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Con voz propia

Baja California, la disputa no electoral

La disputa en Baja California destacada por el conflicto entre PAN-PRD contra el PRI va más allá de lo electoral y pone de relieve los pactos no públicos

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Beltrones y Peña Nieto. Foto: cnn.mx

Beltrones y Peña Nieto. Foto: cnn.mx

Guadalupe Lizárraga

En “¿Quién diablos puede ganarle al PRI?”, artículo de opinión (11 Julio/El Universal), Agustín Basave hace referencia al “nuevo actor comicial: el crimen organizado”. Con serena tinta, alude de manera general al financiamiento, a la intimidación y asesinatos que marcaron la jornada electoral del 7 de julio, como parte de las actividades esperadas de la ciudadanía. “Lo normal”, se diría en el argot de la indolencia mexicana.

Y analiza el autor las marañas partidistas que se tejen entorno a los intereses públicos estratégicos, como la reforma energética y hacendaria. Temas espinosos para quienes no desean quedarse fuera del reparto de prebendas, y todavía no logran entrar a los grupos de poder de decisión.

Sin embargo, en este contexto, la disputa en Baja California destacada por el conflicto de votos entre la alianza PAN-PRD contra el PRI va más allá del plano electoral. El crimen organizado, referido por Basave, tiene mayores implicaciones que no podemos dejar de lado. No obstante, la denuncia y la repetición de nombres poco ayuda a comprender el significado y la dimensión geopolítica que el problema del tráfico ilegal de estupefacientes alcanza a lo largo de la frontera mexicana.

Los grupos narcotraficantes han tenido evidente presencia en las elecciones locales de este año y desde hace cuatro sexenios. La narcopolítica se declaró en México desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, precisamente en Tijuana, una de las plazas más codiciadas por los carteles del sur y de Juárez. Esta relación entre narcotraficantes y políticos, iniciada a finales de los 80, se afianzó diez años después con la participación de miembros destacados del ejército mexicano. Ningún presidente ha estado al margen de ello, ni lo está ahora Enrique Peña Nieto. La diferencia de aquellos años, de los 90, es que el impuesto hoy como presidente ya no es la punta de esa pirámide, aunque ello no quiere decir que no tenga influencia.

Un estado no democrático con un presidente impuesto, indudablemente, crea el terreno más propicio para la gestación y proliferación de problemas como el del narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, la corrupción y la impunidad en sus diversos ámbitos de autoridad. Y en esta cuestión, de todos sabido y pocas veces tratado, es que no podría existir el narcotráfico sin la colaboración –sea por acción u omisión– del stablishment buropolítico.

Fernando Castro Trenti, que en tiempos de Salinas de Gortari cargaba el maletín del coordinador de los diputados federales del PRI, hizo su poder de traiciones. Su hermano Francisco, director de la Policía de Rosarito, denunciado ante la DEA y la PGR desde hace un año por uno de los hermanos Arellano Félix de tenerlo en la narco-nómina, se convirtió en su zona de incertidumbre para sus enemigos, pero también supo moverse en la oscuridad con los enemigos de sus enemigos.

Jorge Hank Rhon, quien vio en la imposición de Peña Nieto (también del grupo Atlacomulco) la oportunidad para concretar su invariable deseo de ser gobernador en esta jornada, colocó a sus hombres más cercanos en la “Izquierda”, usurpando candidaturas con amenazas o dinero, como lo hizo el ahora senador Marco Antonio Blázquez Salinas. Pero Hank es bueno para los negocios en “lo oscurito”, no para la política. Y sus subordinados ascendidos al poder no le ayudaron mucho. Por otra parte, las alianzas del “Diablo” Trenti obligaron al magnate de los casinos a recular en su deseo de ser gobernador ante el enfrentamiento con un político experimentado como Manlio Fabio Beltrones, y con quien la disputa no sólo es política. Adicionalmente, Beltrones no olvida el 2012 y no deja de mirar a Peña Nieto por encima del hombro.

En Baja California, pues, lo que se está gestando es una coalición de intereses entre los políticos de alto nivel y narcotraficantes. No entre los candidatos. En la mesa de negociaciones no está una mera gubernatura, sino el control del rumbo que ha mantenido a la región y a gran parte del país en zozobra. No olvidemos que aquel pasado del que nadie quiere hablar está más presente que nunca.

¿Quién diablos puede ganarle al PRI? Otro PRI. Detrás de Kiko Vega, no está el PAN y el PRD. Lo ha hecho evidente el propio Peña Nieto a través de las portadas de los medios. Así de simple. Las siglas incluso pueden cambiar, ya lo experimentó el pueblo; las prácticas, no.

La narcopolítica es una realidad que no nos ha tomado de sorpresa. Por el contrario, la hemos visto formarse y consolidarse cada sexenio, en cada entidad, con cada grupo político y en cada cártel. Ha crecido entre nosotros, los periodistas, llevándose vidas y esperanza. Está en la médula del Estado. Ése es el verdadero pacto por México. Por eso Peña Nieto, como tan atinadamente observa Basave, “no puede darse el lujo de abandonar el pactismo”, ni él ni ningún político, mucho menos un aspirante como Hank que necesita demostrar su disciplina para ser considerado en las grandes ligas.

Ciertamente, Baja California es un “dechado de urbanidad política”, como dice el politólogo en su artículo, porque los negociadores hacen berrinches pero respetan el pacto. En ello les va la vida literalmente, y lo vimos desde Colosio hasta los cientos de alcaldes asesinados. Por eso las elecciones en los próximos años no van a desembocar en algo innombrable, ni el PRI ganará todo completo, en esto difiero del autor en mención. Para los ojos del mundo, poca oposición es mejor que no tener oposición. Todo es controlable. Ninguna coalición dominante que haya experimentado lo fructífero de la simulación va a descuidar los detalles, menos cuando se tiene el paquete completo: sistema fraudeable, medios de comunicación controlados y autoridades electorales sometidas. ¿La ciudadanía? No, esa no cuenta. Ya está derrotada.

Esto es la política mexicana y los pactistas se comprometen a garantizar que, independientemente del partido político que acceda al poder local o nacional, lo acordado se adoptará invariablemente.

Artículo referido: ¨¿Quién diablos puede ganarle al PRI?¨

 

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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