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Mexico Violento

Ayuntamiento de Chilpancingo desaloja con violencia a humilde familia

El alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, ordenó el desalojo violento de una familia después de 30 años de vivir en esa propiedad.

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Dos de los cuatro hijos de la familia desalojada por policías municipales. Foto: Flor Miranda

Dos de los cuatro hijos de la familia desalojada por policías municipales. Foto: Flor Miranda

*** Los uniformados amenazan y amagan con detener al padre de esa familia, así como a dos reporteros (una mujer entre éstos) que grababan sus acciones y el abuso de autoridad que desarrollaban

*** Luego de vivir por más de 30 años en el lugar, el Ayuntamiento los desaloja violentamente de la barranca

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.-“¿Qué quiere el alcalde?… ¿Que me lleve a mis hijos a dormir a su oficina o a su casa? ó, ¿Que los deje durmiendo aquí en la calle en donde estaba nuestra casita?”; son los cuestionamientos que lanzó públicamente doña Imelda Navarrete tras ser desalojada, con lujo de violencia, por policías estatales y personal del Ayuntamiento de Chilpancingo encabezado por el priista y aspirante a la gubernatura, Mario Moreno Arcos.

Pese a que Chilpancingo es la capital del estado y donde se ubica la sede de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cientos de familias viven en pobreza extrema sin recibir algún tipo de apoyo del gobierno en cualquiera de sus niveles.

Tal es el caso de la familia de doña Imelda quien vivía en una pequeña casa construida a base de madera, cartón y lámina galvanizada; en la barranca denominada “Las Calaveras”. Ahí, decenas de familias permanecen asentadas de manera irregular por tratarse de una zona federal. Sin embargo, sólo fue desalojada doña Imelda, junto a su esposo y sus cuatro hijos de 13, 8, 10 y 6 años de edad.

El desalojo se realizó mientras la mujer y su esposo se encontraban con una de sus hijas en la colonia Guerrero 200, vendiendo tierra para macetas. Se trata de una labor rutinaria “para juntar unos pesos, para comer tortillitas, aunque sea con queso y sal”, según cuentan los afectados.

Mientras que sus otros tres hijos, desde las diez de la mañana eran asustados y amagados por media docena de uniformados que golpeaban sin cesar las tablas de su casa. A los menores les exigieron que salieran de la casa, pues de lo contrario, los amenazaban con enviarlos a un orfanato del DIF.

Pese a no haber un adulto en el lugar, los policías y funcionarios municipales, entre ellos el coordinador jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Chilpancingo, empezaron a derribar la humilde vivienda.

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La discusión con los municipales que no dieron ninguna notificación previa sobre el desalojo a la familia. Foto: Flor Miranda

Para cuando doña Imelda regresó, sólo encontró a sus hijos en donde antes había estado su casa, y, sus pertenencias tiradas sobre la barranca. A sus interrogatorios no encontró respuesta, pues los funcionarios, prepotentes, se mantuvieron en silencio en todo momento.

Sólo le dijeron que se llevarían sus pertenencias. Así, sin dolencia alguna, los enviados del alcalde Mario Moreno, vigilaban las acciones de aquella mujer que desesperada fotografiaba sus pertenencias con un viejo celular.

Después llegó su esposo y una de sus hijas de escasos 8 años, quienes de manera sorprendida observaron cómo su hogar había desaparecido. En el lugar no quedó nada más que basura. Mientras que los pocos y viejos juguetes de sus hijos, así como el resto de las cosas, lucían en el piso de tierra, sin el menor cuidado.

El esposo de doña Imelda sólo logró que media docena de policías trataran de golpearlo por tomar fotografías a sus pertenencias y tratar de captar a quienes habían derribado su hogar para tener con qué comprobar de la acción que emprendió el gobierno.

El hombre de apariencia humilde se limitó a dar un par de pasos atrás para librarse de ser violentado por los agresivos policías. Sin embargo, los uniformados se resistían a cesar de su agresión hasta que vieron que eran fotografiados por un par de periodistas.

Policías amenazan a un reportero que cubre el caso. Foto: Flor Miranda

Policías amenazan a un reportero que cubre el caso. Foto: Flor Miranda

Policías municipales amenazan a periodistas por hacer su trabajo

Los uniformados se voltearon contra los reporteros, a quienes intentaron reprimir por hacer su trabajo e incluso los amenazaron con llevárselos detenidos. Sin embargo, sabiendo que estaban siendo grabados, sólo lanzaron un par de amenazas y se limitaron a desarrollar amagos. En tanto, los funcionarios municipales fotografiaron y grabaron en video a los reporteros, advirtiendo que después “se volverían a ver”.

“Hoy están arriba y se aprovechan, pero la vida da muchas vueltas”, les recordó doña Imelda a los funcionarios municipales, quienes mostraban en su rostro tal alegría. Tal parecían que disfrutaban el dejar en la calle a los cuatro niños que sólo observaban a detalle lo que sucedía y los abusos de los que eran víctimas.

Sus pequeños y sucios rostros parecían llenarse de desconcierto y tristeza. Lo habían perdido todo. “Tengo 4 niños, yo no tengo a dónde irme. Yo no me voy a ir porque no tengo a dónde”, aclaró la dolida mujer.

Luego agregó: “yo me fui a trabajar. Mi niña me habló que había policías quienes empezaron a despedazar mi casa sin importarles que mis hijos estaban adentro, asustados”.

Aquella mujer vestía una humilde blusa verde y unos huaraches de plástico, viejos. “El gobierno municipal no nos da otra opción, ni siquiera nos había notificado que teníamos que salirnos. Sólo llegaron a patear”, agregó cuanto estaba al borde del llanto.

Continuó explicando a los reporteros: “yo aquí soy crecida, tengo 36 años y desde hace más de 30 vivo aquí. Hoy dicen que (donde se ubicaba su casa) es andador, pero esto es una barranca. Aquí los hombres se vienen a masturbar, a drogar, eso deberían de ver los policías”.

Mientras narraba la triste historia ya corriendo lágrimas sobre sus mejillas; se seguía preguntando: “¿A dónde me voy a ir?”.

Con la voz entrecortada y rodeada de funcionarios municipales y policías estatales que dibujan en su rostro satisfacción, la humilde mujer recalcó que los policías estatales empezaron a destruir su casa de madera y lámina galvanizada “a patadas”, sin importarles que dentro se encontraban sus hijos, todos menores de edad.

“Andamos trabajando para darle de comer a nuestros hijos. No es justo, si me van a sacar a mí que nos saquen a todos. ¿Qué quiere el alcalde?… ¿Que me lleve a dormir a mis hijos a su casa o a su oficina?, ó, ¿Qué quiere?”, seguía cuestionándose sin recibir respuesta alguna.

Doña Imelda y su esposo se dedican a vender tierra para macetas. Al día venden entre tres y cuatro costales, cada uno cuesta 20 o 25 pesos. Con eso mantienen a sus cuatro hijos.

“A veces, a luchas, vendemos cuatro costalillas de tierra para plantas, cuesta 20 o 25 pesos, a luchas andamos vendiendo pero trabajando bien, no andamos robando, no sé porque se ensañan contra nosotros”, dijo. Varias horas después, los cuatro niños junto a su madre y padre observaban con tristeza, cómo los funcionarios municipales acarreaban sus pertenencias.

En el lugar ya no estaba su casa, ni utensilios para preparar de comer, ni ropa, ni zapatos… mucho menos juguetes. Sólo tenían la ropa vieja con la que estaban vestidos y cinco pesos en su bolsa. Estaban sin ninguna opción para ir a dormir a algún sitio o siquiera para comer.

Finalmente, lo único que la familia pidió al alcalde Mario Moreno Arcos es que ataque a los asaltantes y roba chicos que operan en la capital y, que deje de seguir afectando a quienes trabajan honradamente para ir comiendo.

Y es que mientras media docena de policías desalojaban a doña Imelda, en otros puntos de la ciudad se perpetraban asaltos y balaceras, aquel viernes 11 de abril.

Familia desalojada. Foto: Flor Miranda

Familia desalojada. Foto: Flor Miranda

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El CJNG se desplaza a Yucatán con ejecuciones y ‘cobros de piso’ a contratistas y trabajadores del Tren Maya

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El Cártel Jalisco Nueva Generación enfila sus baterías al estado de Yucatán, luego que estar siendo desplazado de Quintana Roo, a sangre y fuego.

Por Alfredo Griz Cruz

YUCATÁN, México.- Tras la presión del Gobierno federal para ceder el control de las plazas del Caribe mexicano a otros grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve obligado a desplazarse hacia Yucatán, desde hace apenas unos días, justamente cuando el sábado 25 de junio se daba cuenta de ocho ejecutados tirados en los limítrofes del estado de Yucatán.

Sus nombres eran José Luis Villalpando Pat, de 46 años; Édgar Medina Romero, de 19; Heber Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio César Robledo García, de 24; David Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan, de 20 años. Todos ellos “levantados” entre el 21 y 23 de junio en el poblado de Xcalac, de Quintana Roo.

El Cartel Jalisco Nueva Generación mandó un mensaje claro a la autoridad yucateca, mostrando fuerza y determinación para entrar a esa entidad; sin embargo, las autoridades policiacas de Yucatán reaccionaron de manera inmediata y blindaron el estado en espera de otro posible golpe.

Ha habido indicios de que ya se tenía presencia de ese cartel en la ciudad de Mérida. Un evento a lo referido es cuando la empleada de la Comisión Federal de Electricidad, Circe Viridiana Palma Martínez, intentó medrar con información confidencial que revelaba la corrupción de los servidores públicos de esta institución y tras su fracaso denunció ante la FGR a este reportero a petición de la paraestatal. En consecuencia, fue colocada una narco-manta en el domicilio de quien escribe con amenazas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha empleada que filtró información confidencial de las obras del Tren Maya y de sus jefes directos, Marco Antonio Flores y Víctor Manuel Tziu Sosa, fue coaccionada a denunciar a este periodista bajo supuestos delitos de extorsión para no ser despedida. La empleada, cuyo número de control es RPE: DB483, señaló que los desvíos de recursos de esa paraestatal se hace entre amigos y grupos del del crimen organizado. De ahí se deriva la narco-manta que fue colocada en el domicilio de este reportero y de la cual, la autoridad estatal se mantiene al margen, ignorando el asunto, y dejando el caso al Ministerio Público Federal.

Narcomanta del CJGN con amenazas al reportero.

Recapitulando los hechos

  • El día 22 de abril fue detenido en Progreso, Yucatán, un lugarteniente del CJNG en el más completo sigilo, lo que obra en diversas notas periodísticas regionales y nacionales.
  • El 7 de mayo, este reportero es amenazado por el CJNG, como respaldo a la empleada de la Comisión Federal de Electricidad que le filtró información, y luego lo denunció en la Fiscalía General del Estado por supuesta extorsión, para deslindarse de su responsabilidad ante el delito de revelación de secretos.
  • El 25 de junio, ejecutaron a ocho personas que fueron tirados en el municipio de Chikindzont, localizado al oriente de Yucatán, adjudicándose los hechos el CJNG.
  • El martes 28, en el barrio de San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, se desplegó un intenso operativo para detener a ocho personas pertenecientes al CJNG quienes tenían a personas privadas de su libertad en un domicilio de esa céntrica colonia, lo que provocó activar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, con vuelos constantes en las colonias, Campestre, Pedregales de Tamlun, Chuburna, Chichi Suárez, entre otras.

Tras el operativo de persecución y detención de los presuntos criminales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República; sin embargo, en un golpe de timón mediático, las autoridades estatales deslizaron la información de que fueron detenidas personas que se dedicaban a estafar a través de un call center. Lo que resulta inverosímil, ya que no se justifica ni la persecución por todo el norte de la ciudad ni el accionar de un helicóptero policial, por lo que es evidente que se está ocultando la información, para no poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública de Mérida.

A decir de Circe Viridiana Palma Martínez, quien filtró la información sobre la corrupción del Tren Maya y quien ahora es imputada en una denuncia federal, señala que los contratistas que laboran en los tramos del tren de Campeche a Quintana Roo, deben de dar su cuota a los residentes y también a los grupos del crimen organizado que tengan control sobre las zonas de construcción. De ahí se deriva la férrea lucha en la zona de Quintana Roo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación fue desplazado de las zonas turísticas, y ahora se quiere abrir paso en esos tramos de construcción del Tren Maya. Que de acuerdo con la información recibida, uno de los motivos del CJNG para establecer una base de operaciones en Yucatán es tomar el control de las obras del Tren Maya, donde normalmente se mueve la droga con los trabajadores y se hacen cobros de piso a los contratistas.

La ahora imputada servidora pública, quien ha mantenido silencio ante este medio de comunicación, pero vierte información sobre la denuncia federal en su contra, deja entre ver acuerdos no transparentes de la paraestatal y el Ministerio Público Federal en una clara obstaculización de la justicia.

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Periodista Antonio de la Cruz no había sido amenazado, según SSPC

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El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que el periodista Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no había recibido amenazas ni estaba incorporado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

El funcionario federal dijo que el comunicador fue asesinado con cinco disparos de armas de fuego y también hirieron a su hija Cintia, quien se encuentra en estado grave internada en un hospital de Tamaulipas.

Indicó que el periodista era reportero del diario Expreso y titular de Movimiento Ciudadano (MC) en Tamaulipas, pero sus notas periodísticas estaban enfocadas en el campo y el clima, aunque también identificaron contenidos relacionados con cuestionamientos a las autoridades locales.

Agregó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) está en contacto con la familia del comunicador, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades e inició las indagatorias correspondientes.

Recordó que por los asesinatos de 11 periodistas en este año, un total de 26 personas han sido detenidas y 19 fueron vinculadas a proceso penal, por lo que especificó que Roberto Toledo no se dedicaba a actividades periodísticas, sino que era un auxiliar de despacho jurídico, mientras que Jorge Camero se dedicaba a actividades políticas.

Por su parte, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que en el sitio del crimen fueron localizados cuatro casquillos percutidos y dos cartuchos útiles de arma de 40 mm, por lo que se encuentran analizando la posibilidad de integrar las probables causas de la agresión.

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Investigaciones

José Noriel Portillo Gil ‘El Chueco’, del cártel de Los Paredes, con dominio en Sonora desde 1990

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Por Guadalupe Lizárraga

Antiguas investigaciones periodísticas e información difundida en las redes sociales apuntan que el presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, al interior de una iglesia en Cerocahui, Urique, del estado de Chihuahua, está relacionado con el grupo delictivo de Los Paredes, que ha tenido relevancia en Sonora y Chihuahua, y ha operado desde 1990 con las autoridades locales.

Se trata de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, a quienes testigos refieren como el presunto asesino que perseguía a un hombre con otros pistoleros, y en un intento por salvar su vida, el hombre se refugió dentro de la iglesia donde estaban los sacerdotes y fue atacado a balazos por Portillo Gil, quien es ampliamente conocido en esa región, con el apodo ‘El Chueco’.

Esta misma persona, al ver que los sacerdotes jesuitas intentaron brindarle los primeros auxilios, disparó contra ellos. Posteriormente, el victimario movió los cuerpos a su camioneta para desaparecerlos.

En la información que ha trascendido, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, es señalado de ser el actual jefe de plaza de Los Paredes, de Agua Prieta, Sonora, y de rendir cuentas directamente a Martín Alonso Siqueiros Acuña, alias El Tin Tin, actual líder de la Gente Nueva de Agua Prieta.

El exgobernador Javier Corral, en noviembre de 2018, también señaló a José Noriel Portillo Gil, de haber perpetrado el asesinato del ciudadano estadounidense Patrick Braxton Andrews, un joven profesor radicado en Chihuahua, que había sido reportado como desaparecido. Sin dudar de su información, que además aseguraba que El Chueco había matado al joven al confundirlo con un agente de la DEA, el gobernador prometió entregar el cuerpo de Patrick y hacer justicia. El cuerpo de Patrick fue hallado, pero El Chueco siguió libre.

«…no sólo que encontraremos el cuerpo de Patrick, si no que haremos Justicia y daremos castigo ejemplar a este delincuente y su gavilla, a quienes paradójicamente, al actuar con esa cobardía ponen fin a su influencia y control de esa zona, bajo el cártel de Sinaloa».

Ex gobernador de Chihuahua Javier Corral, 15 de noviembre de 2018

La familia de José Noriel Portillo Gil también ha sido parte del grupo de narcotraficantes aliado a Los Paredes. De acuerdo con la información recibida, su padre fue ejecutado en Cerocahui, en un enfrentamiento armado contra integrantes del Cártel de La Línea, (de Ciudad Juárez), grupo rival de Los Paredes. El Chueco era primo de los narcotraficantes Bernardo y Benito Portillo Torres. El primero abatido en una balacera en la sierra de Chihuahua, límite con Choix, Sinaloa, el 4 de marzo de 2015. El segundo, el 28 de mayo del mismo año en Culiacán.

Benito Portillo Torres era socio y compadre de Marcos Paredes Machado, alias El M-100, y se le señalaba de haber encabezado la masacre en la cual murieron ocho personas en 2010, en el municipio de Creel, Chihuahua, por lo que fue detenido Enrique López Acosta, El Cumbias, del grupo Gente Nueva.

Los Portillo se dedicaban a sembrar y cosechar narcóticos en la zona serrana de Cerocahui, La Cieneguita y Urique, droga que transportaban a la ciudad fronteriza de Agua Prieta, para su entrega al grupo delictivo Los Paredes, quienes se encargaban de cruzarla a los Estados Unidos.

José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, mantiene una férrea disputa por el control de esa zona con los líderes del Cártel de La Línea, que operan en San Juanito y Maguarichi, identificados con los nombres de Juan Márquez, César Manjarrez alias El H2 y los hermanos Ever José González Bournes, alias El Águila, y Víctor Noé González Bournes, alias El 500.

De acuerdo con el portal Bordeland Beat, el cártel de Los Paredes, en 2020, estaría integrado con estas personas.

Los Paredes

En Sonora, Los Paredes es el nombre con el que se identifica una familia mexicoamericana que ha destacado en el narcotráfico desde la década de 1990, según información de la prensa local. Leonel Paredes-Perú fue el fundador de esta organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.

El 3 de mayo de 2004, fue asesinado Leonel Paredes Perú, así como Leobardo Paredes Machado y María del Refugio Paredes Machado, en un restaurante de Agua Prieta. Fue cuando Marco Antonio Paredes Machado asumiría el mando.

Desde la ciudad fronteriza de Agua Prieta, Los Paredes han monitoreado y coordinado el paso de drogas por Arizona. “Lo trasladan en camiones, a través de inmigrantes indocumentados, con animales de carga (caballos y mulas) y esporádicamente en aviones ultraligeros”, indicó un agente mexicano que fue entrevistado y no quiso ser identificado por razones de seguridad. «Por los 388 kilómetros de frontera que comparte Arizona con esta árida tierra del territorio mexicano, casi toda la marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina que ingresa por aquí es movida por el cártel de Los Paredes».

El Junior

Después de la detención de Marco Antonio Paredes Machado en 2011, en Huixquilucan, Estado de México, y extraditado a Estados Unidos en 2015, bajo sentencia de 22 años de prisión, su hijo Marco Antonio Paredes Ponce, alias Junior, asumió el liderazgo del cártel. Nacido en Estados Unidos y radicado en Phoenix, Arizona, Paredes Ponce, a quien también le dicen «Marquitos», junto con Martín Siqueiros Acuña, El El Tin Tin, controla los municipios de Agua Prieta, Cananea, Bavispe, Bacerac, Moctezuma, Huasabas, Sahuaripa y sus corregimientos aledaños según un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que éstos, a su vez operan para Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Sin embargo, pese a la información difundida por el gobierno federal mexicano, siguen en impunidad.

Infografía del cártel de Los Paredes, publicada el diario sonorense El Imparcial, el 20 de marzo de 2005, por el periodista asesinado el 2 de abril de 2005.

Lo que reveló el periodista asesinado Alfredo Jiménez Mota

Uno de los últimos reportajes del periodista Alfredo Jiménez Mota, asesinado en 2005, fue sobre el dominio del cártel de Los Paredes en Agua Prieta, Sonora. En su trabajo, señalaba directamente a Marco Antonio Paredes Machado, líder del cártel, como «dueño de más del 50 por ciento de las propiedades de este municipio», con información que había dado a conocer la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en ese entonces.

Marco Antonio sustituyó a Manuel Leobardo Paredes «El Leo», ejecutado el 3 de mayo de 2004, quien tenía una orden de aprehensión desde 1999 en la Corte de Tucson por cruzar de Naco Sonora a Naco Arizona, a través de un túnel, 40 mil libras de cocaína, unas 18 toneladas, escribió Jiménez Mota en su reportaje.

En ese mismo trabajo, destacó información de Nahum Acosta Lugo, el exfuncionario que fue acusado por la PGR de filtrar información a un cártel de las giras de trabajo del entonces presidente Vicente Fox. El periodista escribió que el subprocurador de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, quien fallecería en un supuesto accidente aéreo en 2008, relacionaba directamente a Acosta Lugo con la familia de Marco Antonio Paredes.

«Las conversaciones telefónicas entre Nahum Acosta y Marcos Paredes, hermano del Leo Paredes, operador del Cártel de Juárez, ejecutado el 3 de mayo de 2004, es un indicio de la PGR sobre sus relaciones peligrosas», fue la afirmación recogida por el reportero. Y abundó en que eran ocho conversaciones telefónicas recogidas por espionaje en las que abordaban la política de Agua Prieta, el control que Nahum Acosta ejercía sobre algunos medios locales y su apoyo a Marco Antonio Paredes para «calmar» a un periodista -dice la nota- que quiere publicar un reportaje sobre Los Paredes.

Portada de El Imparcial, 20 de marzo de 2005, con el reportaje de Alfredo Jiménez Mota.

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