Connect with us

El Caso Wallace

Carta al subsecretario Alejandro Encinas por víctimas del Caso Wallace

Carta al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas para pedir la libertad de las víctimas de Isabel Miranda falsamente acusadas por el caso Wallace

Avatar

Published

on

Los Ángeles, California, 28 de enero de 2019

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos
Secretaría de Gobernación

Le informo sobre la grave situación de las víctimas del caso Wallace, del que estamos esperando una acción expedita e inmediata por el riesgo a la integridad física y deterioro de la salud emocional que cada día padecen.

Desde el 10 de diciembre de 2018, acompañada del presbítero Alejandro Solalinde y del periodista José Reveles, pedimos la libertad inmediata de las víctimas de Isabel Miranda Torres, especialmente porque el postergar su libertad repercute en las condiciones de represalias que viven en los penales bajo consigna de Miranda. Hemos entregado información precisa y suficiente con los elementos de prueba de inocencia de las víctimas y del acoso a sus familias y defensores a la Fiscalía General de la República, directamente al Dr. Alejandro Gertz Manero, quien instruyó el abrir la investigación penal del caso, incluyendo la denuncia por las agresiones contra mi persona.

Entre los elementos de prueba que presentamos, se encuentra:

  1. Protocolo de Estambul, ratificado y judicializado como prueba con resultados positivos de tortura y violación sexual, de Jacobo Tagle Dobín.

  2. Informe médico y valoración psicológica de Brenda Quevedo Cruz, con resultados de alto estrés post-traumático debido a las torturas con violación sexual.

  3. Falsedad en declaraciones a las autoridades judiciales por la parte acusadora.

  4. Los años que llevan en prisión preventiva sin sentencia, e incluso las víctimas con sentencia no ha sido ejecutoria, como en el caso de Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz.
  5. Declaración de la bióloga Yanet Rogel, en la que sostiene haberse equivocado en el informe sobre el peritaje de la gota de sangre encontrada en Perugino No. 6, Depto. 4., el cual resultó corresponder al gen sexual amelogenina XX (femenino), y se justifica diciendo que es un “error de dedo” y debía ser XY (masculino).

  6. Solicitud de liberación de George Khoury Layón, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, quien fue vinculado con las víctimas del caso Wallace para simular una “banda de secuestradores”.

  7. Solicitud de la abogada defensora de la nulidad de declaración de Juana Hilda González Lomelí en la que incrimina a cinco personas más.

Adicionalmente, hay una situación crítica de salud de Jacobo Tagle Dobín debido a las torturas y golpizas de los custodios, relacionada con la próstata. Su alimentación es muy deficiente porque es discriminado por motivos religiosos, al negarse a comer cerdo, que es lo que frecuentemente les dan en el penal de Tapachula, Chiapas, negándole otros alimentos, y son los internos compañeros de celda y módulo, quienes le obsequian sus tortillas que ingiere con agua. Uno de los castigos fue rociarlo con gas lacrimógeno en boca y genitales, y otro dejarlo sin alimentos durante tres días. Todo, sabemos, es consigna de Isabel Miranda Torres.

La salud emocional y física de Brenda Quevedo Cruz sigue en deterioro, con sangrados vaginales abundantes, insomio, migraña, adormecimiento del cuerpo que le impide hacer ejercicio, y un quiste o bola de grasa debajo de la axila con mucho dolor que no le han atendido. Su madre, quien la acaba de visitar en el penal de Coatlán del Río, sospecha que es a raíz del medicamento que se lo hayan cambiado. Además, ha sido discriminada en la atención psiquiátrica por parte de la dirección del penal.

Del resto de las víctimas desconocemos sus estados de salud, por la incomunicación en las que los mantienen, como en el caso de Jael Malangón Uscanga, en el penal de Hermosillo, y Albert Castillo Cruz, en el de Ciudad Juárez, adonde fueron trasladados ilegalmente.

Si bien, nos han atendido en diferentes reuniones en la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República para escuchar los testimonios y denuncias de los familiares de las víctimas, las víctimas directas no han tenido ninguna atención con respecto a su salud, ni para evitar represalias por la consigna de Miranda. No han sido trasladados a su lugar de origen, un derecho que se les está violando, ni se han propuesto trasladarlos a un hospital donde sean atendidos por el daño irreversible que ya tienen debido a las torturas.

En cambio, María Isabel Miranda Torres, pese a ser indiciada por la investigación penal sobre la falsedad del caso Wallace bajo el número de expediente NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018, sigue asistiendo a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, continúa difamando y calumniando a las víctimas y sus defensores en los medios de comunicación, y hace vida pública con los privilegios que siempre le han otorgado desde el gobierno federal de las anteriores administraciones.

Por este conducto, pido nuevamente su atención expresa a estos casos de violaciones de derechos humanos tan graves, porque no hay un solo motivo por el que las víctimas sigan un día más en prisión. La falta de atención a ellas, no puede interpretarse de otra forma más que de una indiferencia gubernamental ante el sufrimiento que sigue impactando sus vidas y su salud, y ante el riesgo que corremos quienes hemos denunciado sistemáticamente la falsedad del caso Wallace.

Le informo, que estaremos en Palacio Nacional, el 6 de febrero de 2019, para reiterar nuestra petición personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ustedes mejor que nadie saben que las víctimas del caso Wallace son inocentes, y hoy están siendo hostigadas en su cautiverio igual que antes.

Los queremos vivos, sanos  y libres.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista
Los Ángeles Press

 

  • C.c.p. Lic. Jorge Ruíz del Ángel. DDHH. Segob.
  • C.c.p. David Bertet. En Vero. Canadá
  • C.c.p. Las víctimas.

Elementos de prueba

Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobín, consta de 88 páginas, con resultado positivo, identifica a dos de sus torturadores, y narra las torturas y la violencia sexual de la que fue objeto, y las secuelas que ya tiene por las torturas.

 

Solicitud de liberación de George Khoury Layón por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU. El documento completo consta de 10 páginas que refiere a la primera detención arbitraria de Khoury, el 30 de enero de 2006, después de que policías federales intentaran extorsionarlo y detenerlo el 16 de julio de 2005. Fue absuelto por juez federal el 26 de septiembre de 2007. Nuevamente, fue detenido arbitrariamente y torturado, bajo cargos de delincuencia organizada, el 2 de septiembre de 2009. Volvió a ser absuelto el 14 de febrero de 2012, sin embargo no fue puesto en libertad. Antes, el 29 de julio de 2011, estando en prisión, se le giró una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, relacionándolo con el falso caso Wallace. Quien lo acusó bajo tortura es Jacobo Tagle Dobin. El mismo día que salió en libertad, el 26 de febrero de 2012, se le dictó auto de formal prisión. Isabel Miranda ha intervenido en sus detenciones desde 2005.

Valoración psicológica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó a Brenda Quevedo Cruz, el 30 de julio de 2011, en la que concluye que al momento de la entrevista, Quevedo presentaba trastorno por estrés post-traumático crónico, depresión y ansiedad severa. El documento consta de 11 páginas y destaca la dificultad para defenderse jurídicamente, la soledad y el miedo por su familia, así como la percepción de no tener justicia.

Informe médico de Brenda Quevedo Cruz sobre el trastorno y depresión como secuela de las torturas y violación en dos ocasiones por parte de agentes ministeriales de SIEDO, enviados por Isabel Miranda Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de nulidad de ampliación de declaración de Juana Hilda González Lomelí, obtenida el 8 de febrero de 2006, bajo coacción y violencia del agente ministerial Fermín Ubaldo, con el propósito de que incriminara a César Freyre, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, y los hermanos Tony y Albert Castillo. La abogada Dolores Vera Murcia hace alusión a la condición visiblemente de maltrato en que encontró a Juana Hilda, y pide la nulidad de la declaración; asímismo que sea nulo el careo solicitado por Isabel Miranda frente a su acusada, por ser inconstitucional.  

Declaración de la bióloga Yanet Rogel en que dice que fue “un error de dedo” el informe pericial de la gota de sangre que Isabel Miranda Torres presentó como prueba científica del suspuesto destazamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace, encontrada siete meses después en Perugino No. 6, departamento 4. El resultado inicial fue el gen sexual amelogenina XX que corresponde a una gota de sangre de mujer. 

 

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Continue Reading

El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

Continue Reading

El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

Continue Reading

Trending