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Latinoamérica

Brasil democratiza acceso a universidades públicas

Nueva ley en Brasil reservará la mitad de plazas en universidades públicas para jóvenes con mayor precariedad económica

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Ricardo Henrique Rocha, 19 años, estudia Administración en la Facultad de Zumbi dos Palmares Foto: Thiago Borges /InfoSur Hoy

Por Fabiana Frayssinet

RÍO DE JANEIRO, Brasil (IPS).- En Brasil está por entrar en vigor una ley que reserva la mitad de los cupos de las universidades públicas para estudiantes que cursaron primaria y secundaria en centros estatales, en una medida para democratizar la enseñanza, que requerirá reformas estructurales.

Pablo Gentili, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Brasil, está convencido de que la ley es “un avance en la democratización de la educación y, en un sentido más amplio, de la sociedad brasileña en su conjunto”.

La ley de cuota social y racial fue aprobada el día 6 por el Senado, tras 13 años de discusión legislativa, con tan solo un voto en contra y espera ahora su promulgación por la presidenta Dilma Rousseff.

“Las cuotas permitirán abrir la oportunidad de acceso a la enseñanza superior pública, a la educación de mejor calidad, a aquellos sectores de la sociedad que estuvieron históricamente excluidos de ella”, dijo Gentili, autor del ensayo “Pedagogía de la Igualdad”, editado en 2011 por Siglo XXI en Buenos Aires.

El especialista se basa en estadísticas que muestran el desigual acceso de los sectores más pobres a las universidades públicas federales, codiciadas, irónicamente, por su calidad por quienes tuvieron mejores oportunidades de estudio en los niveles básico e intermedio.

En Brasil la mitad de la población se declara negra o mestiza, pero apenas 10 por ciento de este grupo llega a la universidad. Se trata del sector con más pobres. “Las oportunidades educativas se distribuyen de forma desigual porque las oportunidades sociales, las condiciones de vida y los derechos también son desigualmente apropiados y aprovechados en una de las sociedades más injustas del planeta”, analizó el argentino Gentili.

“Por detrás de un ‘mito meritocrático’ se esconde la realidad de un país donde los más pobres ven cotidianamente frustradas sus expectativas y demandas de movilidad y progreso social. Los pobres nunca llegan a los espacios que codician y acaparan los sectores más ricos y privilegiados”, agregó. Ese proceso de elitización de la universidad pública también lo percibe Marcelo Paixão, del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Especializado en desigualdades raciales en la educación, Paixão aclaró a IPS que “nunca podría estar en contra” del contenido de la nueva ley. Pero no ignora que representará “un desafío” que obliga a las universidades públicas a prepararse.

La norma establece un plazo de cuatro años para que las 59 universidades federales se adecúen a las nuevas reglas. Pero ya en un año más, deberán garantizar por lo menos un 25 por ciento de sus cupos para los alumnos provenientes de liceos públicos.

“La universidad brasileña, principalmente la pública, no está preparada para recibir ese estudiantado con una mayor diversificación socioeconómica y racial”, planteó Paixão. “Una cosa es dar clases a hijos de la elite que tienen mayor facilidad para abordar temas que demandan por encima de todo un capital familiar y cultural. Otra cosa es recibir personas con un bajo capital cultural y familiar y tener que invertir en ellas para que alcancen el mismo rendimiento que los demás”, comparó.

La ley establece que la mitad de las vacantes reservadas para estudiantes del sistema público sean para quienes perciben un ingreso familiar inferior a 1,5 salarios mínimos, equivalente a unos 450 dólares mensuales. A la vez determina que dentro de esas plazas, se prioricen los alumnos que se autodeclaren negros, mulatos o indígenas, de acuerdo a la proporción poblacional de cada uno de los 26 estados del país.

El sistema de cuotas raciales tiene presencia en Brasil desde hace 10 años, cuando fue sancionada la primera legislación de ese tipo en el estado de Río de Janeiro.

Actualmente más de 80 universidades tienen alguna medida de acción afirmativa y, en particular, más de la mitad de los centros superiores federales cuentan ya con algún sistema de promoción social o racial en sus procesos de acceso, resumió Gentili.

“Las cuotas raciales y sociales son simplemente una medida de emergencia que trata de corregir una injusticia”, opinó el director de Flacso Brasil. Tras una década en vigor, la ley establece su propia revisión.

La Federación Nacional de Escuelas Particulares anunció que demandará el texto legal ante la justicia, porque lo considera discriminatorio, con el argumento de que establece oportunidades diferentes de acceso a la universidad.

“Hoy la escuela privada atiende a los niveles socioeconómicos A, B, C y D, inclusive en comunidades de baja renta”, dijo a IPS su presidenta, Amábile Pacios. “Un niño no puede ser penalizado por eso”, lamentó. Pacios recordó la dificultad de los empleadores brasileños de contratar candidatos “que apenas mal dominan las cuatro operaciones (matemáticas) básicas o no consiguen un desempeño satisfactorio en un dictado de 10 palabras”.

“Un país que necesita un sistema de cuotas asume que la escuela pública es de mala calidad”, consideró Pacios, y vaticinó que, al contrario de lo esperado, la nueva ley “fortalecerá la universidad privada porque comenzará a recibir a los mejores alumnos” excluidos por las cuotas sociales de las estatales.

Gentili rechaza ese argumento y otros “prejuicios antidemocráticos”, como afirmar que los pobres deterioran la calidad de la universidad cuando entran a ella. “Los pobres saben que la universidad es un bien valioso. Justamente por este motivo, cuando acceden a ella se esfuerzan enormemente, haciendo que años de una débil educación secundaria limiten sus efectos de exclusión”, observó.

El experto subrayó que tras una década de políticas afirmativas, ninguna de las universidades que las incorporaron empeoró sus indicadores de calidad educativa. Al contrario, destacó, “han mejorado casi todos sus indicadores de calidad”.

Gentili no cree que haya que esperar “a que la escuela básica mejore para que la universidad pública se vuelva más democrática”. A su juicio, hay que “asumir los dos desafíos de forma simultánea y articulada”. Es lo que también espera Paixão, para que la nueva ley contribuya a un “proyecto de democracia, distribución de renta y ampliación de las oportunidades de movilidad social”.

“Ahora que la universidad pública va a tener que recibir alumnos de la escuela pública, ¿quién sabe si Brasil no cambia su histórica postura de tratarla con negligencia?”, se preguntó.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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