Miembros de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, En Vero, crearon un grupo privado con periodistas y usuarios de la red social Twitter en el que promueven calumnias y desinformación contra la autora de El Falso Caso Wallace, en el que también participan familiares de los inculpados Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín.
Se trata de Vincent Debarre (MxporFCassez) originario de Toulouse, Francia, quien ha firmado documentos como miembro ejecutivo de En Vero, la asociación dirigida por David Bertet, con sede en Montreal, Canadá, Ana Pulido, quien ha se ha presentado como representante de la asociación ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación en México para interceder por personas privadas de su libertad, y María Guadalupe Vicencio Sánchez, quien usa el alias de Mary Sainz, y quien también ha representado a la asociación canadiense en eventos públicos y se presenta ante los medios como la esposa de Israel Vallarta, víctima de fabricación de culpables del caso Cassez.
La periodista Guadalupe Lizárraga escribió un comunicado público al respecto, en el que menciona que varias de las cuentas de Twitter surgieron en abril de 2019, a raíz del reclamo de derechos de autoría a Ricardo Raphael, quien reconoció en mensajes a David Bertet la omisión del nombre de la periodista de la que retomó parte de su trabajo.
Los Ángeles, California, 5 de octubre de 2020
A la Opinión pública
El 3 de octubre, me llegaron imágenes que revelaban conversaciones sobre mí, de un grupo privado, en el que participan periodistas, familiares de las víctimas del falso caso Wallace, específicamente de Brenda Quevedo Cruz y de Jacobo Tagle Dobín, además de miembros de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, En Vero, y otras personas que se dicen activistas de derechos humanos.
Han usado la red de Twitter para promover estas calumnias y el descrédito a mi trabajo, al parecer, por mi rechazo a compartirlo incondicionalmente con otras personas que se presentan como “periodistas” en los medios, entre estos, Ricardo Raphael, a quien demandé por plagio y daño moral, en mayo de 2019.
En este grupo se me señala con una serie de adjetivos calificativos para denostarme, y distorsionar información en torno al caso, e incluso distorsionar información sobre las mismas víctimas que dicen defender, señalándome de difamación. Por tratarse de mi trabajo periodístico, con un tema de interés público que es la fabricación de culpables desde el Estado, bajo el régimen de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el ejercicio de mi libertad de expresión, que me ha puesto en riesgo, a mí y a mi familia, respondo de manera abierta y transparente con la evidencia suficiente para demostrar la manipulación de quien está detrás de este grupo.
Entre los comentarios del señor Vincent Debarre, miembro de En Vero, dice que hice llorar a Nestora (sic), que la periodista Olga Wornat habló con él haciéndole comentarios que denuestan mi persona. Pero también con saña afirman que George Khoury es un gran criminal y me ha pagado mucho dinero por defenderlo. Sin embargo, al preguntar directamente a la colega Olga Wornat dijo desconocer el asunto y que destetaba esas situaciones, además que no sabía porqué la involucraban la gente de En Vero.
Una de las cuentas de la familiar de Jacobo Tagle dijo haberme ofrecido todos los gastos pagados para que fuera a Chiapas a entrevistarlo y que yo no quise; la misma persona señala que “de la noche a la mañana los dejé de apoyar” y que la traté mal, que la insulté a ella y a Raquel Dobín, madre de Jacobo, que ahora solo le doy atención a George Khoury a César Freyre, y que ya ni menciono a las otras víctimas.
Al preguntar a la madre de Jacobo sobre esta situación, se mostró sorprendida y dijo no tener nada que ver; no obstante al preguntar a su nuera, ésta confirmó que había estado conversando en el chat y lo que había dicho era «para seguirles la corriente».
El 17 de junio de 2019, cinco familiares de las víctimas de Isabel Miranda, Enriqueta Cruz Gómez, María Elena Cruz, Raquel Dobín, Elena Uscanga y la hija de Juana Hilda González, firmaron una carta abierta dirigida a mí, promovida por Ricardo Raphael, en la que se me pedía que dejara de confrontarme con otros periodistas por mi trabajo, porque “podía poner en riesgo el destino de seres humanos que son inocentes y obstaculizaba el camino hacia a la justicia”. Lo consideré un acto manipulador, porque durante cinco años que estuve defendiendo a sus hijos tuve comunicación directa con las madres de las víctimas, y podían haber hablado conmigo al respecto sobre su inquietud o temor, sin embargo me lo manifestaron a través de una carta abierta y con información descontextualizada, y quien lo dio a conocer fue Ricardo Raphael.
Concretamente hacían alusión a Jorge Carrasco (Proceso), a Anabel Hernández y al mismo Ricardo Raphael. Al colega José Reveles, a quien también mencionaron, lo hago a un lado porque no ha estado involucrado en las intrigas de esta historia. Pero pregunto, ¿por qué las madres de las víctimas podían aceptar que estos periodistas (Carrasco y Hernández) revelaran la inocencia de unas víctimas y a otras las culparan o las ignoraran, si se trata del mismo caso? ¿Por qué permitieron que Ricardo Raphael distorsionara los hechos con testigos fabricados y desacreditara el testimonio del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, al juzgarlo por su vida privada con Isabel Miranda? ¿Por qué guardaron silencio cuando Ricardo Raphael pretendía evitar que el padre biológico de Hugo diera su testimonio ante los medios en el Senado, con el acompañamiento de Nestora Salgado, si el principal objetivo era revelar la fabricación de la “prueba maestra” de Isabel Miranda?
Yo no permití la omisión a la autoría de mi trabajo ni la distorsión de Ricardo Raphael sobre el padre biológico. Revelé además que Anabel Hernández daba por hecho el secuestro de Hugo Wallace en 2010 y mentía sobre cuatro de las ocho víctimas, con calumnias a George Khoury Layón y a César Freyre Morales. Aunque en 2014 cambiara de opinión respecto a Isabel Miranda, Hernández no ha corregido sus libros. Tampoco guardé silencio con la revista Proceso, cuando ignoró las denuncias de César Freyre contra Renato Sales Heredia, ex comisionado Nacional de Seguridad Pública, quien permitió que Isabel Miranda entrara al Altiplano, en 2017, y torturara a Freyre, junto con agentes de SEIDO. Después de esa carta, dejé de mencionar en mi trabajo a familiares de las firmantes para no ponerlos en riesgo –como aseveraban–, y me dediqué a los casos de Freyre y Khoury.
Las calumnias mencionadas, entre muchas otras, trascienden más allá de la privacidad de ese grupo, desviando la atención de lo que debería ser la defensa inteligente, auténtica y sistemática de las víctimas de Isabel Miranda. Pero también promueve el odio contra la única periodista que dedicó más de cinco años al reporteo del caso, dos libros y más de cien notas, para posicionar en la agenda pública la falsedad del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, cuando el tema estaba prácticamente olvidado.
Además de haber planteado el problema en varias ocasiones al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mi trabajo reunió expertos jurídicos y de derechos humanos, así como a familiares de más de 200 víctimas de fabricación de culpables en la Cámara de diputados. Y fue en ese mismo año, 2018, que inicié la denuncia formal contra Isabel Miranda Torres, ante la Fiscalía General de la República donde presenté con oportunidad mis hallazgos de investigación, incluyendo el testimonio directo del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y de uno de los testigos de vida de Hugo, después de la fecha de la supuesta desaparición.
Mi trabajo está a la luz, no puede ser invisibilizado. Tan sólido como el cúmulo de evidencias que ya había y que fueron aportadas por los mismos familiares de las víctimas, así como las nuevas pruebas que yo incorporé a la investigación y posteriormente entregué a la Fiscalía. Podrán otros periodistas sacar ventaja y montarse ahora sobre mi trabajo, pero no tendrán el valor, la ética ni el tiempo que requiere una empresa de esta magnitud, solo por la convicción de hacer valer el respeto por los derechos humanos, en un país donde ellos mismos fueron parte activa de su hundimiento.
Atentamente
Guadalupe Lizárraga
Periodista IndependienteLos Ángeles PressDe las personas a las que dicen que difamé, reproduzco un breve perfil sobre mis denuncias:
El abogado José Patiño Hurtado, recomendado de En Vero, para que llevara mi demanda contra Isabel Miranda Torres. Rompí de tajo relaciones profesionales con él, al darme cuenta de que estaba simulando acciones jurídicas en mi defensa y por haber tomado decisiones que me competían sólo a mí. El abogado Víctor Caballero, derechohumanista, presidente del Colectivo Aequus, dio seguimiento jurídico a esta situación.
David Bertet, presidente de En Vero Canada, se presentaba como académico de la Universidad de Montreal de donde supuestamente recibía recursos económicos para la defensa de víctimas de fabricación de culpables, después me di cuenta de que pedía donaciones utilizando mi nombre. Ha protegido a Eduardo Gallo y Tello, quien recibió recursos directos de Genaro García Luna y fue el torturador del jornalero agrícola Antonio Barragán Carrasco, para acusarlo de sus propios crímenes. En diciembre de 2018, sin mi autorización, Bertet compartió archivos y documentos de mi investigación con Ricardo Raphael, quien meses después se adjudicaba mi trabajo, y fue parte de la campaña de odio contra mi persona utilizando cuentas falsas.
Vincent Debarre, originario de Toulouse, Francia, miembro de En Vero. Sus señalamientos contra mi persona afirman que actúo como Isabel Miranda, y me acusa de ser cómplice de ella. Refiere a Anabel Hernández, diciendo que aunque haya mentido, ahora critica a Miranda. Debarre ha sido la voz de Ricardo Raphael, intentado persuadirme a que no presentara al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda en el Senado de la República (abril 2019) con el acompañamiento de Nestora Salgado, porque “la prensa se lo iba a comer por su parálisis facial”. Incorporó el nombre de la colega Olga Wornat en las conversaciones y le atribuyó comentarios que denuestan mi persona y que ella directamente lo desmiente. Junto con la cuenta falsa de «Gabriela Padilla» se refieren a George Khoury Layón como un “gran criminal que no tiene nada ver con el caso” pese a que fue vinculado con el caso por Jacobo Tagle bajo tortura en diciembre de 2010.
Anabel Hernández, autora de Los señores del narco, del que revelé que Hernández utilizó expedientes fabricados como investigación propia, en los que señala de narcotraficantes y asesinos a los inculpados de Isabel Miranda por el falso secuestro de su hijo. La periodista dio por verídico en 2010 el caso Wallace, y cuando cambió de postura en 2014, fue amenazada por Miranda de demandarla, lo que nunca sucedió. Sus calumnias van dirigidas principalmente a George Khoury Layón, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí y Jacobo Tagle Dobín.
Ricardo Raphael, de quien revelé que en su curriculum se presentaba como analista del CISEN, y había sido parte del grupo de supuestos expertos en seguridad en 2001, con Eduardo Medina Mora, para avalar a este organismo de no estar infiltrado por el narcotráfico, lo que favoreció el millonario financiamiento a Genaro García Luna para crear la AFI. Raphael era uno de los legitimadores del caso Wallace en 2008, y apoyó a Isabel Miranda en 2012 en su campaña como candidata a la jefatura de gobierno por el PAN. En diciembre 2018, me entrevistó sobre mi libro El Falso Caso Wallace, con dijo enterarse de la fabricación de pruebas del caso, y para abril de 2019, afirmaba a los medios que era su investigación.
Mary Sainz, es el alias que usa María Guadalupe Vicencio Sánchez, originaria de Tampico. Ha sido parte de la campaña de odio en las redes contra mí por defender mi trabajo del plagio de Ricardo Raphael. Un grupo de activistas cercanas a ella, atestiguaron que hace un año Gilberto Lozano le pagó por hacer una de sus protestas, y fue una de las que difundió la convocatoria de las mujeres que tomaron los organismos de derechos humanos. Vicencio también ha dicho que demandaría a Isabel Miranda, y se ha hecho pasar como esposa de Israel Vallarta ante los medios.
Ana Pulido, se presentó ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en 2018, como miembro de En Vero. Es parte de la campaña de odio en las redes por el tema del plagio de Ricardo Raphael.