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Audiencia para determinar si hay juicio a «narcotelevisos»

Audiencia inicial en Nicaragua de los 18 mexicanos a quienes se han identificado como «narcotelevisos» por tráfico de drogas y lavado de dinero

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Foto: El Nuevo Diario

MANAGUA, Nicaragua.- Los 18 mexicanos que durante cuatro años recorrieron el istmo impunemente, hasta el pasado 20 de agosto, en unidades móviles de Televisa y vistiendo camisetas serigrafiadas con los emblemas de esa empresa, será decidida hoy por el juez Julio César Arias, quien tras la presentación de pruebas de parte del Ministerio Público, resolverá si irán o no a juicio.

Este 18 de septiembre se realiza la audiencia inicial de quienes se ostentaron como periodistas y hoy están acusados por lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de estupefacientes. La Fiscalía presentará las pruebas, dirá quiénes serán sus testigos, y el juez decidirá si hay mérito para que arranque el juicio.

En esta etapa el juez valora si existen “indicios racionales de culpabilidad de los acusados” para remitirlos a juicio, explicó la penalista y catedrática de la Universidad Centroamericana, UCA, María Asunción Moreno.

“Asimismo, en la audiencia inicial el juez debe revisar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley en el escrito de acusación (Art. 77 CPP) y garantizar el derecho a la defensa a los acusados. Lo cual en el caso concreto se ha cumplido desde la audiencia preliminar”, agregó Moreno.

El caso ha vuelto los ojos sobre Nicaragua. Medios de comunicación mexicanos y costarricenses han emprendido investigaciones periodísticas para determinar desde hace cuánto los acusados recorrían el istmo y a nombre de quién están los vehículos en los que se transportaban. Y las autoridades policiales de la región han coordinado esfuerzos para unir los cabos sueltos.

Las incógnitas

Pese a que horas después que se presentó a los mexicanos, la mañana del 24 de agosto, bajo la presencia de los jefes policiales de Centroamérica, México y República Dominicana, el presidente Daniel Ortega aseguró que la identidad de la cabecilla del grupo, Raquel Alatorre Correa, había sido robada, hasta la fecha esa versión no ha sido confirmada por autoridades nicaragüenses ni mexicanas.

Tampoco se sabe si la verdadera identidad pertenece a una periodista del emporio televisivo. Datos de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica indican que Alatorre Correa entró y salió por Peñas Blancas 34 veces, de los cuales 15 se contaron de enero a agosto de 2012.

Basados en datos del padrón vehicular de Ciudad de México, las tres Van donde la Policía encontró US$9,255,631 están a nombre de Televisa, S.A. de C.V.

Televisa, sin embargo, mediante un comunicado de prensa se apresuró a aclarar que “frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana Las Manos (Nicaragua), hayan sido indebidamente registrados, con documentación falsificada, como propiedad de esta empresa“, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de ese país, y solicitaron a General Motors que indique a quién le vendió las camionetas.

En Nicaragua las autoridades no han confirmado si los números de serie de los vehículos registrados en el padrón vehicular de Ciudad de México que reportan los medios de comunicación mexicanos, coinciden con los retenidos en Managua.

Nuevos datos

El documento de ampliación de la acusación presentado por el Ministerio Público el pasado 31 de agosto, donde la Fiscalía solicitó que se incluyera el delito de transporte internacional de estupefacientes, revela que además de los 16 radiocomunicadores, y las seis camionetas tipo Van, marca Chevrolet, equipadas como unidades móviles, fueron ocupadas también cinco computadoras y 27 celulares.

Los billetes guardados en bolsos negros con franjas multicolores, escondidos bajo las consolas de sonido de tres de las seis camionetas en las que viajaban, tenían distintas leyendas. Una de ellas era “Roster M M. Maribel”, otra “Álvaro. Memo. T.E.M”, o “T. Ramos”.

Según el Ministerio Público, los 18 acusados trasladaron cocaína en grandes proporciones procedente de Costa Rica con destino a México, siendo el último transporte “el día nueve de junio de 2012, ingresando por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, procedente de Costa Rica, saliendo el día 10 de junio por El Espino”.

No obstante, la defensa de los mexicanos alegó que la ampliación de la acusación es “subjetiva” puesto que “la ley sanciona la tenencia –de droga– en gramos y no trazos que son nanogramos”.

El rumbo legal de la defensa

La Fiscalía basa su acusación en el resultado de la prueba de las trampas de recolección de trazas de estupefacientes en los compartimentos ocultos, donde se encontraron restos de cocaína en cuatro de los vehículos (los placas 886-XCR, 444XCJ, 571XXD y 848XBG).

El artículo 352 del Código Penal establece que comete el delito de transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, “quien por sí o por interpósita persona, transporte estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas, será sancionado con prisión de cinco a 15 años y de 300 a mil días multa”.

El mismo artículo establece que “se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión al que con el mismo fin, prepare, oculte, guíe, custodie, o acondicione los medios necesarios para realizar las conductas establecidas en el párrafo anterior”.

Cuando el transporte sea internacional, la pena por imponer será de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a 1, 000 días de multa.

Antes de ser acusados por este delito, los abogados defensores habían anunciado que los mexicanos se declararían culpables.

A criterio de la penalista María Asunción Moreno, “la solicitud cabe perfectamente desde el punto de vista procesal, al respecto, es oportuno señalar que el CPP es claro cuando establece que el fiscal puede ampliar la acusación, mediante la inclusión de un nuevo hecho ‘durante el curso del proceso, y hasta antes del inicio del juicio’, e incluso esta ampliación la puede hacer ‘durante la práctica de la prueba’ cuando surgen nuevas circunstancia (Art. 312 CPP)”.

Según Moreno “habrá que tener presente que la carga de la prueba la tiene la acusación, es decir, la Fiscalía tiene la obligación de probar en juicio cada uno de los hechos que se imputan, para lo cual cuenta con los plazos que le da la tramitación compleja que requiere este tipo de causas”.

“Al tratarse de crimen organizado y tráfico de drogas, el caso, procesalmente hablando, es complejo, y desde el punto de vista probatorio delicado para las instancias encargadas de la investigación y de la acusación. Las defensas, por su parte, tendrán el trabajo de velar para que se respete el debido proceso a sus representados”, añadió la penalista.

Fuentes: Con información de Matilde Córdoba del El Nuevo Diario de Nicaragua

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Denuncia de abusos a gran escala en cárceles de El Salvador, filtrada a organización internacional

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NUEVA YORK – Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 27 “abusos a gran escala” en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que según esa organización humanitaria se filtró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano.

El documento “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” que impera en El Salvador desde marzo de 2022, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en HRW.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Taraciuk.

La base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción, por delitos definidos de manera amplia, de modos que violan las garantías básicas del debido proceso, según HRW.

La organización sostuvo que una fuente confiable aseguró que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y para evaluar su autenticidad HRW comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes.

Incluyó casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias, por lo que la información “resulta consistente con los hallazgos de HRW y Cristosal”, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos y que opera en América Central.

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa “suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas”, recordó HRW.

La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente.

Policías y soldados han detenido a más de 61 000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58 000 permanecen encarceladas.

A fines de agosto pasado, 1082 menores detenidos durante el régimen de excepción, 918 niños y 164 niñas, habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 con edades de que tenían 12 o 13 años, sobre la base de una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 año.

La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona.

En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, “en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada”, señaló HRW.

Según sus datos, 39 000 personas fueron acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

En comparación, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148, es decir, menos de 0,3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”.

HRW sostiene que “el derecho salvadoreño define ´organización terrorista´ de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales”, lo cual “abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas”.

También indicó ya para el pasado agosto “más de 50 000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86 000 personas”, siendo que el sistema penitenciario tenía capacidad para 30 000.

La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7600 a 33 000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8500 a 23.300.

Según HRW y Cristosal, “en algunos casos los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional”.

“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Las autoridades “deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, según HRW.

Tal estrategia debería “abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social”.

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Fuente: ipsnoticas.net

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Argentina: Centro Ana Frank convoca a periodistas y medios a combatir discursos de odio y mensajes genocidas

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Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Proyecto IHRA): contra la distorsión, negación y banalización de la tragedia.

«Los discursos de odio construyeron el holocausto.
Todo comenzó con la palabra. La historia nos enseña, también, que así comenzaron otros genocidios y los terrorismos de Estado».

Es parte del mensaje que está difundiendo el Centro Ana Frank de Argentina para América Latina, el cual produjo dos materiales de uso y disponibilidad libre. Tratan sobre cómo manejar, administrar y combatir los discursos de odio y mensajes genocidas y/o antisemitas en Medios de Comunicación y Redes Sociales, y hay una convocatoria especial para periodistas y medios a seguir a guía para erradicar los discursos de odio.

La Guía hace referencia al legado de Ana Frank como «los aprendizajes que debemos extraer del holocausto como el hecho histórico de mayor dimensión y sistematización de matanzas masivas y exterminio de personas judías, discapacitados, homosexuales, opositores, la comunidad romaní o lo integrantes de los Testigos de Jehová -entre otras minorías-, por parte de los nazis y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial«.

El documento también contiene contenidos y sugerencias para periodistas (redactores y editores) y el Manual incluye sugerencias para community managers, sobre cómo regular mensajes de odio en las redes sociales.

El documento alude en su prefacio a los principios que manejaba la manipulación propagandística de Goebbels, y que sigue operando desde diferentes perspectivas y tiempos. Estos principios se refieren a «la negación (desconocer la realidad histórica y sus consecuencias), la distorsión (reconocer aspectos y hechos, pero justificándolos, minimizándolos) y la banalización (del holocausto y otros genocidios), y funcionan transformando a la memoria de la tragedia y el sufrimiento del exterminio en algo intrascendente y menor».

Ambos materiales son resultado de los seminarios realizados en Bariloche, San Juan, Tucumán y Asunción del Paraguay en el año 2022.
Estas publicaciones fueron realizadas con el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos y Educación, junto a la Defensoría del Público de la Nación, la Agencia Nacional de Noticias Télam, la Universidad Nacional de San Martín, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Congreso Judío Latinoamericano.

Enlace para bajar las guías: @guiaymanual | Linktree

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Presidente Alberto Fernández construye agenda para relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC

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Alberto Fernández, presidente de Argentina, busca crear lazos de comercio con la Unión Europea

El presidente argentino se reunió con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con el objetivo de alcanzar acuerdos en materias primas y energía

Por Diego Ruiz D.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantuvo hoy una reunión con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con quien dialogó sobre la importancia de fortalecer los principales temas de la agenda bilateral y la relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC.

El mandatario coincidió con Michel en destacar la complementariedad entre ambas regiones y la importancia de continuar el trabajo impulsado en los últimos años para alcanzar nuevos acuerdos de entendimiento sobre materias primas y energía, cuya relevancia se tornó estratégica ante los desafíos que plantea el escenario mundial.

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En ese sentido resaltaron que América Latina se erige como una zona de paz y estabilidad, situación que permite afianzar la alianza como socios comerciales a largo plazo.

La Unión Europea es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo. Existe, además, una amplia agenda de cooperación en diversos campos que incluyen ciencia y tecnología, género, derechos humanos, educación, cultura, energía, digitalización y biotecnología, entre otros.

A fines de marzo de 2022, en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC, Alberto Fernández sostuvo una videoconferencia con Michel con el objeto de reactivar el diálogo birregional entre ambos bloques y recuperar los espacios de trabajo al más alto nivel, a través del impulso de una comisión mixta.

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Estuvieron presentes en el encuentro, por Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y la jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Tito; mientras que por la Unión Europea asistieron el embajador en Argentina, Amador Sánchez Rico; el jefe de Asuntos Exteriores, Simon Mordue; y el consejero de Asuntos Exteriores, Cibrán Fernández Silva.

 

 

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