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El Caso Wallace

Asociación canadiense promueve calumnias y desinformación contra autora del El Falso Caso Wallace

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Miembros de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad,  En Vero, crearon un grupo privado con periodistas y usuarios de la red social Twitter en el que promueven calumnias y desinformación contra la autora de El Falso Caso Wallace, en el que también participan familiares de los inculpados Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín.

Se trata de Vincent Debarre (MxporFCassez) originario de Toulouse, Francia, quien ha firmado documentos como miembro ejecutivo de En Vero, la asociación dirigida por David Bertet, con sede en Montreal, Canadá, Ana Pulido, quien ha se ha presentado como representante de la asociación ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación en México para interceder por personas privadas de su libertad,  y María Guadalupe Vicencio Sánchez, quien usa el alias de Mary Sainz, y quien también ha representado a la asociación canadiense en eventos públicos y se presenta ante los medios como la esposa de Israel Vallarta, víctima de fabricación de culpables del caso Cassez.

La periodista Guadalupe Lizárraga escribió un comunicado público al respecto, en el que menciona que varias de las cuentas de Twitter surgieron en abril de 2019, a raíz del reclamo de derechos de autoría a Ricardo Raphael, quien reconoció en mensajes a David Bertet la omisión del nombre de la periodista de la que retomó parte de su trabajo.

 

Los Ángeles, California, 5 de octubre de 2020

A la Opinión pública

El 3 de octubre, me llegaron imágenes que revelaban conversaciones sobre mí, de un grupo privado, en el que participan periodistas, familiares de las víctimas del falso caso Wallace, específicamente de Brenda Quevedo Cruz y de Jacobo Tagle Dobín, además de miembros de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, En Vero, y otras personas que se dicen activistas de derechos humanos.

Han usado la red de Twitter para promover estas calumnias y el descrédito a mi trabajo, al parecer, por mi rechazo a compartirlo incondicionalmente con otras personas que se presentan como “periodistas” en los medios, entre estos, Ricardo Raphael, a quien demandé por plagio y daño moral, en mayo de 2019.

En este grupo se me señala con una serie de adjetivos calificativos para denostarme, y distorsionar información en torno al caso, e incluso distorsionar información sobre las mismas víctimas que dicen defender, señalándome de difamación. Por tratarse de mi trabajo periodístico, con un tema de interés público que es la fabricación de culpables desde el Estado, bajo el régimen de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el ejercicio de mi libertad de expresión, que me ha puesto en riesgo, a mí y a mi familia, respondo de manera abierta y transparente con la evidencia suficiente para demostrar la manipulación de quien está detrás de este grupo.

Entre los comentarios del señor Vincent Debarre, miembro de En Vero, dice que hice llorar a Nestora (sic), que la periodista Olga Wornat habló con él haciéndole comentarios que denuestan mi persona. Pero también con saña afirman que George Khoury es un gran criminal y me ha pagado mucho dinero por defenderlo. Sin embargo, al preguntar directamente a la colega Olga Wornat dijo desconocer el asunto y que destetaba esas situaciones, además que no sabía porqué la involucraban la gente de En Vero.

Una de las cuentas de la familiar de Jacobo Tagle dijo haberme ofrecido todos los gastos pagados para que fuera a Chiapas a entrevistarlo y que yo no quise; la misma persona señala que “de la noche a la mañana los dejé de apoyar” y que la traté mal, que la insulté a ella y a Raquel Dobín, madre de Jacobo, que ahora solo le doy atención a George Khoury a César Freyre, y que ya ni menciono a las otras víctimas.

Al preguntar a la madre de Jacobo sobre esta situación, se mostró sorprendida y dijo no tener nada que ver; no obstante al preguntar a su nuera, ésta confirmó que había estado conversando en el chat y lo que había dicho era «para seguirles la corriente».

El 17 de junio de 2019, cinco familiares de las víctimas de Isabel Miranda, Enriqueta Cruz Gómez, María Elena Cruz, Raquel Dobín, Elena Uscanga y la hija de Juana Hilda González, firmaron una carta abierta dirigida a mí, promovida por Ricardo Raphael, en la que se me pedía que dejara de confrontarme con otros periodistas por mi trabajo, porque “podía poner en riesgo el destino de seres humanos que son inocentes y obstaculizaba el camino hacia a la justicia”. Lo consideré un acto manipulador, porque durante cinco años que estuve defendiendo a sus hijos tuve comunicación directa con las madres de las víctimas, y podían haber hablado conmigo al respecto sobre su inquietud o temor, sin embargo me lo manifestaron a través de una carta abierta y con información descontextualizada, y quien lo dio a conocer fue Ricardo Raphael.

 

Concretamente hacían alusión a Jorge Carrasco (Proceso), a Anabel Hernández y al mismo Ricardo Raphael.  Al colega José Reveles, a quien también mencionaron, lo hago a un lado porque no ha estado involucrado en las intrigas de esta historia. Pero pregunto, ¿por qué las madres de las víctimas podían aceptar que estos periodistas (Carrasco y Hernández) revelaran la inocencia de unas víctimas y a otras las culparan o las ignoraran, si se trata del mismo caso? ¿Por qué permitieron que Ricardo Raphael distorsionara los hechos con testigos fabricados y desacreditara el testimonio del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, al juzgarlo por su vida privada con Isabel Miranda? ¿Por qué guardaron silencio cuando Ricardo Raphael pretendía evitar que el padre biológico de Hugo diera su testimonio ante los medios en el Senado, con el acompañamiento de Nestora Salgado, si el principal objetivo era revelar la fabricación de la “prueba maestra” de Isabel Miranda?

Yo no permití la omisión a la autoría de mi trabajo ni la distorsión de Ricardo Raphael sobre el padre biológico. Revelé además que Anabel Hernández daba por hecho el secuestro de Hugo Wallace en 2010 y mentía sobre cuatro de las ocho víctimas, con calumnias a George Khoury Layón y a César Freyre Morales. Aunque en 2014 cambiara de opinión respecto a Isabel Miranda, Hernández no ha corregido sus libros. Tampoco guardé silencio con la revista Proceso, cuando ignoró las denuncias de César Freyre contra Renato Sales Heredia, ex comisionado Nacional de Seguridad Pública, quien permitió que Isabel Miranda entrara al Altiplano, en 2017, y torturara a Freyre, junto con agentes de SEIDO. Después de esa carta, dejé de mencionar en mi trabajo a familiares de las firmantes para no ponerlos en riesgo –como aseveraban–, y me dediqué a los casos de Freyre y Khoury.

Las calumnias mencionadas, entre muchas otras, trascienden más allá de la privacidad de ese grupo, desviando la atención de lo que debería ser la defensa inteligente, auténtica y sistemática de las víctimas de Isabel Miranda. Pero también promueve el odio contra la única periodista que dedicó más de cinco años al reporteo del caso, dos libros y más de cien notas, para posicionar en la agenda pública la falsedad del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, cuando el tema estaba prácticamente olvidado.

Además de haber planteado el problema en varias ocasiones al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mi trabajo reunió expertos jurídicos y de derechos humanos, así como a familiares de más de 200 víctimas de fabricación de culpables en la Cámara de diputados. Y fue en ese mismo año, 2018, que inicié la denuncia formal contra Isabel Miranda Torres, ante la Fiscalía General de la República donde presenté con oportunidad mis hallazgos de investigación, incluyendo el testimonio directo del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y de uno de los testigos de vida de Hugo, después de la fecha de la supuesta desaparición.

Mi trabajo está a la luz, no puede ser invisibilizado. Tan sólido como el cúmulo de evidencias que ya había y que fueron aportadas por los mismos familiares de las víctimas, así como las nuevas pruebas que yo incorporé a la investigación y posteriormente entregué a la Fiscalía. Podrán otros periodistas sacar ventaja y montarse ahora sobre mi trabajo, pero no tendrán el valor, la ética ni el tiempo que requiere una empresa de esta magnitud, solo por la convicción de hacer valer el respeto por los derechos humanos, en un país donde ellos mismos fueron parte activa de su hundimiento.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista Independiente
Los Ángeles Press

De las personas a las que dicen que difamé, reproduzco un breve perfil sobre mis denuncias:

El abogado José Patiño Hurtado, recomendado de En Vero, para que llevara mi demanda contra Isabel Miranda Torres. Rompí de tajo relaciones profesionales con él, al darme cuenta de que estaba simulando acciones jurídicas en mi defensa y por haber tomado decisiones que me competían sólo a mí. El abogado Víctor Caballero, derechohumanista, presidente del Colectivo Aequus, dio seguimiento jurídico a esta situación.

David Bertet, presidente de En Vero Canada, se presentaba como académico de la Universidad de Montreal de donde supuestamente recibía recursos económicos para la defensa de víctimas de fabricación de culpables, después me di cuenta de que pedía donaciones utilizando mi nombre. Ha protegido a Eduardo Gallo y Tello, quien recibió recursos directos de Genaro García Luna y fue el torturador del jornalero agrícola Antonio Barragán Carrasco, para acusarlo de sus propios crímenes. En diciembre de 2018, sin mi autorización, Bertet compartió archivos y documentos de mi investigación con Ricardo Raphael, quien meses después se adjudicaba mi trabajo, y fue parte de la campaña de odio contra mi persona utilizando cuentas falsas.

Vincent Debarre, originario de Toulouse, Francia, miembro de En Vero. Sus señalamientos contra mi persona afirman que actúo como Isabel Miranda, y me acusa de ser cómplice de ella. Refiere a Anabel Hernández, diciendo que aunque haya mentido, ahora critica a Miranda. Debarre ha sido la voz de Ricardo Raphael, intentado persuadirme a que no presentara al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda en el Senado de la República (abril 2019) con el acompañamiento de Nestora Salgado, porque “la prensa se lo iba a comer por su parálisis facial”. Incorporó el nombre de la colega Olga Wornat en las conversaciones y le atribuyó comentarios que denuestan mi persona y que ella directamente lo desmiente. Junto con la cuenta falsa de «Gabriela Padilla» se refieren a George Khoury Layón como un “gran criminal que no tiene nada ver con el caso” pese a que fue vinculado con el caso por Jacobo Tagle bajo tortura en diciembre de 2010.

Anabel Hernández, autora de Los señores del narco, del que revelé que Hernández utilizó expedientes fabricados como investigación propia, en los que señala de narcotraficantes y asesinos a los inculpados de Isabel Miranda por el falso secuestro de su hijo. La periodista dio por verídico en 2010 el caso Wallace, y cuando cambió de postura en 2014, fue amenazada por Miranda de demandarla, lo que nunca sucedió. Sus calumnias van dirigidas principalmente a George Khoury Layón, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí y Jacobo Tagle Dobín.

Ricardo Raphael, de quien revelé que en su curriculum se presentaba como analista del CISEN, y había sido parte del grupo de supuestos expertos en seguridad en 2001, con Eduardo Medina Mora, para avalar a este organismo de no estar infiltrado por el narcotráfico, lo que favoreció el millonario financiamiento a Genaro García Luna para crear la AFI. Raphael era uno de los legitimadores del caso Wallace en 2008, y apoyó a Isabel Miranda en 2012 en su campaña como candidata a la jefatura de gobierno por el PAN. En diciembre 2018, me entrevistó sobre mi libro El Falso Caso Wallace, con dijo enterarse de la fabricación de pruebas del caso, y para abril de 2019, afirmaba a los medios que era su investigación.

Mary Sainz, es el alias que usa María Guadalupe Vicencio Sánchez, originaria de Tampico. Ha sido parte de la campaña de odio en las redes contra mí por defender mi trabajo del plagio de Ricardo Raphael. Un grupo de activistas cercanas a ella, atestiguaron que hace un año Gilberto Lozano le pagó por hacer una de sus protestas, y fue una de las que difundió la convocatoria de las mujeres que tomaron los organismos de derechos humanos. Vicencio también ha dicho que demandaría a Isabel Miranda, y se ha hecho pasar como esposa de Israel Vallarta ante los medios.

Ana Pulido, se presentó ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en 2018, como miembro de En Vero. Es parte de la campaña de odio en las redes por el tema del plagio de Ricardo Raphael.

 

El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

No te pierdas: Caso Wallace: Isabel Miranda presentó pruebas y testigos falsos en el caso del secuestro de su hijo

Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

Lee más: Isabel Miranda expone en un parque su ‘verdad histórica’ pese a fabricaciones y torturas demostradas en el caso Wallace

Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

No te pierdas: CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

 

En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

Para enterarte del caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

 

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