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México de conciencia

Bosque mexicanos certificados como sostenibles buscan mercado interno

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Por Emilio Godoy

TOPIA, México – Cuando se imagina el futuro de su empresa forestal, el mexicano Javier Núñez fantasea con estufas de secado, un sitio ecoturístico con cabañas y la generación de valor agregado para la madera que procesan.

“Se va a lograr con trabajo, tenemos que dejar un fondo de inversión” para materializar las metas, aseguró a IPS el presidente del Consejo de Administración y gerente general de la compañía del Ejido Forestal Colectivo Topia.

La empresa pertenece al ejido Topia, en el norteño estado de Durango, a 1333 kilómetros de Ciudad de México. Según datos de 2020, este estado ocupa el segundo lugar nacional, detrás del vecino Chihuahua, en superficie bajo manejo forestal maderable, con 2,6 millones de hectáreas, y el primer productor de madera, 2,24 millones de metros cúbicos (m3).

“La certificación nos ha beneficiado. Por los logros obtenidos, vemos la diferencia en nuestra gente y nuestros bosques. Es cuestión de que nos decidamos a tener un mercado interno”: Javier Núñez.

El ejido es un sistema tradicional muy extendido en México, de adjudicación de tierra pública para su explotación por los habitantes de una comunidad. En el caso del de Topia posee una superficie de 7816 hectáreas, de las cuales el bosque cubre 7037. El área comercial totaliza 4152 hectáreas y la de producción forestal, 1054. Los beneficios llegan a 200 ejidatarios.

Su bosque obtuvo en 2001 la certificación del internacional Consejo Cooperativo de los Bosques (FSC, en inglés), que consiste en 10 principios que abarcan temas como impacto ambiental, las relaciones con las comunidades y los derechos de los trabajadores.

El mexicano Eduardo Mujica corta un árbol en el predio particular Zaleas, que posee la certificación del FSC de buenas prácticas sostenibles, en el estado de Durango, en el norte de México. Foto: Emilio Godoy / IPS

Valorado pero desconocido

La importancia de la certificación gravita alrededor de generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la arboleda, por el almacenamiento y captura de carbono, así como la generación de aire puro y agua.

Un certificado FSC garantiza el manejo sostenible en lo ambiental y social de una explotación forestal o de empresas transformadoras de sus productos. La certificación se expresa en un sello FSC para el manejo del bosque, otro para la madera controlada y un tercero para toda la cadena de custodia de los productos finales.

Los gobiernos reconocen la validez de la certificación FSC por sus estándares estrictos al calificar las actividades. Este medio comprobó los extremos del manejo sostenible de los bosques durante un recorrido por varias comunidades de Durango que cuentan con certificación y luchan por la salud de los árboles y, por ende, de la región. Pero la paradoja radica en que el mercado y los consumidores aún no otorgan valor financiero a esas prácticas.

“Nos ha beneficiado. Por los logros obtenidos, vemos la diferencia en nuestra gente y nuestros bosques. Es cuestión de que nos decidamos a tener un mercado interno”, resaltó Núñez.

México marcha detrás de Brasil y Chile en cuanto a país en superficie certificada, con 1,36 millones de hectáreas bajo 102 títulos de gestión forestal.

Durango, donde las especies presentes son pino y encino, tiene casi 641 000 hectáreas documentadas de 35 proyectos. Además, cuenta con 205 cadenas de custodia verificadas, desde el monte hasta el consumidor final.

Esas cifras palidecen ante la realidad forestal mexicana. Este país latinoamericano se extiende por 196 millones de hectáreas (1,96 millones de kilómetros cuadrados), de las cuales 65,7 millones son boscosas, según datos oficiales.

El no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible enlista unas 4886 comunidades y ejidos forestales, de los cuales unos 2 900 explotan comercialmente el recurso. En Durango, donde opera una industria forestal consolidada, al menos 28 comunidades y ejidos aprovechan la silvicultura.

Pero en México solo siete millones de hectáreas operan con un plan de manejo y conservación.

Además, el gobierno mexicano no privilegia las compras de productos con los sellos de manejo sostenible, lo cual redunda en bajos incentivos para los bosques que proveen de esas mercancías. Y tampoco los consumidores suelen buscar cajas, papel y otros derivados de la madera con su certificado de sostenibilidad.

Zona de despacho del Grupo Sezaric, en el municipio de Santiago Papasquiaro, en el norteño estado de Durango. Un centenar de proyectos forestales abastecen de productos de madera certificada en México, pero el mercado no premia ese esfuerzo. Foto: Emilio Godoy / IPS

Fábricas de aire y agua

En el área verde, el oxígeno y el dióxido de carbono (CO2), el gas producido por la quema de combustibles fósiles y que recalienta el planeta, conviven en un proceso continuo. Un metro o 1,5 metros separan cada árbol, a veces delgados, a veces gruesos, estos últimos listos para el corte, según la programación de tala.

El espacio se llena de ruidos, especialmente de aves, y alrededor abunda la biodiversidad animal y vegetal. Sin estos bosques, el vecino estado de Sinaloa no tendría agua para sus extensos cultivos agrícolas para consumo interno y de exportación.

Del monte salen los troncos que en minutos máquinas convierten en trozos más pequeños o tablas para distintos usos en el aserradero, entre olor a madera y serrín, ruido ensordecedor y alta temperatura. Además, los ejidatarios crían ganado y plantan avena, chile, maíz y manzanos.

“Por la certificación, cuidamos el bosque. Nos hemos habituado a la idea del cuidado para los que siguen”, aseguró Noé Oropeza, gerente de Producción de la Empresa Ejidal Forestal Salto de Camellones.

Este ejido posee 12 793 hectáreas, de las cuales 11 903 cuentan con certificación desde 2001, en beneficio de 157 ejidatarios. La superficie en producción se extiende por 1432 hectáreas.

Un trabajador alimenta la caldera en la planta procesadora de madera del Grupo Sezaric, en el municipio mexicano de Santiago Papasquiaro, en el norteño estado de Durango. La instalación quema los residuos de la operación para generar toda la electricidad que necesita. Foto: Emilio Godoy / IPS

Entre beneficios y retos

Pero Durango se enfrenta a amenazas como las explotaciones mineras, incendios forestales, que no suelen afectar a los bosques bajo manejo; la degradación del suelo y los efectos de la crisis climática, como sequías exacerbadas, temperaturas más altas e infestación de plagas.

La protección del bosque ha permitido sortear esos retos en el municipio de Santiago Papasquiaro, con su Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano Zapata, explica Antonio Virrey, presidente del Grupo Industrial Silvindustrias General Emiliano Zapata, conocido como el Grupo Sezaric.

“La certificación nos da un mejor control. Hay cambios que estipula el proceso y que debemos aplicar. Por eso, los predios tienen un buen manejo”, subrayó.

El grupo pertenece a 40 ejidos y comunidades que incluyen a 4581 ejidatarios y comuneros. Su superficie total asciende a 626 121 hectáreas, de las cuales el bosque se extiende por 445 673 hectáreas y el área productiva por otras 200 000. La empresa, que posee tres compañías, produce cada año 310 000 m3 de madera.

En 2019, la empresa inauguró una planta de bioenergía carburada con residuos forestales, como astillas y aserrín, para convertirse en la primera empresa forestal mexicana en el uso de esa tecnología, mediante una inversión de unos 2,5 millones de dólares, la mitad aportada por el grupo y la otra por la gubernamental Comisión Nacional Forestal.

La propiedad privada también juega un rol, como lo demuestra el predio particular Zaleas, de 550 hectáreas certificadas desde 2018, de las cuales 400 están bajo manejo forestal.

“Cambió la forma de pensar de la gente, porque uno veía el bosque como un beneficio económico. Hace tomar conciencia del cuidado del bosque”, dijo a IPS el propietario de Zaleas,  Abraham Monarrez.

Los ejidatarios cuidan de los bosques y se alimentan de ellos, pero el reconocimiento por esa tarea ardua aún es esquivo en lo social, ambiental, climático y económico.

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Asociación de Transporte Aéreo Internacional rechaza que AIFA tenga capacidad para servicio de carga

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La asociación de transporte Aéreo sostuvo que el AIFA no cumple con los requisitos para cumplir con el decreto presidencial de trasnporte de carga

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) refirió que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no cuenta con las condiciones técnicas, normativas e infraestructura para que se desarrollen los vuelos exclusivos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El organismo internacional señaló que el gobierno mexicano necesita cumplir con una serie de requisitos críticos e independientes en materia de infraestructura de carga que aún están pendientes para que puedan realizarse esas modificaciones en la terminal aérea.

Para saber más del tema: Decreto presidencial para que aviones de carga utilicen solo el Aeropuerto Felipe Ángeles

De acuerdo con la IATA, se requieren certificaciones de terceros por los operadores de terminales como carga que se transporta para Europa, así como equipamiento adecuado de los almacenes de carga autorizados por la Autoridad de Aviación Civil de México.

De la misma manera, se necesita el cumplimiento del sistema aduanero operativo, contar con los agentes aduanales suficientes para atender la carga importada y un registro de agentes de especialidad para el AIFA.

También la IATA sostuvo que el plazo de 90 días contemplado por el gobierno federal para cumplir con estos requisitos es insuficiente para que los vuelos exclusivos de carga que migren a otros aeropuertos.

Lee también: ASF detecta observaciones por más de 20 mmdp a Sedena por construcción de nuevo aeropuerto

Asimismo, el organismo internacional enfatizó que se necesitan completar la infraestructura de transporte aéreo y terrestre hacia y desde el AIFA, la cual en la actualidad es completamente inadecuada para que comience el movimiento de carga y pasajeros.

Lo anterior se da, luego de que el 19 de enero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su conferencia matutina que busca un consenso con las empresas de aviones de carga para que utilicen solamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo cual quedará plasmado en un decreto presidencial, pero negó que se tratara de una imposición.

 

“Hay un trabajo de convencimiento, aplicamos la máxima del presidente Juárez, de nada por la fuerza, y se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el Aeropuerto Felipe Ángeles, se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones», dijo. Y abundó que los avances se están dado sin conflicto, y que se informará en cuanto haya resultados.

 

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Legisladora exhorta a que se asigne presupuesto para garantizar cobertura universal a pacientes con cáncer

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La diputada del PRI lanzó un llamado para que se atienda el problema de las personas enfermas de cáncer en México

• El programa federal para prevención y control de cáncer sin recursos presupuestales suficientes en México: diputada Marcela Guerra

«Se han dado grandes avances en el combate del cáncer, sin embargo, en esta administración no hay una política pública integral que permita optimizar los recursos humanos y materiales para el beneficio de los pacientes», afirmó la diputada federal Marcela Guerra, quien presentó un punto de acuerdo para que se asigne presupuesto del erario a la cobertura universal para quienes tienen este padecimiento.

El Punto de Acuerdo presentado por la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) exhorta a la Secretaría de Salud (Ssa) a desarrollar e implementar un programa nacional de control de cáncer, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que asigne los recursos presupuestales para la prevención, detección temprana y atención del mismo en México.

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Lo anterior, a fin de garantizar la prevención y detección temprana, atención y tratamiento oportuno, así como la reducción de la incidencia y mortalidad, causadas por esta enfermedad no transmisible en la población.

En México, puntualizó la legisladora priista, el cáncer es una de las enfermedades que ha cobrado mayor relevancia debido a sus elevados grados de incidencia y mortalidad, ya que anualmente cobra la vida de más de 80 mil mexicanos, siendo ésta la tercera causa de muerte, antes del Covid-19.

Además, advirtió que, en los últimos 30 años, el número de muertes a causa de este padecimiento en el país se ha incrementado 2.3 veces y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera que para 2030, los casos aumenten 44 por ciento.

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Tras destacar que de los 20 países que integran la región de América Latina, únicamente 7 cuentan con una legislación vigente en materia de control del cáncer, mientras que 11 de ellos han implementado un plan o programa nacional de atención para este padecimiento, lamentó que México no se encuentre en ninguno de estos dos casos.

La Secretaría de Salud, expuso la representante popular neoleonesa, dio a conocer el Programa de Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer 2021-2024, pero no fueron contemplados recursos presupuestales específicos para la instrumentación de dicho programa a lo que se suma la falta de vigilancia en los programas de acción específica, lo que reduce la instrumentación y operación de las acciones a largo plazo.

Con esos argumentos, Marcela Guerra manifestó su interés para que el Poder Legislativo contribuya, en el cumplimiento de las metas y los compromisos internacionales, para un ejercicio pleno de los derechos humanos de la población; así como para promover el diagnóstico temprano como estrategia fundamental para disminuir las cifras de mortalidad por cáncer en México, con el presupuesto necesario.

 

 

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INAI instruye a FGR informar denuncias de tomas clandestinas de agua potable en todo el país

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El INAI ordenó a la FGR que informé sobre las tomes clandestinas de agua en el país

En 2021, en el marco de la sequía extrema, las tomas clandestinas de agua potable aumentaron hasta 110 por ciento

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer el número de denuncias presentadas por la apertura y uso de tomas clandestinas en ductos de la red de agua potable del país, entre los años 2000 y 2022, desagregando por mes y por año el número de denuncias presentadas, carpetas de investigación y sentencias emitidas.

“La transparencia de la gestión pública es fundamental, porque abona en la legitimidad de las instituciones y desde luego en la búsqueda de recuperar la confianza ciudadana, ya que permite que las personas den seguimiento, naturalmente, de las y los servidores públicos, y que evalúen también su eficiencia y eficacia. Y en ese sentido, este Pleno, con las determinaciones que ha emitido de manera cotidiana, en las que ordena la apertura de información, coadyuva en esta labor de fortalecimiento de las instituciones de nuestra nación”, comentó la comisionada presidente, Blanca Lilia Ibarra Cadena, al exponer el caso durante la sesión del Pleno.

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Resaltó que la escasez de agua en México se ha agravado por la sustracción ilegal del líquido vital; tan solo entre 2012 y 2018, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó dos mil 280 usuarios de aguas nacionales sin título, a lo que se suma que se desconoce cuánta agua se extrae de pozos clandestinos.

Asimismo, Ibarra Cadena refirió que, en 2021, cuando más de la mitad del territorio nacional fue declarado en situación de sequía extrema, las tomas clandestinas del líquido aumentaron entre 70 y 110 por ciento.

Un particular solicitó a la FGR información desagregada por mes y por año, de 2000 a 2022, del número de denuncias presentadas por sustracción ilegal de agua en la red de agua potable; de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas abiertas; de casos judicializados; de casos desestimados; de personas procesadas, y de sentencias divididas en condenatorias y absolutorias.

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El sujeto obligado rechazó entregar lo solicitado, argumentando no contar con el nivel de desglose requerido, por lo que no podía proporcionar la información de los registros e investigaciones de las tomas clandestinas de agua.

La persona solicitante se inconformó con la respuesta y presentó un recurso de revisión ante el INAI, el cual fue turnado a la ponencia de la Comisionada, Presidenta Blanca Lilia Ibarra, misma que buscó información pública y constató que el sujeto obligado cuenta con diversos sistemas que concentran información de tipo estadístico, como el Sistema Institucional de Información Estadística, en el que es posible conocer detalles de las averiguaciones previas, y el programa Justici@net, donde se pueden localizar los expedientes por número de caso.

Así, por unanimidad, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la FGR y le instruyó realizar una búsqueda razonable y exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes y en los sistemas referidos, para localizar la información con el desglose solicitado.

 

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