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Justicia pendiente

Arturo Campos recibe un amparo y podría obtener la libertad

El Juez Sexto de Distrito de Acapulco, Guerrero, resolvió que Arturo Campos no cometió el delito de secuestro y reconoce la legitimidad del sistema de Justicia y seguridad de la CRAC-PC.

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Arturo Campos Herrera, en el penal de Ayutla / Foto: Tlachinollan.

Los Ángeles Press

CHILPANCINGO, Guerrero.- Arturo Campos Herrera, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) encarcelado en el penal de Ayutla, está cerca de obtener la libertad. El juez federal Benito Arnulfo Zurita firmó el amparo que obliga a la Cuarta Sala Penal a excarcelar al policía comunitario el 9 de febrero, resolviendo que no hay pruebas para la acusación de secuestro que pesa sobre él. Este jueves, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero, acompañados por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, marcharon en Chilpancingo para exigir su inmediata liberación.

Arturo Campos es un líder indígena na savi de Ayutla de los Libres que ejercía de policía comunitario y consejero de la casa de justicia El Paraíso de la CRAC-PC.  El 1 de enero de 2013 fue detenido por policías ministeriales a la orden del entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, acusado de secuestro agravado.

En el momento de su aprehensión, Campos era un destacado miembro del sistema de seguridad y justicia indígena y uno de los impulsores de los grupos de policías comunitaria de Olinalá, Tixtla, Atlixtac, Humuxtitlán y Cualac. Su aprehensión se realizó en Chilpancingo, capital guerrerense, tras participar en un evento por la liberación de Nestora Salgado, Gonzalo Molina y otros 12 compañeros comunitarios detenidos y encarcelados semanas antes, en el marco de una campaña emprendida desde el gobierno perredista de Ángel Aguirre para debilitar a la CRAC.

Arturo Campos, al igual que Nestora Salgado y otros líderes de la policía comunitaria, fue acusado de secuestro por sus actividades en el sistema de seguridad y justicia indígenas.

Después de tres años y dos meses en prisión, el juez federal consideró que no esta acreditado el delito de secuestro con ningún medio de prueba, y además reconoce la legalidad y legitimidad a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Los abogados de Campos, han declarado que esta resolución “sienta un precedente que demuestra la ilegalidad de sus procesos judiciales ya que la policia comunitaria indígena se encuentra reconocida por la constitución y la ley 701”. 

 

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos ‘Tlachinollan’ de la región de La Montaña señala que el fallo del juez evidencia el uso del derecho penal y las instituciones de justicia para perseguir a los pueblos indígenas que se organizan para ejercer su derecho a tener su propia seguridad (…) y que Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, los últimos tres policías comunitarios que aún permanecen recluidos, “están en prisión por motivos políticos”.

Marcha en Chilpancingo por la liberación inmediata de Arturo Campos, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez

 

Justicia pendiente

Madres de desaparecidos exigen justicia afuera de Palacio Nacional

Ignacio García

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Madres integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México protestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir justicia por la falta de respuesta en la localización de sus hijos, además de pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vetar la nueva reforma de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las inconformes exigieron al mandatario federal que vete la nueva Ley Orgánica de la FGR, así como las disposiciones de la Ley General de Personas Desaparecidas, por lo que demandaron una audiencia con el presidente de México para atender esa situación.

De acuerdo con las madres, no han obtenido respuesta por parte de la FGR sobre sus hijos que desaparecieron, por lo que solicitaron la intervención del presidente para atender esta problemática permanente que se mantiene en la impunidad, pues los casos no han sido resueltos.

Las madres de desaparecidos pidieron que se brinden mecanismos de atención permanente para que la FGR sea más eficaz ante la falta de respuestas por parte de las instituciones federales, por lo que consideraron necesario que se tomen en cuenta las demandas de las familiares de las víctimas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que revisarán los casos correspondientes para que se identifiquen los casos reales sobre la falta de respuesta de las autoridades, pues hay casos que suman más de diez años sin la obtención de algún resultado en las indagatorias.

Mientras las madres de desaparecidos se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional, para exigir alguna respuesta por parte de las autoridades, en el interior del recinto se realizó un festival que organizó la presidencia de la República para festejar a las madres en su día.

 

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Justicia pendiente

Romero Deschamps, el sindicalista que se mantuvo en la impunidad

Ignacio García

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, se jubiló completamente del servicio público, aunque no existe ninguna indagatoria mayor en su contra, pese a los diversos escándalos de corrupción en los que estuvo relacionado.

Después de haber formado parte de la nómina de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps renunció oficialmente a la empresa al servicio del Estado, cuestionado por la concentración de la riqueza que acumuló durante su gestión al frente del sindicato petrolero más grandes de América Latina.

Aunque desde joven formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue ocupando diferentes posiciones en el interior del sindicato petrolero y en el interior del priismo, por lo que en 1979 se desempeñó por primera vez como diputado federal por la vía de representación proporcional.

Su lealtad con Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, líder del sindicato petrolero que estuvo a cargo entre 1973 y 1989, le permitió seguir escalando posiciones en la estructura sindical, y tras la detención del dirigente sindical en la administración de Carlos Salinas de Gortari, se hizo cargo del organismo sindical.

Carlos Romero Deschamps fue un cercano colaborador a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, por lo que incluso destinó recursos del sindicato petrolero para la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia de la República por el PRI, Francisco Labastida, en 2000, conocido como el “Pemexgate” en el que se gastaron más de mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial.

Sin embargo, en el gobierno de Vicente Fox no fue procesado y la investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) fue cerrada en el 2005, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón apoyó abiertamente las reformas estructurales que pretendía desarrollar y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue senador.

Aunque en 2017 fue reelecto para mantenerse en el cargo hasta 2024, con el inicio del gobierno de López Obrador fue obligado a renunciar de su cargo en 2019 y en los últimos dos años gozó de “vacaciones” para finalmente retirarse sin ninguna averiguación en su contra.

La familia de Carlos Romero Deschamps fue señalada de enriquecimiento ilícito, debido a sus hijos fueron retratados con vehículos de lujo, que serían incosteables para cualquier trabajador de Pemex.

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Justicia pendiente

Ebrard y Delgado no fueron sancionados por anomalías en Línea 12

Ignacio García

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El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y el ex secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, no fueron sancionados por las irregularidades en el proyecto de la Línea 12 del metro por parte de la Contraloría de la Ciudad de México.

Aunque en su momento, Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que se detectaron diferentes irregularidades en la construcción de la Línea 12 del metro, no aplicó alguna sanción al ahora canciller y al dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La Contraloría capitalina sancionó en total a 48 ex funcionarios capitalinos de la administración de Ebrard como el ex director del metro, Enrique Horcasitas, así como otros servidores públicos con cargos menores para desempeñar algún cargo de la administración pública.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no fue sancionado por las deficiencias en el proyecto de la denominada línea dorada, mientras que esta condición se replicó al también diputado federal, por lo que fueron exonerados por las autoridades capitalinas en la administración de Mancera.

No obstante, diferentes organizaciones civiles han señalado que también deben fincarse responsabilidades tanto a Ebrard como a Mancera, pues también encabezó un proyecto de restauración del metro, mismo que fue insuficiente para evitar el colapso de un convoy el lunes pasado, donde murieron 25 personas que iban a bordo de esta unidad.

De la misma manera, en la actual administración de Claudia Sheinbaum no se destinaron recursos suficientes para el mantenimiento de la Línea 12, además de que no se atendieron las principales quejas por parte de la ciudadanía que desde hace varios meses había denunciado el riesgo de la debilidad de la estructura.

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