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Latinoamérica

Carperos de Paraguay disputan tierras expropiadas por empresarios y militares desde la dictadura

Los carperos de Ñancunday exigen la regularización de la tierra, 4expropiadas desde la dictadura.

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Por Natalia Ruiz Díaz 

ASUNCIÓN, (Paraguay) IPS.- La añeja disputa por la tierra en Paraguay crece y amenaza con desbordar en violencia, ante la ocupación de parcelas por parte de campesinos pobres, llamados “carperos”, y la consecuente resistencia de empresarios agrícolas, en particular productores de soja.

“A los ‘carperos’ hay que tratarlos como a la mujer del ‘malandro’ (delincuente), que sólo responde a palos”, declaró con un tono sexista al diario brasileño Folha de São Paulo el empresario Tranquilo Favero, el mayor productor de soja de Paraguay.

La diatriba de Favero, nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo, fue dirigida a la asociación de campesinos sin tierra denominada Liga Nacional de Carperos, que ocupa parcelas que el empresario reivindica como suyas, ubicadas en Ñacunday, en el oriental departamento paraguayo de Alto Paraná.

Sus expresiones echaron más combustible al conflicto por la tenencia de tierras, que en los últimos días llevó a temer por enfrentamientos directos entre campesinos pobres y grandes productores de la zona, conocidos como brasiguayos o descendientes de brasileños.

Expertos afirman que el problema tiene sus raíces en la entrega de grandes latifundios a militares y amigos del poder, en particular durante la dictadura, que llevó a una enorme desigualdad socio-económica en este país, hoy con más de 6,3 millones de habitantes.

“La solución al problema de la tierra no tiene otro camino que el de la legalización de su tenencia, sobre todo en los casos de grandes extensiones. El gobierno no pudo cumplir con su promesa de reforma agraria, porque quedó cautivo de los poderes Legislativo y Judicial, que por lo general fallan en contra del paraguayo pobre”, dijo el sociólogo Ramón Fogel.

La reforma agraria fue uno de los puntales de la propuesta electoral que llevó a la Presidencia de Paraguay en 2008, para un mandato de cinco años, al exobispo católico centroizquierdista Fernando Lugo, como líder de una alianza de partidos y de movimientos sociales.

Fogel explicó que una de las principales razones de que se agudice la presión de campesinos y ahora de los carperos es que está en duda la titularidad de por lo menos 30 por ciento del territorio paraguayo, de 406.000 kilómetros cuadrados.

Esta situación y la desigual distribución de la tierra están asociadas a la dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió de 1954 a 1989 de la mano de la hoy opositora Asociación Nacional Republicana, más conocida como Partido Colorado, y a los gobiernos que le siguieron los 14 años posteriores, un período conocido como de transición.

La dictadura entregó a militares, empresarios y dirigentes colorados miles de hectáreas de tierras destinadas originalmente a familias de agricultores pobres, generando un conflicto que es de las peores herencias recibidas por la democracia, señala un informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por ley en 2003 para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1954.

Las tierras mal habidas abarcan 64,1 por ciento de las ocho millones de hectáreas adjudicadas en esos 49 años, que es el lapso que abarcó la investigación de la CVJ. “La postergación de la atención de los reclamos de los campesinos pobres y la inserción cada vez más creciente de brasileños en territorio paraguayo, desplazando a los nativos de las tierras que se adjudican, son otros puntos que hacen al agravamiento del conflicto”, se agrega en el informe.

Foto: ABC Digital

Luis Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), coincide en que el conflicto de Ñacunday obedece a que “ya no se puede seguir postergando la regularización de la tenencia de tierras”.

“La mensura judicial se tiene que hacer, pero los productores de soja se oponen porque tienen tierras en condición irregular. La ley de protección fronteriza también es otro punto que debe hacerse respetar y que apoyamos”, sostuvo Aguayo.

La situación comenzó a tensarse en el este del país en noviembre, cuando la justicia comenzó a hacer las mediciones solicitadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a pedido de los carperos, quienes ocuparon propiedades en reclamo. Este jueves 23, tras varias negociaciones, el gobierno amenazó con el desalojo.

Sobre el impacto del conflicto en Ñacunday en la economía nacional, Fogel aseguró que “será para una minoría usurpadora de esas grandes extensiones de tierra y plantaciones de soja, porque para la mayoría pobre y excluida de Paraguay la cosa seguirá igual”.

La economía de Paraguay tuvo un crecimiento récord de 14,5 por ciento en 2010, empujada por el auge de las exportaciones agrícolas, mientras que para 2012 se prevé que la expansión solo llegue a cuatro por ciento, según proyecciones del Banco Mundial.

Datos actualizados de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosa indican que los cultivos de soja cubren más de 2,6 millones de hectáreas, que equivalen a 60 por ciento del área agrícola de Paraguay.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Soja y Oleaginosas del Paraguay, Francisco Regis Mereles, aseguró a que la incidencia del conflicto agrario será grave, porque en un momento el propio Estado legitimó la repartición de tierras y es el modelo que se tiene actualmente.

“El futuro para el sector productivo está complicado”, apuntó.

Este empresario entiende que la solución al problema de la tenencia de tierra pasa por dar a los municipios la potestad de controlar el tema inmobiliario e implementar a través de ellos sistemas de alta tecnología para identificar las parcelas y a sus respectivos dueños.

Por su parte, la MCNOC tiene una postura crítica hacia el gobierno. “Apoyamos la regularización de la tierra, al igual que los carperos, pero no estamos de acuerdo en la forma en que se manejó el caso Ñacunday, porque hubo errores de procedimiento”, indicó Aguayo.

En tanto, los grandes empresarios del sector agrícola-exportador sindican al gobierno como cómplice de Victoriano López, uno de los principales líderes de los carperos, quien asegura que las tierras de Ñacunday pertenecen al Estado y que tiene documentos que lo prueban.

“Por eso estamos reclamando que se nos transfieran esas tierras, porque tenemos documentos recabados durante años en nuestro trabajo como comisión vecinal”, afirmó, apuntando que sólo en la zona de Alto Paraná hay más de 543.000 hectáreas que el Estado nunca vendió, pero que están ocupadas por terratenientes.

Sin embargo, un sector de la organización de carperos anunció en las últimas horas que expulsará de sus filas a López, debido a conflictos internos suscitados en torno al acatamiento de la decisión gubernamental sobre las ocupaciones.

A todo esto, hay quienes creen que el gobierno se aleja de los carperos con el desalojo de las propiedades ocupadas, y los grandes productores toman respiro.

Fotografías: ultimahora.com

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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