Carta al subsecretario Alejandro Encinas por víctimas del Caso Wallace

Los Ángeles, California, 28 de enero de 2019

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos
Secretaría de Gobernación

Le informo sobre la grave situación de las víctimas del caso Wallace, del que estamos esperando una acción expedita e inmediata por el riesgo a la integridad física y deterioro de la salud emocional que cada día padecen.

Desde el 10 de diciembre de 2018, acompañada del presbítero Alejandro Solalinde y del periodista José Reveles, pedimos la libertad inmediata de las víctimas de Isabel Miranda Torres, especialmente porque el postergar su libertad repercute en las condiciones de represalias que viven en los penales bajo consigna de Miranda. Hemos entregado información precisa y suficiente con los elementos de prueba de inocencia de las víctimas y del acoso a sus familias y defensores a la Fiscalía General de la República, directamente al Dr. Alejandro Gertz Manero, quien instruyó el abrir la investigación penal del caso, incluyendo la denuncia por las agresiones contra mi persona.

Entre los elementos de prueba que presentamos, se encuentra:

  1. Protocolo de Estambul, ratificado y judicializado como prueba con resultados positivos de tortura y violación sexual, de Jacobo Tagle Dobín.

  2. Informe médico y valoración psicológica de Brenda Quevedo Cruz, con resultados de alto estrés post-traumático debido a las torturas con violación sexual.

  3. Falsedad en declaraciones a las autoridades judiciales por la parte acusadora.

  4. Los años que llevan en prisión preventiva sin sentencia, e incluso las víctimas con sentencia no ha sido ejecutoria, como en el caso de Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz.
  5. Declaración de la bióloga Yanet Rogel, en la que sostiene haberse equivocado en el informe sobre el peritaje de la gota de sangre encontrada en Perugino No. 6, Depto. 4., el cual resultó corresponder al gen sexual amelogenina XX (femenino), y se justifica diciendo que es un “error de dedo” y debía ser XY (masculino).

  6. Solicitud de liberación de George Khoury Layón, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, quien fue vinculado con las víctimas del caso Wallace para simular una “banda de secuestradores”.

  7. Solicitud de la abogada defensora de la nulidad de declaración de Juana Hilda González Lomelí en la que incrimina a cinco personas más.

Adicionalmente, hay una situación crítica de salud de Jacobo Tagle Dobín debido a las torturas y golpizas de los custodios, relacionada con la próstata. Su alimentación es muy deficiente porque es discriminado por motivos religiosos, al negarse a comer cerdo, que es lo que frecuentemente les dan en el penal de Tapachula, Chiapas, negándole otros alimentos, y son los internos compañeros de celda y módulo, quienes le obsequian sus tortillas que ingiere con agua. Uno de los castigos fue rociarlo con gas lacrimógeno en boca y genitales, y otro dejarlo sin alimentos durante tres días. Todo, sabemos, es consigna de Isabel Miranda Torres.

La salud emocional y física de Brenda Quevedo Cruz sigue en deterioro, con sangrados vaginales abundantes, insomio, migraña, adormecimiento del cuerpo que le impide hacer ejercicio, y un quiste o bola de grasa debajo de la axila con mucho dolor que no le han atendido. Su madre, quien la acaba de visitar en el penal de Coatlán del Río, sospecha que es a raíz del medicamento que se lo hayan cambiado. Además, ha sido discriminada en la atención psiquiátrica por parte de la dirección del penal.

Del resto de las víctimas desconocemos sus estados de salud, por la incomunicación en las que los mantienen, como en el caso de Jael Malangón Uscanga, en el penal de Hermosillo, y Albert Castillo Cruz, en el de Ciudad Juárez, adonde fueron trasladados ilegalmente.

Si bien, nos han atendido en diferentes reuniones en la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República para escuchar los testimonios y denuncias de los familiares de las víctimas, las víctimas directas no han tenido ninguna atención con respecto a su salud, ni para evitar represalias por la consigna de Miranda. No han sido trasladados a su lugar de origen, un derecho que se les está violando, ni se han propuesto trasladarlos a un hospital donde sean atendidos por el daño irreversible que ya tienen debido a las torturas.

En cambio, María Isabel Miranda Torres, pese a ser indiciada por la investigación penal sobre la falsedad del caso Wallace bajo el número de expediente NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018, sigue asistiendo a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, continúa difamando y calumniando a las víctimas y sus defensores en los medios de comunicación, y hace vida pública con los privilegios que siempre le han otorgado desde el gobierno federal de las anteriores administraciones.

Por este conducto, pido nuevamente su atención expresa a estos casos de violaciones de derechos humanos tan graves, porque no hay un solo motivo por el que las víctimas sigan un día más en prisión. La falta de atención a ellas, no puede interpretarse de otra forma más que de una indiferencia gubernamental ante el sufrimiento que sigue impactando sus vidas y su salud, y ante el riesgo que corremos quienes hemos denunciado sistemáticamente la falsedad del caso Wallace.

Le informo, que estaremos en Palacio Nacional, el 6 de febrero de 2019, para reiterar nuestra petición personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ustedes mejor que nadie saben que las víctimas del caso Wallace son inocentes, y hoy están siendo hostigadas en su cautiverio igual que antes.

Los queremos vivos, sanos  y libres.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista
Los Ángeles Press

 

  • C.c.p. Lic. Jorge Ruíz del Ángel. DDHH. Segob.
  • C.c.p. David Bertet. En Vero. Canadá
  • C.c.p. Las víctimas.

Elementos de prueba

Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobín, consta de 88 páginas, con resultado positivo, identifica a dos de sus torturadores, y narra las torturas y la violencia sexual de la que fue objeto, y las secuelas que ya tiene por las torturas.

 

Solicitud de liberación de George Khoury Layón por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU. El documento completo consta de 10 páginas que refiere a la primera detención arbitraria de Khoury, el 30 de enero de 2006, después de que policías federales intentaran extorsionarlo y detenerlo el 16 de julio de 2005. Fue absuelto por juez federal el 26 de septiembre de 2007. Nuevamente, fue detenido arbitrariamente y torturado, bajo cargos de delincuencia organizada, el 2 de septiembre de 2009. Volvió a ser absuelto el 14 de febrero de 2012, sin embargo no fue puesto en libertad. Antes, el 29 de julio de 2011, estando en prisión, se le giró una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, relacionándolo con el falso caso Wallace. Quien lo acusó bajo tortura es Jacobo Tagle Dobin. El mismo día que salió en libertad, el 26 de febrero de 2012, se le dictó auto de formal prisión. Isabel Miranda ha intervenido en sus detenciones desde 2005.

Valoración psicológica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó a Brenda Quevedo Cruz, el 30 de julio de 2011, en la que concluye que al momento de la entrevista, Quevedo presentaba trastorno por estrés post-traumático crónico, depresión y ansiedad severa. El documento consta de 11 páginas y destaca la dificultad para defenderse jurídicamente, la soledad y el miedo por su familia, así como la percepción de no tener justicia.

Informe médico de Brenda Quevedo Cruz sobre el trastorno y depresión como secuela de las torturas y violación en dos ocasiones por parte de agentes ministeriales de SIEDO, enviados por Isabel Miranda Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de nulidad de ampliación de declaración de Juana Hilda González Lomelí, obtenida el 8 de febrero de 2006, bajo coacción y violencia del agente ministerial Fermín Ubaldo, con el propósito de que incriminara a César Freyre, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, y los hermanos Tony y Albert Castillo. La abogada Dolores Vera Murcia hace alusión a la condición visiblemente de maltrato en que encontró a Juana Hilda, y pide la nulidad de la declaración; asímismo que sea nulo el careo solicitado por Isabel Miranda frente a su acusada, por ser inconstitucional.  

Declaración de la bióloga Yanet Rogel en que dice que fue “un error de dedo” el informe pericial de la gota de sangre que Isabel Miranda Torres presentó como prueba científica del suspuesto destazamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace, encontrada siete meses después en Perugino No. 6, departamento 4. El resultado inicial fue el gen sexual amelogenina XX que corresponde a una gota de sangre de mujer. 

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *