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Fabricación de culpables

Carta abierta a Isabel Miranda de Wallace sobre Nestora Salgado

Isabel Miranda de Wallace, presidente de Alto al Secuestro, confunde a las víctimas y pide que no liberen a la líder comunitaria Nestora Salgado

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Los Ángeles, California, a 7 de Mayo de 2014

Sra. Isabel Miranda de Wallace
Presidente de Alto al Secuestro

Señora Wallace, los mexicanos no olvidamos su lucha por los derechos humanos tras cinco años de investigaciones en el secuestro de su hijo. Tan dramática situación la convirtió a usted en una figura pública que le valió el premio nacional de derechos humanos en 2010. Pese a que conoció el dolor de la ausencia en carne propia, tampoco olvidamos que no tuvo reparos en recibir ese premio a manos de uno de los peores criminales de derechos humanos que ha tenido México como lo fue Felipe Calderón. Usted no vio en ese entonces el dolor de las más de 100 mil víctimas fatales que dejaron la simulación del combate al narcotráfico y que Calderón llamó sin cortapisas “daños colaterales”. Usted, en ese momento, tampoco tuvo ojos para ver a las miles de madres que han llorado a sus hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, ni a las familias indígenas de la Montaña Guerrero escondiendo a sus hijos para que no fuesen reclutados por los rivales de los narcotraficantes protegidos por el gobierno de Calderón.

Hoy, señora Wallace, de nueva cuenta, usted cierra los ojos y no ve a las verdaderas víctimas. Usted no quiere ver quién es Nestora Salgado García, ni las violaciones de derechos humanos que el Estado mexicano sigue infligiendo contra su persona. Sin embargo, se dirige a la presidente del Tribunal de Estado para pedirle con firmeza –en una contradicción lógica de activista de derechos humanos– que no le dé la libertad a una de las más preciadas defensoras de los derechos indígenas; por cierto, reconocida también, como usted, con un premio nacional de derechos humanos, pero por una institución independiente, no gubernamental, como es la prestigiada Fundación Don Sergio Méndez Arceo.

Solidaridad en la República Dominicana. Foto: PRT LIt-ci

Solidaridad en la República Dominicana. Foto: PRT LIt-ci

En mi papel de periodista que ha investigado puntualmente el caso de la líder comunitaria, le voy a decir quién es esta mujer que lleva nueve meses encarcelada sin haber cometido delito alguno en el penal federal El Rincón, Tepic, Nayarit, y que revela un Estado de derecho fracturado profundamente por personas como a las que usted ahora defiende. Más aún, me llama la atención que usted a sabiendas de lo que es investigar un crimen y no desconocer la manipulación de las instituciones del Estado por los políticos y funcionarios para solapar una corrupción, no haya investigado por cuenta propia este caso, antes de pedir públicamente al Poder Judicial que actúe en contra de los derechos de una digna ciudadana.

A Nestora Salgado no le secuestraron ningún hijo que la impulsara a ayudar a los demás. Por su propia voluntad y fuerza ayudaba a las hijas de otras familias de Olinalá –su ciudad natal– para evitar que fueran raptadas y prostituidas por narcotraficantes y políticos locales. Llegó a rescatar a los hijos de otras mujeres que los criminales pretendían reclutar para sicarios. Nestora Salgado, pese a vivir en una situación de confort ya en Estados Unidos, al tener la doble ciudadanía, decidió seguir luchando y creó un corredor solidario desde Seattle hasta la Montaña Guerrero, para regalar a los indígenas ropa, alimentos, zapatos y medicinas, ante la miseria en que los mantienen los gobiernos históricamente.

Durante cuatro años consecutivos, Nestora estuvo haciendo esfuerzos por proveer protección a quienes ella considera “su gente, su pueblo”, hasta que impulsó la creación de la Policía comunitaria de Olinalá, con el ejemplo de otras comunidades para defenderse de los abusos de poder y de la delincuencia organizada. Poco después, esta institución se incorporó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y se constituyó la Casa de Justicia El Paraíso, a la que pertenece la comunidad de Olinalá. Esta creación fue bajo el amparo del artículo 37 de la Ley 701, de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades de Guerrero, parte del sistema normativo indígena y el cual los faculta para brindar seguridad e impartir justicia. Así mismo, avalado por el artículo 2º de la Constitución mexicana, e internacionalmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Solidaridad con Nestora Salagado en Nueva York. Foto: Francisco Ramírez

Solidaridad con Nestora Salagado en Nueva York. Foto: Francisco Ramírez

Las fuerzas armadas, sin embargo, detuvieron a Nestora el 21 de agosto de 2013, sin ninguna orden judicial, sin permitirle hacer una llamada, sin la asistencia de un abogado y sin informarle a su familia. Fue un secuestro de Estado. Después de siete días sin saber de ella, por la intervención de la Embajada de Estados Unidos a petición de su esposo e hijas, el gobierno mexicano se vio obligado a informar al cónsul dónde la tenían recluida. Nestora Salgado también fue torturada no sólo con el aislamiento en la cárcel. Por varios meses la mantuvieron durante las 24 horas con la luz encendida, no le permitían hablar con ninguna interna, llegó a necesitar servicios de enfermería y dentales que le fueron negados. Tampoco le dieron sus medicamentos que de por vida toma para un problema de la columna, secuelas de un accidente automovilístico. Por varios meses la mantuvieron incomunicada telefónicamente y el agua para beber tiene que comprarla.

Mientras, en las calles de Olinalá, el síndico Armando Patrón Jiménez, la persona que usted promueve como víctma de secuestro perpetrado por Nestora, ha gozado de libertad, pese a las evidencias de sus delitos, los cuales fueron denunciados por  ella misma, en su calidad de coordinadora regional de la Policía comunitaria, ante el sistema de justicia comunitario y ante autoridades estatales y federales. Los delitos por los que fue acusado el funcionario son involucramiento en un doble asesinato, abigeato, corrupción, falsificación de documentos oficiales, abuso de poder y delincuencia organizada. Las evidencias se cuentan en audios con conversaciones grabadas, documentos, videos, fotografías y testigos.

Patrón Jiménez también fue acusado –con evidencias y testigos­– ante las mismas autoridades de haber sustraído un paquete con licencias de conducir, dos chalecos antibalas y varias armas M15, de una casa de sicarios –conocidas como casa de seguridad­–, después de que los policías comunitarios incendiaran la motocicleta en la que se transportaban los sicarios para ejecutar a sus víctimas. Patrón Jiménez pidió con familiaridad  a la dueña de la casa que le diera estos objetos.

Documento en que el síndico reconoce autoridad de Policía comunitaria al firmar de recibido. Foto: COSS

Documento en que el síndico reconoce autoridad de Policía comunitaria al firmar de recibido. Foto: PCO

El síndico estuvo recluido bajo el sistema de justicia comunitario para su reeducación, y fue liberado a los nueve días por autoridades federales sin cumplir ninguna condena por sus crímenes. Recién liberado, declaró a la prensa local que había sido violado sexualmente. No obstante, nunca puso una denuncia oficial ante el Ministerio Público ni de esos hechos ni levantó una demanda en contra de Nestora Salgado. Ahora dice que “su vida corre peligro si liberan a Salgado”, y ciertos medios –irresponsables y convenencieros, como lo ha sido el diario Reforma, Reporte Índigo y Quadratín– hacen eco del absurdo sin mayor investigación que la declaración falsa del síndico, tal como usted misma la repite.

Le aclaro que Nestora Salgado tenía facultades para detener al síndico en su calidad de coordinadora regional, pero quien lo detuvo fue la Policía comunitaria que también tiene esas mismas facultades, entre otras. La detención se hizo como parte de la justicia comunitaria y porque el que ahora acusa cometió delitos.

A Nestora se le acusó de secuestro agravado contra un grupo de jóvenes, entre éstos dos mujeres menores de edad, por retenerlos en la Casa de Justicia de El Paraíso. ¿Por qué no investigó señora Wallace quién había elaborado el expediente de la Procuraduría y quiénes eran las supuestas víctimas? ¿Por qué no habló con las jóvenes y sus madres para que conociera de primera mano las condiciones físicas y emocionales en las que se encontraban? Si usted preside una organización civil contra el secuestro ¿por qué no ha llevado a cabo estas investigaciones básicas con la experiencia que le dieron las investigaciones del secuestro de su hijo? En el caso de los jóvenes de Olinalá, le hubiera llevado tan sólo un par de días y varias llamadas telefónicas el darse cuenta de la verdad, tal como me llevó a mí descubrirla.

Las madres de las supuestas víctimas llevaron directamente a sus hijas a que fueran reeducadas a la Casa de Justicia El Paraíso. Incluso yo publiqué en Los Ángeles Press, el medio para el trabajo, los documentos firmados por las madres donde hacen la petición a Nestora Salgado. También las madres aceptaron desmentir las declaraciones de sus hijas del expediente fabricado por la Procuraduría General del Estado, que las utilizó como falsas víctimas, e incluso la madre de una menor apuntada en el expediente dijo  que “se sentía mal que utilizaran a su hija para encerrar a Nestora y que no sabía que la iban a detener tanto tiempo”.

Las adolescentes se habían fugado de su casa para irse de fiesta con otros jóvenes mayores de edad. Fumaban, tomaban y se drogaban, era parte de la fiesta y de los hábitos que adquirían estas menores que también se prostituían. Las madres pidieron ayuda a la Policía comunitaria para que buscaran a Betzabé Rubí Baltazar Sosa y a Sofía Navarrete que ya habían sido denunciadas a la Policía comunitaria por posesión de droga y prostitución. Uno de los coordinadores que encontró a las jóvenes fue Jesús Coronel, y él -junto a otros policías y las madres- llevó a las jóvenes a la Casa de Justicia para su reeducación. Nestora las recibió y las madres escribieron esos oficios pidiendo la ayuda. Todo lo demás ya lo conoce usted, que es la detención de Nestora y los falsos delitos imputados, de los cuales fue liberada por un juez federal el 29 de abril de 2014, contrario a lo que usted ha declarado a la prensa.

Según su organización Alto al secuestro, “busca como prioridad el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho, en un ambiente justo y equitativo”. Me resulta cuestionable y grave que una persona como usted, con las responsabilidades que dice tener en su organización y con los recursos que recibe para estas tareas, no sepa distinguir quién es una verdadera víctima. Más aún que su intervención pública acerca de estos crímenes sea llevada con tal falta de rigor profesional y ético que obstaculice el respeto a los derechos humanos como pretende en el caso de Nestora.

No somos pocos los que  conocemos quién es Nestora Salgado. Nos contamos por varios miles y en varios países. Nos consta su lucha y su auténtico compromiso público. Nos consta su fortaleza y su integridad para defender a las verdaderas víctimas de un gobierno criminal y de grupos delictivos. Armando Patrón Jiménez, en cambio, es un funcionario delincuente más, como los que tienen hundido a México.

Espero que después de investigar quién es Nestora, sea para usted también un ejemplo de dignidad y ética.

Guadalupe Lizárraga

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

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Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Fabricación de culpables

Traslados de presos adultos mayores vulneran derechos humanos y ponen en riesgo su vida en Puebla

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Tirso Zúñiga y Jens Herrera, adultos de la tercera edad, llevan presos sin sentencia más de 26 años

Tirso Zúñiga y Jens Herrera llevan 26 años de prisión sin sentencia acusados por sus coprocesados bajo tortura

Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de Tirso Zúñiga Vargas, de 74 años, quien lleva 26 años preso sin sentencia, externaron su preocupación a este medio por el traslado arbitrario del penal del Cereso de Puebla al de Tecali de Herrera, en condiciones más vulnerables de movilidad y con reducción de alimentos. Antes, Jens Herrera Guzmán fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, incomunicado de su familia.

Tirso Zúñiga es uno de los dos presos con mayor número de años sin sentencia en México. Él y su coprocesado Jens Herrera Guzmán, cumplieron 26 años en prisión preventiva, bajo la causa penal 240/1996, acusados de secuestro en contra de una persona de nombre María Salazar Apango, la cual en ninguna de sus declaraciones ministeriales los señala ni los reconoce.

La editora recomienda: Presos con pena compurgada en Atlacholoaya siguen detenidos por años sin beneficio de ley

 

De acuerdo con la defensa, el único señalamiento fue de dos coprocesados que rindieron su declaración bajo tortura, sin embargo, pese a las evidencias presentadas en más de veinte años, siguen sin sentencia.

Tirso Zúñiga Vargas padece las enfermedades de hipertensión, reumatismo y artritis en las extremidades que le impiden valerse por sí mismo, por lo que usa silla de ruedas y andadera. Fue contagiado de Covid19, y requiere de medicamento que es proveído por la familia.

Traslados arbitrarios

El 16 de diciembre Tirso Zúñiga fue trasladado al penal de Tecali de Herrera, como una de las supuestas medidas de apoyo para personas de la tercera edad privadas de su libertad. No obstante, el testimonio de los internos adultos mayores en Puebla es que los traslados han sido arbitrarios, ya que no se les notifica a la familia ni a sus abogados. Adicionalmente, la movilidad es complicada para los internos más vulnerables por la avanzada edad y las enfermedades que sufren y se les redujo a dos porciones de alimentos por día, sin atención médica.

Lee también: Presos con más de 20 años en prisión denuncian «consigna» en Morelos

 

Jens Herrera Guzmán, procesado bajo la misma causa y en las mismas condiciones, fue trasladado el 25 de octubre al penal de Tepexi de Rodríguez, más de 80 kilómetros de distancia del Cereso de Puebla, por lo que a su familia también se le dificulta ir a verlos.

Al hacer el traslado de Herrera Guzmán, le quitaron sus pertenencias sin ninguna justificación, entre éstas, una lista de los internos adultos mayores en condiciones vulnerables, algunos en abandono jurídico, y muchos con más de dos años de prisión preventiva, una violación a la Constitución mexicana, según lo estipulado en el artículo 20, apartado B, fracción IX, donde se especifica que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

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isabel Miranda de Wallace ha difundido videos en los jacobo Tagle se incriminó

Al menos en ocho ocasiones en los últimos tres años, Isabel Miranda de Wallace ha insistido en su cuenta de Twitter (@WallaceIsabel) que Jacobo Tagle es uno de los secuestradores y asesinos de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Incluso, en una de sus publicaciones mostró una confesión en video del propio Tagle. «(Él) confesó las atrocidades las atrocidades que cometieron, a sangre fría, contra mi hijo. Hoy busca evadir a la justicia acusando tortura que nunca existió», escribió Miranda en un tuit acompañando la grabación.

Sin embargo, una investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga, publicada en Los Ángeles Press, reveló que Isabel Miranda participó directamente en su captura, tortura y condujo dicha grabación ante una cámara para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A continuación retomamos el reportaje publicado el 22 de junio de 2014, en el que se revela la participación directa de Isabel Miranda de Wallace contra Jacobo Tagle Dobín.

 

Por Guadalupe Lizárraga

Cuarta parte

LOS ÁNGELES, California.- Jacobo Tagle Dobín fue uno de los primeros acusados del Caso Wallace por Isabel Miranda Torres. Según ella, “Tagle le presentó una mujer a su hijo Hugo Alberto” con la que habría ido al cine el 11 de julio de 2005, fecha del supuesto secuestro y homicidio en el Distrito Federal. Desde entonces, Miranda Torres no sólo acusó a Tagle ante instancias judiciales y en espectaculares públicos, también participó directamente en su captura, en su tortura y condujo la grabación ante la cámara de video para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así mismo, Tagle Dobín envió una misiva -con fecha del 7 de mayo de 2014- a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en la que desglosa los pormenores de su detención y la tortura.

A Tagle lo detuvieron cuatro policías ministeriales de Cuautitlán, Izcalli, el 3 de diciembre de 2010, pero reza la declaración en el documento de la CNDH, que fue el 4 de diciembre de 2010. Su orden de aprehensión se había girado el 6 de abril de 2006 por la causa penal 35/2006, por el Juzgado 16º de Procedimientos Penales del Distrito Federal. No obstante, después de su detención lo llevaron al Juzgado 4º. de Distrito en el Estado de México por la causa 7/2007.

Sobre ese hecho, Tagle Dobín explicó en la misiva al presidente de la organización canadiense, que de acuerdo a la Constitución mexicana, el deber de la autoridad, después de haberlo detenido, deberían de haberlo puesto a disposición del primer juez que libró la orden de aprehensión; y no fue así, lo que calificó de “una gran violación” a sus derechos, porque en esos días fue torturado, y hasta el 12 de diciembre de 2010 lo pusieron a disposición del Juzgado que realmente le correspondía.

resumen protocolo Jacobo Tagle

Resumen del Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle.

 

De acuerdo al documento certificado de la CNDH, los oficiales lo subieron a una camioneta blanca. Tagle les preguntó por qué le hacían eso. Y en respuesta le pisaron la espalda, le patearon los testículos tres veces y le ordenaron que se callara. Unos cuarenta minutos después de camino, detuvieron la camioneta y abrieron la puerta:

–Señora, aquí le tenemos su paquete –dijo uno de los policías a Isabel Miranda Torres.

–¡Ya saben lo que tienen qué hacer para que diga todo! –respondió Miranda.

Para saber más del caso: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana, quinta parte

 

Cerraron las puertas y anduvieron en el auto por unos quince minutos más. Cuando llegaron, Tagle escuchó que alguien dijo: “aquí están las cosas”. Después lo bajaron de la camioneta, lo desnudaron, le pusieron una venda apretada en los ojos, lo maniataron y lo empezaron a golpear en la espalda y de nuevo en los testículos. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico para generarle asfixia y luego se la quitaban para que tomara aire, así repetidamente.

La tortura duró como una hora, según lo declarado ante la CNDH, y luego lo vistieron y lo llevaron a la Policía Ministerial de Tlalnepantla, a un primer piso. En esa oficina llegó Isabel Miranda Torres:

“Entró la señora Wallace con otras personas, se acercó a él, lo jaló del pelo, le escupió en la cara, y lo amenazó diciéndole «te vas a morir, ya le quitamos la casa a tu mamá, tu hermano está preso, y le vamos a meter un delito a tu mujer, tengo luz verde para matarte»”.

En la página ocho del expediente número CNDH/3/2011/2802/Q  también está asentado que Isabel Miranda Torres ordenó que le llevaran una laptop y su sobrino llegó con una cámara de video. Lo sentaron en una silla, y la mujer le ordenó:

–Refunde a otras personas, y en recompensa le vamos a regresar la casa a tu mamá y a sacar de la cárcel a tu hermano –dijo Miranda.

Tagle, después de ser presionado, dio el nombre de César Freyre. Pero precisó, en la declaración, que no le regresaron la casa a su madre y su hermano todavía seguía preso en ese tiempo.

–Te vamos a llevar a lugares donde vas a decir que allí tiraron el cuerpo de mi hijo, y te vamos a hacer preguntas –instruyó Miranda a Tagle.

La hija de Miranda, Claudia Wallace, según el protocolo de la CNDH, también se encontraba en el lugar, y escribió en la computadora la declaración que querían que dijera Tagle frente a la cámara. Lo obligaron a que se la aprendiera, y él estuvo repitiéndola una y otra vez. Si se equivocaba, los agentes lo encañonaban con las armas y le golpeaban la cabeza. Así fue como filmaron el video. Cuando terminaron de grabar, lo llevaron a otra oficina y lo obligaron a firmar unos documentos que no supo de qué trataban y fue supervisado por Miranda Torres y su hija Claudia.

 

Tagle declaró que lo llevaron a Cuemanco a “buscar” el supuesto cuerpo de Hugo Alberto, y le dieron instrucciones de que ahí dijera dónde estaba, mientras el sobrino de Isabel Miranda lo grababa en video.

Al día siguiente, Tagle fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad de Toluca, donde estuvo varias horas en el estacionamiento, mientras Miranda Torres hablaba con la prensa. Luego lo llevaron al baño para que se lavara, y ahí le dijeron los agentes que si decía algo de lo que le habían hecho lo matarían. El siguiente traslado fue a la SIEDO, donde estuvo durante tres días más. En ese tiempo, lo llevaron al departamento de Perugino #6, para la “reconstrucción de hechos”.

Isabel Miranda de Wallace declaró sin titubeos en aquel 5 de diciembre de 2010 que la detención de Tagle tenía importancia “porque él conocía el paradero de los restos de su hijo”. Y en esa misma declaración agradeció a Enrique Peña Nieto la detención del inculpado: “Agradezco al gobernador Enrique Peña Nieto, quien se coordinó con el procurador Alfredo Castillo, cuando se supo de la permanencia de Tagle Dobín en la entidad”.

El análisis del Protocolo de Estambul sostiene que:

“De acuerdo con el relato del agraviado, lo incomunicaron, lo desnudaron, amenazaron su integridad física, mediante el vendaje de los ojos lo privaron de orientación espacial y temporal, por medio de la sujeción le imposibilitaron todo tipo de control sobre su cuerpo, le provocaron asfixia y recibió amenazas en contra de su familiares; aunado a que, a decir de él, en el penal donde se encuentra recluido está ubicado en un módulo donde permanece encerrado todo el día y está procesado por varios delitos graves, le han obstaculizado su defensa, y su familia está sufriendo daños y amenazas de la persona que acusa…”.

La carta de Jacobo Tagle, desde el penal

En la misiva enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y  de la que Los Ángeles Press obtuvo copia, Tagle Dobín narra cómo fue su detención y destacó las discrepancias con la declaración del video que le obligó a grabar Isabel Miranda Torres y sus familiares.

Escribió a Bertet que lo torturaron para que se incriminara frente a una cámara de video, lo que coincide con lo declarado ante la CNDH para el análisis del Protocolo de Estambul. Después de ser detenido y torturado, llegó Isabel Miranda de Wallace y condujo la filmación del video. Este material, posteriormente lo presentó Miranda al juzgado como prueba de culpabilidad de Tagle, y hasta la fecha lo promueve en las redes sociales por su organización Alto al Secuestro.

“El jefe del Cefereso Número 5 de Seguridad era el comandante Jiménez Santana, él fue el que permitió que me torturaran y es el mismo que permitió que a Brenda la torturaran en Islas Marías”, denunció. Tagle se refirió al comandante  de custodios Javier Jiménez Santana, quien en 2010 fue director de Seguridad del complejo federal penitenciario Islas Marías y el responsable de trasladar a Brenda Quevedo Cruz a la Isla María Madre, la mayor del archipiélago, a un cuarto abandonado donde cinco hombres la torturaron y la humillaron sexualmente.

Lee más: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable, Sexta parte

 

Tagle –en su misiva– señaló que la segunda tortura de la que él fue víctima también estuvo permitida por el mismo comandante Jiménez Santana, quien en 2013 fungía como director de Seguridad ahora en el penal federal de Perote, Veracruz, por lo que puso la denuncia número AP/PGR/Ver/Xal/235/2013.

En audiencia pública del Juzgado Décimo Sexto de Procedimientos Penales, del 5 de marzo de 2014, Tagle pidió la palabra al juez cuando identificó por su voz a un agente ministerial como su torturador cuando dio lectura a un documento. El juez dijo a Tagle que no era el momento ni las formas de presentar la denuncia, que respetara el proceso. Tres meses después –que fue la semana pasada– el juez le notificó que dos agentes del Ministerio Público realizarían un nuevo Protocolo de Estambul por la denuncia de esta segunda tortura perpetrada en Veracruz, en la que participó el agente del MP Osvaldo Jiménez Juárez.

 “Después de mi detención llegó la señora Wallace. Obvio que ya sabía que era yo, Jacobo, hicieron la filmación de un video donde yo declaro a base de torturas y amenazas.  Esa grabación fue sin un mandato o autorización judicial y ese video lo metieron como prueba documental en el juzgado y no debe tener ningún valor probatorio”.

Jacobo Tagle fue detenido por la denuncia de su expareja Edith Nava Sánchez con el propósito de obtener la recompensa de 5 millones de pesos (USD $400 000) que ofrecía la Procuraduría General de la República, mientras que Isabel Miranda de Wallace ofreció otros 250 mil pesos (USD $20 000). Tagle precisó que la declaración de su exmujer también fue alterada por la Procuraduría General de la República (PGR) “quizá para no darle el dinero de la recompensa”.

Sobre el parentesco biológico de Enrique Wallace

Desde la cárcel, Jacobo Tagle preguntó en la misiva: “¿Por qué no se hace una prueba de ADN al papá de Hugo con la hija de Hugo? Ahí saldría que Hugo no es hijo de ese señor y se demostraría todo…”.

Tagle recordó en la misiva que:

“cuando se llevaba con Hugo, le dijo que él no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz,  que él solo era papá de su hermana Claudia, entonces, ¿cómo es posible que haya salido positiva la supuesta mancha de sangre de ADN que se encontró en el departamento de Perugino, donde salió que era mancha de sangre femenina? Y pues es obvio, esa sangre la sembraron de la hermana de Hugo y sí tiene compatibilidad con la de la de Enrique del Socorro Wallace Díaz, y argumentan que fue un error de dedo al decir que la mancha es femenina”.

Por la observación de Tagle, Los Ángeles Press entrevistó a la Doctora Mercedes Alemán Romero, experta en genética y directora del Centro de Fertilidad y Genética (Cefegen), a quien se le preguntó expresamente si era posible verificar con una prueba de parentesco entre abuelo y nieta, el parentesco biológico de Enrique Wallace Díaz y Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

La científica explicó puntualmente el proceso de discriminación de alelos que tienen los genes y que para una prueba de ADN con fines a verificar el parentesco biológico entre Enrique Wallace y Hugo Alberto, sería conveniente que participara la madre de la hija de Hugo Alberto, la hija de Hugo Alberto, Isabel Miranda y Enrique Wallace. Comentó que es una prueba un tanto complicada, pero no imposible y con altas probabilidades de conocer la verdad.

 

Caso Wallace: Isabel Miranda ordenó la tortura de Jacobo Tagle

Foto: Los Angeles Press

 

Nuevas contradicciones de la novia de Hugo Alberto

Un último punto aludido por Tagle en su misiva fue respecto a la declaración de Geazul Ponce Juliá, novia de Hugo Alberto hasta esa fecha de su desaparición. El 3 de noviembre de 2005, en su declaración ministerial Ponce reconoció, junto con otras cuatro personas, la voz de Hugo Alberto en el mensaje grabado en el celular de José García Sepúlveda realizada el 1 de noviembre de ese año, cuatro meses después de la presunta muerte de Hugo Alberto. Y en esa misma declaración señaló que Geazul negó la declaración de la empleada doméstica de que ella había sacado de la habitación una maleta con droga y joyas, más aparte tres pistolas que había en los cajones de arriba del clóset de Hugo Alberto. Geazul también declaró este día que su novio tenía problemas con el publicista Ricardo Escoto de la empresa Rentable.

Sin embargo, en otra declaración ministerial del 14 de noviembre del mismo año, Geazul Ponce Juliá dijo que “después de haber escuchado la grabación que le fue puesta, al principio se le hizo parecida la voz a la de Hugo Alberto, pero no está segura de que sea la voz de éste”. El asunto de la maleta con la droga y los problemas con Ricardo Escoto ya no fue ratificado.

Lee más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

Para el 20 de junio de 2006, confirmó estas declaraciones ministeriales ya cortadas y reconoció como suyas las firmas. En el interrogatorio que le formuló en ese entonces la defensa particular de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, una de las preguntas fue: “A la primera que diga la testigo, si recuerda cómo era la audición de la grabación que refiere en su segunda declaración”.  Geazul Ponce Juliá respondió: “no se acuerda, porque tiene mucho tiempo en que la escuchó”.

Jacobo Tagle hace algunas alusiones más en su misiva, y  cuestiona: “¿Cómo es posible que Hugo haya llamado por teléfono en noviembre, si supuestamente murió en julio?”. Insiste en que personas muy cercanas a él, reconocieron su voz, pero sólo la familia lo niega. Y concluye el párrafo:

“La verdad, David, Hugo está vivo. Estoy seguro de eso”.

* * *

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre.

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

Sexta parte: Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable.

Séptima Parte: Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías.

 

 

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