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Mexico Violento

Campaña del gobierno mexicano contra maestros por Reforma educativa

Se intensifica campaña en medios de comunicación contra maestros en México para legitimar Reforma educativa, mientras se eliminan sus derechos

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Movilización de maestros de Jalisco el 4 de julio. Foto: Teódulo Pineda

Movilización de maestros de Jalisco el 4 de julio. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

LAGOS DE MORENO, Jalisco.- La lucha reiniciada por los trabajadores de la Educación el pasado sábado 4 de julio en la capital de Jalisco ha despertado la simpatía de un amplio sector de la población que considera justas las demandas. Sin embargo, medios masivos de información y el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Evaluación (INE), mantienen una campaña intensiva para hacer creer que la evaluación de los maestros va a mejorar la calidad de la educación en todos los niveles de la Educación pública, según lo afirmado por los lídees magisteriales.

Los mensajes gubernamentales van orientados a arraigar los mensajes en la población de que:

-La reforma educativa se debe a una demanda sentida de la ciudadanía.

-Que el nivel de desempeño de los maestros es deficiente.

-Que la causa de la “mala calidad” de la educación es culpa de los profesores.

-Que con la evaluación que se realizará en diferentes etapas a los maestros, todo lo anterior cambiará.

Sin embargo. lo que no dan a conocer las autoridades educativas, a través de los mensajes en medios, radio y televisión dentro y fuera de México, es que con la reforma educativa se pretende someter a los trabajadores de la Educación a un nuevo esquema laboral que elimina derechos laborales por años, contra el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 1946, y que entraron en vigor el 13 de febrero de ese mismo año.

Todos los maestros que son notificados que tienen que llevar a cabo el examen, se les pide que ingresen a una página de internet para que aporten sus datos. De acuerdo con información proporcionada por quienes han solicitado el trámite, una vez que ingresan al sitio les piden que llenen un formato, luego se les presenta una carta de compromiso por medio de la cual, se les pide que al realizar dicho trámite renuncien a su situación laboral anterior, derechos y prestaciones de que gozaban hasta ese momento. Si se niegan a aceptar estas condiciones, el sistema del programa, ya no acepta que se continúe con el trámite y queda suspendido el procedimiento.

La negativa a no presentar el examen, es considerado como un rechazo a su situación laboral y por lo tanto puede ser suspendido del servicio. Y una vez presentado el examen, se da por hecho que acepta las condiciones de la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, en contra de lo estipulado en el documento oficial de 1946 y de que se acepta una nueva forma de contratación.

Con este procedimiento, la Secretaría de Educación Pública pretende salvar de forma legal lo establecido en el Artículo 14 Constitucional, la no retroactividad de la leyes que son promulgadas en contra de las ya existentes, ya que, de esta forma los profesores que acepten, aparecerán como una nueva contratación posterior a la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, independientemente del número de año de servicios.

Informando en las casetas de peaje sobre los derechos laborales arrebatados con la Reforma educativa en Jalisco. Foto: Teódulo Pineda

Informando en las casetas de peaje sobre los derechos laborales arrebatados con la Reforma educativa en Jalisco. Foto: Teódulo Pineda

Es por ello que afirman los integrantes en general de los colectivos de lucha en contra de la Reforma educativa, que la evaluación de la calidad de desempeño de los maestros no es el verdadero propósito de la evaluación; la intención es que desaparezcan totalmente las condiciones de trabajo anteriores y transformarlos de “servidores públicos” amparados por el Artículo 123 Constitucional apartado “B”, a “Prestadores de Servicios Profesionales” con lo que en poco tiempo, tendrían que ser incorporados al apartado “A” de ese mismo artículo, afectando de manera directa a todos aquellos educadores que tienen varios años de servicio, muchos de ellos, a poco tiempo de lograr su jubilación.

Integrantes de Insurgencia Magisterial Altos Norte, en voz de uno de sus representantes, Gabriel Isaac Ulloa, al igual que otros colectivos de lucha en Jalisco, afirmaron que “no estamos en contra de que se nos aplique una evaluación, que se nos exija que estemos actualizados e incluso, que debamos hacer estudios que justifiquen un ascenso vertical en la estructura educativa; estamos en contra de que las autoridades no sean sinceras, que se valgan de triquiñuelas legales para despojar de sus derechos a miles de profesores en el estado y en el país”.

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Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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