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Fabricación de culpables

Carta abierta a Isabel Miranda de Wallace sobre Nestora Salgado

Isabel Miranda de Wallace, presidente de Alto al Secuestro, confunde a las víctimas y pide que no liberen a la líder comunitaria Nestora Salgado

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Los Ángeles, California, a 7 de Mayo de 2014

Sra. Isabel Miranda de Wallace
Presidente de Alto al Secuestro

Señora Wallace, los mexicanos no olvidamos su lucha por los derechos humanos tras cinco años de investigaciones en el secuestro de su hijo. Tan dramática situación la convirtió a usted en una figura pública que le valió el premio nacional de derechos humanos en 2010. Pese a que conoció el dolor de la ausencia en carne propia, tampoco olvidamos que no tuvo reparos en recibir ese premio a manos de uno de los peores criminales de derechos humanos que ha tenido México como lo fue Felipe Calderón. Usted no vio en ese entonces el dolor de las más de 100 mil víctimas fatales que dejaron la simulación del combate al narcotráfico y que Calderón llamó sin cortapisas “daños colaterales”. Usted, en ese momento, tampoco tuvo ojos para ver a las miles de madres que han llorado a sus hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, ni a las familias indígenas de la Montaña Guerrero escondiendo a sus hijos para que no fuesen reclutados por los rivales de los narcotraficantes protegidos por el gobierno de Calderón.

Hoy, señora Wallace, de nueva cuenta, usted cierra los ojos y no ve a las verdaderas víctimas. Usted no quiere ver quién es Nestora Salgado García, ni las violaciones de derechos humanos que el Estado mexicano sigue infligiendo contra su persona. Sin embargo, se dirige a la presidente del Tribunal de Estado para pedirle con firmeza –en una contradicción lógica de activista de derechos humanos– que no le dé la libertad a una de las más preciadas defensoras de los derechos indígenas; por cierto, reconocida también, como usted, con un premio nacional de derechos humanos, pero por una institución independiente, no gubernamental, como es la prestigiada Fundación Don Sergio Méndez Arceo.

Solidaridad en la República Dominicana. Foto: PRT LIt-ci

Solidaridad en la República Dominicana. Foto: PRT LIt-ci

En mi papel de periodista que ha investigado puntualmente el caso de la líder comunitaria, le voy a decir quién es esta mujer que lleva nueve meses encarcelada sin haber cometido delito alguno en el penal federal El Rincón, Tepic, Nayarit, y que revela un Estado de derecho fracturado profundamente por personas como a las que usted ahora defiende. Más aún, me llama la atención que usted a sabiendas de lo que es investigar un crimen y no desconocer la manipulación de las instituciones del Estado por los políticos y funcionarios para solapar una corrupción, no haya investigado por cuenta propia este caso, antes de pedir públicamente al Poder Judicial que actúe en contra de los derechos de una digna ciudadana.

A Nestora Salgado no le secuestraron ningún hijo que la impulsara a ayudar a los demás. Por su propia voluntad y fuerza ayudaba a las hijas de otras familias de Olinalá –su ciudad natal– para evitar que fueran raptadas y prostituidas por narcotraficantes y políticos locales. Llegó a rescatar a los hijos de otras mujeres que los criminales pretendían reclutar para sicarios. Nestora Salgado, pese a vivir en una situación de confort ya en Estados Unidos, al tener la doble ciudadanía, decidió seguir luchando y creó un corredor solidario desde Seattle hasta la Montaña Guerrero, para regalar a los indígenas ropa, alimentos, zapatos y medicinas, ante la miseria en que los mantienen los gobiernos históricamente.

Durante cuatro años consecutivos, Nestora estuvo haciendo esfuerzos por proveer protección a quienes ella considera “su gente, su pueblo”, hasta que impulsó la creación de la Policía comunitaria de Olinalá, con el ejemplo de otras comunidades para defenderse de los abusos de poder y de la delincuencia organizada. Poco después, esta institución se incorporó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y se constituyó la Casa de Justicia El Paraíso, a la que pertenece la comunidad de Olinalá. Esta creación fue bajo el amparo del artículo 37 de la Ley 701, de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades de Guerrero, parte del sistema normativo indígena y el cual los faculta para brindar seguridad e impartir justicia. Así mismo, avalado por el artículo 2º de la Constitución mexicana, e internacionalmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Solidaridad con Nestora Salagado en Nueva York. Foto: Francisco Ramírez

Solidaridad con Nestora Salagado en Nueva York. Foto: Francisco Ramírez

Las fuerzas armadas, sin embargo, detuvieron a Nestora el 21 de agosto de 2013, sin ninguna orden judicial, sin permitirle hacer una llamada, sin la asistencia de un abogado y sin informarle a su familia. Fue un secuestro de Estado. Después de siete días sin saber de ella, por la intervención de la Embajada de Estados Unidos a petición de su esposo e hijas, el gobierno mexicano se vio obligado a informar al cónsul dónde la tenían recluida. Nestora Salgado también fue torturada no sólo con el aislamiento en la cárcel. Por varios meses la mantuvieron durante las 24 horas con la luz encendida, no le permitían hablar con ninguna interna, llegó a necesitar servicios de enfermería y dentales que le fueron negados. Tampoco le dieron sus medicamentos que de por vida toma para un problema de la columna, secuelas de un accidente automovilístico. Por varios meses la mantuvieron incomunicada telefónicamente y el agua para beber tiene que comprarla.

Mientras, en las calles de Olinalá, el síndico Armando Patrón Jiménez, la persona que usted promueve como víctma de secuestro perpetrado por Nestora, ha gozado de libertad, pese a las evidencias de sus delitos, los cuales fueron denunciados por  ella misma, en su calidad de coordinadora regional de la Policía comunitaria, ante el sistema de justicia comunitario y ante autoridades estatales y federales. Los delitos por los que fue acusado el funcionario son involucramiento en un doble asesinato, abigeato, corrupción, falsificación de documentos oficiales, abuso de poder y delincuencia organizada. Las evidencias se cuentan en audios con conversaciones grabadas, documentos, videos, fotografías y testigos.

Patrón Jiménez también fue acusado –con evidencias y testigos­– ante las mismas autoridades de haber sustraído un paquete con licencias de conducir, dos chalecos antibalas y varias armas M15, de una casa de sicarios –conocidas como casa de seguridad­–, después de que los policías comunitarios incendiaran la motocicleta en la que se transportaban los sicarios para ejecutar a sus víctimas. Patrón Jiménez pidió con familiaridad  a la dueña de la casa que le diera estos objetos.

Documento en que el síndico reconoce autoridad de Policía comunitaria al firmar de recibido. Foto: COSS

Documento en que el síndico reconoce autoridad de Policía comunitaria al firmar de recibido. Foto: PCO

El síndico estuvo recluido bajo el sistema de justicia comunitario para su reeducación, y fue liberado a los nueve días por autoridades federales sin cumplir ninguna condena por sus crímenes. Recién liberado, declaró a la prensa local que había sido violado sexualmente. No obstante, nunca puso una denuncia oficial ante el Ministerio Público ni de esos hechos ni levantó una demanda en contra de Nestora Salgado. Ahora dice que “su vida corre peligro si liberan a Salgado”, y ciertos medios –irresponsables y convenencieros, como lo ha sido el diario Reforma, Reporte Índigo y Quadratín– hacen eco del absurdo sin mayor investigación que la declaración falsa del síndico, tal como usted misma la repite.

Le aclaro que Nestora Salgado tenía facultades para detener al síndico en su calidad de coordinadora regional, pero quien lo detuvo fue la Policía comunitaria que también tiene esas mismas facultades, entre otras. La detención se hizo como parte de la justicia comunitaria y porque el que ahora acusa cometió delitos.

A Nestora se le acusó de secuestro agravado contra un grupo de jóvenes, entre éstos dos mujeres menores de edad, por retenerlos en la Casa de Justicia de El Paraíso. ¿Por qué no investigó señora Wallace quién había elaborado el expediente de la Procuraduría y quiénes eran las supuestas víctimas? ¿Por qué no habló con las jóvenes y sus madres para que conociera de primera mano las condiciones físicas y emocionales en las que se encontraban? Si usted preside una organización civil contra el secuestro ¿por qué no ha llevado a cabo estas investigaciones básicas con la experiencia que le dieron las investigaciones del secuestro de su hijo? En el caso de los jóvenes de Olinalá, le hubiera llevado tan sólo un par de días y varias llamadas telefónicas el darse cuenta de la verdad, tal como me llevó a mí descubrirla.

Las madres de las supuestas víctimas llevaron directamente a sus hijas a que fueran reeducadas a la Casa de Justicia El Paraíso. Incluso yo publiqué en Los Ángeles Press, el medio para el trabajo, los documentos firmados por las madres donde hacen la petición a Nestora Salgado. También las madres aceptaron desmentir las declaraciones de sus hijas del expediente fabricado por la Procuraduría General del Estado, que las utilizó como falsas víctimas, e incluso la madre de una menor apuntada en el expediente dijo  que “se sentía mal que utilizaran a su hija para encerrar a Nestora y que no sabía que la iban a detener tanto tiempo”.

Las adolescentes se habían fugado de su casa para irse de fiesta con otros jóvenes mayores de edad. Fumaban, tomaban y se drogaban, era parte de la fiesta y de los hábitos que adquirían estas menores que también se prostituían. Las madres pidieron ayuda a la Policía comunitaria para que buscaran a Betzabé Rubí Baltazar Sosa y a Sofía Navarrete que ya habían sido denunciadas a la Policía comunitaria por posesión de droga y prostitución. Uno de los coordinadores que encontró a las jóvenes fue Jesús Coronel, y él -junto a otros policías y las madres- llevó a las jóvenes a la Casa de Justicia para su reeducación. Nestora las recibió y las madres escribieron esos oficios pidiendo la ayuda. Todo lo demás ya lo conoce usted, que es la detención de Nestora y los falsos delitos imputados, de los cuales fue liberada por un juez federal el 29 de abril de 2014, contrario a lo que usted ha declarado a la prensa.

Según su organización Alto al secuestro, “busca como prioridad el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho, en un ambiente justo y equitativo”. Me resulta cuestionable y grave que una persona como usted, con las responsabilidades que dice tener en su organización y con los recursos que recibe para estas tareas, no sepa distinguir quién es una verdadera víctima. Más aún que su intervención pública acerca de estos crímenes sea llevada con tal falta de rigor profesional y ético que obstaculice el respeto a los derechos humanos como pretende en el caso de Nestora.

No somos pocos los que  conocemos quién es Nestora Salgado. Nos contamos por varios miles y en varios países. Nos consta su lucha y su auténtico compromiso público. Nos consta su fortaleza y su integridad para defender a las verdaderas víctimas de un gobierno criminal y de grupos delictivos. Armando Patrón Jiménez, en cambio, es un funcionario delincuente más, como los que tienen hundido a México.

Espero que después de investigar quién es Nestora, sea para usted también un ejemplo de dignidad y ética.

Guadalupe Lizárraga

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información falsa que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en los detalles.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Fabricación de culpables

Militares torturaron y usaron a falso testigo protegido Romeo para fabricar culpables en gobierno de Calderón

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Por Guadalupe Lizárraga

El 9 de septiembre de 2009, Ana Georgina Domínguez Macías fue detenida de manera arbitraria sin una orden judicial frente a sus dos hijos menores por miembros del Ejército mexicano. Para su incriminación usaron al falso testigo protegido Romeo, una mujer que cobraba por incriminar de narcotráfico y delincuencia organizada a personas inocentes ante el Ministerio público de Federación.

Eran las 4 de la mañana, de ese 9 de septiembre, cuando los militares irrumpieron con ostentosa violencia en el departamento de Ana Georgina ubicado sobre la calle Francisco Téllez, de la Colonia Vista Mar, a tres cuadras del Ministerio Público PGR en Coatzacoalcos Veracruz. Sin embargo, pese a la cercanía de la PGR, Ana Georgina fue presentada 13 horas después, en la Ciudad de México.

Durante ese tiempo los militares la llevaron a la base militar donde la torturaron con abuso sexual. Y posteriormente, la presentaron ante el Ministerio Público de la SIEDO, donde los agentes la acusaron de ser contadora del Cártel de Golfo, y de trabajar para el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No obstante, en su testimonio, Ana Georgina señaló que ella trabajaba en la Plataforma Marina de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sueldo era de diez mil pesos mensuales. Incluso su pareja sentimental trabajaba en el mismo lugar bajo contrato que fue parte de su evidencia ignorada.

Sus cargos judiciales fueron de lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos que tienen una sentencia de 8 años, y que de haber sido sentenciada culpable ya hubiera concluido su tiempo de prisión. Sin embargo, Ana Georgina lleva 12 años en prisión sin sentencia.

Los miembros de la SEDENA le pusieron un alias, y difundieron el boletín en todos los medios de comunicación con los que tiene alianza para exhibirla como delincuente, y simular un gran golpe al narcotráfico.

En SIEDO le fabricaron una declaración en la que se incriminaba, aceptando ser parte del Cártel del Golfo, que después de varios días de negarse a firmarla porque no le permitían leer su contenido, tuvo que firmarla cuando le mostraron fotos de sus dos hijos menores.

La testigo protegido Romeo, quien también había declarado contra otras personas en acuerdo con la SIEDO, se desistió por el incumplimiento de pagos de la PGR, pero otras dos personas fueron torturadas para incriminar a Ana Georgina, quienes se identificaron como Raúl Gutiérrez Jiménez y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, ambos también acusados de pertenecer al mismo cártel, y que sostuvieron no conocer a Ana Georgina.

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El Caso Wallace

¿Cuánto tiempo más para que se nos haga justicia?: carta de Jacobo Tagle a López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

En una carta abierta entregada a Los Ángeles Press, Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y víctima de Isabel Miranda Torres, preso desde 2010, narra su tragedia y la de sus coprocesados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ésta, pregunta al mandatario cuánto tiempo más pasará para que se les haga justicia. «¿Hasta cuándo va a cambiar todo esto, señor presidente? ¿Cuántos sexenios más debe ganar MORENA para depurar toda la corrupción que aún existe en el Poder Judicial y en todo el gobierno?», escribió.

Tagle Dobín lleva once años en prisión sin sentencia acusado del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Un caso que Los Ángeles Press ha documentado extensamente en su falsedad con evidencias de vida de la supuesta víctima incluso años después de la fecha de muerte que reportó su madre Isabel Miranda.

En la misiva al presidente, Jacobo Tagle señala las violaciones de derechos humanos que ha padecido, como tortura, violación y obstaculización de una defensa adecuada. Enfatizó que aún es presunto culpable al no estar sentenciado y se le niega el traslado al CEFERESO número 1, del Altiplano, Estado de México, donde le corresponde por derecho seguir su proceso.

Aludió al artículo 18 de la Constitución, que estipula que “todo sentenciado podrá compurgar su pena en el centro más cercano a su comunidad y familia, y esto no aplica en los casos de delincuencia organizada y personas que requieren medidas especiales de seguridad”. Jacobo Tagle enfatizó: “¡pero estamos hablando de sentenciados!, en ningún lugar dice procesados… y todo procesado es inocente, y tiene derecho a una defensa como debe ser y es hasta que se le encuentre culpa es que pueden alejarlo del lugar donde se le instruye”.

Con dos protocolos de Estambul positivos en tortura, uno por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro por parte del Consejo de la Judicatura de la Federación, Jacobo Tagle ha demostrado cómo fue obligado a incriminar a César Freyre Morales, a George Khoury Layón y a sí mismo, de haber participado en el supuesto homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero, además, el exdefensor público Alejandro Garduño Real, quien llevaba su caso logró avanzar sustancialmente en su defensa al demostrar que Isabel Miranda Torres y el exagente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga habían privado de la libertad a Tagle, el día 3 de diciembre de 2010, tras su detención arbitraria e ilegal. Al día siguiente, Tagle fue exhibido a los medios de comunicación por Isabel Miranda como secuestrador, en flagrante usurpación de funciones de Ministerio Público, lo trasladó al lugar de los supuestos hechos, donde lo grabó en video para simular la reconstrucción de hechos. Y finalmente, fue entregado al juez que lo requería hasta el 12 de diciembre de 2010.

Del 3 al 11 de diciembre de ese año, Isabel Miranda coaccionó bajo tortura a Jacobo Tagle para que se incriminara y culpara a los demás, de acuerdo con los testimonios registrados en sus protocolos de Estambul y su declaración preparatoria. No obstante, su defensor Garduño Real fue amenazado e intimidado con atentados, y tras sus denuncias despedido de su trabajo injustificadamente.

A Jacobo Tagle lo obligaron a firmar una declaración hecha por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, quien bajo órdenes de Isabel Miranda, coordinó también la detención ilegal durante un año al hermano menor de Jacobo para presionarlo, así como la expropiación de la casa a su madre, de la cual aún es propietaria.

Jacobo Tagle pregunta en su carta al presidente: “¿por qué la FGR no nos ha retirado los cargos aún? ¿por qué no han puesto tras las rejas a los culpables? ¿qué debe pasar para que eso suceda? ¿cuántos años más debemos estar presos? ¿Hasta que llegue alguien que no le tiemble la mano y haga lo correcto y nos otorgue nuestra merecida libertad?”.

La misiva concluye reiterando la confianza al presidente López Obrador y le pide que no los olvide: “somos el pueblo, somos humanos, somos inocentes y somos mexicanos”.

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