Connect with us

Justicia pendiente

Asesinos de Berta Cáceres tenían nexos con tropas de élite de EE.UU.

Documentos filtrados señalan que el asesinato de Berta Cáceres fue planeado con inteligencia militar y fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.

Published

on

El mayor de infantería del ejército hondureño, Mariano Díaz Chávez / Foto: latribuna.hn

Por Nina Lakhani / The Guardian  

LONDRES, Inglaterra.- Documentos de la corte filtrados a The Guardian señalan que el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue planeado por especialistas en inteligencia militar, vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos. Cáceres fue ejecutada hace un año cuando, supuestamente, estaba bajo protección estatal tras recibir amenazas de muerte por su oposición a una represa hidroeléctrica.

El crimen de Berta Cáceres, ganadora del prestigioso premio Goldman en 2015 por su defensa del medio ambiente, provocó protestas internacionales y el surgimiento de una petición para que Estados Unidos revoque la ayuda militar a Honduras, un aliado clave en su guerra contra las drogas. Ocho hombres han sido arrestados en relación con el asesinato, incluyendo dos militares retirados.

Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y han minimizado la detención del oficial activo Mariano Díaz, quien fue dado de baja del ejército hondureño de manera presurosa. Los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales a los que accedió The Guardian revelan que:

  1. Díaz, un veterano condecorado de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército hondureño en 2015, y en el momento del asesinato estaba a punto de ascender a teniente coronel.
  2. Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo, se unió al Ejército el mismo día que Díaz; sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.
  3. Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un francotirador de las fuerzas especiales que había trabajado bajo el mando de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.

Los documentos judiciales filtrados incluyen registros de mensajes de los teléfonos móviles que los fiscales creen contienen referencias codificadas al asesinato. Bustillo y Hernández visitaron la ciudad de La Esperanza, donde Cáceres vivió las últimas semanas previas a su muerte, según los registros telefónicos y el testimonio de Hernández.

Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Orellana, Douglas Geovanny Bustillo y Edilson Atilio Duarte Meza

Una fuente legal cercana a la investigación dijo a The Guardian que “el asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada y diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar civiles como asesinos».

“Es inconcebible que alguien con su alto perfil, cuya campaña le haya convertido en un problema para el Estado, pueda ser asesinado sin autorización al menos implícita del alto mando militar”.

La Secretaría de Defensa de Honduras no atendió las peticiones de The Guardian para emitir comentarios, pero el jefe de las Fuerzas Armadas negó recientemente que en el país estén operando escuadrones de la muerte. Cinco civiles sin antecedentes militares conocidos fueron arrestados, entre ellos Sergio Rodríguez, gerente de la presa hidroeléctrica Agua Zarca que es financiada internacionalmente y a la que Cáceres se había opuesto.

El proyecto está a cargo de Desarrollos Energéticos, S.A. (Desa), que cuenta con amplios vínculos militares y gubernamentales. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un exoficial de inteligencia militar, y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, es exministro de Justicia. DESA contrató al exteniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015.

Cáceres había denunciado unas 33 amenazas de muerte vinculadas a su lucha contra la represa, incluyendo señalamientos a varios de los empleados de Desa. La empresa niega cualquier participación en el asesinato.

Cáceres fue asesinada alrededor de las 11.30 pm del 2 de marzo del 2016, cuando al menos cuatro asesinos entraron en la comunidad cerrada en las afueras de La Esperanza, a la que se había mudado en fechas recientes. Un puesto de control en la entrada de la ciudad –normalmente dirigido por policías o soldados– fue desatendido la noche en que Berta fue asesinada, dijeron testigos a The Guardian.

Los investigadores sugirieron inicialmente dijeron que el asesino era un ex amante o un descontento compañero de trabajo. Pero en medio de la creciente condena internacional, Díaz, Bustillo y otros dos fueron arrestados en mayo de 2016.

Detención del ex militar Henry Javier Henández, confesó haber participado en el asesinato bajo coacción.

Henry Javier Hernández, que fue arrestado en México, es el único sospechoso que ha dado un testimonio detallado ante el tribunal. El sospechoso admitió su participación en el crimen, pero aseguró que actuó bajo coacción. Los ocho han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete sospechosos han negado la participación o no han dado testimonio ante el tribunal.

Los fiscales dijeron que los registros telefónicos presentados a los tribunales muestran una amplia comunicación entre los tres militares, incluyendo un mensaje de texto que era una discusión codificada de pago por un asesinato por contrato.

Expertos estadounidenses han estado involucrados en la investigación desde el principio, según la embajada estadounidense en Tegucigalpa.

El senador Ben Cardin, miembro del comité de relaciones exteriores del Senado, dijo que el apoyo estadounidense no debe ser incondicional: “Es esencial que no sólo fortalezcamos nuestro compromiso de mejorar el estado de derecho en Honduras, sino que también debemos exigir una mayor responsabilidad de los derechos humanos Violaciones de derechos humanos y ataques contra la sociedad civil”.

El año pasado, The Guardian informó que un ex soldado hondureño dijo que había visto el nombre de Cáceres en una lista de personas a ser asesinadas, que fue entregada a unidades entrenadas por Estados Unidos.

Documentos judiciales revelan que en el momento de su detención, Díaz, de 44 años, estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestros, mientras estudiaba para ascender.

Los registros militares de 1997 muestran que Bustillo asistió a cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.


Fuente
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Justicia pendiente

Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

Published

on

Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

Continue Reading

Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

Published

on

Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

Continue Reading

Justicia pendiente

CNDH pide medidas cautelares para proteger a internas del penal de Oaxaca

Published

on

 

Por Ignacio García

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó de forma urgente que se apliquen medidas cautelares para proteger a las internas del Centro de Reinserción Social Femenino de Tanivet, Oaxaca, para que no haya represalias en contra de las presas que denunciaron los abusos cometidos por las autoridades penitenciaras.

El organismo autónomo pidió a José Javier Mendoza Balderas, director de Reinserción Social de Oaxaca, que se garantice la protección a las presas que denunciaron en octubre del año pasado que fueron obligadas a trabajar sin recibir una remuneración económica, e incluso madres con hijos que realizaron trabajos forzados.

En diciembre pasado personal de la CNDH se percató que el trabajo no remunerado continúa en el interior del penal femenil, por lo que también las presas que denunciaron esa situación sufrieron represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

De la misma manera, la comisión enfatizó que existen menores de edad que no están registrados ante el Registro Civil de Oaxaca, por lo que les han negado el derecho a la identidad que está contemplado en la Constitución Política Mexicana y por lo cual se encuentran seis infantes en esa condición.

Asimismo, la CNDH pidió que los casos de trabajo no remunerado en el penal femenil cese y se garantice la capacitación de trabajo para las mujeres recluidas, aunado a que se deben implementar acciones específicas para incluir un modelo adecuado de reinserción social con respeto a los derechos humanos.

Además, demandó que se respete el derecho a la libre manifestación de ideas para las presas del penal de Tanivet , así como garantizar la integridad psicofísica para las mujeres que se encuentran en el interior del centro de reclusión femenil en el estado.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: