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Mexico Violento

«Bomba de tiempo en la Sierra de Guerrero», advierten comisarios

Comisarios de la Sierra de Guerrero advierten al gobierno de la tensión que viven comunidades por los grupos narcotraficantes y la tolerancia del ejército

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Grupos de la unidad de fuerzas especiales vigilan Filo de Caballo, Guerrero, por unos días y vuelven hasta que registran nuevos enfrentamientos. Foto: Alondra García

Por Alondra García Lucatero

CHILPANCINGO, Guerrero.- Comisarios de 12 comunidades reprocharon la falta de atención de los gobiernos estatal y federal a los problemas de inseguridad de la sierra de Guerrero, los cuales dejaron al menos tres masacres con decenas de muertos a finales del año pasado.

La tarde de este lunes, los comisarios de 12 comunidades de la sierra se reunieron a puerta cerrada con el subsecretario de Asuntos Políticos del estado de Guerrero, Misael Medrano Baza. Entrevistados al término del encuentro, los comisarios reprocharon la falta de solución al pliego petitorio que presentaron al gobierno estatal desde hace tres meses.

El segundo comisario de Filo de Caballo, Arturo López Torres, recordó que el 4 de octubre se registró un tiroteo entre dos grupos delincuenciales; una semana después se registró otra refriega en la que también participó el ejército y la última fue el 22 de octubre. En cada enfrentamiento se registraron decenas de pobladores inocentes muertos. «Cada balacera dejó de 25 a 30 muertos en el pueblo», llegó a informar en diciembre Ismael Castro Guzmán, comisario de Los Morros.

La ola de violencia se extendió a comunidades cercanas, como Campo de Aviación, Tlacotepec y Filo de Caballo, hasta alcanzar a toda la sierra. Tres días después de que ocurrió la primera balacera y la masacre de casi 30 pobladores, 25 pueblos de la sierra de Filo Mayor se unieron para bloquear la carretera interestatal Chilpancingo-Tlacotepec. Ese día, el 7 de octubre del 2013, anunciaron la creación de grupos de Policía Comunitaria para defenderse de la delincuencia organizada, ante la inmovilidad de las autoridades por contrarrestar la ola de violencia e inseguridad.

El movimiento de los pobladores serranos impulsó la aprobación en el Congreso local del dictamen que da vida a la Policía Rural, el 29 de noviembre del año pasado. Sin embargo, el gobierno estatal aún no entrega el marco regulatorio de la Policía Rural para su discusión y aprobación por el Poder Legislativo, motivo por el cual el proyecto aún no se ejecuta.

En la primera reunión realizada hace tres meses, los comisarios de la sierra también entregaron al gobierno de Guerrero un pliego petitorio en el que enlistaron sus principales necesidades en materia de seguridad, salud, educación e impulso al campo. Sin embargo, este lunes reclamaron que a tres meses de que se firmaron acuerdos con el gobierno estatal, no se cumplió ninguno de los compromisos.

«Hasta ahorita no tenemos nada en concreto de lo que quedamos en la primer reunión», reprochó el segundo comisario de Filo de Caballo, Arturo López Torres. Recordó que el gobierno estatal se comprometió a pedir el apoyo del ejército para la instalación de retenes y filtros de seguridad, así como la presencia permanente de la Policía Estatal que se encargaría de resguardar la zona.

El 22 de noviembre llegaron a la sierra del Filo Mayor tres grupos de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, bajo el compromiso de que permanecerían en el área para salvaguardar a la población. Su llegada a la sierra estuvo acompañada de varios diputados del Congreso local; sin embargo, los policías de las Fuerzas Especiales sólo estuvieron 15 días y se retiraron.

López Torres reprochó que desde hace más de un mes no hay presencia policíaca y el ejército se dedica únicamente a la destrucción de sembradíos de amapola y marihuana. A la falta de resguardo policíaco se suma la incomunicación telefónica en la zona, ya que se carece de telefonía móvil.

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Fuerzas especiales de la policía estatal sólo estuvieron 15 días en la sierra. Foto: Alondra García

En la reunión que los comisarios sostuvieron con representantes del gobierno estatal hace tres meses, éstos se comprometieron a gestionar la instalación de antenas telefónicas, ya que el único servicio de comunicación es una caseta de teléfono que sirve para varios pueblos.

«Yo creo que lo único que está esperando el gobierno para atendernos es que se vuelva a haber otra matanza, que haya más muertos para que otra vez volteen los ojos y digan ahora sí, ahí vamos», criticó el comisario. Agregó: «Siempre se los hemos dicho abiertamente como ahora, que no esperen, que hay una bomba de tiempo en la zona de la sierra». Puntualizó que la inseguridad y violencia no sólo se vive en la sierra de Filo Mayor, sino que se extiende a por lo menos 50 comunidades de cinco municipios.

«Es una región bastante caliente, todos sabemos que es una zona de alta incidencia de siembra de estupefacientes donde está bastante metido el narco, lamentablemente nosotros -los ciudadanos que vivimos en paz y ajenos a todo eso- somos los que estamos saliendo más perjudicados», recriminó. Tambié señaló que además de los municipios de San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri y Chilpancingo, la zona de la sierra también la integran algunas comunidades de Atoyac, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán, que al igual sufren a causa de la delincuencia organizada.

«Yo creo que esta situación no puede permanecer más tiempo, el gobierno tiene que ponerse las pilas», sentenció el comisario de Filo de Caballo. Al cuestionarle sobre el avance en el tema de la Policía Rural, lamentó que el gobierno de Guerrero aún no entrega el marco para su reglamentación.

«Nosotros estamos listos, tenemos ya nuestras policías en todas las comunidades, las 12 comunidades que estamos aquí reunidas tenemos nuestra policía que siempre ha trabajado desde hace 50 años, pero estamos expuestos porque es gente que ha trabajado sólo con machetes y palos», dijo.

Reconoció que ante las acciones que han tomado como ciudadanos para exigir seguridad, temen represalias por parte de los grupos delincuenciales que operan en la zona.

En la reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos del estado de Guerrero, Misael Medrano Baza participaron los comisarios de Filo de caballo, Campo de Aviación, Los Morros, La Escalera, Puentecillas, El Mirabal, La Laguna, Carrizal, La Felicidad, El Naranjo, La Torre de Camotla y Tres Cruces.

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El segundo comisario de Filo de Caballo, Arturo López Torres. Foto: Alondra García

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Mexico Violento

Comisión de Derechos Humanos de la ONU llama a reducir desapariciones forzadas en México

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La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para reducir las desapariciones forzadas, pues se han documentado más de cien mil casos desde 1964.

La funcionaria internacional señaló que se deben implementar acciones estratégicas para que se contengan las violaciones graves a los derechos humanos, debido a que se ha tratado un problema multidimensional que ha alcanzado diferentes sectores del país.

De acuerdo con la ex presidenta de Chile, en México persiste una elevada tasa de impunidad sobre las desapariciones, pues sólo en 35 de los cien mil casos que se han cometido se han sentenciado a los responsables de cometer esos crímenes.

Recordó que al menos una cuarta parte del total de la población que ha desaparecido de forma forzada son mujeres y una quinta parte fueron menores de 18 años de edad, aunado a que el 97 por ciento de los casos ocurrieron desde 2006, cuando inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Asimismo, indicó que los familiares de las víctimas han sido claves para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a la reconocer la magnitud de la problemática del país.

Aunque reconoció que se han implementado mecanismos como la creación de comisiones de búsquedas de los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano, por lo que enfatizó uno de los casos más representativos como fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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Con voz propia

Samuel García y Mariana Rodríguez, con trastorno de personalidad narcisista: Ernesto Lammoglia

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Por Alberto Farfán

 En ocasiones en México se suelen encontrar en análisis periodísticos de algunos columnistas imberbes y limitados términos propios de la psiquiatría para plantear la personalidad de gobernantes, servidores públicos y otros de este ámbito, en el afán de vituperar tanto sus actividades de Estado como las personales o sociales, aunque también esta práctica puede encontrarse en otros países.

De ahí que sean importantes las observaciones del doctor Ernesto Lammoglia (Veracruz, 1940), connotado médico psiquiatra, criminólogo, escritor y comunicólogo, que desarrolla acerca del gobernador de Nuevo León y su esposa, Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, respectivamente.

En entrevista, el Dr. Lammoglia, siempre ético y profesional, advierte que el perfil que brindará está sujeto a lo expuesto por los medios de comunicación y redes sociales, lo cual no se podría considerar un diagnóstico objetivo porque para ello el matrimonio regio debería haber sido analizado en su consultorio. Razonamiento que nos parece perfectamente válido e incluso obligado ponerlo sobre la mesa. (Conversación con Julio Hernández en Astillero Informa por YouTube, 13/05/22).

Sin embargo, resulta interesante la caracterización que realiza el doctor si tomamos en cuenta la serie de peculiaridades que García y Rodríguez han mostrado antes, durante y después, ya ubicados en el pináculo del poder en Nuevo León, a través de redes sociales sobre todo. Las cuales no voy a enumerar porque francamente sus sketchs son siempre lo mismo: llamar la atención a costa de quien sea o de lo que sea con un humor que se supone graciosísimo.

Así, para el Dr. Lammoglia, galardonado en múltiples ocasiones por su labor profesional y con más de una docena de libros publicados, ambos personajes padecen del trastorno de personalidad narcisista. Palabras más, palabras menos, desprendemos que dicho trastorno mental implica que las personas padecerán de un sentido desproporcionado de su propia importancia, una necesidad exagerada de atención desmedida, relaciones de explotación emocional y una ausencia profunda de empatía por las personas a su alrededor.

No obstante, esto no es más que una especie de máscara protectora de hierro, pues en realidad su autoestima es rotundamente frágil y vulnerable al comentario crítico más anodino. Y añade el Dr. Lammoglia que “el nivel más alto de esta condición es la psicopatía”.

Y al revisar con detenimiento estas características del narcisismo, pero fundamentalmente al confrontarlas con las curiosidades del matrimonio en redes sociales, no puede uno soslayar que acaso el Dr. Lammoglia no esté equivocado, sino todo lo contrario.

Situación que, en efecto, no tendría ninguna relevancia si Samuel García y Mariana Rodríguez fueran ciudadanos comunes y corrientes, divirtiéndose con sus ocurrencias en videos y demás. Sin embargo no lo son. Más aún, él como gobernador y ella como primera dama detentan un gran poder en la entidad en que viven, con el objeto, se supone, de velar por la ciudadanía en todos sentidos, pero al ser narcisistas me temo que difícilmente se podrán erradicar los feminicidios, el narcotráfico, la trata de personas y otros flagelos sociales que prevalecen impunes. Si otros que no lo son no lo logran, menos ellos.

Finalmente, es evidente que un perfil psicológico o psiquiátrico por más objetivo y exacto que sea no necesariamente indicará que el gobernante diagnosticado con alguna condición mental podrá constituirse en el mejor o el peor, pero estemos de acuerdo o no nos dará una idea sobre a qué atenernos. Y serán los hechos los que hablarán a este respecto. Lamentablemente, ya están hablando con claridad de manera negativa en Nuevo León en torno a los más recientes feminicidios y al cuestionable proceder de los responsables de la fiscalía del estado.

 

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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