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Justicia pendiente

El caso de Marisela Escobedo: indiferencia y corrupción

El caso de Marisela Escobedo es uno de los cientos de feminicidios que terminan con la investigación corrompida por las mismas autoridades

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Ofrenda a Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo por la que pedía justicia. Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- La Fiscalía de Chihuahua presentó a los medios al presunto homicida de Marisela Escobedo, el domingo 4 de octubre. Después de casi dos años de su asesinato, y de irregularidades por parte de las autoridades, se da importancia al caso en un contexto en que la prioridad y el gran despliegue de recursos judiciales ha sido evidente para resolver el homicidio del hijo del exgobernador priista Humberto Moreira, ejecutado en Coahuila.

El caso Moreira tuvo resultados desde el tercer día de la ejecución, mientras que el caso de Marisela Escobedo ha requerido mucha presión internacional para sacarlo de los archiveros de la Fiscalía, según lo apuntaba el abogado de la familia Escobedo, Carlos Spector.

Junto con el caso de Escobedo, las autoridades presentaron también al supuesto autor de la masacre de 72 migrantes acribillados en San Fernando, el presunto homicida Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias, “La ardilla”. Y coronaron la “eficacia” del sistema de justicia con la supuesta ejecución del narcotraficante Heriberto Lazcano, del cártel de los Zetas, al que supuestamente después de muerto “fue desaparecido de la morgue por un comando”.

Sin embargo, el feminicidio de Marisela Escobedo, madre de otra víctima de feminicidio, Rubí Marisol Freyre, va mucho más allá de encontrar un asesino y presentarlo ante la prensa como caso resuelto. Las declaraciones del gobernador César Duarte, con tropiezos editados, no es suficiente para hacer creer que hubo una investigación y que se hizo justicia. y así lo declaran las mismas personas que estuvieron a su alrededor en las caminatas y en la búsqueda de justicia.

Al igual que los demás casos de feminicidios, el de Marisela Escobedo tiene cabos sueltos, especialmente porque involucra a las mismas autoridades de la fiscalía en la corrupción de la investigación.

La indiferencia de las autoridades fue reclamada

“Marisela Escobedo caminó diariamente durante varios días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial en Juárez para exigir la “pena máxima” para el asesino de su hija Rubí Frayre Escobedo, de 16 años. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija exigiendo justicia y pidiendo 60 años de cárcel para el asesino, a quien un tribunal de juicio oral lo dejó en libertad.

“Rubí tenía 14 años cuando se sintió enamorada de Sergio Rafael barraza Bocanegra, quien primero, como suele suceder en estos casos de violencia, la sedujo y después la sometió a una vida de miedo y de violencia extrema, caracterizada por celos enfermizos, por violencia física y psicológica, control y dominio alejándola de sus amistades y familia. El 28 de agosto de 2008, finalmente la asesinó, la quemó y la tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos, después de destazarla.”

Así reza un par de fragmentos del comunicado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, de Chihuahua, escrito el 13 de mayo de 2010, quien tenía la representación jurídica de Escobedo. En diciembre de ese mismo año volvía la organización a mandar otro comunicado ahora para condenar el asesinato de Marisela perpetrado el 16 de diciembre, frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua.

En otro documento oficial del organismo de derechos humanos, dice que “Desde el 20 de mayo hasta el día en que Marisela fue asesinada, pasaron más de 200 días, tiempo que tuvo la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República para ejecutar la orden de aprehensión y detener a Sergio Rafael por el asesinato de Rubí.

Marisela constató, cuando acudió a las representaciones de la PGR en diversos estados, así como a las procuradurías locales que nadie lo estaba buscando y que no había acuerdos de cooperación. Incluso, en Zacatecas no tenían la orden de aprehensión, a pesar de que la Procuraduría la habría enviado a ese lugar.”

En julio de 2010, Escobedo después de constatar que nadie buscaba al asesino de su hija, pese a las pistas que ella misma había aportado acudió a la Ciudad de México para solicitar audiencia con el presidente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez. Ambos se negaron a recibirla.

Las denuncias contra la fiscal Rosa María Sandoval

La fiscal Rosa María Sandoval, de Chihuahua, fue denunciada por destruir evidencia, amenazas de muerte y desestimar información relevante del caso Escobedo en diciembre de 2011, en Los Ángeles Press, que después fueron amenazas de muerte a los periodistas.

Las denuncias fueron hechas por el testigo protegido Manuel García, quien acompañaba a Escobedo en la búsqueda del asesino de su hija, mientras García buscaba a su sobrina desaparecida en 2008.

Entre la evidencia destruida estaba un disco compacto que grabó el asesino Sergio Rafael Barraza Bocanegra. La grabación eran tres canciones en las que, en estrofas al estilo de corridos, contaba todo lo que le había hecho a la joven desde asesinarla hasta destazarla y dársela a los cerdos. Así de grotesco. La fiscal destruyó ese disco frente al testigo y dijo que “no era nada”.

García la denunció también por intentar vincular a Escobedo con el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán y por amenazas de muerte contra él mismo porque se negó a cambiar su testimonio ante el Ministerio Público. Al verse acorralado y en peligro, el joven de 32 años de edad y sin recursos ni apoyo de las organizaciones de derechos humanos de la región, se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos y hoy se encuentra en proceso de asilo político, bajo la dirección jurídica del abogado Carlos Spector, de El Paso, Texas, y abogado de la familia Escobedo.

La fiscal Sandoval es quien lleva aún las investigaciones de los feminicidios de Ciudad Juárez y revisa los expedientes con las madres de las víctimas. También es la fiscal que negó que hubiera cuerpos de jovencitas guardados en la morgue por años, mientras sus madres las estaban buscando en el centro de Ciudad Juárez. Incluso fue la que negó que el cuerpo de la adolescente Adriana Sarmiento que fue asesinada a los quince años de edad se encontrara entre esos 233 restos óseos que yacen en al morgue desde hace años. De todo ello dio cuenta Los Ángeles Press, y hasta la fecha la fiscalía sólo ha entregado 22 cajas con restos óseos, y la fiscal sigue activa como mano derecha del gobernador César Duarte.

Las intimidaciones a las madres de víctimas de feminicidios

Las madres de las víctimas han denunciado su miedo en diferentes ocasiones e incluso amenazas veladas de parte de las colaboradoras más cercanas a la fiscal Sandoval. Las intimidaciones las han hecho en reuniones públicas mientras revisan casos, o en alguna convocatoria para que asistan las madres como audiencia de alguna autoridad y les lanzan afirmaciones como “Yo no acepto traiciones”, “ustedes corren peligro”, “Aguas, no den pasos en falso” o “anden con mucho cuidado” en referencia a la información que dan, que reciben, y que difunden.

Les hacen constantemente ver que están vigiladas, sobre todo las madres que se atreven a investigar por su cuenta como lo hizo Marisela Escobedo. De ello, “dependen los casos de sus hijas”, mientras las atienden dándoles una despensa de menos de setenta pesos al mes, les dan uniformes para los hijos de las desaparecidas y tres de las madres –que viven en condiciones de extrema pobreza– tienen la promesa de un cuarto con un baño en comodato para vivir.

La fiscalía tenía ángulo directo de cámara de seguridad

La fiscal Rosa María Sandoval, a través del “comandante Santacruz”, amenazó a Manuel García por no aceptar cambiar su testimonio ante el Ministerio Público. Pero también trascendió por otro testigo confidencial, que el mismo oficial que seguía órdenes de la fiscal era responsable de vigilar la cámara de seguridad que daba al ángulo de Marisela Escobedo en el plantón frente al Palacio de Gobierno, y que el día del asesinato el oficial no vigilaba esa cámara. Fueron cinco videos grabados por las cámaras de seguridad que obtuvo la fiscalía para su análisis.

El domingo 7 de octubre de 2012, por la tarde, la fiscalía difundió un boletín de prensa afirmando que hubo una investigación y que contaba con “con los elementos técnicos, científicos y periciales para afirmar que José Enrique Jiménez Zavala era el autor material del homicidio de la activista Marisela Escobedo”. Pero el análisis de los videos no fueron presentados ni explicaron porqué las autoridades atribuyeron a los Zetas el feminicidio, o qué elementos prueban la relación entre el asesino que pertenece supuestamente a la banda local Los Aztecas y cómo fue contratado para hacer ese trabajo cuando el cártel de los Zetas opera nacionalmente. Más aún cuando la misma fiscalía ya había dado como autor material a otra persona e incluso había señalado como principal autor intelectual al mismo asesino de Rubí Marisol Frayre.

La fiscalía tuvo la dirección del asesino

Las autoridades de la fiscalía tampoco lograron encontrar al asesino de su hija, Sergio Rafael Barraza, pese a que Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Fresnillo, Zacatecas, y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua.

Fue a principios de julio de 2010, cuando Escobedo logró juntar 90 mil pesos (7 mil dlls) de sus ahorros, y le dijo a una de las personas que le ayudaban que se fueran a recorrer el país para buscar al asesino de su hija. También buscarían a Brenda Berenice Castillo García, la sobrina desaparecida de Manuel García. “Con este dinero nos sostenemos, bajamos por Chihuahua y recorremos el país para buscarlos”, dijo.

Pero Escobedo no recorrió el país, no fue necesario. En un lapso menor a 160 días, de julio hasta el día que la mataron el 16 de diciembre, había dado con el paradero de Sergio Rafael Barraza. Y contó que en una ocasión, ella y su hijo fueron rodeados por narcotraficantes a punta de armas largas en la carretera hacia Fresnillo, mientras descansaban por la noche dentro del auto. Escobedo temerosa de que se fueran a llevar a su hijo, les contó a los hombres lo que andaban haciendo y la tragedia de su hija Rubí. Después de momentos de gran tensión, los hombres no sólo los dejaron pasar, sino que les dijeron que iban a ayudar a encontrar al asesino. Pero no se supo que la hayan ayudado, puesto que hasta la fecha Barraza sigue vivo.

Al tiempo de ese suceso, Manuel García, el joven que ayudaba a Escobedo, fue quien acompañó a unos agentes de la fiscalía hasta el domicilio exacto donde se encontraba el asesino y les señaló el lugar. Cuándo preguntó si no iban a detenerlo, respondieron que “no estaban pendejos”.

El hermano de Sergio Rafael Barraza pertenece al cártel de los Zetas y opera en Zacatecas. Todos esos hechos también lo supo la fiscalía. Sin embargo, la fiscal Rosa María Sandoval volvió a desestimar esa información y dijo que ella, personalmente, mantenía contacto telefónico con la madre del asesino y que le había dicho que su hijo Sergio Rafael se encontraba en Estados Unidos.

Caminatas para exigir justicia Foto: pulsoslp.com

En el funeral de Marisela amenazaron a su hijo Juan

El cuerpo de Marisela Escobedo fue trasladado el 17 de diciembre de 2010 de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, para su velación. En la reunión fúnebre se encontraban familiares, amigos y activistas de derechos humanos. Cada paso que se daba en torno a la tragedia, era difundido por los medios, y los reporteros daban cuenta a detalle del mismo funeral.

Una de las madres de víctima de feminicidio, se encontraba fuera del recinto funerario cuando se le acercó un joven de unos 16 o 17 años. Le susurró que “le dijera a Juan que se fuera de Juárez, porque si no también lo iban a matar”. Le dio algunos apodos para que identificara que la amenaza era seria y no fuera desestimada por el hijo de Marisela.

La madre se lo dijo de inmediato a otra persona, porque en esos momentos “Juan era inaccesible” por la presión de los medios y de la multitud que acompañaba a la familia. Cuando el mensaje llegó finalmente a Juan, se puso pálido, seco, y apresuró el entierro del cuerpo de su madre. Sabía que no estaban vacilando.

Carlos Spector, abogado de los Escobedo, aclara a la fiscalía

El abogado Carlos Spector, quien ha llevado la investigación de la familia Escobedo, desde El Paso, Texas, para su asilo político, señaló que los datos que está difundiendo la fiscalía fueron aportados por ellos. “Llevamos muchos meses en esa investigación” dijo el abogado. “Juan (hijo de Marisela) y su tío han estado sobre la fiscalía y toda la información que investigamos la hemos aportado para obligarlos a hacer justicia”, señaló Spector. “Lo que han hecho es por presión internacional, si no no se hubieran movido”, dijo.

Respecto al vínculo que está haciendo la fiscalía sobre Marisela Escobedo y el narcotráfico, Spector respondió que el hermano del asesino de Rubí Marisol, hija de Marisela, es miembro de los Zetas en Zacatecas. Y que Marisela hacía presión a la fiscalía para que detuvieran al asesino que se refugiaba con su hermano. Y descartó por completo que Escobedo hubiese sido favorecida por el cártel rival, tal como lo sugiere la misma declaración del presunto asesino.

El gobernador contradice al asesino

Frente a cámaras televisivas de Ciudad Juárez, José Enrique Jiménez Zavala, identificado por las autoridades como El Wicked, dijo que “le ordenaron la muerte de Escobedo porque les calentaba la plaza de Zacatecas a los Zetas”. Al día siguiente, (lunes 8 de octubre) el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dió una conferencia de prensa y se dirigió “a la opinión pública” para afirmar que concluía la investigación sobre el asesinato de Marisela Escobedo con la detención del presunto homicida, a quien se refirió como “autor material e intelectual” del feminicidio, pese a que el supuesto asesino ya había dicho que “se lo habían ordenado”.

Las notas de prensa fueron corregidas y no dieron mayor importancia al asunto. Sin embargo, fue evidente que el gobernador había sido mal asesorado en el manejo de la información y que la prioridad era difundir de prisa la información.

Marisela Escobedo y los supuestos vínculos del narcotráfico

Marisela Escobedo era enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estaba gestionando su jubilación. Vendía joyería también para ayudarse económicamente. En alguna ocasión comentó a una persona cercana que tenía problemas con su esposo y con sus hijos, quienes le reclamaban que “no sólo era madre de Rubí, sino de todos”. Pero que ella insistía en que la que la necesitaba en esos momentos era su hija Rubí.

Marisela tuvo que enfrentarse varias veces a la fiscalía y reclamó abiertamente su indiferencia: “Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos”, fue el registro de la última minuta que se levantó con organismos de derechos humanos en queja de que la fiscalía no cumplía con su trabajo. Ella misma, en esa minuta, propuso que se juntaran las madres de las víctimas de feminicidios para hacer presión a la fiscalía “porque dispersas no les iban a hacer caso”.

A seis días de que la mataran, la entonces diputada federal del PRI, Adriana Terrazas, repartía despensas a las madres víctimas de feminicidios. Y Escobedo recibió una despensa para llevar a su casa. Su situación económica ya no era buena, y les exigía a las autoridades que le retribuyeran cada gasto que hacía en la investigación del asesino de su hija. Un reporte, por cierto, que la fiscalía ha presentado.

Para una de las especialistas en derechos humanos, que nos reservamos su identidad por razones de seguridad, la misma fiscalía ha construido esa historia de los vínculos con el cártel del Chapo, porque “Marisela presionaba mucho para que actuaran las autoridades”. Incluso, “a la fiscalía se les entregó una lista de nombres de funcionarios involucrados, y sólo los cambian en un encubrimiento entre ellos mismos”, dijo.

Después de la muerte de Marisela Escobedo, aún se intenta manchar su memoria. “Pero está claro para quienes la conocimos, que lo único que ella deseaba era pena máxima para el asesino de su hija”, dijo la especialista, lamentando que ninguno de los feminicidios tenga justicia ni el estado pague por ellos.

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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