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La red en lucha

Balas de goma: daños irreversibles

Las balas de goma utilizadas por los gobiernos como medidas antidisturbios han generado severas daños a las poblaciones en tiempos de paz

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Policías federales en México, el pasado 1 de diciembre en la toma del poder pro Enrique Peña Nieto. Foto: red

Policías federales en México, el pasado 1 de diciembre en la toma del poder pro Enrique Peña Nieto. Foto: red

Por Maurizio Montes de Oca

La tarde del miércoles 9 de julio, un videoaficionado logró captar una serie de momentos en los que la policía de Puebla comenzó a avanzar hacia un grupo de manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan, marchando y golpeando con el tolete a su escudo. Paso, golpe, paso, golpe. Unos segundos después, el videoaficionado corrió junto con un grupo de civiles por el pasto para resguardarse de lo que posteriormente se apreció cuando logró enfocar de nuevo la cámara: una nube de humo blanco en la carretera. “¡Mierda!”, exclama justo después de empezar a toser. Sigue caminando por una vereda de terracería, se le escucha agitado. A lo lejos se oyen detonaciones. Vuelve a desenfocar la cámara mientras se aleja de la reyerta y atrás de él puede verse a diversos pobladores tosiendo con los ojos llorosos y varios de ellos limpiando su rostro con la camisa mostrando sin querer, su abdomen. Un par de personas lanzan escupitajos con fuerza, la escena se repite y un hombre ensangrentado aparece a cuadro abriéndose paso para limpiar sus heridas en un charco de agua enlodada. La sangre le cubre todo el rostro y parte del pecho.

«Hay que llevarlo» –grita alguien más en segundo plano de la toma; en el primero sólo se escucha la respiración del inexperto camarógrafo.

El hombre herido se vuelve a enjuagar las heridas con el agua que yace en el piso. Hay huellas de zapatos hundidas en el fango. La cara del herido vuelve a ser el centro de atención de la cámara y la mira asustado, cuando voltea se puede apreciar un profundo boquete ensangrentado en su mejilla, negro en las orillas, del diámetro de una lata de refresco.

Martín Xelhua Romero, de 65 años, herido con bala de goma por la Policía de Puebla en una manifestación pacífica.

Martín Xelhua Romero, de 65 años, herido con bala de goma por la Policía de Puebla en una manifestación pacífica.

Tiene 65 años y su nombre es Martín Xelhua Romero. Según lo referido por medios locales, el boquete que tenía en la mejilla fue producido por un impacto de bala de goma disparada por la policía poblana. Perdió el habla a causa de las lesiones que dejaron destruida su lengua por la mitad, le arrancaron varias muelas y tuvo una fractura en la mandíbula. Ese día también fue herido en la cabeza el niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo de 13 años, quien murió unos días después del suceso; a punto de perder un ojo estuvo también Vicente Tecalero Jiménez de 21 años de edad, entre otras víctimas más, que muchos atribuyen a la ley enviada por el gobernador poblano Rafael Moreno Valle la cual pretende regular el uso de la fuerza en manifestaciones públicas, bautizada popularmente como “Ley Bala”.

Esa tarde, los habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan bloquearon la carretera Puebla-Atlixco en protesta para demandar a las autoridades que se restituyera el Registro Civil a las Juntas Auxiliares (destinadas a ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones), retirado a partir de una reforma impulsada por el legislador panista Mario Riestra. Por su parte, el gobernador se ha remitido a aparecer sólo en eventos privados a partir de la muerte del niño José Luis y sus allegados se empeñan en construir una narrativa en la que se culpa a los manifestantes del deceso argumentando, entre otras cosas, que el gobierno poblano ni siquiera posee balas de goma y que el impacto fue causado por un cohete lanzado por los mismos quejosos. No obstante, la evidencia es contundente.

Desde agosto de 2011 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 60/2011 a las autoridades locales, en la que se documenta el uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

No es la única ocasión en que se han utilizado balas de goma como método de contención de manifestaciones. En diciembre de 2012 también fueron utilizados estos artefactos por la policía capitalina durante las manifestaciones en las inmediaciones del palacio legislativo de San Lázaro contra la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto (como lo demuestra el archivo fotográfico publicado por Reforma), en la que también un hombre fue golpeado en el cráneo y un joven perdió un ojo. Las balas se utilizaron junto con gases lacrimógenos y otros artefactos para contención de masas considerados de “baja letalidad”.

balas de goma 1 de diciembre, reforma

Sin embargo, alrededor del mundo ha sido fuertemente cuestionada la “baja letalidad” de las balas de goma como arma antidisturbios. Se han realizado numerosos estudios médicos en países tan disímiles como Israel o Suiza sobre los daños a la salud y a la vida que ocasionan su uso y algunos de ellos han servido como fundamento para su prohibición absoluta en diversas regiones.

En St. John Eye Hospital de Jerusalén, por ejemplo, se documentaron 42 casos de pacientes heridos por balas de goma durante la segunda intifada palestina en el año 2000, con lesiones como laceraciones cutáneas, fracturas del globo ocular o en el orbital (huesos que rodean el ojo y que en su parte superior comunican con el cerebro), daños en la retina y en el 21% de los casos el proyectil había quedado dentro del ojo. Los autores sostienen que cuando el ojo recibe un disparo con munición de goma es extremadamente probable que el paciente lo pierda.

Una tarde de diciembre de 2013, en un árido de camino de Nabi Saleh, una pequeña aldea de Cisjordania, un vehículo policial israelí estaba estacionado en la espera de tres agentes que habían descendido en la comunidad. Un camarógrafo los flanqueó vestido con un chaleco fosforescente y registró la escena:

Dos mujeres salieron de su casa con la cabeza cubierta por un velo y corrieron hacia los agentes. Gritaron, gritaron fuerte. Los agentes desconcertados retrocedieron y se resguardaron cerca de su vehículo. ¿De qué se resguardaban? Sólo ellos supieron. Las mujeres estaban completamente desarmadas, su única herramienta parecía ser su voz y su paso decidido hacia ellos. Una de las mujeres portaba largas botas negras. Un agente se dirigió hacia adentro del vehículo y los otros dos se miraban entre ellos. Apuntaban con sus armas a las mujeres, y éstas avanzaban y gritaban cada vez más fuerte. En cuestión de segundos, un agente disparó con balas de goma a una mujer a menos de dos metros de distancia.

Pasaron menos de 11 segundos entre el momento en que la mujer palestina salió de su hogar y el momento en que recibió el disparo del agente israelí que la dobló por completo. Un grupo de doce personas, posteriormente, acudieron en su ayuda, entre ellos, un hombre con un peculiar gorro de Santa Claus que salta a la vista en la escena. La ayudaron a entrar en la casa y un paramédico le quitó las botas y cortó con tijeras su pantalón mientras ella respiraba con dificultad. Su nombre es Manal Tamimi y más tarde fue trasladada a un hospital de Ramala con graves heridas a quemarropa en las piernas, según especificaron medios palestinos.

En un estudio con 27 pacientes heridos por estas balas en Cincinnati, Estados Unidos, se refirieron a los casos con contusiones pulmonares, laceraciones del hígado, rotura del tendón de Aquiles y dos casos derivaron en neumonía y uno en síndrome post-contusivo.

Otro estudio sobre el traumatismo de impactos de balas de goma fue presentado en el Hospital Universitario de Barcelona, en el XXIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria.  En éste se concluye que a partir del impacto de balas de goma en los sujetos estudiados entre mayo de 2009 y marzo de 2012, existe un “trauma de alta energía” (que se refiere al intercambio de energía derivado de la colisión de dos o más cuerpos contra el paciente o sus órganos, el cual desencadena una respuesta inmunológica inflamatoria en el cuerpo como medida para reparar los daños causados), así como daño a las estructuras oculares, un alto impacto a nivel económico al ser personas laboralmente activas y graves secuelas psicológicas. Las fotografías del estudio son reveladoras.

Por otro lado, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario de Zurich en Suiza publica otro estudio abordando el caso de cinco pacientes heridos por balas de goma entre el año 2000 y 2001. Sólo dos de ellos pudieron recuperar la vista totalmente, otros dos perdieron el ojo por completo. Los médicos concluyeron que el empleo de estos proyectiles significa un alto riesgo para la salud de las personas, vulnerando partes del cuerpo como la cabeza o el cuello. La probabilidad de herir en el cuello o cabeza con estos artefactos a una distancia de 20 metros es de 35% y del 2% directamente en los ojos; a 10 metros de distancia, la probabilidad aumenta a 50%, 4% para los ojos y a 5 metros de distancia es de 80% con un 9% de golpear en los ojos. A partir de observaciones clínicas y cálculos teóricos, concluyeron que desde el punto de vista médico, independientemente del político, el empleo de estas balas es potencialmente nocivo y deberían ser prohibidas en tiempos de paz. En Losanna, otra localidad suiza, también se estudió un par de casos de heridos por balas de goma y fue difundido en una publicación para The Journal of Emergency Medicine. Uno de estos casos tuvo  graves contusiones cardiacas y pulmonares. La policía local abolió el empleo de esta arma hasta ser aclarada su letalidad.

También se describió la muerte de dos niños, uno de 11 años a causa de una hemorragia interna derivada del impacto con balas de goma y otro de 17, por daño cerebral.

Campaña contra las balas de goma en Cataluña.

Campaña contra las balas de goma en Cataluña.

Estos y muchos casos más han servido para que las autoridades prohíban el uso de balas de goma en algunas regiones. En Salta, Argentina, se ha prohibido su uso y se ha decidido sustituir por municiones de pintura para minimizar el daño a los manifestantes. Por su parte, también la Comisión Europea prohibió su empleo a la policía local de Euskadi, España, por considerarlas excesivamente peligrosas debido a las lesiones que provocan y no sólo a quienes protestan. Se afirma que presentan problemas de precisión al salir de la escopeta con efecto aleatorio y seguir trayectorias erráticas, por lo que se buscó un método de contención que eliminara el acusado rebote de estas balas. De hecho desde 1990, unas 23 personas han perdido un ojo a causa de proyectiles de goma en España.

La Comisión Europea no ha sido la única entidad en pronunciarse contra el uso de las balas de gomas, también lo hicieron el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en 1998, así como el Consejo de Derechos Humanos de la misma organización en 1998 y 2008. Lo mismo el Parlamento Europeo desde mayo de 1982 a partir de la muerte de 17 personas, entre ellos 8 menores de edad que se tenían registrados desde 1975.

Debido al conflicto con la organización separatista IRA de Irlanda del Norte, Reino Unido utilizó balas de goma por 30 años; no obstante, a partir de que Emma Grooves perdiera ambos ojos a causa de ello y creara la organización “United Campaign Against Plastic Bullets”, se mitigó su uso en ambos países.

“…en ese momento del partido entre España y Holanda, en la final de la Copa Mundial, cuando el delantero Arjen Robben, enfrente del portero Iker Casillas pierde una gran oportunidad… siempre he pensado que si Robben no hubiera anotado, esto no me habría pasado a mí”, dice en catalán en una entrevista para The Guardian, Nicola Tanno quien fue alcanzado por una bala de goma al finalizar ese encuentro. “Toqué mi ojo porque sentía que estaba húmedo”, desde que perdió su ojo tiene dos placas de titanio en donde fue herido. “Pero oficialmente no somos víctimas, ya que no hay una sentencia que así lo diga, nadie se ha asumido como responsable, así que para el Ministerio del Interior no somos víctimas de la actuación policial” dice y mira un ojo artificial a la cámara.

Tal vez lo único que queda claro –en palabras de Peter Waddington-, es que son víctimas de las únicas armas letales en el mundo que todavía se usan libremente.

África

África en alerta por asesinatos de periodistas: CPJ

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Martinez Zogo death

Todos los casos en impunidad revelan la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia a las familias de los periodistas asesinados

Por Joyce Chimbi

NAIROBI – El nuevo año trajo malas noticias para la libertad de prensa en el continente africano, con el brutal asesinato de un periodista y la sospechosa muerte de otro.

La jefa del programa para África del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), Angela Quintal, dijo que comenzar el año con la muerte de al menos dos importantes periodistas en una semana es una muy mala noticia y se espera que no sea una señal abominable para el año que comienza.

“El brutal asesinato del periodista camerunés Martínez Zogo, que fue secuestrado, torturado y asesinado en la capital, Yaundé, y la sospechosa muerte en accidente de tráfico de John Williams Ntwali, el periodista independiente ruandés, en Kigali, han dejado conmocionada a la comunidad de los profesionales de los medios, me siento mareada, y solo estamos a principios de año», declaró Quintal.

El Foro de Editores Africanos (TAEF, en inglés) también ha expresado su conmoción e indignación por estas muertes y tiene previsto realizar gestiones ante los gobiernos de Ruanda y Camerún para «exigir informes públicos completos sobre las circunstancias que condujeron a sus muertes».

Por desgracia, no se trata de incidentes aislados.

Leer más: Gobierno de México omite casos de periodistas asesinados y autores intelectuales en investigaciones

 

Sólo en 2022, el CPJ documentó al menos seis periodistas asesinados en África subsahariana murieron en misiones peligrosas o en fuego cruzado, y confirmó que cuatro de ellos, los somalíes Ahmed Mohamed Shukur y Mohamed Isse Hassan, y los chadianos Evariste Djailoramdji y Narcisse Oredje, fueron asesinados por su labor informativa.

“En estos cuatro casos, los periodistas murieron en misiones peligrosas o en fuego cruzado, en relación con su trabajo. Seguimos investigando la muerte en Kenia del periodista paquistaní Arshad Sharif y de Jean Saint-Clair Maka Gbossokotto en la República Centroafricana para determinar si sus muertes están relacionadas con su trabajo periodístico», explicó Quintal.

La jefa para el continente del CPJ afirmó desde Nueva York que Somalia sigue encabezando el Índice Global de Impunidad del Comité como el peor país en el que «los asesinos de periodistas invariablemente salen libres, y no hay rendición de cuentas ni justicia por sus muertes».

Otros seis periodistas fueron asesinados en 2022 en casos relacionados con su trabajo en el continente:  Abdiaziz Mohamud Guled y Jamal Farah Adan (Somalia), David Beriain y Roberto Fraile (Burkina Faso), Joel Mumbere Musavuli (República Democrática del Congo), y Sisay Fida (Etiopía).

En total, es el mismo número de periodistas asesinados en África que durante 2021.

Rwandan Journo

El CPJ ha solicitado una investigación de la muerte del periodista John Williams Ntwali en Kigali. Ntwali fue un periodista independiente que expuso los abusos contra los derechos humanos en Ruanda y denunció que era víctima de amenazas de muerte. Imagen: Captura de pantalla de CPJ / YouTube-Al Jazeera

Quintal ha declarado que la muerte de Sisay este mes es el primer caso confirmado desde 1998 de asesinato de un periodista en Etiopía. El CPJ sigue investigando la muerte de Dawit Kebede Araya en ese país en 2021 para determinar si estaba relacionada con su labor periodística.

“Con diferencia, la mayoría de los periodistas asesinados son reporteros locales. De los seis de 2021, dos periodistas rusos fueron asesinados en Burkina Faso, y seguimos investigando el asesinato el año pasado en Kenia del periodista paquistaní Arshad Sha para determinar si el motivo estaba relacionado con el periodismo”, añadió Quintal.

Añadió que “en 2022 y 2021 se produjo el mayor número anual de asesinatos de periodistas desde 2015, cuando el CPJ documentó al menos 11 asesinatos, y rezo para que no volvamos a los oscuros días de asesinatos de dos dígitos. Un periodista asesinado es un periodista de más».

Quintal denunció los niveles de impunidad y la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia a la mayoría de los periodistas asesinados y a sus familias, una tendencia que se refleja en otras partes del mundo.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

En todo el mundo, según el informe anual 2022 del CPJ, los asesinatos de periodistas aumentaron casi 50 % en medio de la anarquía y la guerra, y en 80 % de ellos ha habido impunidad total.

“Esto ilustra un pronunciado declive de la libertad de prensa en todo el mundo, algo que también vemos en términos de cifras récord en el número de periodistas encarcelados en todo el mundo”, subrayó Quintal.

Precisó, además, que “en 2022 se registró el mayor número de periodistas encarcelados en todo el mundo en 30 años. Con la cifra récord de 363 periodistas entre rejas al 1 de diciembre de 2022”.

La directora editorial del CPJ, Arlene Getz, señala que «en un año marcado por el conflicto y la represión, los líderes autoritarios redoblan su criminalización de la información independiente, desplegando una crueldad cada vez mayor para sofocar las voces disidentes y socavar la libertad de prensa».

Ante este escalofriante panorama, Quintal dijo a que las soluciones a corto plazo incluyen la voluntad política de los gobiernos, acompañada de los recursos financieros y humanos necesarios, para detener, procesar y condenar a los culpables de crímenes contra periodistas.

“Es hora de que los gobiernos cumplan sus promesas… Deben envíer una señal clara de que habrá consecuencias por dañar a un periodista”, remarcó.

También hay una necesidad urgente de invertir en formación sobre seguridad, tanto para periodistas físicos como digitales, y en visados de emergencia para periodistas en apuros.

“Aquí es donde la comunidad internacional puede desempeñar un papel importante. Las misiones diplomáticas en países donde los periodistas están amenazados por los gobernantes, por ejemplo, pueden ayudar a los periodistas locales que necesitan trasladarse en caso de emergencia», dijo la activista por los derechos de los periodistas africanos.

A su juicio, “los gobiernos deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes para poner fin a la violencia contra los periodistas, y debe haber consecuencias políticas y económicas para quienes no lleven a cabo investigaciones adecuadas que cumplan las normas internacionales”.

Las soluciones a largo plazo, añadió, incluyen que los países establezcan e inviertan recursos en mecanismos especiales para proteger a los periodistas, como los que existen en lugares como México. Pero advierte de que no han cumplido sus promesas, en gran medida por falta de recursos, capacidad y voluntad política.

Infórmate: México, tercer país con más asesinatos de periodistas en este siglo –

 

Los gobiernos también deben dar prioridad a la protección, las investigaciones creíbles y la justicia.

Y cuando los gobiernos locales fracasen, a su juicio «los Estados extranjeros también deberían recurrir a la jurisdicción universal para perseguir a los acusados de asesinar a periodistas», tal como Alemania está procesando a un miembro del escuadrón del ex presidente de Gambia, Yahya Jammeh, responsable del asesinato de Dedya Hydara, redactor jefe de The Point.

Por su parte, TAEF, el Foro de Editores, sigue lamentando estas muertes, presionando a los gobiernos pertinentes para que respondan a la creciente lista de periodistas asesinados y hagan justicia a los afectados en la promoción de la libertad de prensa.

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Fuente: ipsnoticias.net

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Latinoamérica

Denuncia de abusos a gran escala en cárceles de El Salvador, filtrada a organización internacional

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abusos en cárceles salvadoreñas

 

NUEVA YORK – Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 27 “abusos a gran escala” en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que según esa organización humanitaria se filtró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano.

El documento “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” que impera en El Salvador desde marzo de 2022, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en HRW.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Taraciuk.

La base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción, por delitos definidos de manera amplia, de modos que violan las garantías básicas del debido proceso, según HRW.

La organización sostuvo que una fuente confiable aseguró que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y para evaluar su autenticidad HRW comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes.

Incluyó casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias, por lo que la información “resulta consistente con los hallazgos de HRW y Cristosal”, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos y que opera en América Central.

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa “suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas”, recordó HRW.

La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente.

Policías y soldados han detenido a más de 61 000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58 000 permanecen encarceladas.

A fines de agosto pasado, 1082 menores detenidos durante el régimen de excepción, 918 niños y 164 niñas, habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 con edades de que tenían 12 o 13 años, sobre la base de una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 año.

La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona.

En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, “en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada”, señaló HRW.

Según sus datos, 39 000 personas fueron acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

En comparación, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148, es decir, menos de 0,3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”.

HRW sostiene que “el derecho salvadoreño define ´organización terrorista´ de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales”, lo cual “abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas”.

También indicó ya para el pasado agosto “más de 50 000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86 000 personas”, siendo que el sistema penitenciario tenía capacidad para 30 000.

La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7600 a 33 000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8500 a 23.300.

Según HRW y Cristosal, “en algunos casos los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional”.

“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Las autoridades “deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, según HRW.

Tal estrategia debería “abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social”.

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Fuente: ipsnoticas.net

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Europa

Putin pide a su ministro de Defensa detener bombardeos en regiones fronterizas con Ucrania

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Putin sobre Crimea

Moscú, 1 ene (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió hoy al Ministerio de Defensa que impida los bombardeos en las regiones rusas fronterizas con Ucrania, como Bélgorod, Kursk o Briansk.

«Por supuesto, la tarea prioritaria es eliminar la posibilidad misma de bombardeos, pero esto es asunto del departamento militar», recalcó el jefe del Kremlin en una reunión sobre el apoyo a los ciudadanos de las regiones fronterizas.

Putin se refirió específicamente al apoyo para los residentes de la anexionada península ucraniana de Crimea y las regiones rusas de Bélgorod, Briansk y Kursk, cuyas «casas y apartamentos fueron dañados o destruidos debido a los bombardeos por parte de formaciones neonazis», en alusión a unidades militares ucranianas.

«Muchas personas se encontraron en una situación difícil: perdieron sus hogares, se vieron obligadas a trasladarse a casa de familiares o a lugares de residencia temporal, enfrentaron interrupciones en el suministro de agua, calefacción y electricidad», dijo el mandatario.

Putin sostuvo que los problemas de los ciudadanos «son muy agudos» y que «es necesario reparar o compensar la pérdida de casas, apartamentos, otras propiedades, devolver energía, calor y instalaciones de abastecimiento de agua a la operatividad normal».

«La solución de estos problemas no debe estancarse, atascarse en procedimientos burocráticos. Es necesario actuar con rapidez y eficacia», recalcó.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, su homólogo de Kursk, Román Starovoit, y el de Briansk, Alexandr Bogomaz, han denunciado a lo largo del último año múltiples ataques supuestamente cometidos por Ucrania.

El gobernador de Briansk sostuvo en la reunión por videoconferencia con Putin que 235 viviendas han sido dañados desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022, en tanto que en Kursk son 23 edificios de apartamentos y 379 casas, de acuerdo con el jefe de esta última región rusa.

En Crimea hubo también bombardeos, como en agosto pasado contra bases militares que Ucrania reconoció y en octubre una explosión en el puente de Kerch, que no llegó nunca a atribuirse oficialmente.

Putin también se refirió a las cuatro otras regiones ucranianas anexionadas por Rusia ilegalmente en septiembre pasado: Zaporiyia, Jersón, Lugansk y Donetsk, donde el Gobierno ha lanzado hipotecas a una tasa reducida del 2 % y ha empezado a reconstruir instalaciones sociales y comunales, carreteras y redes de comunicación «donde se han detenido las hostilidades», según dijo.

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(c) Agencia EFE

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