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Mexico Violento

Carta abierta a exgobernador Eruviel Ávila por demanda al periodista Humberto Padgett

Carta del periodista Humberto Padgett al exgobernador Eruviel Ávila en relación a la demanda por 10 millones de pesos por supuesta difamación al denunciar actos pederastas del obispo de Ecatepec y el mismo exgobernador en el libro Los suspirantes 2018.

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CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista mexicano Humberto Padgett, autor de varias investigaciones en formato de libro, responde en carta abierta al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por la demanda de supuesto daño moral, al publicar su investigación sobre actos pederastas y de corrupción del exgobernador y del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, dentro del libro Los Suspirantes 2018.

En el capítulo del libro, de la autoría de Padgett, titulado “Eruviel Ávila Villegas, Río de luz”, se destacan varios testimonios que revelan la orgías y actos pederastas del obispo Cepeda y del mismo exgobernador. 

Eruviel Ávila Villegas,
ex Gobernador del Estado de México,
vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade,
candidato plurinominal al Senado de la República por el PRI
PRESENTE.–

En días pasados fui demandado por Usted y así pide a la justicia mexiquense que una de mis fuentes informativas y yo le paguemos, cada uno de los dos, 10 millones de pesos por los daños morales ocasionados por un reportaje biográfico publicado como un capítulo en libro Los Suspirantes 2018, un trabajo coordinado por Jorge Zepeda Patterson a propósito de las personalidades políticas mexicanas con posibilidades e intenciones de competir por la presidencia de México. Entiendo que se ha puesto furioso como pocas se le ha visto, pero como nunca se le vio, por ejemplo, cuando la madre de una niña violada y asesinada se quedó esperando su atención por décima ocasión afuera de su oficina, en el Palacio de Gobierno del Estado de México.

El texto por el que Usted se dice enfadado recoge cinco testimonios abiertos, además del ofrecido por mi codemandado, Esteban Sánchez, en que se relatan fiestas de la clase política del Estado de México en que habría participado el ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien habría ejercido una conducta sexual inapropiada con menores de edades, situaciones en las que Usted habría estado presente. El libro apreció a principios de junio de 2017 bajo el sello de la editorial Planeta y fue promocionado en medios de comunicación. Ni la una ni las otras poseen domicilio físico ni fiscal en Ecatepec, Estado de México, donde Ud. ostenta un poder considerable y donde radicó la demanda.

Fragmento del capítulo Los Suspirante 2018, versión electrónica en Kindle.

 

Aún como gobernador y en foros públicos, actuando como funcionario, Usted advirtió que me demandaría por el daño sufrido por su reputación, deterioro que no es posible observar ante el hecho de que concluyó su gubernatura operando la cuestionada elección por la que el PRI retuvo el Estado de México. Al poco tiempo fue designado líder de su partido en la Ciudad de México, cargo que dejó para convertirse en vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade, aspirante priista a la presidencia de la República.

En algunos meses, Usted será senador por la vía plurinominal, el mecanismo implementado por los políticos mexicanos para acceder al congreso sin que se vote por ellos. Sin importar los múltiples cuestionamientos por su desempeño como gobernador, periodo caracterizado por el alza de los asesinatos, el incremento de los crímenes no denunciados —más del 96 por ciento del total— y de la persistente pobreza en su estado, será congresista y mantendrá sus relaciones con el poder entendido y ejercido en las condiciones que tienen a nuestro país en el miedo, la tristeza y la furia. Por esta inequidad de poderes en conflicto, es que hago pública esta carta.

Reconozco la posibilidad de las personas para reclamar ante la ley el derecho a su reputación, pero, al mismo tiempo, observo con inquietud que ése instrumento jurídico podría devenir en una nueva forma de abuso de quienes ostentan el poder político en México en medio de un sistema de justicia endeble por su corrupción e ineficacia. Existen precedentes de funcionarios mexicanos acusados de actividades ilícitas y que han recurrido a tribunales para exigir silencio y compensación a periodistas. Un caso relevante es el de Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila señalado de estar vinculado con el Cártel de Los Zetas, quien ha acudido a los tribunales contra el investigador académico y articulista Sergio Aguayo. Si en México, la justicia es a menudo un artículo de compraventa, la verdad jurídica se convierte en otra mercancía y, para el sistema político, un nuevo y peligroso medio de control para un periodismo ya agobiado por otras varias taras.

México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Si bien los asesinatos de comunicadores, que en 20 años rebasan los 100 casos, son los casos más alarmantes, el país es escenario de otros mecanismos que de manera más o menos indirecta resultan en el empobrecimiento de la libertad de prensa. Sumemos a esta situación otra que está fuera del radar de cualquier análisis y reclamo: el peligro que corren las fuentes informativas. Aunque es un problema bastante viejo, es hasta ahora que organizaciones civiles y algunos medios informativos han elaborado y publicado reportes sobre la publicidad oficial y la discrecionalidad con que funcionarios del gobierno federal adquieren coberturas favorables y silencio. Sin oposición alguna, el uso del dinero público para comprar medios de comunicación también es permanente entre autoridades estatales y municipales. ¿Por qué los mexicanos no creen en su prensa? Una de las respuestas obedece a esta complicidad. Tan generalizado es el soborno específico de los políticos a los periodistas en México, que existe un término específico para referir su práctica: “chayote”.

A la vez, la mayor parte de los mexicanos se informan mediante los contenidos ofrecidos por ocho grupos empresariales, algunos con intereses más allá del negocio de las noticias, y mediante contenidos ofrecidos en televisión, cuya trasmisión se hace mediante canales concesionados por el mismo gobierno mexicano que, como dije antes, invierte, en esos mismos canales, sumas inusitadas del presupuesto erario en comparación con el resto de las democracias en el mundo. Otro aspecto menos considerado es el de las malas condiciones laborales de los periodistas. El promedio salarial para el sector es de 10 mil pesos mensuales. Esto significa que muchos reporteros y fotógrafos, generalmente en los estados, ganan 5 mil pesos o menos al mes. La mayoría labora sin seguridad social y suele complementar su ingreso percibiendo algún porcentaje de la publicidad que vende al área de gobierno bajo responsabilidad periodística. Es decir, la institución pública a la cual debe evaluar es, a la vez, su principal fuente informativa y su principal cliente, así como el de la empresa a la que envía su información.

En el país no existe un gremio periodístico, sino un conjunto de grupos con orígenes e intereses comunes que se mantienen en pugna por la influencia sobre el público y la venta de espacios publicitarios, primordialmente de origen oficial. En otro espectro, hay conjuntos de comunicadores confrontados por la supuesta superioridad editorial y ética de cada uno en los que se insertan organizaciones sociales dedicadas a la defensa de la La baja profesionalización, la ausencia de capacitación y el escaso interés de las audiencias por contenidos complejos completan el boceto que pretendo hacer de la prensa mexicana.

El 22 de agosto de 2017, mientras realizaba un trabajo encubierto con los vendedores de drogas que operaban al interior de Ciudad Universitaria, el principal campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, fui descubierto por algunos de los narcomenudistas. Me golpearon, encañonaron y me obligaron a entregar mi documento identidad con la advertencia de que me asesinarían a mí y a mi familia si los denunciaba.

Imagen de la grabación hecha por el periodista Humberto Padgett transmitida en el programa de Ciro Gómez Leyva.

Decidí denunciarlos. Es en estas circunstancias, el 30 de enero de 2018, que Ud. presentó la demanda por daño moral reclamando a una de mis fuentes informativas, 10 millones de pesos a cada uno, el equivalente a mil sueldos mensuales promedio de los periodistas mexicanos. Ante el abuso de la herramienta jurídica, ¿se atreverían los modestos reporteros y editores de los estados a exhibir los vergonzantes gobiernos, como los de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Tomás Yárrington, Eugenio Hernández y otros? Durante toda mi carrera profesional no he ganado la tercera parte de lo que pretende de mí, incluidos sueldos, honorarios, el valor económico de los 26 premios nacionales e internacionales que he recibido y las regalías por los ocho libros que he escrito. La acusación aparece luego de algunos precedentes periodísticos que considero relevante mencionar. He realizado trabajos periodísticos desde hace 20 años en el Estado de México, siempre denunciando la corrupción, la pobreza, las trampas electorales cometidas por el PRI y el funcionamiento del crimen organizado. El Estado de México es el más poblado, así que cuenta con la mayor dotación de dinero público y de votos y, en 89 años, sólo ha sido gobernado por el PRI. Estos son los libros que he escrito sobre el Estado de México seguidos de algunas reseñas y entrevistas que ofrecí al respecto:

Estado de México. La monarquía de la barbarie, publicado por Editorial Planeta en 2017. Este libro documenta las relaciones del narcotráfico con la policía de Huixquilucan, Estado de México, durante la alcaldía del actual gobernador Alfredo del Mazo.

Las muertas del Estado. Feminicidios durante el gobierno mexiquense de Enrique Peña, publicado en 2014 por Penguin Random House. 

Jauría. La verdadera historia del secuestro en México, publicado en agosto de 2010 por Grijalbo y reeditado en versión de bolsillo, ambas de Random House Mondadori.

Los Suspirantes 2018, libro coordinado por el escritor y periodista Jorge Zepeda Patterson. Editorial Planeta. 

También menciono los premios periodísticos que he obtenido por trabajos de denuncia sobre las condiciones de corrupción y violencia en el Estado de México:

• Nacional Rostros de la Discriminación convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras instancias, por el reportaje “Las muertas del Edomex son muchas más que las de Juárez”.

• Mención honorífica en el Internacional de Periodismo Rey de España por el reportaje “Las muertas del Edomex son muchas más que las de Juárez”.

• Segundo lugar en el Premio de Periodismo Alemán Walter Reuter con el reportaje “Antorcha Campesina: la máquina de extorsión del PRI”.

• Tercer lugar en el Premio de Periodismo Alemán Walter Reuter con la crónica “Plomo, plata y sangre”.

Tras años de hacer periodismo sobre el Estado de México y ser demandado ahora, considero que su querella no es más que un manotazo en su escritorio, su grito disfrazado, una exigencia de silencio por mi trabajo de denuncia en uno de los lugares en que más y peor se ha arraigado la violencia, el miedo y la corrupción en México.

Los gobernadores del Estado de México se han caracterizado por mantener relaciones poco éticas con los medios de comunicación. Para el caso suyo, Dr. Ávila Villegas, le recuerdo que rifó autos entre los reporteros responsables de cubrir el estado que gobernaba.

Que un gobernador compre autos con el erario y los obsequie como de su propiedad a los periodistas encargados de vigilar su actuar público, es un buen ejemplo de las prácticas de adquisición de conciencias en que el PRI ha ejercido el poder. La dependencia económica y política de los medios es una de las varias pertenencias que los políticos mexicanos hacen a favor de sus proyectos personales. Existiendo distintas irregularidades en la gestión de Ávila, incluido el ejercicio del gasto público, los diarios y estaciones mexiquenses guardaron silencio. Informes extensos y completos sobre hechos la mala administración.

En mayor o menor medida de un estado de la República a otro, ocurre esta colonización política del gobernador a los otros Poderes de Gobierno, el Legislativo y el Judicial. En el caso del Estado de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Medina Peñaloza, fue nombrado durante su gubernatura y Ud., antes de dejar el cargo, fue condecorado con el grado de doctor honoris causa por el mismo presidente del Tribunal Superior. El juez justificó la distinción en virtud de la mejora en las condiciones sociales, económicas y de seguridad de los mexiquenses, lo que fue rebatido en la prensa sin que la clase política mexicana y mexiquense, priista o de oposición, reclamasen la condecoración.

Medina Peñaloza es el jefe en mayor grado del juez que resolverá si yo he dañado su honor. Usted me ha demandado en un juzgado con sede en Ecatepec, el municipio más poblado y con mayor número de pobres en México, de donde ha sido alcalde en dos ocasiones y diputado local en otras dos antes de gobernar el Estado de México. Es en este lugar, el sitio en que los mexicanos se sienten más inseguros, donde es mayor la influencia Eruviel Ávila, futuro senador y actual vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade, el aspirante priista a la presidencia. Aquí me pregunto nuevamente: ¿en dónde está el daño sufrido por Eruviel Ávila si en este país, definido por la impunidad política, ninguna consecuencia sufrió, no por mis publicaciones, sino por sus actos y omisiones que tanto dolor han traído a los millones de personas que ha gobernado?

Las demandas de esta naturaleza colocan en contienda a dos individuos con influencias políticas y capacidades económicas sumamente desiguales. Una defensa capaz y comprometida cuesta algunos cientos de miles pesos, imposibles de pagar para la inmensa mayoría de periodistas. A un político, un gobernador, nada cuesta tomar a un periodista por el cuello y sentarlo en el banquillo de los acusados ante un juez que puede ser, como millones de mexiquenses y mexicanos lo hemos sufrido, un juez que no reflexiona sobre las leyes sino con la calculadora política. Pongo en su consideración, en la del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su titular Javier Medina Peñaloza, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que el Senador por el Estado de México Alejandro Encinas Rodríguez ha presentado un punto de acuerdo en que pide el desahogo del diferendo legal con imparcialidad y certeza.

Es por lo anterior que, respetuosamente, le pido que pelee con limpieza, ¿o qué honor resarcirá ganando a la mala, desde el poder político, hoy sinónimo de corrupción e ignominia?

Atentamente,
Humberto Padgett León
reportero.

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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