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Mexico Violento

Caciques privatizan recursos naturales en Costa Chica Guerrero

Grupos de caciques son privilegiados por el gobernador de Guerrero con la repartición de tierras y ahora pretenden surtirlas de agua potable

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Mujeres preparan actividades por el 8o. de la radio comunitaria Ñomndaa La Palabra del Agua. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

XOCHISTLAHUACA (Suljaa´), Guerrero.- A orillas del Río San Pedro, de Costa Chica Guerrero, se congregaron activistas y organizaciones no gubernamentales convocados por la Radio Comunitaria Ñomndaa, en su octavo aniversario, para denunciar la privatización de recursos naturales de esta región Suljaaa’, del municipio de Ometepec que por miles de años han existido y hoy se encuentra en peligro.

A decir de los habitantes de la región, los caciques “amigos del gobernador” están lotificando terrenos, tal como ocurre en Las Vigas, los cuales carecen de agua por lo cual necesitan contar con el servicio para que el costo de los terrenos se eleve, y para este proyecto, requieren del agua del río. Se trata de un afluente del cual, aunque no como antes, se pueden sacar camarones o bañarse ante la belleza natural de esta parte de la Costa Chica de Guerrero.

El proyecto pone en peligro el equilibrio ecológico que ha mantenido regularmente el afluente además, el compromiso de dotar de agua adquirido por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero durante su campaña con el municipio del cual es proveniente y donde viven varias de las familias de tradición caciquil incluída la suya, no ha sido ni informado ni consultado con los pueblos que serían los afectados al secarse el río.

El río tiene sus orígenes en Metlatónoc y desemboca hasta el mar corre por San Pedro Cuitlapan, una de las comunidades con la que negoció el gobernador Aguirre Rivero para lograr su obra, y atraviesa varias comunidades mixtecas y amuzgas de Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca.

A pesar de la magnitud del proyecto, no se consultó a los pueblos respecto a la obra, ni se informó el impacto ambiental ignorando una vez más el derecho de los pueblos indígenas. Para los miembros de la Radio Comunitaria Ñomndaa esta proyecto de obra estatal viola los tratados, pactos y convenios internacionales signados por el estado mexicano.

En agosto, comunicación social del Estado informó que Aguirre Rivero se reunió con una “comisión” de indígenas de San Pedro Cuitlapan para acordar que el agua potable llegue a Ometepec con el consentimiento de pobladores a cambio de obras como son un hospital comunitario, un tramo carretero, dos camionetas, además del palanqueo ante el Congreso local para que se convierta en municipio libre.

Habitantes de distintos pueblos, comentaron en amuzgo y español que han visto tubos de más de 15 pulgadas, que se está escarbando la tierra de comunidades ñu savi pero no saben que efecto tendrá en sus pueblos porque estos hechos no se han informado. Sin embargo, “existe un grito de dolor y de auxilio por parte de los pueblos nn´ancue ñomndaa a los habitantes de la tierra para que se detenga el despojo de la vida”, señaló por su parte David Valtierra, fundador de la radio La Palabra del Agua Ñomndaa que recién cumplió ocho años.

Aunque participantes acordaron organizar distintas acciones para la defensa del río que en una parte limita a Tlacoachisltahuaca con Xochistlahuaca (Suljaa´ nombre en amuzgo) hubo propuestas de que se exija detener la obra hasta que se informe adecuadamente y saber los impactos ecológicos del proyecto a corto y largo plazo.

Respecto al proyecto del gobernador que ha sido su principal promotor, los miembros de la radio comunitaria Ñomndaa cuestionaron que a los pueblos indígenas se les ha ignorado y con ello se violentan sus derechos respecto a posproyectos en sus propias tierras. Además, los políticos locales se les ha dado dinero extraoficialmente, a fin de que no protesten y han firmado incluso acuerdos de cabildo para no entrometerse en la cuestión del Río San Pedro.

Aunque se reconoció que las comunidades no están muy unidas ni han buscado informarse sobre las repercusiones que el proyecto traerá, también se reconoció que varias familias ricas de Ometepec ya fraccionaron terrenos y necesitan el líquido para vender más caro además de la necesidad de la población de la cabecera municipal ante su inminente crecimiento.

Comunidades de caciques, privilegiadas

Miguel, un habitante amuzgo recordó que también el apoyo a Cuitlapan se da como parte de un fortalecimiento de un poder regional de beneficio a los caciques, amigos del gobernador. Puso de ejemplo que, desde 1967, a Cuitlapan le otorgaron 64 mil hectáreas para máximo mil habitantes de una sola comunidad, cuando había otras 10 comunidades a las que no se les reconocieron derechos.

El hombre afirmó que “no porque nazca en alguna comunidad no quiere decir que sea sólo de ellos cuando se pierde un río lo pierde toda la humanidad, todos los pueblos del mundo hay alerta ante la probable pérdida del río”, dijo.

Aunque se mencionaron distintos apellidos de los involucrados en el beneficio irregular de la obra no se ratificó a efecto de que no se considere una cuestión falsa o imprecisa también algunos asistentes mencionaron que la obra estará cobrando fuerza en abril de 2013.

Río San Pedro, en disputa. Foto: Proyecto Ambulante

“El gobernador no es dueño del río”

En las participaciones respecto a la depredación ecológica, Claudio Carrasco, coordinador de la organización CRAC, manifestó que el gobierno sigue en su plan de despojar a los pueblos de todos los recursos naturales, los diputados hacen lo mismo con sus reformas. El activista enfatizó que “ya basta de que quieran acabar con los pueblos, ya hace cientos de años les quitaron las tierras a nuestros antepasados, ahora es necesario que el gobernador entienda que no es dueño del río”.

Al reafirmar que se invisibilizan derechos internacionales y fundamentales, reclamó a funcionarios indígenas que no permitan que se sigan pisoteando a sus pueblos sin que hagan nada.

Otro participación señaló que es un plan que va más allá que incluye a las transnacionales, los países que buscan el control mundial y a nivel nacional y regional. “Hay una política de un aparente plan de desarrollo y progreso, la cual sólo es el disfraz que utiliza el gobierno para que los pueblos no puedan oponerse al despojo capitalista”, dijo.

En otros comentarios, se criticó que el gobernador Aguirre Rivero haya negociado beneficios privados con un grupo cuando son derechos de todos, y la obligación de los gobernantes es para con las comunidades. “El gobierno tiene dos caras, y una de ellas busca despojar a los pueblos de lo poco que tienen”, se agregó.

Las promesas de los partidos en el olvido

Un habitantes de Huixtepec aseveró que en campaña los partidos políticos prometieron carros de graba y arena a cambio del voto por lo que saquearon el río de la comunidad.

Asimismo, se rememoró que la comunidad Rancho Viejo buscó en 1995 ser municipio, pero el Congreso negó la determinación, a pesar de cumplir todos los requisitos, y en cambio la comunidad de Cuitlapan fue privilegiada con el apoyo del gobierno estatal.

Otro ciudadano recordó que la historia de Ometepec no fue zapatista, por lo que en 1914 Rancho Viejo fue quemado por el ejército. Habitantes de la zona amusga reconocieron que falta unidad entre los pueblos así como información e interés para defenderse de sus problemas ecológicos.

Por otra parte, se reclamó que el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto tiene presos políticos desde el primer día de su mandato, y que es una alerta para la comunidad por los lazos de amistad que tiene el gobernador de Guerrero con Peña Nieto.

 

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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