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Justicia pendiente

Campamento de víctimas de la SEDENA rociado con gasolina y corte de suministro de luz

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Por Joselaine Gutiérrez

Víctimas del Ejército que mantienen un plantón permanente en exigencia de justicia frente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) denunciaron a través de Los Ángeles Press que fueron objeto de una nueva agresión. El campamento fue rociado con aceite o gasolina afuera de la dependencia y cortaron el suministro eléctrico.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este 8 de junio, luego de que las tiendas de campaña instaladas en el plantón frente a las oficinas fueran rociadas con un líquido combustible o gasolina, por lo que hicieron responsable a la secretaría por cualquier daño contra su integridad e incluso las víctimas denunciaron la agresión a la Policía de CDMX, pero no obtuvieron respuesta ni asistencia a su caso. 

Desde hace tres meses, que lleva el plantón, las víctimas han dado a conocer sus casos torturas, fabricación de delitos, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos perpetrados durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, han sido objeto de diversos ataques para intimidar su lucha.

El más reciente ocurrió este 6 junio, luego de que los manifestantes realizaran un cierre de forma pacífica para pedir justicia. El altercado ocurrió cuando general en retiro Luis Garfias Magaña, en compañía de su hija, amenazó con un arma blanca a una de las víctimas que se encontraba en el lugar, y junto con tres personas más detuvieron el tráfico durante cinco minutos para dar a conocer sus casos, hecho que quedó registrado en video. 

Laura Kabata, madre de Oscar Kabata De Anda, sobreviviente de tortura a los 17 años de edad, vivió en carne propia la amenaza directa de Garfias Magaña, quien amagó con conseguir la información de los integrantes del plantón para “mandarlos a matar”.

En otra ocasión, una familiar del capitán de infantería Vladimir Ilich Malagón, torturado y encarcelado en 2010 bajo cargos de homicidio después de denunciar la narcocorrupción de militares de alto rango en la Secretaría de la Defensa Nacional, reveló que han recibido mensajes de texto a sus celulares para intimidarlos, además de ser fotografiados y recibir visitas de militares que se hacen pasar por  periodistas. No obstante, hasta el momento han sido ignorados en su demanda por justicia.

Una de los elementos simbólicos de las agresiones del Ejército, ya que en el caso de Oscar Kabata fue testigo presencial de la ejecución extrajudicial de su amigo Víctor Manuel Vaca Prieto, a la edad de 17 años, durante el Conjunto Operativo Chihuahua, bajo las órdenes del general Felipe de Jesús Espitia.

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Justicia pendiente

PVEM perdería registro por reincidencia en llamado a voto en elecciones

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría perder su registro como instituto político como una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la reincidencia en llamar al voto durante la jornada electoral del pasado 6 de junio como sucedió en 2015.

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron sanciones menores al PVEM por llamar al voto en la contienda electoral de 2015.

El INE determinó que el Verde Ecologista pagó a varios “influencers” para promocionar el voto a favor a su causa durante la jornada electoral, lo que representó un delito electoral, como ocurrió en las elecciones federales intermedias de hace seis años, donde también pagó para que distintos artistas promocionaran el voto.

Varios consejeros electorales del INE señalaron que como una sanción adecuada debería retirarse el registro al PVEM, debido a que es la segunda ocasión en la que incurre en estas prácticas para obtener ventaja durante el proceso electoral, por lo que ignoró a las autoridades electorales.

Al respecto, diferentes colectivos y organizaciones civiles pidieron a las autoridades electorales retirar el registro del PVEM, ya que ha incurrido en estas ocasiones en dos ocasiones influyendo en el voto durante dos procesos electorales, por lo que demandaron que sea sancionado de forma eficiente.

En la contienda electoral de 2015 el PVEM pagó a varios artistas y deportistas miles de pesos para promocionar en sus respectivas redes sociales el voto a favor del Verde Ecologista, sin embargo, el INE no retiró el registro al partido y sólo impuso una multa económica, por lo que en esta jornada electoral volvió a proceder de la misma forma.

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Justicia pendiente

Líder de la mafia rumana es vinculado a proceso

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El juez federal de control de Quintana Roo vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como el líder de la mafia rumana por el delito de asociación delictuosa.

El juzgador determinó que tanto Florian Tudor como Adrián “N” y Alin Gabriel “S” incurrieron en el delito de asociación delictuosa y realizaron operaciones irregulares en disposición de dinero en efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México e Hidalgo, en las cuales se retiraban más de 14 mil pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Tudor de incurrir en la comisión de diferentes delitos asociados al lavado de dinero, por lo que el juez vinculó a proceso con una investigación complementaria de cuatro meses, por lo que deberá permanecer en reclusión.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, refirió que Tudor fue recibido como cualquier otro ciudadano y aunque rechazó haber formado parte de la mafia rumana, enfatizó que recibió la mayor cantidad de apoyos posibles.

Según el acusado, las autoridades mexicanas fabricaron su delito, sin embargo, la investigación fue complementada con las autoridades rumanas que solicitaron la extradición del presunto delincuente para que sea procesado por esos delitos.

Florian Tudor fue detenido en Quintana Roo por la FGR, después de ser acusado de diferentes hechos ilícitos, en los cuales incurrió en lavado de dinero con dinero con procedencia desconocida y por ello fue procesado por ese ilícito.

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Justicia pendiente

Internos del penal de Atlacholoaya piden libre acceso a familiares

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Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, pidieron a las autoridades penitenciarias permitir el libre acceso a los familiares de los reos para las labores de trabajo social que en la actualidad están restringidas.

Por medio de una carta enviada a la directora del penal de Atlacholoaya y firmada por varios reos, los inconformes solicitaron que se conceda a sus familiares el acceso a trabajo social para renovar y realizar sus trámites para obtener sus folios durante su horario laboral, debido a que varios de sus parientes radican en regiones alejadas.

De acuerdo con la misiva, al acotarse la entrega de las fichas, muchos de sus familiares no tienen posibilidad de obtenerlas, ya que en la actualidad sólo asignan 40 fichas de este tipo, por lo que pidieron que no existan restricciones para la entrega de las mismas.

Los internos señalaron que de esta manera se les garantiza la accesibilidad a sus derechos humanos, pues muchos de los reos no han tenido oportunidad de reunirse con sus familiares ante las restricciones para la entrega de las fichas de trabajo social.

Enfatizaron que para la sobrepoblación interna que existe en el penal de Atlacholoaya, la asignación de apenas 40 fichas para sus familiares es insuficiente, por lo que recalcaron que se trata de un derecho humano que debe tener apertura para la población penitenciaria.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció que hubo distintas irregularidades al momento de garantizar derechos humanos en el interior del penal de Atlacholoaya, donde persiste una elevada sobrepoblación y hacinamiento en el interior del centro de reclusión.

Por otra parte, también familiares de los internos denunciaron recientemente que autoridades penitenciarias les pedían compensaciones para dejarlos entrar al penal, incluso para dejar entrar a menores a la visita familiar. Por lo que el abogado especialista en ejecución penal Gerardo Manrique señaló que se trata de una violación de derechos humanos contra los internos, porque la visita familiar e incluso con menores de edad es un derecho constitucional y humano.

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