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Mexico Violento

Carta abierta a exgobernador Eruviel Ávila por demanda al periodista Humberto Padgett

Carta del periodista Humberto Padgett al exgobernador Eruviel Ávila en relación a la demanda por 10 millones de pesos por supuesta difamación al denunciar actos pederastas del obispo de Ecatepec y el mismo exgobernador en el libro Los suspirantes 2018.

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CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista mexicano Humberto Padgett, autor de varias investigaciones en formato de libro, responde en carta abierta al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por la demanda de supuesto daño moral, al publicar su investigación sobre actos pederastas y de corrupción del exgobernador y del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, dentro del libro Los Suspirantes 2018.

En el capítulo del libro, de la autoría de Padgett, titulado “Eruviel Ávila Villegas, Río de luz”, se destacan varios testimonios que revelan la orgías y actos pederastas del obispo Cepeda y del mismo exgobernador. 

Eruviel Ávila Villegas,
ex Gobernador del Estado de México,
vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade,
candidato plurinominal al Senado de la República por el PRI
PRESENTE.–

En días pasados fui demandado por Usted y así pide a la justicia mexiquense que una de mis fuentes informativas y yo le paguemos, cada uno de los dos, 10 millones de pesos por los daños morales ocasionados por un reportaje biográfico publicado como un capítulo en libro Los Suspirantes 2018, un trabajo coordinado por Jorge Zepeda Patterson a propósito de las personalidades políticas mexicanas con posibilidades e intenciones de competir por la presidencia de México. Entiendo que se ha puesto furioso como pocas se le ha visto, pero como nunca se le vio, por ejemplo, cuando la madre de una niña violada y asesinada se quedó esperando su atención por décima ocasión afuera de su oficina, en el Palacio de Gobierno del Estado de México.

El texto por el que Usted se dice enfadado recoge cinco testimonios abiertos, además del ofrecido por mi codemandado, Esteban Sánchez, en que se relatan fiestas de la clase política del Estado de México en que habría participado el ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien habría ejercido una conducta sexual inapropiada con menores de edades, situaciones en las que Usted habría estado presente. El libro apreció a principios de junio de 2017 bajo el sello de la editorial Planeta y fue promocionado en medios de comunicación. Ni la una ni las otras poseen domicilio físico ni fiscal en Ecatepec, Estado de México, donde Ud. ostenta un poder considerable y donde radicó la demanda.

Fragmento del capítulo Los Suspirante 2018, versión electrónica en Kindle.

 

Aún como gobernador y en foros públicos, actuando como funcionario, Usted advirtió que me demandaría por el daño sufrido por su reputación, deterioro que no es posible observar ante el hecho de que concluyó su gubernatura operando la cuestionada elección por la que el PRI retuvo el Estado de México. Al poco tiempo fue designado líder de su partido en la Ciudad de México, cargo que dejó para convertirse en vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade, aspirante priista a la presidencia de la República.

En algunos meses, Usted será senador por la vía plurinominal, el mecanismo implementado por los políticos mexicanos para acceder al congreso sin que se vote por ellos. Sin importar los múltiples cuestionamientos por su desempeño como gobernador, periodo caracterizado por el alza de los asesinatos, el incremento de los crímenes no denunciados —más del 96 por ciento del total— y de la persistente pobreza en su estado, será congresista y mantendrá sus relaciones con el poder entendido y ejercido en las condiciones que tienen a nuestro país en el miedo, la tristeza y la furia. Por esta inequidad de poderes en conflicto, es que hago pública esta carta.

Reconozco la posibilidad de las personas para reclamar ante la ley el derecho a su reputación, pero, al mismo tiempo, observo con inquietud que ése instrumento jurídico podría devenir en una nueva forma de abuso de quienes ostentan el poder político en México en medio de un sistema de justicia endeble por su corrupción e ineficacia. Existen precedentes de funcionarios mexicanos acusados de actividades ilícitas y que han recurrido a tribunales para exigir silencio y compensación a periodistas. Un caso relevante es el de Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila señalado de estar vinculado con el Cártel de Los Zetas, quien ha acudido a los tribunales contra el investigador académico y articulista Sergio Aguayo. Si en México, la justicia es a menudo un artículo de compraventa, la verdad jurídica se convierte en otra mercancía y, para el sistema político, un nuevo y peligroso medio de control para un periodismo ya agobiado por otras varias taras.

México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Si bien los asesinatos de comunicadores, que en 20 años rebasan los 100 casos, son los casos más alarmantes, el país es escenario de otros mecanismos que de manera más o menos indirecta resultan en el empobrecimiento de la libertad de prensa. Sumemos a esta situación otra que está fuera del radar de cualquier análisis y reclamo: el peligro que corren las fuentes informativas. Aunque es un problema bastante viejo, es hasta ahora que organizaciones civiles y algunos medios informativos han elaborado y publicado reportes sobre la publicidad oficial y la discrecionalidad con que funcionarios del gobierno federal adquieren coberturas favorables y silencio. Sin oposición alguna, el uso del dinero público para comprar medios de comunicación también es permanente entre autoridades estatales y municipales. ¿Por qué los mexicanos no creen en su prensa? Una de las respuestas obedece a esta complicidad. Tan generalizado es el soborno específico de los políticos a los periodistas en México, que existe un término específico para referir su práctica: “chayote”.

A la vez, la mayor parte de los mexicanos se informan mediante los contenidos ofrecidos por ocho grupos empresariales, algunos con intereses más allá del negocio de las noticias, y mediante contenidos ofrecidos en televisión, cuya trasmisión se hace mediante canales concesionados por el mismo gobierno mexicano que, como dije antes, invierte, en esos mismos canales, sumas inusitadas del presupuesto erario en comparación con el resto de las democracias en el mundo. Otro aspecto menos considerado es el de las malas condiciones laborales de los periodistas. El promedio salarial para el sector es de 10 mil pesos mensuales. Esto significa que muchos reporteros y fotógrafos, generalmente en los estados, ganan 5 mil pesos o menos al mes. La mayoría labora sin seguridad social y suele complementar su ingreso percibiendo algún porcentaje de la publicidad que vende al área de gobierno bajo responsabilidad periodística. Es decir, la institución pública a la cual debe evaluar es, a la vez, su principal fuente informativa y su principal cliente, así como el de la empresa a la que envía su información.

En el país no existe un gremio periodístico, sino un conjunto de grupos con orígenes e intereses comunes que se mantienen en pugna por la influencia sobre el público y la venta de espacios publicitarios, primordialmente de origen oficial. En otro espectro, hay conjuntos de comunicadores confrontados por la supuesta superioridad editorial y ética de cada uno en los que se insertan organizaciones sociales dedicadas a la defensa de la La baja profesionalización, la ausencia de capacitación y el escaso interés de las audiencias por contenidos complejos completan el boceto que pretendo hacer de la prensa mexicana.

El 22 de agosto de 2017, mientras realizaba un trabajo encubierto con los vendedores de drogas que operaban al interior de Ciudad Universitaria, el principal campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, fui descubierto por algunos de los narcomenudistas. Me golpearon, encañonaron y me obligaron a entregar mi documento identidad con la advertencia de que me asesinarían a mí y a mi familia si los denunciaba.

Imagen de la grabación hecha por el periodista Humberto Padgett transmitida en el programa de Ciro Gómez Leyva.

Decidí denunciarlos. Es en estas circunstancias, el 30 de enero de 2018, que Ud. presentó la demanda por daño moral reclamando a una de mis fuentes informativas, 10 millones de pesos a cada uno, el equivalente a mil sueldos mensuales promedio de los periodistas mexicanos. Ante el abuso de la herramienta jurídica, ¿se atreverían los modestos reporteros y editores de los estados a exhibir los vergonzantes gobiernos, como los de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Tomás Yárrington, Eugenio Hernández y otros? Durante toda mi carrera profesional no he ganado la tercera parte de lo que pretende de mí, incluidos sueldos, honorarios, el valor económico de los 26 premios nacionales e internacionales que he recibido y las regalías por los ocho libros que he escrito. La acusación aparece luego de algunos precedentes periodísticos que considero relevante mencionar. He realizado trabajos periodísticos desde hace 20 años en el Estado de México, siempre denunciando la corrupción, la pobreza, las trampas electorales cometidas por el PRI y el funcionamiento del crimen organizado. El Estado de México es el más poblado, así que cuenta con la mayor dotación de dinero público y de votos y, en 89 años, sólo ha sido gobernado por el PRI. Estos son los libros que he escrito sobre el Estado de México seguidos de algunas reseñas y entrevistas que ofrecí al respecto:

Estado de México. La monarquía de la barbarie, publicado por Editorial Planeta en 2017. Este libro documenta las relaciones del narcotráfico con la policía de Huixquilucan, Estado de México, durante la alcaldía del actual gobernador Alfredo del Mazo.

Las muertas del Estado. Feminicidios durante el gobierno mexiquense de Enrique Peña, publicado en 2014 por Penguin Random House. 

Jauría. La verdadera historia del secuestro en México, publicado en agosto de 2010 por Grijalbo y reeditado en versión de bolsillo, ambas de Random House Mondadori.

Los Suspirantes 2018, libro coordinado por el escritor y periodista Jorge Zepeda Patterson. Editorial Planeta. 

También menciono los premios periodísticos que he obtenido por trabajos de denuncia sobre las condiciones de corrupción y violencia en el Estado de México:

• Nacional Rostros de la Discriminación convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras instancias, por el reportaje “Las muertas del Edomex son muchas más que las de Juárez”.

• Mención honorífica en el Internacional de Periodismo Rey de España por el reportaje “Las muertas del Edomex son muchas más que las de Juárez”.

• Segundo lugar en el Premio de Periodismo Alemán Walter Reuter con el reportaje “Antorcha Campesina: la máquina de extorsión del PRI”.

• Tercer lugar en el Premio de Periodismo Alemán Walter Reuter con la crónica “Plomo, plata y sangre”.

Tras años de hacer periodismo sobre el Estado de México y ser demandado ahora, considero que su querella no es más que un manotazo en su escritorio, su grito disfrazado, una exigencia de silencio por mi trabajo de denuncia en uno de los lugares en que más y peor se ha arraigado la violencia, el miedo y la corrupción en México.

Los gobernadores del Estado de México se han caracterizado por mantener relaciones poco éticas con los medios de comunicación. Para el caso suyo, Dr. Ávila Villegas, le recuerdo que rifó autos entre los reporteros responsables de cubrir el estado que gobernaba.

Que un gobernador compre autos con el erario y los obsequie como de su propiedad a los periodistas encargados de vigilar su actuar público, es un buen ejemplo de las prácticas de adquisición de conciencias en que el PRI ha ejercido el poder. La dependencia económica y política de los medios es una de las varias pertenencias que los políticos mexicanos hacen a favor de sus proyectos personales. Existiendo distintas irregularidades en la gestión de Ávila, incluido el ejercicio del gasto público, los diarios y estaciones mexiquenses guardaron silencio. Informes extensos y completos sobre hechos la mala administración.

En mayor o menor medida de un estado de la República a otro, ocurre esta colonización política del gobernador a los otros Poderes de Gobierno, el Legislativo y el Judicial. En el caso del Estado de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Medina Peñaloza, fue nombrado durante su gubernatura y Ud., antes de dejar el cargo, fue condecorado con el grado de doctor honoris causa por el mismo presidente del Tribunal Superior. El juez justificó la distinción en virtud de la mejora en las condiciones sociales, económicas y de seguridad de los mexiquenses, lo que fue rebatido en la prensa sin que la clase política mexicana y mexiquense, priista o de oposición, reclamasen la condecoración.

Medina Peñaloza es el jefe en mayor grado del juez que resolverá si yo he dañado su honor. Usted me ha demandado en un juzgado con sede en Ecatepec, el municipio más poblado y con mayor número de pobres en México, de donde ha sido alcalde en dos ocasiones y diputado local en otras dos antes de gobernar el Estado de México. Es en este lugar, el sitio en que los mexicanos se sienten más inseguros, donde es mayor la influencia Eruviel Ávila, futuro senador y actual vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade, el aspirante priista a la presidencia. Aquí me pregunto nuevamente: ¿en dónde está el daño sufrido por Eruviel Ávila si en este país, definido por la impunidad política, ninguna consecuencia sufrió, no por mis publicaciones, sino por sus actos y omisiones que tanto dolor han traído a los millones de personas que ha gobernado?

Las demandas de esta naturaleza colocan en contienda a dos individuos con influencias políticas y capacidades económicas sumamente desiguales. Una defensa capaz y comprometida cuesta algunos cientos de miles pesos, imposibles de pagar para la inmensa mayoría de periodistas. A un político, un gobernador, nada cuesta tomar a un periodista por el cuello y sentarlo en el banquillo de los acusados ante un juez que puede ser, como millones de mexiquenses y mexicanos lo hemos sufrido, un juez que no reflexiona sobre las leyes sino con la calculadora política. Pongo en su consideración, en la del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su titular Javier Medina Peñaloza, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que el Senador por el Estado de México Alejandro Encinas Rodríguez ha presentado un punto de acuerdo en que pide el desahogo del diferendo legal con imparcialidad y certeza.

Es por lo anterior que, respetuosamente, le pido que pelee con limpieza, ¿o qué honor resarcirá ganando a la mala, desde el poder político, hoy sinónimo de corrupción e ignominia?

Atentamente,
Humberto Padgett León
reportero.

 

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Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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