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Violencia contra las mujeres

Aumenta la desaparición de mujeres adolescentes en México

Adolescentes de entre 15 y 17 años son las principales víctimas de las redes de trata de personas: 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres.

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CIUDAD DE MÉXICO.- La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial; y va en aumento, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.

Tan sólo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 casos para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García en el Webinar “Niñez Desaparecida” hecho por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).

La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres. Martín Pérez señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.

Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo a los datos recabados por la Redim.

En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 adolescentes desaparecidas.

En Nuevo León se contabilizaron 114 casos y en Chihuahua hubo en el mismo periodo 108 adolescentes desaparecidas.

El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México -que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó García- registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.

En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.

Niños, adopción ilegal y venta

Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de 4 años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron “lo que nos da cuenta es que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo García.

Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el Director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, desaparecidos en todo el país.

Protocolos de búsqueda

Martín Pérez destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.

El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de uso para hacer anuncios de desapariciones) se han emitido.

Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas, para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”, sin embargo su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctima de feminicidio, en la mayoría de los casos, afirmó Martín García.

“Estamos tratando que, a partir de que se denuncie la desaparición, sin que intervenga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la acción de búsqueda, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.

Protocolo con perspectiva de género

La Redim ha manifestado al Gobierno mexicano la necesidad incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.

La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contemple información desagregada, con el fin de reconocer la magnitud del problema, un marco normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es la instancia encargada de atender la problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Juan Martín.

“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los 6 mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.

Ante impunidad, instancias internacionales

La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el Gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no sólo a nivel nacional, sino con instancias internacionales, explicó Juan Martín.

El representante de Redim dijo que la mayoría de los casos se mantienen en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro es que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.

Crisis humanitaria

Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que podría ser considerada como una crisis humanitaria y de Derechos Humanos (DH) en el país.

Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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