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Mexico Violento

Bloqueo magisterial en Jalisco en rechazo a la reforma educativa

Maestros de Jalisco bloquearon inicio de curso como forma de protesta contra la reforma educativa que viene afectando sus derehos laborales

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Frente Unido Jalisco en la toma de las instalaciones de la Delegación Regional de Servicios Educativos con sede en Lagos de Moreno. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

LAGOS DE MORENO, Jalisco.- Organizaciones que integran el Frente Unido Jalisco de toda la entidad, por medio de diferentes acciones que van desde la toma de planteles educativos, oficinas administrativas y hasta la Secretaría de Educación del Estado, bloquearon el inicio del curso escolar 2015–2016 como medida más contundente de hacer saber su total rechazo a la reforma educativa, a los mecanismos de procesos de evaluación del Instituto Nacional de Evaluación Escolar y que se solucione los cientos de problemas administrativos que existen en contra de trabajadores de la educación.

Todas las acciones que se registraron ayer, se iniciaron de manera coordinada en las diferentes regiones participantes. En Guadalajara, con Juan Carlos Banderas a la cabeza, el Frente Unido Jalisco se lanzó a la toma de la Secretaría de Educación. En la región de Los Altos, Insurgencia Magisterial Altos Norte, integrantes también del Frente Unido, se plantaron frente a las instalaciones de la Delegación Regional de Servicios Educativos (DRSE) sin permitir el ingreso del personal de esa dependencia.

Otros integrantes de las organizaciones mencionadas tomaron los planteles educativos y se dieron a la tarea de informar a los padres de familia el motivo de las acciones. Entre los asistentes a la toma de la Delegación Regional se informó que la mayoría fueron de las zonas escolares de los municipios de Ojuelos, Unión de San Antonio, Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz principalmente, los que se suman a un paro de 72 horas en protesta de que no se haya atendido a las demandas. Se dijo que los paristas son docentes de preescolar, primaria, secundarias técnicas y generales; Centros de Bachilleratos y telesecundarias.

A la toma de la DRSE cuya sede es Lagos de Moreno, a 188 kilómetros de la capital del Estado, se reunieron unos 200 trabajadores de los municipios ya mencionados, pese a la amenaza que lanzó el titular de Desarrollo Político y Atención a la Problemática de la Secretaría de Gobierno del Estado, Javier Lechuga Milán, de aplicar irrestrictamente la ley a todo aquel educador que no cumpla con sus labores.

La activista insurgente Estela Vite Valencia informó a este medio que de su municipio hicieron acto de presencia trabajadores de todos los niveles y que el resto, se quedaron en sus planteles sin recibir estudiantes pero sí, dando información de su inconformidad a Padres de Familia, quienes en la mayoría de los casos, apoyan a sus maestros.

Por su parte, los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Jalisco quienes también se sumaron a este movimiento, en voz de su dirigente sindical Epifanio Méndez dijo a medios de la capital estatal que se suspendieron clases en 21 planteles y 78 centros de Educación Media Superior a distancia. En total 989 profesores y dejando sin atención a unos 23 mil estudiantes.

El número total de alumnos sin servicio en toda la entidad no se tiene cuantificado oficialmente y aunque las cifras sean elevadas, los procedimientos de deformación de las noticias en ese país, minimizarán al movimiento ya que consideran que afecta seriamente la imagen política del gobernante en turno y su gabinete.

Por ejemplo, en Lagos de Moreno, mientras que los maestros que protestaban frente al edificio de la DRSE hacían saber sus planteamientos, el titular de la dependencia José de Jesús Zamórez Pérez, estaba a unos 4 kilómetros de distancia en una plantel del nivel secundaria haciendo el acto inaugural del ciclo escolar. En seguida, sabiendo que los que protestaban deseaban entrevistarlo y entregarle un pliego de demandas, prefirió girar instrucciones por teléfono para que el personal se retirara en tanto que él, acompañaba al Presidente Municipal de esa localidad a recorrer varias escuelas (que no se sumaron al movimiento) para entregar mochilas y útiles escolares y tomarse la foto que aparecerá en los medios locales con los titulares de inicio del año escolar.

En medio informativos nacionales, se da a conocer por parte del gobernador Gabino Cué Monteagudo que en Oaxaca, la entidad más conflictiva de México con respecto a la reforma, se inició el ciclo escolar sin mayores incidentes.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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Mexico Violento

Rosario Robles acepta declararse culpable para cumplir sólo seis años de prisión

Ignacio García

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, aceptó declararse culpable por el ejercicio indebido del ejercicio público para cumplir sólo seis años de prisión y no pagar la reparación del daño del caso de la “Estafa maestra”.

La funcionaria federal refirió por medio de un escrito que no procede la reparación del daño por el monto total de la Estafa Maestra de cinco mil 500 millones de pesos, así como una pena de 21 años de prisión, ya que se le acusa de dos cargos del ejercicio indebido del servicio público agravado por el delito que se cometió cuanto estaba en el ejercicio público.

La Fiscalía General de la República (FGR) en su acusación formal pidió la máxima pena contra la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero al declararse culpable ofreció a pagar una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a cinco mil 377 pesos.

Robles Berlanga propuso pasar dos años de prisión por cada delito que se le imputa por el ejercicio indebido del servicio público y uno más en cada uno por el agravante que se le aplica, aunado a que solicitó a la FGR que se designe un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para revisar su propuesta para lograr la autorización.

El pasado 26 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur la FGR señaló que Robles no quiere pagar la reparación del daño, por lo que no procede a conceder ninguna posibilidad de terminar el proceso de manera anticipada.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que fue acusada de haber sido responsable de los desvíos millonarios de esas dependencias en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

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