalmente la asesinó, la quemó y la tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos, después de destazarla.”

Así reza un par de fragmentos del comunicado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, de Chihuahua, escrito el 13 de mayo de 2010, quien tenía la representación jurídica de Escobedo. En diciembre de ese mismo año volvía la organización a mandar otro comunicado ahora para condenar el asesinato de Marisela perpetrado el 16 de diciembre, frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua.

En otro documento oficial del organismo de derechos humanos, dice que “Desde el 20 de mayo hasta el día en que Marisela fue asesinada, pasaron más de 200 días, tiempo que tuvo la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República para ejecutar la orden de aprehensión y detener a Sergio Rafael por el asesinato de Rubí.

Marisela constató, cuando acudió a las representaciones de la PGR en diversos estados, así como a las procuradurías locales que nadie lo estaba buscando y que no había acuerdos de cooperación. Incluso, en Zacatecas no tenían la orden de aprehensión, a pesar de que la Procuraduría la habría enviado a ese lugar.”

En julio de 2010, Escobedo después de constatar que nadie buscaba al asesino de su hija, pese a las pistas que ella misma había aportado acudió a la Ciudad de México para solicitar audiencia con el presidente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez. Ambos se negaron a recibirla.

Las denuncias contra la fiscal Rosa María Sandoval

La fiscal Rosa María Sandoval, de Chihuahua, fue denunciada por destruir evidencia, amenazas de muerte y desestimar información relevante del caso Escobedo en diciembre de 2011, en Los Ángeles Press, que después fueron amenazas de muerte a los periodistas.

Las denuncias fueron hechas por el testigo protegido Manuel García, quien acompañaba a Escobedo en la búsqueda del asesino de su hija, mientras García buscaba a su sobrina desaparecida en 2008.

Entre la evidencia destruida estaba un disco compacto que grabó el asesino Sergio Rafael Barraza Bocanegra. La grabación eran tres canciones en las que, en estrofas al estilo de corridos, contaba todo lo que le había hecho a la joven desde asesinarla hasta destazarla y dársela a los cerdos. Así de grotesco. La fiscal destruyó ese disco frente al testigo y dijo que “no era nada”.

García la denunció también por intentar vincular a Escobedo con el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán y por amenazas de muerte contra él mismo porque se negó a cambiar su testimonio ante el Ministerio Público. Al verse acorralado y en peligro, el joven de 32 años de edad y sin recursos ni apoyo de las organizaciones de derechos humanos de la región, se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos y hoy se encuentra en proceso de asilo político, bajo la dirección jurídica del abogado Carlos Spector, de El Paso, Texas, y abogado de la familia Escobedo.

La fiscal Sandoval es quien lleva aún las investigaciones de los feminicidios de Ciudad Juárez y revisa los expedientes con las madres de las víctimas. También es la fiscal que negó que hubiera cuerpos de jovencitas guardados en la morgue por años, mientras sus madres las estaban buscando en el centro de Ciudad Juárez. Incluso fue la que negó que el cuerpo de la adolescente Adriana Sarmiento que fue asesinada a los quince años de edad se encontrara entre esos 233 restos óseos que yacen en al morgue desde hace años. De todo ello dio cuenta Los Ángeles Press, y hasta la fecha la fiscalía sólo ha entregado 22 cajas con restos óseos, y la fiscal sigue activa como mano derecha del gobernador César Duarte.

Las intimidaciones a las madres de víctimas de feminicidios

Las madres de las víctimas han denunciado su miedo en diferentes ocasiones e incluso amenazas veladas de parte de las colaboradoras más cercanas a la fiscal Sandoval. Las intimidaciones las han hecho en reuniones públicas mientras revisan casos, o en alguna convocatoria para que asistan las madres como audiencia de alguna autoridad y les lanzan afirmaciones como “Yo no acepto traiciones”, “ustedes corren peligro”, “Aguas, no den pasos en falso” o “anden con mucho cuidado” en referencia a la información que dan, que reciben, y que difunden.

Les hacen constantemente ver que están vigiladas, sobre todo las madres que se atreven a investigar por su cuenta como lo hizo Marisela Escobedo. De ello, “dependen los casos de sus hijas”, mientras las atienden dándoles una despensa de menos de setenta pesos al mes, les dan uniformes para los hijos de las desaparecidas y tres de las madres –que viven en condiciones de extrema pobreza– tienen la promesa de un cuarto con un baño en comodato para vivir.

La fiscalía tenía ángulo directo de cámara de seguridad

La fiscal Rosa María Sandoval, a través del “comandante Santacruz”, amenazó a Manuel García por no aceptar cambiar su testimonio ante el Ministerio Público. Pero también trascendió por otro testigo confidencial, que el mismo oficial que seguía órdenes de la fiscal era responsable de vigilar la cámara de seguridad que daba al ángulo de Marisela Escobedo en el plantón frente al Palacio de Gobierno, y que el día del asesinato el oficial no vigilaba esa cámara. Fueron cinco videos grabados por las cámaras de seguridad que obtuvo la fiscalía para su análisis.

El domingo 7 de octubre de 2012, por la tarde, la fiscalía difundió un boletín de prensa afirmando que hubo una investigación y que contaba con “con los elementos técnicos, científicos y periciales para afirmar que José Enrique Jiménez Zavala era el autor material del homicidio de la activista Marisela Escobedo”. Pero el análisis de los videos no fueron presentados ni explicaron porqué las autoridades atribuyeron a los Zetas el feminicidio, o qué elementos prueban la relación entre el asesino que pertenece supuestamente a la banda local Los Aztecas y cómo fue contratado para hacer ese trabajo cuando el cártel de los Zetas opera nacionalmente. Más aún cuando la misma fiscalía ya había dado como autor material a otra persona e incluso había señalado como principal autor intelectual al mismo asesino de Rubí Marisol Frayre.

La fiscalía tuvo la dirección del asesino

Las autoridades de la fiscalía tampoco lograron encontrar al asesino de su hija, Sergio Rafael Barraza, pese a que Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Fresnillo, Zacatecas, y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua.

Fue a principios de julio de 2010, cuando Escobedo logró juntar 90 mil pesos (7 mil dlls) de sus ahorros, y le dijo a una de las personas que le ayudaban que se fueran a recorrer el país para buscar al asesino de su hija. También buscarían a Brenda Berenice Castillo García, la sobrina desaparecida de Manuel García. “Con este dinero nos sostenemos, bajamos por Chihuahua y recorremos el país para buscarlos”, dijo.

Pero Escobedo no recorrió el país, no fue necesario. En un lapso menor a 160 días, de julio hasta el día que la mataron el 16 de diciembre, había dado con el paradero de Sergio Rafael Barraza. Y contó que en una ocasión, ella y su hijo fueron rodeados por narcotraficantes a punta de armas largas en la carretera hacia Fresnillo, mientras descansaban por la noche dentro del auto. Escobedo temerosa de que se fueran a llevar a su hijo, les contó a los hombres lo que andaban haciendo y la tragedia de su hija Rubí. Después de momentos de gran tensión, los hombres no sólo los dejaron pasar, sino que les dijeron que iban a ayudar a encontrar al asesino. Pero no se supo que la hayan ayudado, puesto que hasta la fecha Barraza sigue vivo.

Al tiempo de ese suceso, Manuel García, el joven que ayudaba a Escobedo, fue quien acompañó a unos agentes de la fiscalía hasta el domicilio exacto donde se encontraba el asesino y les señaló el lugar. Cuándo preguntó si no iban a detenerlo, respondieron que “no estaban pendejos”.

El hermano de Sergio Rafael Barraza pertenece al cártel de los Zetas y opera en Zacatecas. Todos esos hechos también lo supo la fiscalía. Sin embargo, la fiscal Rosa María Sandoval volvió a desestimar esa información y dijo que ella, personalmente, mantenía contacto telefónico con la madre del asesino y que le había dicho que su hijo Sergio Rafael se encontraba en Estados Unidos.

Caminatas para exigir justicia Foto: pulsoslp.com

En el funeral de Marisela amenazaron a su hijo Juan

El cuerpo de Marisela Escobedo fue trasladado el 17 de diciembre de 2010 de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, para su velación. En la reunión fúnebre se encontraban familiares, amigos y activistas de derechos humanos. Cada paso que se daba en torno a la tragedia, era difundido por los medios, y los reporteros daban cuenta a detalle del mismo funeral.

Una de las madres de víctima de feminicidio, se encontraba fuera del recinto funerario cuando se le acercó un joven de unos 16 o 17 años. Le susurró que “le dijera a Juan que se fuera de Juárez, porque si no también lo iban a matar”. Le dio algunos apodos para que identificara que la amenaza era seria y no fuera desestimada por el hijo de Marisela.

La madre se lo dijo de inmediato a otra persona, porque en esos momentos “Juan era inaccesible” por la presión de los medios y de la multitud que acompañaba a la familia. Cuando el mensaje llegó finalmente a Juan, se puso pálido, seco, y apresuró el entierro del cuerpo de su madre. Sabía que no estaban vacilando.

Carlos Spector, abogado de los Escobedo, aclara a la fiscalía

El abogado Carlos Spector, quien ha llevado la investigación de la familia Escobedo, desde El Paso, Texas, para su asilo político, señaló que los datos que está difundiendo la fiscalía fueron aportados por ellos. “Llevamos muchos meses en esa investigación” dijo el abogado. “Juan (hijo de Marisela) y su tío han estado sobre la fiscalía y toda la información que investigamos la hemos aportado para obligarlos a hacer justicia”, señaló Spector. “Lo que han hecho es por presión internacional, si no no se hubieran movido”, dijo.

Respecto al vínculo que está haciendo la fiscalía sobre Marisela Escobedo y el narcotráfico, Spector respondió que el hermano del asesino de Rubí Marisol, hija de Marisela, es miembro de los Zetas en Zacatecas. Y que Marisela hacía presión a la fiscalía para que detuvieran al asesino que se refugiaba con su hermano. Y descartó por completo que Escobedo hubiese sido favorecida por el cártel rival, tal como lo sugiere la misma declaración del presunto asesino.

El gobernador contradice al asesino

Frente a cámaras televisivas de Ciudad Juárez, José Enrique Jiménez Zavala, identificado por las autoridades como El Wicked, dijo que “le ordenaron la muerte de Escobedo porque les calentaba la plaza de Zacatecas a los Zetas”. Al día siguiente, (lunes 8 de octubre) el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dió una conferencia de prensa y se dirigió “a la opinión pública” para afirmar que concluía la investigación sobre el asesinato de Marisela Escobedo con la detención del presunto homicida, a quien se refirió como “autor material e intelectual” del feminicidio, pese a que el supuesto asesino ya había dicho que “se lo habían ordenado”.

Las notas de prensa fueron corregidas y no dieron mayor importancia al asunto. Sin embargo, fue evidente que el gobernador había sido mal asesorado en el manejo de la información y que la prioridad era difundir de prisa la información.

Marisela Escobedo y los supuestos vínculos del narcotráfico

Marisela Escobedo era enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estaba gestionando su jubilación. Vendía joyería también para ayudarse económicamente. En alguna ocasión comentó a una persona cercana que tenía problemas con su esposo y con sus hijos, quienes le reclamaban que “no sólo era madre de Rubí, sino de todos”. Pero que ella insistía en que la que la necesitaba en esos momentos era su hija Rubí.

Marisela tuvo que enfrentarse varias veces a la fiscalía y reclamó abiertamente su indiferencia: “Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos”, fue el registro de la última minuta que se levantó con organismos de derechos humanos en queja de que la fiscalía no cumplía con su trabajo. Ella misma, en esa minuta, propuso que se juntaran las madres de las víctimas de feminicidios para hacer presión a la fiscalía “porque dispersas no les iban a hacer caso”.

A seis días de que la mataran, la entonces diputada federal del PRI, Adriana Terrazas, repartía despensas a las madres víctimas de feminicidios. Y Escobedo recibió una despensa para llevar a su casa. Su situación económica ya no era buena, y les exigía a las autoridades que le retribuyeran cada gasto que hacía en la investigación del asesino de su hija. Un reporte, por cierto, que la fiscalía ha presentado.

Para una de las especialistas en derechos humanos, que nos reservamos su identidad por razones de seguridad, la misma fiscalía ha construido esa historia de los vínculos con el cártel del Chapo, porque “Marisela presionaba mucho para que actuaran las autoridades”. Incluso, “a la fiscalía se les entregó una lista de nombres de funcionarios involucrados, y sólo los cambian en un encubrimiento entre ellos mismos”, dijo.

Después de la muerte de Marisela Escobedo, aún se intenta manchar su memoria. “Pero está claro para quienes la conocimos, que lo único que ella deseaba era pena máxima para el asesino de su hija”, dijo la especialista, lamentando que ninguno de los feminicidios tenga justicia ni el estado pague por ellos.

Justicia pendiente

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

Continue Reading

Justicia pendiente

México aceptó enviar más de 10 mil tropas en la frontera sur para evitar paso de migrantes

Ignacio García

Published

on

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que México acordó con Estados Unidos enviar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a la Unión Americana.

La funcionaria norteamericana dijo que con esta medida se logrará contener el paso de los migrantes centroamericanos que buscan arribar a Estados Unidos, medida que ya se había implementado desde el gobierno de Donald Trump para impedir una mayor cantidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con la representante del gobierno de Estados Unidos, con estas medidas han detenido a más del doble de las personas que intentaban cruzar México para arribar a esa nación, por lo que manifestó que también Guatemala accedió a reforzar su seguridad con más de 15 mil elementos.

En el caso de Honduras se desplegarán más de 70 mil efectivos de seguridad para evitar la salida de los migrantes que buscan radicar en Estados Unidos, por lo que buscan evitar que ingresen más personas de forma ilegal a la Unión Americana, continuando con una política de deportaciones masivas implementada desde el gobierno de Barack Obama.

En mayo de 2019 el entonces presidente de Donald Trump amenazó a México con incrementar las tarifas de los aranceles, por lo cual el gobierno federal aceptó aumentar la seguridad en la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos al país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) refirió que existe una crisis humanitaria implementada por el gobierno de Estados Unidos para marginar a las personas de escasos recursos económicos que radican en Centroamérica y que buscan nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Continue Reading

Justicia pendiente

Sacerdote es sentenciado a 27 años de prisión por participación en asesinato de estudiante

Ignacio García

Published

on

Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 27 años y seis meses de prisión al sacerdote Francisco Javier Bautista Ávalos por su presunta participación en el asesinato del diácono y estudiante de la Universidad Intercontinental, Leonardo Avendaño, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 12 de junio de 2019 en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.

El juzgador ordenó una reparación del daño equivalente a 422 mil 450 pesos a la familia de la víctima, así como 5 mil 69 pesos por gastos funerarios, por lo que el clérigo fue sentenciado por el delito de homicidio calificado.

Días después de la localización del cuerpo del estudiante, el sacerdote fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) por su presunta responsabilidad en el homicidio del diácono, por lo que fue trasladado al Centro de reclusión varonil Oriente.

Los familiares de la víctima acusaron al clérigo de haber sido el responsable del asesinato del joven de 29 años de edad, debido a que previamente lo había amenazado, por lo que tras su desaparición lo señalaron como principal sospechoso del secuestro del estudiante.

Al respecto, la fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, señaló que las pesquisas relacionaban la participación del sacerdote en la muerte del joven, por lo que fue procesado por su culpabilidad en la desaparición de los estudiantes.

Leonardo Avendaño de 29 años de edad era estudiante de posgrado de la Universidad Intercontinental y era diácono y desapareció el 11 de junio de 2019 al salir de su domicilio en Iztapalapa, por lo que dos días su cuerpo sin vida fue localizado en el interior de un vehículo particular en la colonia Héroes en la alcaldía de Tlalpan.

 

Continue Reading

Trending