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El Caso Wallace

Carta al subsecretario Alejandro Encinas por víctimas del Caso Wallace

Carta al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas para pedir la libertad de las víctimas de Isabel Miranda falsamente acusadas por el caso Wallace

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Los Ángeles, California, 28 de enero de 2019

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos
Secretaría de Gobernación

Le informo sobre la grave situación de las víctimas del caso Wallace, del que estamos esperando una acción expedita e inmediata por el riesgo a la integridad física y deterioro de la salud emocional que cada día padecen.

Desde el 10 de diciembre de 2018, acompañada del presbítero Alejandro Solalinde y del periodista José Reveles, pedimos la libertad inmediata de las víctimas de Isabel Miranda Torres, especialmente porque el postergar su libertad repercute en las condiciones de represalias que viven en los penales bajo consigna de Miranda. Hemos entregado información precisa y suficiente con los elementos de prueba de inocencia de las víctimas y del acoso a sus familias y defensores a la Fiscalía General de la República, directamente al Dr. Alejandro Gertz Manero, quien instruyó el abrir la investigación penal del caso, incluyendo la denuncia por las agresiones contra mi persona.

Entre los elementos de prueba que presentamos, se encuentra:

  1. Protocolo de Estambul, ratificado y judicializado como prueba con resultados positivos de tortura y violación sexual, de Jacobo Tagle Dobín.

  2. Informe médico y valoración psicológica de Brenda Quevedo Cruz, con resultados de alto estrés post-traumático debido a las torturas con violación sexual.

  3. Falsedad en declaraciones a las autoridades judiciales por la parte acusadora.

  4. Los años que llevan en prisión preventiva sin sentencia, e incluso las víctimas con sentencia no ha sido ejecutoria, como en el caso de Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz.
  5. Declaración de la bióloga Yanet Rogel, en la que sostiene haberse equivocado en el informe sobre el peritaje de la gota de sangre encontrada en Perugino No. 6, Depto. 4., el cual resultó corresponder al gen sexual amelogenina XX (femenino), y se justifica diciendo que es un “error de dedo” y debía ser XY (masculino).

  6. Solicitud de liberación de George Khoury Layón, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, quien fue vinculado con las víctimas del caso Wallace para simular una “banda de secuestradores”.

  7. Solicitud de la abogada defensora de la nulidad de declaración de Juana Hilda González Lomelí en la que incrimina a cinco personas más.

Adicionalmente, hay una situación crítica de salud de Jacobo Tagle Dobín debido a las torturas y golpizas de los custodios, relacionada con la próstata. Su alimentación es muy deficiente porque es discriminado por motivos religiosos, al negarse a comer cerdo, que es lo que frecuentemente les dan en el penal de Tapachula, Chiapas, negándole otros alimentos, y son los internos compañeros de celda y módulo, quienes le obsequian sus tortillas que ingiere con agua. Uno de los castigos fue rociarlo con gas lacrimógeno en boca y genitales, y otro dejarlo sin alimentos durante tres días. Todo, sabemos, es consigna de Isabel Miranda Torres.

La salud emocional y física de Brenda Quevedo Cruz sigue en deterioro, con sangrados vaginales abundantes, insomio, migraña, adormecimiento del cuerpo que le impide hacer ejercicio, y un quiste o bola de grasa debajo de la axila con mucho dolor que no le han atendido. Su madre, quien la acaba de visitar en el penal de Coatlán del Río, sospecha que es a raíz del medicamento que se lo hayan cambiado. Además, ha sido discriminada en la atención psiquiátrica por parte de la dirección del penal.

Del resto de las víctimas desconocemos sus estados de salud, por la incomunicación en las que los mantienen, como en el caso de Jael Malangón Uscanga, en el penal de Hermosillo, y Albert Castillo Cruz, en el de Ciudad Juárez, adonde fueron trasladados ilegalmente.

Si bien, nos han atendido en diferentes reuniones en la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República para escuchar los testimonios y denuncias de los familiares de las víctimas, las víctimas directas no han tenido ninguna atención con respecto a su salud, ni para evitar represalias por la consigna de Miranda. No han sido trasladados a su lugar de origen, un derecho que se les está violando, ni se han propuesto trasladarlos a un hospital donde sean atendidos por el daño irreversible que ya tienen debido a las torturas.

En cambio, María Isabel Miranda Torres, pese a ser indiciada por la investigación penal sobre la falsedad del caso Wallace bajo el número de expediente NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018, sigue asistiendo a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, continúa difamando y calumniando a las víctimas y sus defensores en los medios de comunicación, y hace vida pública con los privilegios que siempre le han otorgado desde el gobierno federal de las anteriores administraciones.

Por este conducto, pido nuevamente su atención expresa a estos casos de violaciones de derechos humanos tan graves, porque no hay un solo motivo por el que las víctimas sigan un día más en prisión. La falta de atención a ellas, no puede interpretarse de otra forma más que de una indiferencia gubernamental ante el sufrimiento que sigue impactando sus vidas y su salud, y ante el riesgo que corremos quienes hemos denunciado sistemáticamente la falsedad del caso Wallace.

Le informo, que estaremos en Palacio Nacional, el 6 de febrero de 2019, para reiterar nuestra petición personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ustedes mejor que nadie saben que las víctimas del caso Wallace son inocentes, y hoy están siendo hostigadas en su cautiverio igual que antes.

Los queremos vivos, sanos  y libres.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista
Los Ángeles Press

 

  • C.c.p. Lic. Jorge Ruíz del Ángel. DDHH. Segob.
  • C.c.p. David Bertet. En Vero. Canadá
  • C.c.p. Las víctimas.

Elementos de prueba

Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobín, consta de 88 páginas, con resultado positivo, identifica a dos de sus torturadores, y narra las torturas y la violencia sexual de la que fue objeto, y las secuelas que ya tiene por las torturas.

 

Solicitud de liberación de George Khoury Layón por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU. El documento completo consta de 10 páginas que refiere a la primera detención arbitraria de Khoury, el 30 de enero de 2006, después de que policías federales intentaran extorsionarlo y detenerlo el 16 de julio de 2005. Fue absuelto por juez federal el 26 de septiembre de 2007. Nuevamente, fue detenido arbitrariamente y torturado, bajo cargos de delincuencia organizada, el 2 de septiembre de 2009. Volvió a ser absuelto el 14 de febrero de 2012, sin embargo no fue puesto en libertad. Antes, el 29 de julio de 2011, estando en prisión, se le giró una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, relacionándolo con el falso caso Wallace. Quien lo acusó bajo tortura es Jacobo Tagle Dobin. El mismo día que salió en libertad, el 26 de febrero de 2012, se le dictó auto de formal prisión. Isabel Miranda ha intervenido en sus detenciones desde 2005.

Valoración psicológica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó a Brenda Quevedo Cruz, el 30 de julio de 2011, en la que concluye que al momento de la entrevista, Quevedo presentaba trastorno por estrés post-traumático crónico, depresión y ansiedad severa. El documento consta de 11 páginas y destaca la dificultad para defenderse jurídicamente, la soledad y el miedo por su familia, así como la percepción de no tener justicia.

Informe médico de Brenda Quevedo Cruz sobre el trastorno y depresión como secuela de las torturas y violación en dos ocasiones por parte de agentes ministeriales de SIEDO, enviados por Isabel Miranda Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de nulidad de ampliación de declaración de Juana Hilda González Lomelí, obtenida el 8 de febrero de 2006, bajo coacción y violencia del agente ministerial Fermín Ubaldo, con el propósito de que incriminara a César Freyre, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, y los hermanos Tony y Albert Castillo. La abogada Dolores Vera Murcia hace alusión a la condición visiblemente de maltrato en que encontró a Juana Hilda, y pide la nulidad de la declaración; asímismo que sea nulo el careo solicitado por Isabel Miranda frente a su acusada, por ser inconstitucional.  

Declaración de la bióloga Yanet Rogel en que dice que fue “un error de dedo” el informe pericial de la gota de sangre que Isabel Miranda Torres presentó como prueba científica del suspuesto destazamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace, encontrada siete meses después en Perugino No. 6, departamento 4. El resultado inicial fue el gen sexual amelogenina XX que corresponde a una gota de sangre de mujer. 

 

El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, adolescente, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista en mensaje de texto que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, la edad de la menor es de 17 años, nacida en 2003.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, adolescente. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad, nacida en 1995.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, de haber hablado incluso con él en 2007, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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