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Mexico Violento

Autoridades toleran trata sexual en Tijuana desde hace 30 años

Redes de prostitución en la zona centro de Tijuana operan con impunidad y tolerancia de las autoridades locales desde hace más de 30 años

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Prostitutas de "La Coahuila" Zona Norte de Tijuana, vestidas de colegialas. Foto: navymailman/flickr

Prostitutas de “La Coahuila” Zona Norte de Tijuana, vestidas de colegialas. Foto: navymailman/flickr

Por Lizbeth Ortiz Acevedo

TIJUANA, México (CIMAC).- Redes de trata en esta ciudad de Baja California (BC) “enganchan” a mujeres y niñas provenientes de otros estados del país para llevarlas a la zona conocida como “La Coahuila”, donde la explotación sexual prolifera en decenas de burdeles al amparo de las autoridades y desde hace más de 30 años.

En entrevista, Dolores París Pombo, profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), dijo que estas mujeres y niñas provienen de comunidades del centro y sur del país y no cuentan con apoyo de sus familias, además de que muchas de ellas fueron violentadas sexualmente en el núcleo familiar, por lo que crecen con poca autoestima y se vuelven blanco fácil del “chantaje emocional de sus explotadores”.

Así que son sus mismos familiares quienes las “enganchan” en sus pueblos, las trasladan pagando los sobornos necesarios para llegar hasta Tijuana, y una vez ahí comienza la explotación sexual.

Según el “Reporte final: Investigando el contexto social de la trata sexual y la vulnerabilidad al VIH a lo largo de la frontera México-EU”, coordinado por Shira Goldenberg, de la Universidad de California en San Diego, y publicado por el Colef, el 80 por ciento de las víctimas de trata sexual son mujeres y cada año 100 mil víctimas llegan del sur y centro de México para ser traficadas en la frontera con fines sexuales.

En el mismo documento se detalla que en Estados Unidos, el 41 por ciento de las mujeres víctimas de trata sexual en 2007 eran de origen latinoamericano. Se advierte que Tijuana es considerado un “destino popular para el turismo sexual infantil”.

En un testimonio, una mujer víctima de trata recuerda que fue violentada sexualmente a los 11 años de edad, lo que le provocó un trauma. Luego fue prostituida a los 13 años, y desde entonces se dedica a ello.

París Pombo señaló que son pocos los casos de trata de personas con fines de explotación sexual que llegan a los juzgados, y que los únicos que llegan ante un juez son los denunciados entre integrantes de una misma familia, es decir cuando se acusa al tío o al primo, pero las grandes organizaciones trasnacionales que trafican con mujeres y niñas permanecen intocables.

La investigadora alertó que según algunos estudios académicos, en los bares de la “zona roja” de Tijuana ya se ofrecen abiertamente niñas y niños con fines de explotación sexual comercial.

En espera de cliente, en "La Coahuila", Tijuana. Foto: navymailman/flickr

En espera de cliente, en “La Coahuila”, Tijuana. Foto: navymailman/flickr

“Por 150 dólares, han matado a muchas”

“La Coahuila” es visitada por algunos de los 19 millones de turistas que llegan cada año a Tijuana. Ubicada en pleno centro de la ciudad, consta de no más de 10 cuadras; tiene un callejón principal con escasos 20 metros que separan una acera de otra y está plagado de bares.

En un recorrido se pudo constatar que la zona opera las 24 horas del día y a simple vista hay mujeres jóvenes en las afueras de estos lugares. Sin embargo, al salir del callejón principal se observan mujeres con rasgos indígenas, morenas, de menor estatura y no se ubican frente a ningún bar, sino que están formadas para luego ser prostituidas en los hoteles cercanos.

Por la calle caminan supuestos vendedores ambulantes que ofrecen droga a los transeúntes. Uno de ellos, que pidió se resguardara su identidad, dijo que los hombres pagan entre 70 y 80 dólares (entre 900 y poco más de mil pesos mexicanos) para tener relaciones sexuales con las jóvenes.

El sujeto contó que hay “clientes” que llegan a pagar a los bares hasta 150 dólares (cerca de 2 mil pesos mexicanos) para sacar a las mujeres o adolescentes del lugar y llevárselas por algunas horas a otro lado. “Así han matado a muchas”, reconoció.

“La Coahuila” es visitada a diario por “muchos” norteamericanos, pero también por hombres de origen asiático y los oriundos de Tijuana, quienes ya conocen el movimiento en la zona, agregó.

Sobre las niñas y adolescentes en condición de explotación sexual, el supuesto vendedor ambulante detalló que las de 13 o 14 años están “bien escondidas” en los establecimientos, y los “clientes” pagan hasta el doble de la tarifa.

Esta agencia intentó platicar con alguna de ellas, pero ninguna aceptó ante el temor de alguna represalia por parte de sus explotadores.

Al respecto, la profesora Dolores París Pombo señaló que estas mujeres son chantajeadas de diversas formas para obligarlas a permanecer en el comercio sexual. Por ejemplo si tienen hijos, los proxenetas los mantienen como rehenes.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

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Justicia pendiente

México aceptó enviar más de 10 mil tropas en la frontera sur para evitar paso de migrantes

Ignacio García

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La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que México acordó con Estados Unidos enviar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a la Unión Americana.

La funcionaria norteamericana dijo que con esta medida se logrará contener el paso de los migrantes centroamericanos que buscan arribar a Estados Unidos, medida que ya se había implementado desde el gobierno de Donald Trump para impedir una mayor cantidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con la representante del gobierno de Estados Unidos, con estas medidas han detenido a más del doble de las personas que intentaban cruzar México para arribar a esa nación, por lo que manifestó que también Guatemala accedió a reforzar su seguridad con más de 15 mil elementos.

En el caso de Honduras se desplegarán más de 70 mil efectivos de seguridad para evitar la salida de los migrantes que buscan radicar en Estados Unidos, por lo que buscan evitar que ingresen más personas de forma ilegal a la Unión Americana, continuando con una política de deportaciones masivas implementada desde el gobierno de Barack Obama.

En mayo de 2019 el entonces presidente de Donald Trump amenazó a México con incrementar las tarifas de los aranceles, por lo cual el gobierno federal aceptó aumentar la seguridad en la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos al país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) refirió que existe una crisis humanitaria implementada por el gobierno de Estados Unidos para marginar a las personas de escasos recursos económicos que radican en Centroamérica y que buscan nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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Mexico Violento

Parlamento británico pide al Gobierno mexicano intervenga en la búsqueda de Claudia Uruchurtu, desaparecida en Nochixtlán

Miguel Montesinos Leon

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Por Miguel Montesinos León

Integrantes del Parlamento de Gran Bretaña firmaron una petición dirigida al Primer Ministro Británico solicitándole su intervención urgente para que el Gobierno Mexicano intensifique la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz, de 48 años, activista mexico-británica, desaparecida el 26 de marzo, en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y sea presentada con vida.

Entre las 22 y las 24 horas, del 26 de marzo, se registró la desaparición de la ciudadana mexico-británica Claudia Uruchurtu Cruz, mientras se dirigía a un llamado de la comunidad de Asunción Nochixtlán para exigir la liberación y atención médica de Alfonso Avendaño Rodríguez, ciudadano que acudió a cobrar a la presidencia municipal materiales propios de su giro de negocio, y fue agredido por policías municipales bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta, y detenido arbitrariamente por parte de la Fiscalía de Nochixtlán.

La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, de acuerdo con familiares y activistas, apuntan a la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, ya que Claudia Uruchurtu desde los inicios de su administración denunció diversas irregularidades ante las instancias de fiscalización en contra de la edil emanada del partido MORENA.

Las hermanas de la activista Sara y Elizabeth Uruchurtu Cruz, la primera con domicilio en Salford and Eccles, localidad situada en el condado de Gran Manchester, y la segunda en Sheffield, del condado de Yorkshire, señalaron que su hermana Claudia también tiene su domicilio y trabajo en Inglaterra, pero había decidido una estancia temporal en Nochixtlán.

Hasta ahora, los policías ministeriales que han acudido en la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz no han reportado ningún avance en la investigación, pese a que activistas de la región señalan que la mujer fue “levantada” en una camioneta roja, propiedad del municipio al servicio del área de alumbrado público, y que esa misma camioneta desapareció el mismo día en que desaparecieron a Claudia.

En el escrito del Parlamento británico también se señala que el activismo de Claudia se ha enfocado en la comunidad contra los abusos de la autoridad local y ha sido muy crítica con la administración municipal de Nochixtlán, por lo que ha puesto varias quejas al gobierno estatal y federal sobre presuntas corrupciones de la alcalde.

Sin embargo, después de 17 días de la desaparición forzada de la ciudadana mexico-británica y de testigos que dieron parte de los hechos, no se ha investigado a la Policía municipal, personal del ayuntamiento de Nochixtlán, ni a la edil Lizbeth Vitoria Huerta, a quien reiteradamente la comunidad ha señalado de estar implicada en el crimen como represalia por las denuncias.

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