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Balas de goma: daños irreversibles

Las balas de goma utilizadas por los gobiernos como medidas antidisturbios han generado severas daños a las poblaciones en tiempos de paz

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Policías federales en México, el pasado 1 de diciembre en la toma del poder pro Enrique Peña Nieto. Foto: red

Policías federales en México, el pasado 1 de diciembre en la toma del poder pro Enrique Peña Nieto. Foto: red

Por Maurizio Montes de Oca

La tarde del miércoles 9 de julio, un videoaficionado logró captar una serie de momentos en los que la policía de Puebla comenzó a avanzar hacia un grupo de manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan, marchando y golpeando con el tolete a su escudo. Paso, golpe, paso, golpe. Unos segundos después, el videoaficionado corrió junto con un grupo de civiles por el pasto para resguardarse de lo que posteriormente se apreció cuando logró enfocar de nuevo la cámara: una nube de humo blanco en la carretera. “¡Mierda!”, exclama justo después de empezar a toser. Sigue caminando por una vereda de terracería, se le escucha agitado. A lo lejos se oyen detonaciones. Vuelve a desenfocar la cámara mientras se aleja de la reyerta y atrás de él puede verse a diversos pobladores tosiendo con los ojos llorosos y varios de ellos limpiando su rostro con la camisa mostrando sin querer, su abdomen. Un par de personas lanzan escupitajos con fuerza, la escena se repite y un hombre ensangrentado aparece a cuadro abriéndose paso para limpiar sus heridas en un charco de agua enlodada. La sangre le cubre todo el rostro y parte del pecho.

“Hay que llevarlo” –grita alguien más en segundo plano de la toma; en el primero sólo se escucha la respiración del inexperto camarógrafo.

El hombre herido se vuelve a enjuagar las heridas con el agua que yace en el piso. Hay huellas de zapatos hundidas en el fango. La cara del herido vuelve a ser el centro de atención de la cámara y la mira asustado, cuando voltea se puede apreciar un profundo boquete ensangrentado en su mejilla, negro en las orillas, del diámetro de una lata de refresco.

Martín Xelhua Romero, de 65 años, herido con bala de goma por la Policía de Puebla en una manifestación pacífica.

Martín Xelhua Romero, de 65 años, herido con bala de goma por la Policía de Puebla en una manifestación pacífica.

Tiene 65 años y su nombre es Martín Xelhua Romero. Según lo referido por medios locales, el boquete que tenía en la mejilla fue producido por un impacto de bala de goma disparada por la policía poblana. Perdió el habla a causa de las lesiones que dejaron destruida su lengua por la mitad, le arrancaron varias muelas y tuvo una fractura en la mandíbula. Ese día también fue herido en la cabeza el niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo de 13 años, quien murió unos días después del suceso; a punto de perder un ojo estuvo también Vicente Tecalero Jiménez de 21 años de edad, entre otras víctimas más, que muchos atribuyen a la ley enviada por el gobernador poblano Rafael Moreno Valle la cual pretende regular el uso de la fuerza en manifestaciones públicas, bautizada popularmente como “Ley Bala”.

Esa tarde, los habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan bloquearon la carretera Puebla-Atlixco en protesta para demandar a las autoridades que se restituyera el Registro Civil a las Juntas Auxiliares (destinadas a ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones), retirado a partir de una reforma impulsada por el legislador panista Mario Riestra. Por su parte, el gobernador se ha remitido a aparecer sólo en eventos privados a partir de la muerte del niño José Luis y sus allegados se empeñan en construir una narrativa en la que se culpa a los manifestantes del deceso argumentando, entre otras cosas, que el gobierno poblano ni siquiera posee balas de goma y que el impacto fue causado por un cohete lanzado por los mismos quejosos. No obstante, la evidencia es contundente.

Desde agosto de 2011 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 60/2011 a las autoridades locales, en la que se documenta el uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

No es la única ocasión en que se han utilizado balas de goma como método de contención de manifestaciones. En diciembre de 2012 también fueron utilizados estos artefactos por la policía capitalina durante las manifestaciones en las inmediaciones del palacio legislativo de San Lázaro contra la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto (como lo demuestra el archivo fotográfico publicado por Reforma), en la que también un hombre fue golpeado en el cráneo y un joven perdió un ojo. Las balas se utilizaron junto con gases lacrimógenos y otros artefactos para contención de masas considerados de “baja letalidad”.

balas de goma 1 de diciembre, reforma

Sin embargo, alrededor del mundo ha sido fuertemente cuestionada la “baja letalidad” de las balas de goma como arma antidisturbios. Se han realizado numerosos estudios médicos en países tan disímiles como Israel o Suiza sobre los daños a la salud y a la vida que ocasionan su uso y algunos de ellos han servido como fundamento para su prohibición absoluta en diversas regiones.

En St. John Eye Hospital de Jerusalén, por ejemplo, se documentaron 42 casos de pacientes heridos por balas de goma durante la segunda intifada palestina en el año 2000, con lesiones como laceraciones cutáneas, fracturas del globo ocular o en el orbital (huesos que rodean el ojo y que en su parte superior comunican con el cerebro), daños en la retina y en el 21% de los casos el proyectil había quedado dentro del ojo. Los autores sostienen que cuando el ojo recibe un disparo con munición de goma es extremadamente probable que el paciente lo pierda.

Una tarde de diciembre de 2013, en un árido de camino de Nabi Saleh, una pequeña aldea de Cisjordania, un vehículo policial israelí estaba estacionado en la espera de tres agentes que habían descendido en la comunidad. Un camarógrafo los flanqueó vestido con un chaleco fosforescente y registró la escena:

Dos mujeres salieron de su casa con la cabeza cubierta por un velo y corrieron hacia los agentes. Gritaron, gritaron fuerte. Los agentes desconcertados retrocedieron y se resguardaron cerca de su vehículo. ¿De qué se resguardaban? Sólo ellos supieron. Las mujeres estaban completamente desarmadas, su única herramienta parecía ser su voz y su paso decidido hacia ellos. Una de las mujeres portaba largas botas negras. Un agente se dirigió hacia adentro del vehículo y los otros dos se miraban entre ellos. Apuntaban con sus armas a las mujeres, y éstas avanzaban y gritaban cada vez más fuerte. En cuestión de segundos, un agente disparó con balas de goma a una mujer a menos de dos metros de distancia.

Pasaron menos de 11 segundos entre el momento en que la mujer palestina salió de su hogar y el momento en que recibió el disparo del agente israelí que la dobló por completo. Un grupo de doce personas, posteriormente, acudieron en su ayuda, entre ellos, un hombre con un peculiar gorro de Santa Claus que salta a la vista en la escena. La ayudaron a entrar en la casa y un paramédico le quitó las botas y cortó con tijeras su pantalón mientras ella respiraba con dificultad. Su nombre es Manal Tamimi y más tarde fue trasladada a un hospital de Ramala con graves heridas a quemarropa en las piernas, según especificaron medios palestinos.

En un estudio con 27 pacientes heridos por estas balas en Cincinnati, Estados Unidos, se refirieron a los casos con contusiones pulmonares, laceraciones del hígado, rotura del tendón de Aquiles y dos casos derivaron en neumonía y uno en síndrome post-contusivo.

Otro estudio sobre el traumatismo de impactos de balas de goma fue presentado en el Hospital Universitario de Barcelona, en el XXIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria.  En éste se concluye que a partir del impacto de balas de goma en los sujetos estudiados entre mayo de 2009 y marzo de 2012, existe un “trauma de alta energía” (que se refiere al intercambio de energía derivado de la colisión de dos o más cuerpos contra el paciente o sus órganos, el cual desencadena una respuesta inmunológica inflamatoria en el cuerpo como medida para reparar los daños causados), así como daño a las estructuras oculares, un alto impacto a nivel económico al ser personas laboralmente activas y graves secuelas psicológicas. Las fotografías del estudio son reveladoras.

Por otro lado, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario de Zurich en Suiza publica otro estudio abordando el caso de cinco pacientes heridos por balas de goma entre el año 2000 y 2001. Sólo dos de ellos pudieron recuperar la vista totalmente, otros dos perdieron el ojo por completo. Los médicos concluyeron que el empleo de estos proyectiles significa un alto riesgo para la salud de las personas, vulnerando partes del cuerpo como la cabeza o el cuello. La probabilidad de herir en el cuello o cabeza con estos artefactos a una distancia de 20 metros es de 35% y del 2% directamente en los ojos; a 10 metros de distancia, la probabilidad aumenta a 50%, 4% para los ojos y a 5 metros de distancia es de 80% con un 9% de golpear en los ojos. A partir de observaciones clínicas y cálculos teóricos, concluyeron que desde el punto de vista médico, independientemente del político, el empleo de estas balas es potencialmente nocivo y deberían ser prohibidas en tiempos de paz. En Losanna, otra localidad suiza, también se estudió un par de casos de heridos por balas de goma y fue difundido en una publicación para The Journal of Emergency Medicine. Uno de estos casos tuvo  graves contusiones cardiacas y pulmonares. La policía local abolió el empleo de esta arma hasta ser aclarada su letalidad.

También se describió la muerte de dos niños, uno de 11 años a causa de una hemorragia interna derivada del impacto con balas de goma y otro de 17, por daño cerebral.

Campaña contra las balas de goma en Cataluña.

Campaña contra las balas de goma en Cataluña.

Estos y muchos casos más han servido para que las autoridades prohíban el uso de balas de goma en algunas regiones. En Salta, Argentina, se ha prohibido su uso y se ha decidido sustituir por municiones de pintura para minimizar el daño a los manifestantes. Por su parte, también la Comisión Europea prohibió su empleo a la policía local de Euskadi, España, por considerarlas excesivamente peligrosas debido a las lesiones que provocan y no sólo a quienes protestan. Se afirma que presentan problemas de precisión al salir de la escopeta con efecto aleatorio y seguir trayectorias erráticas, por lo que se buscó un método de contención que eliminara el acusado rebote de estas balas. De hecho desde 1990, unas 23 personas han perdido un ojo a causa de proyectiles de goma en España.

La Comisión Europea no ha sido la única entidad en pronunciarse contra el uso de las balas de gomas, también lo hicieron el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en 1998, así como el Consejo de Derechos Humanos de la misma organización en 1998 y 2008. Lo mismo el Parlamento Europeo desde mayo de 1982 a partir de la muerte de 17 personas, entre ellos 8 menores de edad que se tenían registrados desde 1975.

Debido al conflicto con la organización separatista IRA de Irlanda del Norte, Reino Unido utilizó balas de goma por 30 años; no obstante, a partir de que Emma Grooves perdiera ambos ojos a causa de ello y creara la organización “United Campaign Against Plastic Bullets”, se mitigó su uso en ambos países.

“…en ese momento del partido entre España y Holanda, en la final de la Copa Mundial, cuando el delantero Arjen Robben, enfrente del portero Iker Casillas pierde una gran oportunidad… siempre he pensado que si Robben no hubiera anotado, esto no me habría pasado a mí”, dice en catalán en una entrevista para The Guardian, Nicola Tanno quien fue alcanzado por una bala de goma al finalizar ese encuentro. “Toqué mi ojo porque sentía que estaba húmedo”, desde que perdió su ojo tiene dos placas de titanio en donde fue herido. “Pero oficialmente no somos víctimas, ya que no hay una sentencia que así lo diga, nadie se ha asumido como responsable, así que para el Ministerio del Interior no somos víctimas de la actuación policial” dice y mira un ojo artificial a la cámara.

Tal vez lo único que queda claro –en palabras de Peter Waddington-, es que son víctimas de las únicas armas letales en el mundo que todavía se usan libremente.

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México destaca entre 180 países por su historial trágico de periodistas asesinados: Reporteros Sin Fronteras

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PARÍS (IPS).– El ejercicio del periodismo está parcialmente bloqueado en más de 130 países, afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) al publicar recientemente su clasificación sobre la libertad de prensa en 180 naciones, entre los cuales, del continente americano, México destaca en el número 143 por su historial trágico de periodistas asesinados, junto con Brasil en el ranking 111 y Colombia en el 134. 

Solo 12 países –Costa Rica y Jamaica en América Latina y el Caribe- destacan en una zona blanca en el mapa de RSF, por una buena situación de la libertad de prensa según esa oenegé, mientras que en 73 por ciento de los Estados hay graves impedimentos o serios obstáculos para la profesión periodística, como es en Brasil que ocupa el lugar 111 y Colombia 134, Argentina 69 y Perú 91, mientras que el país sudamericano con mejor situación es Uruguay, en el puesto 18 de la tabla.

El periodismo “es la mejor vacuna contra la desinformación. Por desgracia, su producción y distribución se ven bloqueadas con demasiada frecuencia por factores políticos, económicos y tecnológicos, y, en ocasiones, incluso culturales”, dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

La zona blanca la encabezan cuatro países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, escoltados por Costa Rica y Países Bajos, mientras que los seis con peor desempeño son Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, China, Yibuti y Vietnam.

En los “países totalitarios” se mantienen la censura, la vigilancia, la propaganda en internet y las situaciones de peligro para los periodistas, quienes además, “por causa o con el pretexto de la crisis sanitaria” provocada por la covid-19, enfrentan cierre de accesos a coberturas sobre el terreno y a las fuentes de información, indicó RSF.

“La pandemia representó una forma de oportunidad para algunos Estados que restringieron la libertad de prensa”, dijo Deloire, y la situación se exacerbó en países como Irán (en el puesto 174 de la lista) o Arabia Saudita (170).

La región de Medio Oriente y Norte de África siguió siendo la más represiva, dura y peligrosa para los periodistas en 2020, según el informe, en tanto que Malasia registró el peor deterioro, cayendo 18 lugares en el ranking hasta el puesto 119, con respecto a los informes de RSF del año precedente.

Europa y América (Norte, Centro y Sur) se mantienen como los continentes más favorables a la libertad de prensa, aunque América Latina registra el “mayor desgaste” (2,5 por ciento más) este año, según RSF.

La mayor caída en la región el último año es la de El Salvador (82 en la tabla), que descendió ocho puestos, porque en ese país “los periodistas tienen muchas dificultades para obtener información oficial sobre la gestión de la epidemia”.

Los países latinoamericanos peor clasificados son Cuba (171, sin cambios), Honduras (151, descendió tres lugares) y Venezuela (148, bajó un puesto).

En África, con un buen número de países rezagados, las mejores posiciones las ocupan Namibia (24), Cabo Verde (27) y Ghana (30), y en Asia y Oceanía los mejor valorados son Nueva Zelanda (8), Samoa (21), Corea del Sur (42) y Taiwán (43).

El reporte indicó que el nivel mundial de libertad de los medios de comunicación se había mantenido en general estable durante 2020, aunque con un deterioro cifrado en 12 por ciento desde que se lanzó la clasificación por primera vez en 2013.

Parte del problema es la pérdida de confianza en los periodistas, impulsada por la polarización política y la desinformación en línea, dijo RSF. Un sondeo de la firma estadounidense Edelman Trust encontró que 59 por ciento de encuestados en 28 países creían que los periodistas engañaban deliberadamente al público.

RSF recordó que su Índice Mundial de Libertad de Prensa se basa en cuestionarios enviados a expertos de todo el mundo, combinados con datos sobre abusos y actos de violencia contra periodistas, para formar una imagen que incluye el pluralismo, la independencia de los medios, la autocensura y otros factores.

A-E/HM

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Más de 400 personas ejecutadas por pena de muerte en 18 países, en medio de la pandemia covid-19

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LONDRES (IPS).- Los desafíos planteados por la pandemia covid-19 no disuadieron a 18 países de aplicar la pena capital, y en 2020 fueron ejecutadas al menos 483 personas, deploró en su más reciente informe la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

Agnès Callamard, secretaria general de AI, observó que “la pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su inherente crueldad”.

Las 483 ejecuciones representaron una disminución de 26 por ciento respecto de las 657 de 2019, de 70 por ciento en relación al tope de 1634 en 2015, y se trata del número más bajo registrado por AI en los últimos 10 años.

Sin embargo, esas cifras pueden ser mucho mayores porque no consideran informes de países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam.

Amnistía Internacional cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a ese país en “el verdugo más prolífico del año”, por delante de Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27).

Esos cuatro países efectuaron 88 por ciento de todas las ejecuciones de las que tuvo conocimiento Amnistía Internacional el año pasado.

El anterior gobierno estadounidense, liderado pro Donald Trump, “ejecutó la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses de 2020”, y se reanudaron las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años.

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y al menos 23 de las personas ejecutadas fueron condenadas en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada, según Amnistía Internacional.

Irán “utilizó cada vez más la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios, lo cual contraviene del derecho internacional”, indicó el  reporte.

Países de Asia y Oceanía violaron normas internacionales que prohíben la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional, y se impuso por delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán.

En Bangladesh y Pakistán se impusieron esas condenas en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes a los de tribunales ordinarios, y en Maldivas fueron condenadas cinco personas que tenían menos de 18 años al momento de cometerse el delito.

En América, sólo Estados Unidos aplicó la pena de muerte en 2020.

“Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”, declaró Callamard.

Según la responsable “la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo debieron exponerse a riesgos considerables para la salud”.

“El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”, agregó.

El número de condenas a muerte dictadas en todo el mundo y de las que se tuvo noticia en 2020 fueron 1477, una disminución de 36 por ciento respecto de 2019.

El año pasado Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a abolirla, y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.

Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han abolido en la ley o en la práctica.

A-E/HM

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Activistas del mundo se solidarizan con la periodista Helena Maleno ante su violenta deportación de Marruecos

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La comunidad internacional de derechos humanos y periodistas envían carta al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, en apoyo a la activista Helena Maleno, quien denunció este lunes que Marruecos la ha “deportado y expulsado con violencia”, y ha acusado al Ministerio del Interior de España y a la Policía marroquí de hostigamiento y de haber puesto en peligro su vida y la de su hija.

“Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales de la Policía Nacional), en colaboración con la Policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento, que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija”, ha aseverado Maleno en un vídeo publicado este lunes, por lo que activistas de diferentes países envían una carta al Gobierno español.

Dirigido al Señor D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón,

Presidente del Gobierno de España.

El 23 de enero de 2021, la defensora de derechos humanos Helena Maleno fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España. Marruecos ha sido el país de residencia de Helena y su familia durante los últimos 20 años. Tras ser objeto de una violenta y repentina deportación, Helena se vio obligada a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad, temiendo por la seguridad de la misma mientras permanecía en el país que la había expulsado. A pesar de que tanto los tribunales de España como de Marruecos han reconocido que la labor de Helena no es delito, la criminalización orquestada durante años desde el Ministerio del Interior de España – y en concreto, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de España- ha logrado que Helena y su familia hayan tenido que abandonar forzosamente su hogar.

Helena Maleno es defensora de derechos humanos y fundadora del Colectivo Caminando Fronteras. Es experta en migración y trata de seres humanos, centrada en derechos de mujeres e infancia. Su labor de defensa ha permitido salvar la vida de más de 100 000 personas migrantes en nuestras fronteras, tal y como registra Caminando Fronteras. Cuenta con el reconocimiento de la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, destacando el apoyo de la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de derechos Humanos. Ha sido distinguida con más de veinte premios de derechos humanos nacionales e internacionales, y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.

No obstante, después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, derivados de montajes policiales, que terminaron con el reconocimiento de su defensa de derechos de las personas migrantes, las violencias contra ella y su familia no han cesado.

Durante el proceso judicial en Marruecos vio su derecho y el de sus hijos a vivir en el país vulnerado: se les arrebató la residencia y las solicitudes de ser restituida han sido sistemáticamente rechazadas. Finalmente, la policía marroquí la expulsó violentamente del país como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos.

De tal forma, exigimos:

    • El reconocimiento público del trabajo de Helena Maleno como defensora de derechos humanos y el impacto positivo de su labor para la democracia y el Estado de derecho.
    • El cese de la criminalización, depurando responsabilidades en las instituciones pertinentes para la no repetición de acciones persecutorias contra su persona.
    • La protección de Helena Maleno y de su familia, permitiendo el ejercicio de su legítima labor de defensa de derechos humanos.
    • La reparación de los innumerables daños instigados contra la defensora y su familia.

Atentamente,

FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, International Service for Human Rights, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Women’s Link Worldwide, Front Line Defenders, Oxfam Intermón, Coordinadora Estatal de ONGD, Red Migrantes con Derechos, CEAR, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, Servicio Jesuita al Migrante, Alianza por la Solidaridad, ALUNA – Acompañamiento psicosocial.

Más información: Caminandofronteras.org

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