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Fabricación de culpables

Carta abierta a Isabel Miranda de Wallace sobre Nestora Salgado

Isabel Miranda de Wallace, presidente de Alto al Secuestro, confunde a las víctimas y pide que no liberen a la líder comunitaria Nestora Salgado

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Los Ángeles, California, a 7 de Mayo de 2014

Sra. Isabel Miranda de Wallace
Presidente de Alto al Secuestro

Señora Wallace, los mexicanos no olvidamos su lucha por los derechos humanos tras cinco años de investigaciones en el secuestro de su hijo. Tan dramática situación la convirtió a usted en una figura pública que le valió el premio nacional de derechos humanos en 2010. Pese a que conoció el dolor de la ausencia en carne propia, tampoco olvidamos que no tuvo reparos en recibir ese premio a manos de uno de los peores criminales de derechos humanos que ha tenido México como lo fue Felipe Calderón. Usted no vio en ese entonces el dolor de las más de 100 mil víctimas fatales que dejaron la simulación del combate al narcotráfico y que Calderón llamó sin cortapisas “daños colaterales”. Usted, en ese momento, tampoco tuvo ojos para ver a las miles de madres que han llorado a sus hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, ni a las familias indígenas de la Montaña Guerrero escondiendo a sus hijos para que no fuesen reclutados por los rivales de los narcotraficantes protegidos por el gobierno de Calderón.

Hoy, señora Wallace, de nueva cuenta, usted cierra los ojos y no ve a las verdaderas víctimas. Usted no quiere ver quién es Nestora Salgado García, ni las violaciones de derechos humanos que el Estado mexicano sigue infligiendo contra su persona. Sin embargo, se dirige a la presidente del Tribunal de Estado para pedirle con firmeza –en una contradicción lógica de activista de derechos humanos– que no le dé la libertad a una de las más preciadas defensoras de los derechos indígenas; por cierto, reconocida también, como usted, con un premio nacional de derechos humanos, pero por una institución independiente, no gubernamental, como es la prestigiada Fundación Don Sergio Méndez Arceo.

Solidaridad en la República Dominicana. Foto: PRT LIt-ci

Solidaridad en la República Dominicana. Foto: PRT LIt-ci

En mi papel de periodista que ha investigado puntualmente el caso de la líder comunitaria, le voy a decir quién es esta mujer que lleva nueve meses encarcelada sin haber cometido delito alguno en el penal federal El Rincón, Tepic, Nayarit, y que revela un Estado de derecho fracturado profundamente por personas como a las que usted ahora defiende. Más aún, me llama la atención que usted a sabiendas de lo que es investigar un crimen y no desconocer la manipulación de las instituciones del Estado por los políticos y funcionarios para solapar una corrupción, no haya investigado por cuenta propia este caso, antes de pedir públicamente al Poder Judicial que actúe en contra de los derechos de una digna ciudadana.

A Nestora Salgado no le secuestraron ningún hijo que la impulsara a ayudar a los demás. Por su propia voluntad y fuerza ayudaba a las hijas de otras familias de Olinalá –su ciudad natal– para evitar que fueran raptadas y prostituidas por narcotraficantes y políticos locales. Llegó a rescatar a los hijos de otras mujeres que los criminales pretendían reclutar para sicarios. Nestora Salgado, pese a vivir en una situación de confort ya en Estados Unidos, al tener la doble ciudadanía, decidió seguir luchando y creó un corredor solidario desde Seattle hasta la Montaña Guerrero, para regalar a los indígenas ropa, alimentos, zapatos y medicinas, ante la miseria en que los mantienen los gobiernos históricamente.

Durante cuatro años consecutivos, Nestora estuvo haciendo esfuerzos por proveer protección a quienes ella considera “su gente, su pueblo”, hasta que impulsó la creación de la Policía comunitaria de Olinalá, con el ejemplo de otras comunidades para defenderse de los abusos de poder y de la delincuencia organizada. Poco después, esta institución se incorporó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y se constituyó la Casa de Justicia El Paraíso, a la que pertenece la comunidad de Olinalá. Esta creación fue bajo el amparo del artículo 37 de la Ley 701, de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades de Guerrero, parte del sistema normativo indígena y el cual los faculta para brindar seguridad e impartir justicia. Así mismo, avalado por el artículo 2º de la Constitución mexicana, e internacionalmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Solidaridad con Nestora Salagado en Nueva York. Foto: Francisco Ramírez

Solidaridad con Nestora Salagado en Nueva York. Foto: Francisco Ramírez

Las fuerzas armadas, sin embargo, detuvieron a Nestora el 21 de agosto de 2013, sin ninguna orden judicial, sin permitirle hacer una llamada, sin la asistencia de un abogado y sin informarle a su familia. Fue un secuestro de Estado. Después de siete días sin saber de ella, por la intervención de la Embajada de Estados Unidos a petición de su esposo e hijas, el gobierno mexicano se vio obligado a informar al cónsul dónde la tenían recluida. Nestora Salgado también fue torturada no sólo con el aislamiento en la cárcel. Por varios meses la mantuvieron durante las 24 horas con la luz encendida, no le permitían hablar con ninguna interna, llegó a necesitar servicios de enfermería y dentales que le fueron negados. Tampoco le dieron sus medicamentos que de por vida toma para un problema de la columna, secuelas de un accidente automovilístico. Por varios meses la mantuvieron incomunicada telefónicamente y el agua para beber tiene que comprarla.

Mientras, en las calles de Olinalá, el síndico Armando Patrón Jiménez, la persona que usted promueve como víctma de secuestro perpetrado por Nestora, ha gozado de libertad, pese a las evidencias de sus delitos, los cuales fueron denunciados por  ella misma, en su calidad de coordinadora regional de la Policía comunitaria, ante el sistema de justicia comunitario y ante autoridades estatales y federales. Los delitos por los que fue acusado el funcionario son involucramiento en un doble asesinato, abigeato, corrupción, falsificación de documentos oficiales, abuso de poder y delincuencia organizada. Las evidencias se cuentan en audios con conversaciones grabadas, documentos, videos, fotografías y testigos.

Patrón Jiménez también fue acusado –con evidencias y testigos­– ante las mismas autoridades de haber sustraído un paquete con licencias de conducir, dos chalecos antibalas y varias armas M15, de una casa de sicarios –conocidas como casa de seguridad­–, después de que los policías comunitarios incendiaran la motocicleta en la que se transportaban los sicarios para ejecutar a sus víctimas. Patrón Jiménez pidió con familiaridad  a la dueña de la casa que le diera estos objetos.

Documento en que el síndico reconoce autoridad de Policía comunitaria al firmar de recibido. Foto: COSS

Documento en que el síndico reconoce autoridad de Policía comunitaria al firmar de recibido. Foto: PCO

El síndico estuvo recluido bajo el sistema de justicia comunitario para su reeducación, y fue liberado a los nueve días por autoridades federales sin cumplir ninguna condena por sus crímenes. Recién liberado, declaró a la prensa local que había sido violado sexualmente. No obstante, nunca puso una denuncia oficial ante el Ministerio Público ni de esos hechos ni levantó una demanda en contra de Nestora Salgado. Ahora dice que “su vida corre peligro si liberan a Salgado”, y ciertos medios –irresponsables y convenencieros, como lo ha sido el diario Reforma, Reporte Índigo y Quadratín– hacen eco del absurdo sin mayor investigación que la declaración falsa del síndico, tal como usted misma la repite.

Le aclaro que Nestora Salgado tenía facultades para detener al síndico en su calidad de coordinadora regional, pero quien lo detuvo fue la Policía comunitaria que también tiene esas mismas facultades, entre otras. La detención se hizo como parte de la justicia comunitaria y porque el que ahora acusa cometió delitos.

A Nestora se le acusó de secuestro agravado contra un grupo de jóvenes, entre éstos dos mujeres menores de edad, por retenerlos en la Casa de Justicia de El Paraíso. ¿Por qué no investigó señora Wallace quién había elaborado el expediente de la Procuraduría y quiénes eran las supuestas víctimas? ¿Por qué no habló con las jóvenes y sus madres para que conociera de primera mano las condiciones físicas y emocionales en las que se encontraban? Si usted preside una organización civil contra el secuestro ¿por qué no ha llevado a cabo estas investigaciones básicas con la experiencia que le dieron las investigaciones del secuestro de su hijo? En el caso de los jóvenes de Olinalá, le hubiera llevado tan sólo un par de días y varias llamadas telefónicas el darse cuenta de la verdad, tal como me llevó a mí descubrirla.

Las madres de las supuestas víctimas llevaron directamente a sus hijas a que fueran reeducadas a la Casa de Justicia El Paraíso. Incluso yo publiqué en Los Ángeles Press, el medio para el trabajo, los documentos firmados por las madres donde hacen la petición a Nestora Salgado. También las madres aceptaron desmentir las declaraciones de sus hijas del expediente fabricado por la Procuraduría General del Estado, que las utilizó como falsas víctimas, e incluso la madre de una menor apuntada en el expediente dijo  que “se sentía mal que utilizaran a su hija para encerrar a Nestora y que no sabía que la iban a detener tanto tiempo”.

Las adolescentes se habían fugado de su casa para irse de fiesta con otros jóvenes mayores de edad. Fumaban, tomaban y se drogaban, era parte de la fiesta y de los hábitos que adquirían estas menores que también se prostituían. Las madres pidieron ayuda a la Policía comunitaria para que buscaran a Betzabé Rubí Baltazar Sosa y a Sofía Navarrete que ya habían sido denunciadas a la Policía comunitaria por posesión de droga y prostitución. Uno de los coordinadores que encontró a las jóvenes fue Jesús Coronel, y él -junto a otros policías y las madres- llevó a las jóvenes a la Casa de Justicia para su reeducación. Nestora las recibió y las madres escribieron esos oficios pidiendo la ayuda. Todo lo demás ya lo conoce usted, que es la detención de Nestora y los falsos delitos imputados, de los cuales fue liberada por un juez federal el 29 de abril de 2014, contrario a lo que usted ha declarado a la prensa.

Según su organización Alto al secuestro, “busca como prioridad el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho, en un ambiente justo y equitativo”. Me resulta cuestionable y grave que una persona como usted, con las responsabilidades que dice tener en su organización y con los recursos que recibe para estas tareas, no sepa distinguir quién es una verdadera víctima. Más aún que su intervención pública acerca de estos crímenes sea llevada con tal falta de rigor profesional y ético que obstaculice el respeto a los derechos humanos como pretende en el caso de Nestora.

No somos pocos los que  conocemos quién es Nestora Salgado. Nos contamos por varios miles y en varios países. Nos consta su lucha y su auténtico compromiso público. Nos consta su fortaleza y su integridad para defender a las verdaderas víctimas de un gobierno criminal y de grupos delictivos. Armando Patrón Jiménez, en cambio, es un funcionario delincuente más, como los que tienen hundido a México.

Espero que después de investigar quién es Nestora, sea para usted también un ejemplo de dignidad y ética.

Guadalupe Lizárraga

Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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Fabricación de culpables

Padre de culpable fabricado logra la libertad de su hijo después de cinco años de lucha

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Por Guadalupe Lizárraga

La lucha de Luis Castillo García por la libertad de su hijo Erick Onésimo Castillo Adame llegó al éxito, después de cinco años de prisión injusta y de haber sufrido tortura y acoso. Con una documental de 140 páginas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero emitió el exhorto judicial con carácter urgente.

 “Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina (…) no son culpables ni penalmente responsables de la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Mario César Ríos Vázquez”, así lo resolvió la Juez Primera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Amelia Gama Pérez, con fecha del 18 de diciembre de 2020, por lo que ordenó “la inmediata y absoluta libertad”.

Con tres sentencias absolutorias en la causa penal 19/2016-II-3, Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina obtuvieron su libertad la madrugada de ayer, después de haber estado cinco años en prisión por tres responsabilidades fabricadas, además de haber sido señalados en los medios de pertenecer a un grupo delictivo de Guerrero.

Luis Castillo, en su activismo por la libertad y el respeto a los derechos humanos de su hijo, logró que en febrero de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconociera que Castillo Adame había sido víctima de tortura y detención arbitraria por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y su expediente fue integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Sin embargo, pese a las evidencias y la violación a la presunción de inocencia por una intensa campaña mediática en el que se le exhibía como responsable de homicidio y de pertenecer al crimen organizado, Erick pagó por un crimen que no cometió y sus familiares fueron acosados debido al activismo por su liberación, incluso en medio del riesgo de la pandemia del covid 19.

Castillo Adame y Pedraza Molina sufrieron el patrón de hostilidad que consistió en la detención arbitraria, tortura y encarcelamiento, implementado durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto para simular eficiencia policial en el combate al narcotráfico.

 

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