Mexico violento
Asesinato de Hernández Cardona “crimen de estado”: CETEG
Activistas de CETEG calificaron de «crimen de estado» el asesinato de los líderes de Unión Popular de Iguala
*** La orden de ejecución, desde el gobierno
Por Flor Miranda
CHILPANCINGO, Guerrero.- Para la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la muerte de Arturo Hernández Cardona y de sus dos compañeros fue un crimen de estado, por lo que no descartaron la posibilidad de que haya sido el gobierno del estado, el federal o el municipal quienes dieron la orden de ejecución, ni tampoco descartaron la posible participación del narcotráfico en el asesinato.
En conferencia de prensa, donde estuvo presente el líder de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, el líder de la Coordinadora en la región Centro Minervino Morán Hernández y Concepción Nevez Mendoza integrante de la Comisión Política, condenaron la muerte del dirigente perredista y exigieron una investigación clara y precisa sobre los hechos.
Al respecto, Gonzalo Juárez exigió justicia y castigo para los culpables del triple homicidio, al tiempo de considerar que lo sucedido es un crimen de estado, “por lo tanto vamos a exigir a todos los niveles, tanto el federal, internacional y estatal que se haga justicia y se aplique la ley”.
La CETEG manifestó su total respaldo a La Unidad Popular de Iguala tras la muerte de tres de sus integrantes, por lo que Juárez Ocampo advirtió que “nosotros vamos a estar con los compañeros codo con codo en la exigencia de justicia y de castigo a los responsables”.
Por su parte, el líder Minervino Moran expresó detrás de la muerte de Arturo Hernández Cardona y de sus dos compañeros puede estar involucrado el gobierno federal, el estatal o el municipal.
Por lo que, dijo que son los tres niveles de gobierno quienes deben explicar quiénes fueron los responsables de los asesinatos, “pues quienes gobiernan nuestro estado y nuestro país, ellos deben dar una explicación de quiénes fueron los que asesinaron a nuestros compañeros de la Unidad Popular”.
Dijo que lo con los asesinatos, los secuestros la tortura es un claro ejemplo que en el estado se están viviendo casos deshumanizantes, por lo que consideró que en Guerrero hay perdida en los derechos humanos, hay perdida del derecho a la vida, hay perdida de derecho a la libertad y de la justicia.
“Con el asesinato, con el encarcelamiento, con la tortura se pretende acallar las voces de protesta, de justicia, de libertad en el estado de Guerrero, consideramos que solamente el pueblo organizado puede parar esta inseguridad”, señaló.
Luego agregó e insistió en que “solamente el pueblo organizado puede parar esto, porque vemos que los gobiernos y el gobierno en Guerrero solamente dice investigar puras declaraciones y no se resuelve el grave problema de la inseguridad en el estado de Guerrero, vemos que no hay capacidad de este gobierno para resolver los grandes problemas que estamos pasando en nuestra identidad”.
Moran Hernández señaló que lo que ocurrió con Arturo Hernández Cardona, es un claro ejemplo de que el gobierno del estado pretende detener a los movimientos sociales y sembrarles temor para que no sigan creciendo.
“La manera de cómo detener estos movimientos sociales que crezcan es el asesinato político, es la tortura, el encarcelamiento, las detenciones”, luego advirtió que “necesitamos movilizarnos, necesitamos dar una gran muestra de protesta para que cese la represión, para que cesen los asesinatos políticos, cese la inseguridad en el estado de Guerrero”, consideró Minervino Moran.
Al cuestionarle sobre la posible participación de la delincuencia organizada en la muerte de Arturo Cardona, dijo que “puede ser que los grupos que actúan, que se mueven en la obscuridad sean los que estén actuando y que sirven al gobierno”.
Luego agregó que “los grupos que actúan a seguridad no sirven y no están al servicio del pueblo, finalmente la historia así lo ha demostrado esos grupos finalmente sirven al gobierno, sirven al estado”.
Justicia pendiente
Lizbeth Victoria Huerta, a dos años de su crimen contra la activista británica, podría quedar en libertad

Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados
Por Miguel Montesinos León
Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.
El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.
A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.
Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.
Demanda en el olvido
El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.
La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.
Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.
Investigaciones
Más de 30 millones de mexicanos trabajan sin beneficios laborales, pese a disminución de desempleo

La informalidad laboral en mujeres, con índices más altos que los hombres
Por Katiuska Serrano y Melisa Murialdo
Lograr tener un trabajo estable y solvente, en donde se puedan recibir todos los beneficios de la ley, es una realidad con la que no cuenta todo el mundo. En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 31.8 millones de personas trabajando en la informalidad.
Esta cifra, actualizada en diciembre del año pasado, corresponde al 55.9% del total de los empleos. Si bien se debe destacar que este número representó una reducción anual de 1,6%, la situación no deja de ser preocupante, pues son muchos los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener acceso a:
- seguridad social
- prestaciones de ley
- incluso créditos o préstamos para la vivienda
- entre otros derechos
A partir del 1 de enero de este año, entró en vigor el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se amplían los días de vacaciones de 6 a 12, luego del primer año de trabajo, así como el aumento de dos días por cada año adicional.
Sin embargo, los trabajadores del sector informal no pueden gozar de esta medida, ya que la norma establece que solo será aplicable a los contratos individuales o colectivos, situación con la que no cuentan los individuos que carecen de un trabajo formal. En estos casos, normalmente, se deben llegar a acuerdos con sus respectivos patrones.
El desempleo disminuye, la informalidad continúa
Para el INEGI, se considera a la población ocupada en la informalidad:
- “a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan,
- así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo”.
En este sentido, también destacan a quienes laboran en micronegocios no registrados y otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y quienes trabajan sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.
En el país, según el ente, la tasa de informalidad en las mujeres sigue registrando porcentajes más altos que en los hombres, siendo de 56% y 54.1%, respectivamente.
Respecto a la tasa de desempleo, la encuesta del INEGI mostró una disminución del 3,5% respecto a diciembre de 2021 y se posicionó en 2,8% – 1,6 millones de personas – de la población económicamente activa (PEA), la cual al cierre de 2002 fue de 59,6 millones de personas.
Sólo 4 de cada 10 mexicanos laboran en el sector formal
En base a las cifras de la Población Económicamente Activa, 57,9 millones de individuos estuvieron ocupados durante diciembre, es decir, que se sumaron 1 millón más que en el mismo periodo del año anterior. En tanto, las personas subocupadas – aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas – fueron 4,2 millones, un 7,3 % de la población ocupada.
Por su parte, 25,3 millones de trabajadores (43,7%) están ocupados en el sector formal. En detalle:
- 11 millones realizan actividades en la industria del comercio;
- 9,5 millones en las manufacturas,
- 6,7 millones en labores agropecuarias y
- 4,6 millones en construcción.
- mientras que, en las áreas de minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvieron ocupadas el 0,7 % de la población, o sea, 409 mil personas
Efectos en la economía y estimaciones internacionales
En el 2021, el Banco de México realizó un estudio en el que determinó el impacto de la formalidad sobre el PIB per cápita en las diferentes regiones de México. En este contexto, afirmó que, si no existiera informalidad laboral, el PIB per cápita sería 19.6% más alto en la región norte del país; 28.4%, en el centro norte; 27.2% en el centro y 31.5% en el sur,
No obstante, las últimas cifras de empleo, a su vez, han ido mejorando de a poco la economía en la nación, debido que el Producto Interno Bruto creció de julio a septiembre un 0.9 % trimestral y un 4.3 % interanual, acumulando un alza de 2.9% en los primeros tres trimestres de 2022.
Además, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que el crecimiento económico para México este 2023 aumentará de 1.5% a 1.6% y para el 2024 estaría por encima del 2%. Aunque, para que esto sea así, indican que es fundamental implementar medidas dirigidas a:
- que haya más participación de las mujeres en el mercado laboral,
- que se pueda reducir la informalidad y
- a que se mejore la calidad de la educación
En el caso de las expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el panorama es otro, pues prevé un crecimiento de 1.1% en el 2023, lo que implicaría una contundente desaceleración para el país. Por ello, el organismo insiste en que se trabaje temas como
- la desigualdad,
- el rezago educativo y
- la falta de inversiones
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entretanto, anunció que el empleo en Latinoamérica crecerá solo 0,9 % en 2023, lo que representaría 2,9 millones nuevos puestos de trabajo.
A su vez, para este año, también prevé un ligero aumento del desempleo a escala mundial de 3 millones de personas aproximadamente, de esta manera, se alcanzaría los 208 millones de ciudadanos sin trabajo.
Finalmente, sobre la informalidad, la OIT la sitúa en 53,7 %, un alza que según el ente es parte de las consecuencias de la pandemia.
Ante esta realidad, si hay algo en que coinciden los organismos internacionales, es en el daño que hace la informalidad no solo a los trabajadores que deben renunciar a recibir derechos laborales, sino también a los propios países, que deben afrontar tener un ingreso per cápita más bajo o una mayor pobreza y desigualdad. Por esto, y mucho más, es importante llevar a cabo políticas que busquen acabar con esta problemática y generen mayor estabilidad económica tanto a la población, como a la nación.
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Mexico violento
Pobladores de San Juan Tepa, Hidalgo, protegen a ladrones de combustible y agreden a policías

Por Juan Ricardo Montoya
La madrugada del sábado 25 de marzo, pobladores de la localidad de San Juan Tepa, municipio de Francisco I Madero, retuvieron y lesionaron a tres agentes de la Policía del estado de Hidalgo para evitar la captura de los presuntos ladrones de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos -conocidos como huachicoleros. Los agresores causaron daños a la patrulla en que viajaban y les robaron sus armas de cargo (dos pistolas y un rifle AR-15).
Ulises Pérez Aldana, Cuitláhuac Ramírez Cuellar y José Guadalupe Nava, son los policías estatales que fueron gravemente heridos, y trasladados a un hospital.
La agresión se suscitó luego de que los policías, abordo de la patrulla HG-245 A1, perseguían una camioneta con contenedores y bidones con combustible robado. El vehículo circulaba sobre el camino vecinal que une a localidad de Vicente Guerrero, municipio de Ajacuba con San Juan Tepa, del ayuntamiento de Francisco I. Madero, población a menos de 35 kilómetros al poniente de la capital Pachuca.
Los presuntos huachicoleros que iban en la camioneta, al notar la presencia de la patrulla de la Policía estatal, aceleraron rumbo a San Juan Tepa, lo que originó la persecución durante la cual hubo un tiroteo. Los individuos que iban en la camioneta se desviaron del camino hacía un entronque cerca del paraje conocido como El Puerto, hasta donde fueron seguidos por los policías.
En ese lugar los uniformados fueron emboscados por grupo de quienes se presume son unos 50 pobladores, algunos con armas de fuego y otros con palos, tubos y piedras que, tras permitir el paso de la camioneta, arrojaron «poncha llantas» en el camino con las cuales lograron reventar los neumáticos de la patrulla.
Los policías fueron sacados por la fuerza de la patrulla, golpeados y pateados por la turba. Antes de marcharse, los sujetos estrellaron los vidrios del medallón, parabrisas y puertas de la patrulla y le causaron daños a la carrocería.
Horas después, la mañana del sábado policías estatales, con apoyo del Ejército mexicano y Guardia Nacional realizaron un operativo en San Juan Tepa. Al momento de redactar estas líneas no se ha informado del resultado del operativo.
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