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México de conciencia

Carlos Romero Deschamps renuncia a Pemex

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Por Ignacio García

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Carlos Romero Deschamps renuncia este día como trabajador activo de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de haber sido señalado de rehusarse a separarse de su cargo.

El mandatario federal dijo que la renuncia de Romero Deschamps ocurre de manera voluntaria, así como al exhorto que le hizo el gobierno federal, ya que consideraba que era inmoral que se siguiera desempeñando como trabajador en activo de la empresa al servicio del Estado después de cumplir con el periodo establecido para seguir vigente.

Carlos Romero renunció a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en octubre de 2019, después de 26 años de haberse desempeñado al frente del organismo petrolero, por lo que acordó mantenerse como trabajador en activo, pero con distintas vacaciones que no había tenido en 20 años.

Romero Deschamps ha sido militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1961, en donde inició su carrera como coordinador de campañas en el estado de Tamaulipas y en 1969 ingresó a Pemex y dos años después realizó labores en el STPRM.

También fue cinco veces legislador federal, de las cuales tres fueron como diputado y dos como senador por la vía de representación proporcional y desde 1993 se desempeñó como responsable del sindicato petrolero en la administración de Carlos Salinas de Gortari, y resultó electo cinco ocasiones consecutivas como dirigente del sindicato de trabajadores petroleras.

Asimismo, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito en el desempeño de sus labores en Pemex, además de su presunta participación en el caso de Pemexgate para brindar recursos públicos para la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.

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México de conciencia

Comerciantes ambulantes de Tepito son obligados a participar en marcha de AMLO

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La presidenta de la Asociación de Comerciantes Fijos y Ambulantes Tianguistas del Barrio de Tepito, Julieta Cornejo Campos, obligó a los comerciantes ambulantes de la zona participar en la marcha de este domingo a favor del cuarto aniversario del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un documento oficial, la dirigente de los comerciantes pidió el apoyo de todos los agremiados para participar en la marcha de este domingo a partir de las 07:00 horas en la calle Misisipi, y en la avenida Reforma, acompañados de otras dos personas.

La representante de los ambulantes de Tepito solicitó que todos los comerciantes del barrio participen de forma obligatoria y por ello no aceptará excusas ni pretextos para ausentarse de la movilización.

En caso de que los comerciantes no acudan a la marcha serán suspendidos durante toda la temporada 2022-2023, por lo cual aseveró pasarán lista de asistencia en el punto de encuentro para que se cercioren de la participación de los comerciantes en la movilización que se desarrollará por las principales calles de la Ciudad de México.

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se obliguen a las personas a participar en la marcha, en diferentes espacios públicos como el Metro de la capital del país se han colocado anuncios para pedir la asistencia de la ciudadanía en las movilizaciones.

López Obrador anunció una marcha con motivo del cuarto aniversario de su gobierno, después de la marcha que se realizó el pasado 13 de noviembre por distintos puntos del país en contra de la reforma electoral que propuso para eliminar la figura del Instituto Nacional Electoral (INE).

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México de conciencia

TEPJF determina que Layda Sansores incurrió en violencia política de género

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Layda Sansores, gobernadora de Campeche, incurrió en violencia política de género en contra de las diputadas del PRI

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, incurrió en violencia política de género al asegurar que diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enviaron fotografías íntimas al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

Los togados señalaron que la mandataria estatal afectó los derechos políticos electorales de las legisladoras federales priístas y por ello le ordenaron eliminar las publicaciones en las que se difundan esos mensajes referidos y emitir una disculpa pública.

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De acuerdo con el TEPJF, las diferentes redes sociales como Facebook, Whatsapp e Instagram deben asegurarse de no dar a conocer actos que constituyan posibles actos de violencia política de género.

Por ello, exhortó a Meta ampliar sus políticas para que se detecten y reporten los casos de violencia política de género, con la finalidad de denunciar cualquier tipo de agresiones contra las mujeres con violencia política de género.

La diputada federal Paloma Sánchez interpuso la queja ante el TEPJF por las declaraciones de la gobernadora emanada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunado a que también el coordinador del grupo parlamentario del Senado, Ricardo Monreal, promovió un incidente de violación por la difusión de mensajes promovidos en su contra.

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La gobernadora de Campeche expresó que seguirá dando a conocer información relacionada con diferentes servidores públicos, por lo cual aseveraron que se han cometido distintos actos de corrupción.

Por su parte, la propia diputada del PRI Paloma Sánchez compartió las notas de medios de comunicación que notificaban la determinación del TEPJF, en el que recalcaban que Layda Sansores sí había cometido violencia política de género en contra de las legisladoras del tricolor.

 

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Justicia pendiente

Marcha 8 de diciembre por las personas privadas de libertad en México, convoca Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

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El colectivo de Presunción de Inocencia y derechos humanos convocó a una marcha el 8-D

 

La asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, convoca a la segunda marcha nacional por los derechos de las personas privadas de libertad en los centros estatales y federales de readaptación social para el 8 de diciembre, a las 10 horas, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Se trata de una marcha también por los falsos culpables que siguen en prisión, pese a que en miles de casos han demostrado su inocencia, además de protocolos de Estambul positivos en tortura y peticiones de ayuda ignoradas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para entender más del caso: Prisión digital: pizca de libertad

Pérez Espinoza, quien fue preso político durante cuatro años en un penal del Estado de México, ha liderado un movimiento por los derechos humanos de presos que han sufrido torturas e irregularidades en sus procesos judiciales, y ha promovido la primera Ley de Amnistía para delitos de alto impacto en la entidad.

A la marcha también fue convocado el Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, que han integrado los activistas Alejandro López Ponce de León, Carlos Torres y Armando Clement González, quienes participan en el programa de Los Ángeles Press, conducido por la periodista Guadalupe Lizárraga, sobre el sistema penitenciario mexicano, todos los martes a las 20 horas, en donde presentan denuncias sobre las violaciones de derechos humanos a las personas privadas de libertad.

De acuerdo con los activistas, el propósito de la marcha comentaron es visibilizar la injusticia que viven los presos sin sentencia hasta por más de 25 años, como es en e caso de Jens Herrera Guzmán, preso en Puebla, y quien fue trasladado lejos de su familia por hacer listas de los presos a los que han negado un beneficio de ley, o han sido torturados o están sin sentencia por más de dos años en violación a sus derechos constitucionales.

Lee más: Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

La tortura como medida disciplinaria en los penales, es una de las principales denuncias de los activistas, además la falta de atención médica, la reducción de porciones de comida, la falta de agua potable, la prohibición de visitas familiares, las muertes declaradas como suicidios, las irregularidades de los procesos judiciales, las extorsiones dentro y fuera de los penales, el tráfico de drogas y la compra de privilegios, así como el uso de gas lacrimógeno como método de intimidación para que no denuncien violaciones de derechos humanos.

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