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Mexico Violento

Carlos Slim, entre responsables de perjudicar a ejidatarios de Sinaloa

El multimillonario Carlos Slim se niega, junto con constructoras españolas, a pagar daños por aectar comunidades de ejidatarios y medio ambiente

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Directivos de Aldesa. Foto: difunet

Directivos de Aldesa. Foto: difunet

 

*”A cambio de daños dejaremos una supercarretera”: Aldesa a ejidatarios

MAZATLÁN, Sinaloa.- Los ejidatarios de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit en cuyas tierras se construyó la autopista Mazatlán-Durango y el Puente Baluarte son víctimas no sólo de los ex funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino también de las empresas constructoras que han dañado a sus comunidades y el medio ambiente y se niegan a realizar las reparaciones de los daños que son aún incuantificables.

Ernesto Pérez Virgen, representante de los 29 ejidos afectados informó en días pasados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que “las constructoras a quienes ustedes les han concesionado nuestras tierras para construir la autopista han provocado daños a nuestra productividad, a nuestros bosques, a nuestros ojos de agua, a nuestros pastizales, a nuestros pueblos sin que a esas constructoras se les haga responsable de reparar estos daños que nos han ocasionado”.

Las constructoras a las que se refieren los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los tres estados son la española Aldesa con su filial Aldesem, Omega Construcciones Industriales y Carso Infraestructura de Carlos Slim, entre otras.

Una de estas empresas, la española Aldesa es investigada en España como parte del proceso que se sigue a Luis Bárcenas por la doble contabilidad en el PP, por presuntas donaciones al Partido Popular, es decir, presunta corrupción en la etapa del gobierno de José María Aznar, para la adjudicación de contratos de obra.

Construcción de carreteras sin previsión de daños a campesinos. Foto: difunet

Construcción de carreteras sin previsión de daños a campesinos. Foto: difunet

El representante de los campesinos advirtió que los daños son cuantiosos y “queremos que se realice avalúo por los daños… que las autoridades correspondientes realicen la cuantificación de los daños y obliguen a las constructoras a la reparación de los mismos. No queremos ser nosotros quienes pongamos el precio porque la tierra como estaba es invaluable”.

Por ejemplo, en el ejido Pueblo Nuevo de Durango dañaron el bosque reproductor de la Huacamaya Verde (Ara Militaris), que es una especie en peligro de extinción y también fue afectada una de las zonas de mayor productividad forestal, Pino Gordo. En los ejidos Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo y Comunidad de Chavarría Nuevo les incomunicaron sus servicios turísticos de cabañas, las zonas forestales de producción agrícola y ganadera, les aterraron (llenaron de escombro y piedra) los saltos de agua, manantiales y arroyos.

El Pueblo de Coscomate prácticamente lo enterraron y dividieron con el paso de la autopista, perdiendo los ejidatarios pobladores del lugar el millón 200 mil pesos que recibían anualmente por el concepto de servicios ambientales (proteger y cuidar la zona boscosa) por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En Nayarit incomunicaron 23 pueblos rumbo a la sierra, que es paso ganadero, desviaron el río Acaponeta, provocando grandes inundaciones, lo mismo que en el Río Pánuco. Secaron ojos de agua que alimentaban a poblaciones completas e iIncomunicaron cerca de 2 mil hectáreas productivas de mango, además de que construyeron alcantarillas enanas, que ha provocado inundaciones a parcelas.

En tanto, en Sinaloa la Dirección de la SCT con el apoyo del gobierno municipal de Mazatlán encabezado por Alejandro Higuera Osuna, instrumentaron acciones penales y represivas contra líderes ejidales y pequeños propietarios que plateaban negociar el pago de la tierra en donde se está construyendo el libramiento tres: los dirigentes ejidales y pequeños propietarios siguen un proceso penal a pesar que la PGR ha dictaminado que los encarcelados no estaban en el lugar que señaló la SCT en la denuncia penal.

En prácticamente todos los casos el material y residuos vertidos en los arroyos, van a contaminar las presas con azolves, como lo advirtió la Profepa en estudios realizados. “Uno de los españoles de Aldesa nos dijo, pero lezzzh vamos a dejar una zzzhupercarretera”, expresó José Luis Coria Quiñones.

Los ejidatarios exigen que se construyan los puentes, caminos saca cosechas y pasos de ganado ya dados a conocer a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los responsables de las empresas constructoras, así como la reparación de los cauces de los arroyos, de los ríos Pánuco y Acaponeta; la recuperación de los ojos de agua, así como la reforestación de los bosques y pastos que alimentan el ganado y la fauna silvestre.

Los daños no sólo afectan la circulación de los productos agrícolas y ganaderos de los campesinos, sino que provocan un mayor empobrecimiento en sus ingresos económicos y disminuyen sus niveles de alimentación familiar y lesionando sus niveles de vida y su futuro como sujetos productivos, agregó Pérez Virgen.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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