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Latinoamérica

Carperos de Paraguay disputan tierras expropiadas por empresarios y militares desde la dictadura

Los carperos de Ñancunday exigen la regularización de la tierra, 4expropiadas desde la dictadura.

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Por Natalia Ruiz Díaz 

ASUNCIÓN, (Paraguay) IPS.- La añeja disputa por la tierra en Paraguay crece y amenaza con desbordar en violencia, ante la ocupación de parcelas por parte de campesinos pobres, llamados “carperos”, y la consecuente resistencia de empresarios agrícolas, en particular productores de soja.

“A los ‘carperos’ hay que tratarlos como a la mujer del ‘malandro’ (delincuente), que sólo responde a palos”, declaró con un tono sexista al diario brasileño Folha de São Paulo el empresario Tranquilo Favero, el mayor productor de soja de Paraguay.

La diatriba de Favero, nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo, fue dirigida a la asociación de campesinos sin tierra denominada Liga Nacional de Carperos, que ocupa parcelas que el empresario reivindica como suyas, ubicadas en Ñacunday, en el oriental departamento paraguayo de Alto Paraná.

Sus expresiones echaron más combustible al conflicto por la tenencia de tierras, que en los últimos días llevó a temer por enfrentamientos directos entre campesinos pobres y grandes productores de la zona, conocidos como brasiguayos o descendientes de brasileños.

Expertos afirman que el problema tiene sus raíces en la entrega de grandes latifundios a militares y amigos del poder, en particular durante la dictadura, que llevó a una enorme desigualdad socio-económica en este país, hoy con más de 6,3 millones de habitantes.

“La solución al problema de la tierra no tiene otro camino que el de la legalización de su tenencia, sobre todo en los casos de grandes extensiones. El gobierno no pudo cumplir con su promesa de reforma agraria, porque quedó cautivo de los poderes Legislativo y Judicial, que por lo general fallan en contra del paraguayo pobre”, dijo el sociólogo Ramón Fogel.

La reforma agraria fue uno de los puntales de la propuesta electoral que llevó a la Presidencia de Paraguay en 2008, para un mandato de cinco años, al exobispo católico centroizquierdista Fernando Lugo, como líder de una alianza de partidos y de movimientos sociales.

Fogel explicó que una de las principales razones de que se agudice la presión de campesinos y ahora de los carperos es que está en duda la titularidad de por lo menos 30 por ciento del territorio paraguayo, de 406.000 kilómetros cuadrados.

Esta situación y la desigual distribución de la tierra están asociadas a la dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió de 1954 a 1989 de la mano de la hoy opositora Asociación Nacional Republicana, más conocida como Partido Colorado, y a los gobiernos que le siguieron los 14 años posteriores, un período conocido como de transición.

La dictadura entregó a militares, empresarios y dirigentes colorados miles de hectáreas de tierras destinadas originalmente a familias de agricultores pobres, generando un conflicto que es de las peores herencias recibidas por la democracia, señala un informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por ley en 2003 para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1954.

Las tierras mal habidas abarcan 64,1 por ciento de las ocho millones de hectáreas adjudicadas en esos 49 años, que es el lapso que abarcó la investigación de la CVJ. “La postergación de la atención de los reclamos de los campesinos pobres y la inserción cada vez más creciente de brasileños en territorio paraguayo, desplazando a los nativos de las tierras que se adjudican, son otros puntos que hacen al agravamiento del conflicto”, se agrega en el informe.

Foto: ABC Digital

Luis Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), coincide en que el conflicto de Ñacunday obedece a que “ya no se puede seguir postergando la regularización de la tenencia de tierras”.

“La mensura judicial se tiene que hacer, pero los productores de soja se oponen porque tienen tierras en condición irregular. La ley de protección fronteriza también es otro punto que debe hacerse respetar y que apoyamos”, sostuvo Aguayo.

La situación comenzó a tensarse en el este del país en noviembre, cuando la justicia comenzó a hacer las mediciones solicitadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a pedido de los carperos, quienes ocuparon propiedades en reclamo. Este jueves 23, tras varias negociaciones, el gobierno amenazó con el desalojo.

Sobre el impacto del conflicto en Ñacunday en la economía nacional, Fogel aseguró que “será para una minoría usurpadora de esas grandes extensiones de tierra y plantaciones de soja, porque para la mayoría pobre y excluida de Paraguay la cosa seguirá igual”.

La economía de Paraguay tuvo un crecimiento récord de 14,5 por ciento en 2010, empujada por el auge de las exportaciones agrícolas, mientras que para 2012 se prevé que la expansión solo llegue a cuatro por ciento, según proyecciones del Banco Mundial.

Datos actualizados de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosa indican que los cultivos de soja cubren más de 2,6 millones de hectáreas, que equivalen a 60 por ciento del área agrícola de Paraguay.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Soja y Oleaginosas del Paraguay, Francisco Regis Mereles, aseguró a que la incidencia del conflicto agrario será grave, porque en un momento el propio Estado legitimó la repartición de tierras y es el modelo que se tiene actualmente.

“El futuro para el sector productivo está complicado”, apuntó.

Este empresario entiende que la solución al problema de la tenencia de tierra pasa por dar a los municipios la potestad de controlar el tema inmobiliario e implementar a través de ellos sistemas de alta tecnología para identificar las parcelas y a sus respectivos dueños.

Por su parte, la MCNOC tiene una postura crítica hacia el gobierno. “Apoyamos la regularización de la tierra, al igual que los carperos, pero no estamos de acuerdo en la forma en que se manejó el caso Ñacunday, porque hubo errores de procedimiento”, indicó Aguayo.

En tanto, los grandes empresarios del sector agrícola-exportador sindican al gobierno como cómplice de Victoriano López, uno de los principales líderes de los carperos, quien asegura que las tierras de Ñacunday pertenecen al Estado y que tiene documentos que lo prueban.

“Por eso estamos reclamando que se nos transfieran esas tierras, porque tenemos documentos recabados durante años en nuestro trabajo como comisión vecinal”, afirmó, apuntando que sólo en la zona de Alto Paraná hay más de 543.000 hectáreas que el Estado nunca vendió, pero que están ocupadas por terratenientes.

Sin embargo, un sector de la organización de carperos anunció en las últimas horas que expulsará de sus filas a López, debido a conflictos internos suscitados en torno al acatamiento de la decisión gubernamental sobre las ocupaciones.

A todo esto, hay quienes creen que el gobierno se aleja de los carperos con el desalojo de las propiedades ocupadas, y los grandes productores toman respiro.

Fotografías: ultimahora.com

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Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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La red en lucha

Feminicidio de Úrsula Bahillo reaviva protestas contra el sistema judicial y la policía de Argentina

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La autopsia al cuerpo de Úrsula Bahillo, la joven argentina, que fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, por su exnovio -Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, policía en Rojas-, indicó que la causa de muerte fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”, es decir, tres puñaladas en el cuello y otras diez en el abdomen y la espalda.

El asesinato de Úrsula, de 19 años, en la zona rural de Guido Spano por su expareja, provocó una multitudinaria movilización al día siguiente frente a la comisaría de la ciudad bonaerense de Rojas, y hoy los vecinos volvieron a movilizarse para pedir justicia por el feminicidio.

Úrsula denunció 18 veces que estaba en peligro. Le hizo saber a la Justicia que su vida corría peligro. Su agresor ya tenía antecedentes, pero ninguna a ninguna de las denuncias se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Solo lo trasladaban de jurisdicción, e incluso tenía una orden de restricción que también ignoró la policía después de que la joven lo denunciara.

Movilización #JusticiaPorUrsula. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula, que convocó a reunirse a las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local.

En medio de serios enfrentamientos con el personal policial, los familiares y amigos de Úrsula Bahillo reclamaron la indiferencia de la policía ante las denuncias contra el victimario, que además es miembro de la fuerza de seguridad bonaerense. Señalan que claramente hubo inacción de la policía durante el fin de semana, cuando la joven quiso hacer otra denuncia.

Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, fue el mensaje que poco antes de ser asesinada envió la víctima a una de sus amigas, a quien le relató las agresiones sufridas perpetradas por su expareja.

Esta tarde, cientos de habitantes de Rojas volvieron a manifestarse, esta en vez en forma pacífica, para exponer que la falta de apoyo judicial y policial permitió este femicidio. La víctima, hija de un reconocido comerciante local, había intentado denunciar nuevamente a su exnovio, el policía Matías Martínez, el pasado fin de semana, pero no fue escuchada en la sede de la comisaría de la Mujer.

El agresor de Ursula protegido por la policía. “Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina. Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y su región metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren.

Una de las veces que Bahillo se acercó a denunciarlo a la comisaría de la mujer no le tomaron declaración porque “era fin de semana”. A Martínez le dieron una baja psiquiátrica. Indicios para que hubieran puesto atención desde la primera denuncia.

 

Con información de eltiempo.com

 

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Latinoamérica

OPS alerta que contagios de Covid-19 continúan al alza en estados turísticos de México

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Por Ignacio García

La Organización Panamericana de Salud (OPS) alertó que los casos de Covid-19 continúan al alza en México, principalmente en las zonas turísticas del país, donde se registraron visitas masivas durante las fiestas de fin de año.

El organismo internacional señaló que los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur son las zonas en donde se han reportado más padecimientos por las visitas turísticas a las áreas de playas durante diciembre pasado.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que México es uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19 en América Latina, por lo cual manifestó que deben continuar las medidas restrictivas a la movilidad para contener los padecimientos.

De acuerdo con la representante de la OPS, las autoridades mexicanas deben reforzar las medidas sanitarias para evitar que se presenten incidentes relacionados con la cepa viral, aunado a que también se detectaron los primeros casos de la nueva variante británica.

Indicó que han localizado tres variantes distintas del SARS-COV-2 en el continente americano, por lo que sostuvo que ha sido una de las regiones más afectadas por ese virus, pues también se han identificado en Estados Unidos, Brasil y México, tres de las naciones con el mayor porcentaje de padecimientos y defunciones.

Sostuvo que hasta que se aplique de forma masiva la vacunación en los países latinoamericanos se logrará una disminución gradual de los padecimientos, no obstante, existen pocas dosis y una distribución en algunas naciones específicas.

 

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