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Mexico Violento

Ayuntamiento de Chilpancingo desaloja con violencia a humilde familia

El alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, ordenó el desalojo violento de una familia después de 30 años de vivir en esa propiedad.

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Dos de los cuatro hijos de la familia desalojada por policías municipales. Foto: Flor Miranda

Dos de los cuatro hijos de la familia desalojada por policías municipales. Foto: Flor Miranda

*** Los uniformados amenazan y amagan con detener al padre de esa familia, así como a dos reporteros (una mujer entre éstos) que grababan sus acciones y el abuso de autoridad que desarrollaban

*** Luego de vivir por más de 30 años en el lugar, el Ayuntamiento los desaloja violentamente de la barranca

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.-“¿Qué quiere el alcalde?… ¿Que me lleve a mis hijos a dormir a su oficina o a su casa? ó, ¿Que los deje durmiendo aquí en la calle en donde estaba nuestra casita?”; son los cuestionamientos que lanzó públicamente doña Imelda Navarrete tras ser desalojada, con lujo de violencia, por policías estatales y personal del Ayuntamiento de Chilpancingo encabezado por el priista y aspirante a la gubernatura, Mario Moreno Arcos.

Pese a que Chilpancingo es la capital del estado y donde se ubica la sede de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cientos de familias viven en pobreza extrema sin recibir algún tipo de apoyo del gobierno en cualquiera de sus niveles.

Tal es el caso de la familia de doña Imelda quien vivía en una pequeña casa construida a base de madera, cartón y lámina galvanizada; en la barranca denominada “Las Calaveras”. Ahí, decenas de familias permanecen asentadas de manera irregular por tratarse de una zona federal. Sin embargo, sólo fue desalojada doña Imelda, junto a su esposo y sus cuatro hijos de 13, 8, 10 y 6 años de edad.

El desalojo se realizó mientras la mujer y su esposo se encontraban con una de sus hijas en la colonia Guerrero 200, vendiendo tierra para macetas. Se trata de una labor rutinaria “para juntar unos pesos, para comer tortillitas, aunque sea con queso y sal”, según cuentan los afectados.

Mientras que sus otros tres hijos, desde las diez de la mañana eran asustados y amagados por media docena de uniformados que golpeaban sin cesar las tablas de su casa. A los menores les exigieron que salieran de la casa, pues de lo contrario, los amenazaban con enviarlos a un orfanato del DIF.

Pese a no haber un adulto en el lugar, los policías y funcionarios municipales, entre ellos el coordinador jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Chilpancingo, empezaron a derribar la humilde vivienda.

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La discusión con los municipales que no dieron ninguna notificación previa sobre el desalojo a la familia. Foto: Flor Miranda

Para cuando doña Imelda regresó, sólo encontró a sus hijos en donde antes había estado su casa, y, sus pertenencias tiradas sobre la barranca. A sus interrogatorios no encontró respuesta, pues los funcionarios, prepotentes, se mantuvieron en silencio en todo momento.

Sólo le dijeron que se llevarían sus pertenencias. Así, sin dolencia alguna, los enviados del alcalde Mario Moreno, vigilaban las acciones de aquella mujer que desesperada fotografiaba sus pertenencias con un viejo celular.

Después llegó su esposo y una de sus hijas de escasos 8 años, quienes de manera sorprendida observaron cómo su hogar había desaparecido. En el lugar no quedó nada más que basura. Mientras que los pocos y viejos juguetes de sus hijos, así como el resto de las cosas, lucían en el piso de tierra, sin el menor cuidado.

El esposo de doña Imelda sólo logró que media docena de policías trataran de golpearlo por tomar fotografías a sus pertenencias y tratar de captar a quienes habían derribado su hogar para tener con qué comprobar de la acción que emprendió el gobierno.

El hombre de apariencia humilde se limitó a dar un par de pasos atrás para librarse de ser violentado por los agresivos policías. Sin embargo, los uniformados se resistían a cesar de su agresión hasta que vieron que eran fotografiados por un par de periodistas.

Policías amenazan a un reportero que cubre el caso. Foto: Flor Miranda

Policías amenazan a un reportero que cubre el caso. Foto: Flor Miranda

Policías municipales amenazan a periodistas por hacer su trabajo

Los uniformados se voltearon contra los reporteros, a quienes intentaron reprimir por hacer su trabajo e incluso los amenazaron con llevárselos detenidos. Sin embargo, sabiendo que estaban siendo grabados, sólo lanzaron un par de amenazas y se limitaron a desarrollar amagos. En tanto, los funcionarios municipales fotografiaron y grabaron en video a los reporteros, advirtiendo que después “se volverían a ver”.

“Hoy están arriba y se aprovechan, pero la vida da muchas vueltas”, les recordó doña Imelda a los funcionarios municipales, quienes mostraban en su rostro tal alegría. Tal parecían que disfrutaban el dejar en la calle a los cuatro niños que sólo observaban a detalle lo que sucedía y los abusos de los que eran víctimas.

Sus pequeños y sucios rostros parecían llenarse de desconcierto y tristeza. Lo habían perdido todo. “Tengo 4 niños, yo no tengo a dónde irme. Yo no me voy a ir porque no tengo a dónde”, aclaró la dolida mujer.

Luego agregó: “yo me fui a trabajar. Mi niña me habló que había policías quienes empezaron a despedazar mi casa sin importarles que mis hijos estaban adentro, asustados”.

Aquella mujer vestía una humilde blusa verde y unos huaraches de plástico, viejos. “El gobierno municipal no nos da otra opción, ni siquiera nos había notificado que teníamos que salirnos. Sólo llegaron a patear”, agregó cuanto estaba al borde del llanto.

Continuó explicando a los reporteros: “yo aquí soy crecida, tengo 36 años y desde hace más de 30 vivo aquí. Hoy dicen que (donde se ubicaba su casa) es andador, pero esto es una barranca. Aquí los hombres se vienen a masturbar, a drogar, eso deberían de ver los policías”.

Mientras narraba la triste historia ya corriendo lágrimas sobre sus mejillas; se seguía preguntando: “¿A dónde me voy a ir?”.

Con la voz entrecortada y rodeada de funcionarios municipales y policías estatales que dibujan en su rostro satisfacción, la humilde mujer recalcó que los policías estatales empezaron a destruir su casa de madera y lámina galvanizada “a patadas”, sin importarles que dentro se encontraban sus hijos, todos menores de edad.

“Andamos trabajando para darle de comer a nuestros hijos. No es justo, si me van a sacar a mí que nos saquen a todos. ¿Qué quiere el alcalde?… ¿Que me lleve a dormir a mis hijos a su casa o a su oficina?, ó, ¿Qué quiere?”, seguía cuestionándose sin recibir respuesta alguna.

Doña Imelda y su esposo se dedican a vender tierra para macetas. Al día venden entre tres y cuatro costales, cada uno cuesta 20 o 25 pesos. Con eso mantienen a sus cuatro hijos.

“A veces, a luchas, vendemos cuatro costalillas de tierra para plantas, cuesta 20 o 25 pesos, a luchas andamos vendiendo pero trabajando bien, no andamos robando, no sé porque se ensañan contra nosotros”, dijo. Varias horas después, los cuatro niños junto a su madre y padre observaban con tristeza, cómo los funcionarios municipales acarreaban sus pertenencias.

En el lugar ya no estaba su casa, ni utensilios para preparar de comer, ni ropa, ni zapatos… mucho menos juguetes. Sólo tenían la ropa vieja con la que estaban vestidos y cinco pesos en su bolsa. Estaban sin ninguna opción para ir a dormir a algún sitio o siquiera para comer.

Finalmente, lo único que la familia pidió al alcalde Mario Moreno Arcos es que ataque a los asaltantes y roba chicos que operan en la capital y, que deje de seguir afectando a quienes trabajan honradamente para ir comiendo.

Y es que mientras media docena de policías desalojaban a doña Imelda, en otros puntos de la ciudad se perpetraban asaltos y balaceras, aquel viernes 11 de abril.

Familia desalojada. Foto: Flor Miranda

Familia desalojada. Foto: Flor Miranda

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Con voz propia

Samuel García y Mariana Rodríguez, con trastorno de personalidad narcisista: Ernesto Lammoglia

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Por Alberto Farfán

 En ocasiones en México se suelen encontrar en análisis periodísticos de algunos columnistas imberbes y limitados términos propios de la psiquiatría para plantear la personalidad de gobernantes, servidores públicos y otros de este ámbito, en el afán de vituperar tanto sus actividades de Estado como las personales o sociales, aunque también esta práctica puede encontrarse en otros países.

De ahí que sean importantes las observaciones del doctor Ernesto Lammoglia (Veracruz, 1940), connotado médico psiquiatra, criminólogo, escritor y comunicólogo, que desarrolla acerca del gobernador de Nuevo León y su esposa, Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, respectivamente.

En entrevista, el Dr. Lammoglia, siempre ético y profesional, advierte que el perfil que brindará está sujeto a lo expuesto por los medios de comunicación y redes sociales, lo cual no se podría considerar un diagnóstico objetivo porque para ello el matrimonio regio debería haber sido analizado en su consultorio. Razonamiento que nos parece perfectamente válido e incluso obligado ponerlo sobre la mesa. (Conversación con Julio Hernández en Astillero Informa por YouTube, 13/05/22).

Sin embargo, resulta interesante la caracterización que realiza el doctor si tomamos en cuenta la serie de peculiaridades que García y Rodríguez han mostrado antes, durante y después, ya ubicados en el pináculo del poder en Nuevo León, a través de redes sociales sobre todo. Las cuales no voy a enumerar porque francamente sus sketchs son siempre lo mismo: llamar la atención a costa de quien sea o de lo que sea con un humor que se supone graciosísimo.

Así, para el Dr. Lammoglia, galardonado en múltiples ocasiones por su labor profesional y con más de una docena de libros publicados, ambos personajes padecen del trastorno de personalidad narcisista. Palabras más, palabras menos, desprendemos que dicho trastorno mental implica que las personas padecerán de un sentido desproporcionado de su propia importancia, una necesidad exagerada de atención desmedida, relaciones de explotación emocional y una ausencia profunda de empatía por las personas a su alrededor.

No obstante, esto no es más que una especie de máscara protectora de hierro, pues en realidad su autoestima es rotundamente frágil y vulnerable al comentario crítico más anodino. Y añade el Dr. Lammoglia que “el nivel más alto de esta condición es la psicopatía”.

Y al revisar con detenimiento estas características del narcisismo, pero fundamentalmente al confrontarlas con las curiosidades del matrimonio en redes sociales, no puede uno soslayar que acaso el Dr. Lammoglia no esté equivocado, sino todo lo contrario.

Situación que, en efecto, no tendría ninguna relevancia si Samuel García y Mariana Rodríguez fueran ciudadanos comunes y corrientes, divirtiéndose con sus ocurrencias en videos y demás. Sin embargo no lo son. Más aún, él como gobernador y ella como primera dama detentan un gran poder en la entidad en que viven, con el objeto, se supone, de velar por la ciudadanía en todos sentidos, pero al ser narcisistas me temo que difícilmente se podrán erradicar los feminicidios, el narcotráfico, la trata de personas y otros flagelos sociales que prevalecen impunes. Si otros que no lo son no lo logran, menos ellos.

Finalmente, es evidente que un perfil psicológico o psiquiátrico por más objetivo y exacto que sea no necesariamente indicará que el gobernante diagnosticado con alguna condición mental podrá constituirse en el mejor o el peor, pero estemos de acuerdo o no nos dará una idea sobre a qué atenernos. Y serán los hechos los que hablarán a este respecto. Lamentablemente, ya están hablando con claridad de manera negativa en Nuevo León en torno a los más recientes feminicidios y al cuestionable proceder de los responsables de la fiscalía del estado.

 

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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ONU vuelve a alertar por asesinatos de periodistas en México

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La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a emitir una alerta por el asesinato de periodistas en México, debido a que es el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el país.

El organismo internacional señaló que se necesitan acciones eficientes para mejorar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el país, debido a que en este año se han contabilizado 11 ejecuciones de comunicadores en diferentes entidades, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad.

De acuerdo con la oficina defensora de los derechos humanos, en México no se han implementado las acciones suficientes para contener la violencia contra los periodistas en el país, por lo que se necesitan acciones integrales para garantizar el ejercicio del periodismo.

De la misma manera, enfatizó que se requieren mecanismos especiales para garantizar un mejor sistema de atención a las personas que se encuentran en vulnerabilidad como los periodistas y los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente son vulnerados por las condiciones en las que se encuentran.

Asimismo, sostuvo que el gobierno federal no ha implementado las acciones necesarias para proteger a los periodistas, quienes se encuentran en vulnerabilidad en las entidades afectadas por el crimen organizado, donde las autoridades subnacionales están coludidas con los grupos delictivos y por ello persiste la impunidad.

Además, el representante del organismo defensor de los derechos humanos manifestó que el Estado mexicano debe fortalecer el mecanismo de protección a los periodistas en la entidad, en donde las afectaciones para estos sectores son constantes con violencia en distintos nivele

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