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Mexico Violento

Carta a Segob sobre caso Nalyd Liceaga, víctima de abuso por denunciar tala de árboles en Boca del Río

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El biólogo marino Nalyd Liceaga Rangel, quien trabajaba como inspector del área de Ecología, en el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fue despedido del cargo desde 2008, por sancionar a Jorge González Torres, fundador del PVEM, quien taló en zona ecológica 20 árboles para ampliar una construcción particular.
El científico demandó y ganó la demanda con la orden de restitución de su cargo e indemnización, que hasta la fecha el Estado no ha cumplido, además del contubernio de autoridades con la tala de árboles. Ya que en este asunto, lo que Nalyd Liceaga puso al descubierto fue el contubernio, pues la maquinaria con la que trabajaban los empleados era del gobierno del estado de Veracruz, entones gobernado por Fidel Herrera. Los 20 árboles los taló el dirigente del PVEM, y la sanción contra Nalyd la aplicó el alcalde del PAN.
Lic. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Gobierno de México
Presente.
Me permito dirigirme a usted para molestarla con un informe tocante a una de las injusticias mayores que ciertas autoridades hayan cometido en contra de un biólogo marino que -para realizar sus estudios en la Escuela de Ciencias del Mar-, se puso a trabajar en  el área de Ecología como inspector en el Ayuntamiento de Boca del Río. Su nombre es Nalyd Liceaga Rangel. El presidente municipal en el año 2008, fecha en que tuvieron lugar los hechos era Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de quien más tarde sería gobernador por dos años del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ambos con el mismo nombre.
Una mañana, el biólogo se puso en marcha a efectuar una inspección de rutina para confirmar que la ecología municipal no había sido dañada. Se encontró con un predio donde habían sido talados 20 árboles. El propietario del inmueble de esa manera ampliaba su espacio para construir un edificio mayor. De inmediato le entregó Nalyd a quien le pareció ser el propietario (y acertó) y le entregó un citatorio para que acudiera al ayuntamiento a abordar el asunto de la multa a aplicársele.
El talador resultó ser Jorge González Torres, dirigente fundador del PVEM, quien de inmediato se dirigió en su vehículo al ayuntamiento a quejarse de Nalyd y pidió su cese inmediato que fue concedido. El presidente municipal le dijo a Nalyd que si demandaba o hacía público el nombre de González Torres, se las vería con él. Cumplió su palabra. El ayuntamiento de Boca del Río y la familia perversa que lo controla no han permitido que Nalyd sea indemnizado. Y esta resistencia es apoyada por la CEDH.
Con ese motivo, Nalyd demandó ante el tribunal competente en Jalapa al Ayuntamiento de Boca del Río. Se le dio la razón y el ayuntamiento recibió copia del laudo que ordenaba indemnización y restitución. Entre 2009 y 2020, ha habido 11 audiencias de Nalyd y su abogado con un abogado del ayuntamiento. Y siempre se le dijo que no se podía cumplir la orden judicial porque no había dinero. Eso es extraño en un ayuntamiento donde los regidores tenían asignado un salario de medio millón de pesos al mes.
Hace dos años Nalyd acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humano, en Xalapa, y a lo largo del tiempo transcurrido quienes allí trabajan, que fueron heredados por el gobierno estatal actual de MORENA, le han dado largas. No se han comportado, en suma, como corresponde a un organismo al que se le ha conferido la función de velar por la seguridad y los intereses de los que no cuentan con mucho dinero.
Lo que se ha hecho con Nalyd no tiene nombre. Es una verdadera aberración.
Los derechos humanos son una asignatura que usted conoció siendo magistrada. Le pido por ello, encarecidamente, su intervención directa, para que se cumpla, otorgue y satisfaga lo ordenado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz hace mas de 10 años y cese la impunidad sistemática de violación de los derechos  de Nalyd Liceaga Rangel.
La saluda atentamente
Gastón PARDO PEREZ
Académico y Corresponsal en México

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la “prueba de la gota de sangre”, que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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Mexico Violento

Alerta Temprana de Periodistas pide cese a agresiones contra 20 periodistas de Tehuacán, Puebla

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  • Al Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador
  • Al Gobernador del Estado de Puebla Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta
  • A la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mtra. Rosario Piedra Ibarra
  • A la Comisión Estatal de Derechos Humanos Dr. José Félix Cerezo Vélez
  • A la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos, Dr. Ulises Sandal Ramos Koprivitza
  • A la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos en Contra de Periodistas, Mtro. Ricardo Sánchez Pérez del Pozo
  • Al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, Mtro. Enrique Irazoque Palazuelos
  • Al Presidente Municipal de Tehuacán, Lic. Andrés Artemio Caballero López
  • Al Jefe de Seguridad Pública de Tehuacán, Héctor Pacheco de la Luz
  • A los habitantes de Santa María Coapan
  • A la opinión Pública

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos condena enérgicamente las amenazas, agresiones y despojo de equipos de trabajo, perpetradas en contra 20 compañeros periodistas este lunes pasado, 19 de julio, en el Municipio de Tehuacán, Puebla.

Los hechos ocurrieron en la sede de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan, cuando policías estatales y municipales realizaban un operativo de desalojo de ciudadanos que secuestraron el acceso al Relleno Sanitario del lugar y el bloqueo de la carretera Federal Tehuacán-Huajuapan, en apoyo de Gabino Cecilio Santiago, funcionario destituido de su cargo por el desfalco de 3 millones 248 mil pesos.

Hasta ese lugar acudieron periodistas y comunicadores para realizar su trabajo, situación que ofendió no solo a los manifestantes, sino también a los guardianes del orden al mando de Lázaro Márquez Osorio, quienes amenazaron con lincharlos y destruir su material periodístico.

Entre ellos: Germain Nolasco Damián y Francisco Castro de “Hora 25”; Noemí Castillo de “En Medio Tehuacán”; Eloísa Rodríguez de “Talavera Noticias”; Patricia Flores de “Multared”; Iván González de “Centro Noticias”; Pablo Espinosa de “Fuerza Informativa Tehuacán”; María Tobón de “Agencia de Noticas del Valle”; Juan Ambrosio Jiménez y Heber Vargas de “Primera Línea”;  Yomara Pacheco de “Municipios Puebla”; Andrea Castillo de “e-consulta”; Iván Rodríguez de “Meganoticias”; José Luis Castro de “Alarma Informativa”; Charly Vázquez de “Motored”, más los que quisieron reservar su nombre por seguridad.

Éste no es el primer caso de agresión a periodistas y defensores de derechos humanos en este municipio, ya antes al interior del recinto del Ayuntamiento, uniformados golpearon y privaron de su libertad a un defensor de la tierra, pasando por alto las medidas cautelares otorgadas por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Por ello el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la comunidad periodística y de defensores de derechos humanos exigimos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal:

      1. El cese inmediato de agresiones a la comunidad periodística y defensora de derechos humanos en el estado de Puebla.
      2. Que se integre una carpeta de investigación de las agresiones que atentaron contra la integridad física de los comunicadores del municipio de Tehuacán Puebla
      3. Que se castigue a los responsables de los hechos intimidatorios y violentos
      4. Pero sobre todo el respeto al libre ejercicio periodístico y la libertad de prensa
      5. Que los servidores públicos que tienen como obligación salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos, sean capacitados para cumplir su trabajo como lo mandata la ley

Ciudad de México a 20 de julio del 2021

A T E N T A M E N T E

Claudia Martínez Sánchez

Directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas (CONAPA)

colectivonacionaldeperiodistas@gmail.com

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