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Mexico Violento

«Bomba de tiempo en la Sierra de Guerrero», advierten comisarios

Comisarios de la Sierra de Guerrero advierten al gobierno de la tensión que viven comunidades por los grupos narcotraficantes y la tolerancia del ejército

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Grupos de la unidad de fuerzas especiales vigilan Filo de Caballo, Guerrero, por unos días y vuelven hasta que registran nuevos enfrentamientos. Foto: Alondra García

Por Alondra García Lucatero

CHILPANCINGO, Guerrero.- Comisarios de 12 comunidades reprocharon la falta de atención de los gobiernos estatal y federal a los problemas de inseguridad de la sierra de Guerrero, los cuales dejaron al menos tres masacres con decenas de muertos a finales del año pasado.

La tarde de este lunes, los comisarios de 12 comunidades de la sierra se reunieron a puerta cerrada con el subsecretario de Asuntos Políticos del estado de Guerrero, Misael Medrano Baza. Entrevistados al término del encuentro, los comisarios reprocharon la falta de solución al pliego petitorio que presentaron al gobierno estatal desde hace tres meses.

El segundo comisario de Filo de Caballo, Arturo López Torres, recordó que el 4 de octubre se registró un tiroteo entre dos grupos delincuenciales; una semana después se registró otra refriega en la que también participó el ejército y la última fue el 22 de octubre. En cada enfrentamiento se registraron decenas de pobladores inocentes muertos. «Cada balacera dejó de 25 a 30 muertos en el pueblo», llegó a informar en diciembre Ismael Castro Guzmán, comisario de Los Morros.

La ola de violencia se extendió a comunidades cercanas, como Campo de Aviación, Tlacotepec y Filo de Caballo, hasta alcanzar a toda la sierra. Tres días después de que ocurrió la primera balacera y la masacre de casi 30 pobladores, 25 pueblos de la sierra de Filo Mayor se unieron para bloquear la carretera interestatal Chilpancingo-Tlacotepec. Ese día, el 7 de octubre del 2013, anunciaron la creación de grupos de Policía Comunitaria para defenderse de la delincuencia organizada, ante la inmovilidad de las autoridades por contrarrestar la ola de violencia e inseguridad.

El movimiento de los pobladores serranos impulsó la aprobación en el Congreso local del dictamen que da vida a la Policía Rural, el 29 de noviembre del año pasado. Sin embargo, el gobierno estatal aún no entrega el marco regulatorio de la Policía Rural para su discusión y aprobación por el Poder Legislativo, motivo por el cual el proyecto aún no se ejecuta.

En la primera reunión realizada hace tres meses, los comisarios de la sierra también entregaron al gobierno de Guerrero un pliego petitorio en el que enlistaron sus principales necesidades en materia de seguridad, salud, educación e impulso al campo. Sin embargo, este lunes reclamaron que a tres meses de que se firmaron acuerdos con el gobierno estatal, no se cumplió ninguno de los compromisos.

«Hasta ahorita no tenemos nada en concreto de lo que quedamos en la primer reunión», reprochó el segundo comisario de Filo de Caballo, Arturo López Torres. Recordó que el gobierno estatal se comprometió a pedir el apoyo del ejército para la instalación de retenes y filtros de seguridad, así como la presencia permanente de la Policía Estatal que se encargaría de resguardar la zona.

El 22 de noviembre llegaron a la sierra del Filo Mayor tres grupos de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, bajo el compromiso de que permanecerían en el área para salvaguardar a la población. Su llegada a la sierra estuvo acompañada de varios diputados del Congreso local; sin embargo, los policías de las Fuerzas Especiales sólo estuvieron 15 días y se retiraron.

López Torres reprochó que desde hace más de un mes no hay presencia policíaca y el ejército se dedica únicamente a la destrucción de sembradíos de amapola y marihuana. A la falta de resguardo policíaco se suma la incomunicación telefónica en la zona, ya que se carece de telefonía móvil.

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Fuerzas especiales de la policía estatal sólo estuvieron 15 días en la sierra. Foto: Alondra García

En la reunión que los comisarios sostuvieron con representantes del gobierno estatal hace tres meses, éstos se comprometieron a gestionar la instalación de antenas telefónicas, ya que el único servicio de comunicación es una caseta de teléfono que sirve para varios pueblos.

«Yo creo que lo único que está esperando el gobierno para atendernos es que se vuelva a haber otra matanza, que haya más muertos para que otra vez volteen los ojos y digan ahora sí, ahí vamos», criticó el comisario. Agregó: «Siempre se los hemos dicho abiertamente como ahora, que no esperen, que hay una bomba de tiempo en la zona de la sierra». Puntualizó que la inseguridad y violencia no sólo se vive en la sierra de Filo Mayor, sino que se extiende a por lo menos 50 comunidades de cinco municipios.

«Es una región bastante caliente, todos sabemos que es una zona de alta incidencia de siembra de estupefacientes donde está bastante metido el narco, lamentablemente nosotros -los ciudadanos que vivimos en paz y ajenos a todo eso- somos los que estamos saliendo más perjudicados», recriminó. Tambié señaló que además de los municipios de San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri y Chilpancingo, la zona de la sierra también la integran algunas comunidades de Atoyac, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán, que al igual sufren a causa de la delincuencia organizada.

«Yo creo que esta situación no puede permanecer más tiempo, el gobierno tiene que ponerse las pilas», sentenció el comisario de Filo de Caballo. Al cuestionarle sobre el avance en el tema de la Policía Rural, lamentó que el gobierno de Guerrero aún no entrega el marco para su reglamentación.

«Nosotros estamos listos, tenemos ya nuestras policías en todas las comunidades, las 12 comunidades que estamos aquí reunidas tenemos nuestra policía que siempre ha trabajado desde hace 50 años, pero estamos expuestos porque es gente que ha trabajado sólo con machetes y palos», dijo.

Reconoció que ante las acciones que han tomado como ciudadanos para exigir seguridad, temen represalias por parte de los grupos delincuenciales que operan en la zona.

En la reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos del estado de Guerrero, Misael Medrano Baza participaron los comisarios de Filo de caballo, Campo de Aviación, Los Morros, La Escalera, Puentecillas, El Mirabal, La Laguna, Carrizal, La Felicidad, El Naranjo, La Torre de Camotla y Tres Cruces.

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El segundo comisario de Filo de Caballo, Arturo López Torres. Foto: Alondra García

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Justicia pendiente

Pandemia de Covid-19 incrementó 16% la trata de personas en México

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La contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 en 2020 provocó un crecimiento del 16 por ciento en el número de víctimas de trata de personas en México, informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

El organismo internacional reveló que en América del Norte que incluye a México, Estados Unidos y Canadá este ilícito incrementó de forma exponencial en el primer año de la pandemia, caso contrario a la tasa global que presentó una reducción del 11 por ciento.

El titular del Programa Crimen Organizado y Drogas de la UNODC México, Mario Cordero Véjar, expuso que entre los hallazgos que identificaron en América Latina se identificó que incrementó en 26 por ciento el número de hombres víctimas de trata de personas.

Agregó que este delito para las mujeres creció 14 por ciento en 2020 con respecto a 2019, por lo cual se trató de una actividad ilícita que no se redujo y mantuvo indicadores al alza en el caso mexicano, pues operaron en la clandestinidad.

Agregó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha indicado que este delito se ha mantenido al alza desde entonces, por lo cual en 2022 se reportó un crecimiento del 23 por ciento de estas prácticas que ocurren fundamentalmente en la modalidad de explotación sexual.

En el total de las víctimas el 63 por ciento fueron mujeres, siendo las personas de entre 15 y 29 años de edad el grupo social más vulnerable, por lo cual se han identificado otras modalidades como explotación sexual, explotación laboral, o trabajo y servicios forzados.

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Mexico Violento

Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

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