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Mexico Violento

Caciques privatizan recursos naturales en Costa Chica Guerrero

Grupos de caciques son privilegiados por el gobernador de Guerrero con la repartición de tierras y ahora pretenden surtirlas de agua potable

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Mujeres preparan actividades por el 8o. de la radio comunitaria Ñomndaa La Palabra del Agua. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

XOCHISTLAHUACA (Suljaa´), Guerrero.- A orillas del Río San Pedro, de Costa Chica Guerrero, se congregaron activistas y organizaciones no gubernamentales convocados por la Radio Comunitaria Ñomndaa, en su octavo aniversario, para denunciar la privatización de recursos naturales de esta región Suljaaa’, del municipio de Ometepec que por miles de años han existido y hoy se encuentra en peligro.

A decir de los habitantes de la región, los caciques «amigos del gobernador» están lotificando terrenos, tal como ocurre en Las Vigas, los cuales carecen de agua por lo cual necesitan contar con el servicio para que el costo de los terrenos se eleve, y para este proyecto, requieren del agua del río. Se trata de un afluente del cual, aunque no como antes, se pueden sacar camarones o bañarse ante la belleza natural de esta parte de la Costa Chica de Guerrero.

El proyecto pone en peligro el equilibrio ecológico que ha mantenido regularmente el afluente además, el compromiso de dotar de agua adquirido por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero durante su campaña con el municipio del cual es proveniente y donde viven varias de las familias de tradición caciquil incluída la suya, no ha sido ni informado ni consultado con los pueblos que serían los afectados al secarse el río.

El río tiene sus orígenes en Metlatónoc y desemboca hasta el mar corre por San Pedro Cuitlapan, una de las comunidades con la que negoció el gobernador Aguirre Rivero para lograr su obra, y atraviesa varias comunidades mixtecas y amuzgas de Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca.

A pesar de la magnitud del proyecto, no se consultó a los pueblos respecto a la obra, ni se informó el impacto ambiental ignorando una vez más el derecho de los pueblos indígenas. Para los miembros de la Radio Comunitaria Ñomndaa esta proyecto de obra estatal viola los tratados, pactos y convenios internacionales signados por el estado mexicano.

En agosto, comunicación social del Estado informó que Aguirre Rivero se reunió con una “comisión” de indígenas de San Pedro Cuitlapan para acordar que el agua potable llegue a Ometepec con el consentimiento de pobladores a cambio de obras como son un hospital comunitario, un tramo carretero, dos camionetas, además del palanqueo ante el Congreso local para que se convierta en municipio libre.

Habitantes de distintos pueblos, comentaron en amuzgo y español que han visto tubos de más de 15 pulgadas, que se está escarbando la tierra de comunidades ñu savi pero no saben que efecto tendrá en sus pueblos porque estos hechos no se han informado. Sin embargo, “existe un grito de dolor y de auxilio por parte de los pueblos nn´ancue ñomndaa a los habitantes de la tierra para que se detenga el despojo de la vida”, señaló por su parte David Valtierra, fundador de la radio La Palabra del Agua Ñomndaa que recién cumplió ocho años.

Aunque participantes acordaron organizar distintas acciones para la defensa del río que en una parte limita a Tlacoachisltahuaca con Xochistlahuaca (Suljaa´ nombre en amuzgo) hubo propuestas de que se exija detener la obra hasta que se informe adecuadamente y saber los impactos ecológicos del proyecto a corto y largo plazo.

Respecto al proyecto del gobernador que ha sido su principal promotor, los miembros de la radio comunitaria Ñomndaa cuestionaron que a los pueblos indígenas se les ha ignorado y con ello se violentan sus derechos respecto a posproyectos en sus propias tierras. Además, los políticos locales se les ha dado dinero extraoficialmente, a fin de que no protesten y han firmado incluso acuerdos de cabildo para no entrometerse en la cuestión del Río San Pedro.

Aunque se reconoció que las comunidades no están muy unidas ni han buscado informarse sobre las repercusiones que el proyecto traerá, también se reconoció que varias familias ricas de Ometepec ya fraccionaron terrenos y necesitan el líquido para vender más caro además de la necesidad de la población de la cabecera municipal ante su inminente crecimiento.

Comunidades de caciques, privilegiadas

Miguel, un habitante amuzgo recordó que también el apoyo a Cuitlapan se da como parte de un fortalecimiento de un poder regional de beneficio a los caciques, amigos del gobernador. Puso de ejemplo que, desde 1967, a Cuitlapan le otorgaron 64 mil hectáreas para máximo mil habitantes de una sola comunidad, cuando había otras 10 comunidades a las que no se les reconocieron derechos.

El hombre afirmó que “no porque nazca en alguna comunidad no quiere decir que sea sólo de ellos cuando se pierde un río lo pierde toda la humanidad, todos los pueblos del mundo hay alerta ante la probable pérdida del río”, dijo.

Aunque se mencionaron distintos apellidos de los involucrados en el beneficio irregular de la obra no se ratificó a efecto de que no se considere una cuestión falsa o imprecisa también algunos asistentes mencionaron que la obra estará cobrando fuerza en abril de 2013.

Río San Pedro, en disputa. Foto: Proyecto Ambulante

“El gobernador no es dueño del río”

En las participaciones respecto a la depredación ecológica, Claudio Carrasco, coordinador de la organización CRAC, manifestó que el gobierno sigue en su plan de despojar a los pueblos de todos los recursos naturales, los diputados hacen lo mismo con sus reformas. El activista enfatizó que “ya basta de que quieran acabar con los pueblos, ya hace cientos de años les quitaron las tierras a nuestros antepasados, ahora es necesario que el gobernador entienda que no es dueño del río”.

Al reafirmar que se invisibilizan derechos internacionales y fundamentales, reclamó a funcionarios indígenas que no permitan que se sigan pisoteando a sus pueblos sin que hagan nada.

Otro participación señaló que es un plan que va más allá que incluye a las transnacionales, los países que buscan el control mundial y a nivel nacional y regional. “Hay una política de un aparente plan de desarrollo y progreso, la cual sólo es el disfraz que utiliza el gobierno para que los pueblos no puedan oponerse al despojo capitalista”, dijo.

En otros comentarios, se criticó que el gobernador Aguirre Rivero haya negociado beneficios privados con un grupo cuando son derechos de todos, y la obligación de los gobernantes es para con las comunidades. “El gobierno tiene dos caras, y una de ellas busca despojar a los pueblos de lo poco que tienen”, se agregó.

Las promesas de los partidos en el olvido

Un habitantes de Huixtepec aseveró que en campaña los partidos políticos prometieron carros de graba y arena a cambio del voto por lo que saquearon el río de la comunidad.

Asimismo, se rememoró que la comunidad Rancho Viejo buscó en 1995 ser municipio, pero el Congreso negó la determinación, a pesar de cumplir todos los requisitos, y en cambio la comunidad de Cuitlapan fue privilegiada con el apoyo del gobierno estatal.

Otro ciudadano recordó que la historia de Ometepec no fue zapatista, por lo que en 1914 Rancho Viejo fue quemado por el ejército. Habitantes de la zona amusga reconocieron que falta unidad entre los pueblos así como información e interés para defenderse de sus problemas ecológicos.

Por otra parte, se reclamó que el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto tiene presos políticos desde el primer día de su mandato, y que es una alerta para la comunidad por los lazos de amistad que tiene el gobernador de Guerrero con Peña Nieto.

 

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Justicia pendiente

Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

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Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

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Mexico Violento

Fotoperiodista de Tijuana Margarito Martínez Esquivel, asesinado a balazos al salir de su casa

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TIJUANA, ENERO 17, 2022/Diario de Tijuana.- Al momento de subir a su automóvil, a medio día, para iniciar su día de trabajo el reportero gráfico de la información policíaca en Tijuana, Margarito Martínez Esquivel recibió varias detonaciones de arma de fuego.

Al salir de su casa, ubicada en las Calles Acueducto y 5 de Mayo, al filo de las 12:40 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego que los vecinos interpretaron como cohetes, en esta colonia de extracción humilde, denominada Camino Verde.

Margarito, de 47 años de edad trabajaba de manera independiente y colaboraba con varios medios de comunicación, en la frontera, al acudir a sitios donde habría estallado la violencia, sobre todo de noche. En general,  realizaba la fotografía policíaca del día a día.

La policía investiga su entorno laboral pues había sufrido amenazas recientemente al realizar su trabajo.

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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