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Mexico Violento

Apaxtla Guerrero, otro pueblo fantasma por la violencia

Apaxtla Guerrero se ha convertido un pueblo desolado, dominado por grupos criminales que viven de la extorsión y la muerte

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Aplaxtla. Foto: red

Aplaxtla. Foto: red

*Éxodo de familias a causa de la extorsión de criminales y balaceras en las calles

*El alcalde podría renunciar «porque quiere seguir viviendo»

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- Las calles parecen desiertas, sobre todo pasando las seis de la tarde. Las puertas, en su mayoría cerradas, al igual que las ventanas y los negocios. De Apaxtla ya no queda prácticamente nada de lo que había hace un par de años. Entonces también había violencia, pero no tan acentuada como ahora.

Los pocos hombres que se miran caminar en las calles con sus huaraches de piel, guayaberas y sombrero calentano andan con desconfianza. Miran de un lado a otro sin detener su paso para platicar con sus conocidos. Ese tradicional saludo en el que por lo menos invertían un cuarto de hora ha quedado atrás.

En aquel poblado, la principal fuente de ingresos es la ganadería. Sin embargo, ahora muchos han tenido que abandonar sus reses. Y es que, a decir de los mismos habitantes, el salir al campo es un riesgo latente.

Por ello han optado trasladar a sus animales hasta sus propias casas en el área conocida como “calmil”, que no es más que un patio trasero, pero de extensa tierra. Ahí alimentan su ganado.

Los comercios parecen no tener vida. Muchos han cerrado sus puertas de manera temporal y otras definitivamente. Antes, la gente de varias comunidades pertenecientes al municipio de Apaxtla, acudían a la cabecera a surtir su despensa, comprar ropa, zapatos, medicinas, a hacer llamadas telefónicas o inclusive, los jóvenes a tomar una nieve con el tradicional pan en las típicas neverías del centro.

Por la mañana o en la tarde, las calles se vestían de diferentes colores con el andar de la gente, con la salida de los niños y los jóvenes de las escuelas; desde el jardín de niños hasta el bachillerato.

Ahora no hay estudiantes en las calles, no hay campesinos ni amas de casa. Han optado por no salir de sus casas ante el temor de encontrarse en medio de una balacera y perder la vida. Temen a ser víctimas del fuego cruzado, según narran los pobladores.

En las comunidades hay primarias y jardines de niños, sin embargo la mayoría se concentran en Apaxtla donde hay cinco primarias, seis jardines de niños, dos secundarias, la preparatoria y el CBTA.

A estas dos últimas escuelas tienen que acudir cientos de jóvenes que habitan en las comunidades aledañas, o al menos así era antes de que el temor acechara a los habitantes que prefieren no viajar a su cabecera municipal. Por eso prefieren perder las clases y dejar de comprar artículos indispensables para subsistir.

Ante la inasistencia de los estudiantes, las escuelas de Apaxtla y de las comunidades han cerrado sus puertas desde el pasado lunes, mismas que se pueden observar con cadenas y candados.

En la capital del estado (Chilpancingo) se sabe otra cosa gracias a que las autoridades educativas han afirmado que las clases se han normalizado. Sólo la gente de Apaxtla y sus preciosos, pero marginados pueblos, saben que el gobierno miente, pues las clases no reinician pese a la presencia militar y policial que, hoy, apenas y se percibe en el pueblo.

Hace años por las tardes, en el zócalo se concentraban decenas de personas. A algunos niños los llevaban a jugar en el quiosco; las personas mayores acudían a misa, otros se sentaban en las bancas a platicar.

Era el punto de reunión de las jóvenes parejas y los comercios ubicados a los alrededores recibían a quienes los visitaban de otras comunidades. Ahora la situación ha cambiado radicalmente, sin que el gobierno pueda controlarlo, según denuncia la gente temerosa.

El alcalde Efraín Peña Damacio parece preocupado, pero no se le nota el temor que presentan las mujeres y ancianos del pueblo.

El Ayuntaminto también recibe constantes golpes. Los ingresos propios del Ayuntamiento se han desplomado. El primer edil denuncia a esta reportera que la gente es constantemente extorsionada por los grupos criminales. Decenas de familias decidieron huir desde hace dos semanas y no han regresado.

Esto ha provocado que el Ayuntamiento perciba apenas el 30 por ciento de lo que recibía antes con el pago de impuestos y servicios. Es decir, los ingresos propios cayeron hasta en un 70 por ciento.

El presidente municipal no sabe si renunciar o seguir en el cargo frente a todas las tempestades que han llegado, pero ha dicho que “quiere seguir viviendo”, y pide que no se le pregunte mucho sobre los grupos criminales que operan en el territorio que gobierna.

El peregrinar de familias

 Apaxtla es un pueblo incrustado en la zona Norte de Guerrero y siempre a presentado problemas de emigración, pero había sido con rumbo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida para las familias. Antes, los hombres emigraban dejando en casa a su mujer e hijos.

Ahora los hombres, mujeres y niños salen de sus casas con pocas pertenencias, sólo lo indispensable; sólo lo que cabe en una maleta o inclusive en una bolsa de plástico.

Los menores dejaron sus juguetes en casa, las mujeres sus trastes, ropa y demás utensilios; mientras que los hombres su ganado y siembra. Sus parcelas y casas quedaron en completo abandono, mientras ellos salen de su municipio buscando salvar sus vidas… ya no salen en busca de una mejor vida; salen únicamente para ejercer su derecho a vivir.

En esta situación se encuentran decenas de familias, emigran con rumbos diferentes, muchas incluso sin saber a donde ir, sólo salen de sus casas, con las pocas pertenencias que pueden llevar encima y dejando atrás todo por lo que han trabajado durante toda su vida, y un sinfín de recuerdos que guardan desde su niñez.

“Las balas traspasan hasta los tabiques”

Éste es el caso de don Gervasio, quien prefiere omitir sus apellidos por temor, pero advierte que en todo el pueblo se le conoce. Él abandonó su natal Apaxtla en donde había vivido desde que nació. Lo tuvo que hacer por la violencia, pues según dice: “las balas traspasan hasta los tabiques”. Dejo en Apaxtla 70 años de vida.

A bordo de una camioneta de andar lento por el uso de los años; don Gervasio deja todo lo logrado en Apaxtla. Se quedan sus más de 30 cabezas de ganado, casa, hectáreas de terreno y amigos. Con él sólo lleva un par de mudas de ropa y una cartera con 250 pesos, su sombrero que casi nunca se quita y su guayabera.

A don Gervasio lo que más le duele es dejar sus vacas que hoy lucen flacas… ¿Quién me las va a cuidar? ¿Quién les va a dar de comer?… ¡Se van a morir de hambre!; cuestiona y se responde a la vez.

“Me voy para que no le pase nada a mi familia. Si fuera sólo por mí, me quedaría con mis vacas”; alega cuando ya va sobre una carretera y con su rumbo desconocido. Aclara que nunca hizo nada malo, pero que hasta a los “inocentes” están matando.

Con la mirada triste y voz entre cortada, relató que prefiere salirse a que le pase algo a su familia. Viaja con sus hijos, su esposa, sus nueras y nietos. En otra parte del estado no tiene propiedad alguna, por lo que no sabe que rumbo tomar…

En colaboración con Agencia Periodística de Investigación

 

 

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Justicia pendiente

Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

No te pierdas: Testigo presenció ejecución del activista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde José Luis Abarca

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

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No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

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Justicia pendiente

Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

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El juez Samuel Ventura Ramors fue denunciado por absolver a implicados en el caso Ayotzinapa

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron penalmente al juez de distrito de procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por ordenar dejar en libertad a 120 personas implicadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Las áreas jurídicas de ambas dependencias federales interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juzgador que llevó el caso Ayotzinapa, por lo que lo acusaron de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

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Apenas hace unos días el juez absolvió de forma definitiva a 24 sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juez dictó absolución definitiva para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien presuntamente colaboró con el cártel de “Guerreros Unidos” para el tránsito de droga, por lo cual la FGR solicitó nuevamente de la reaprehensión del ex edil.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que darán a conocer un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, después de reconocer públicamente que fueron los elementos del Ejército mexicano los que colaboraron con la desaparición de los estudiantes normalistas.

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La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra el juzgador por impedir que se garantice el acceso a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, aunado a que ha ordenado la libertad de 120 personas que originalmente habían sido relacionadas con ese delito.

Giran nuevas órden de aprehensión contra Abarca

La semana pasada, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México giró nuevas órdenes de aprehensión contra el ex alcalde de IgualaJosé Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el ex jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juzgador ordenó la captura del ex edil y sus colaboradores más cercanos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

 

 

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Mexico Violento

Líder de SutNotimex presentará amparo contra sentencia por supuesto desvío de 2400 pesos

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líder SutNotimex se ampara contra sentencia por desvío de recursos

Se presentará amparo contra sentencia por desvío de recursos contra secretaria general

Por SutNotimex

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) informa que este día recibió la notificación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que se confirma la sentencia sobre desvío de recursos contra la secretaria general de esta organización sindical, Adriana Urrea, por la cantidad de dos mil 400 pesos.

Ante ello, se tomarán las acciones legales correspondientes y se interpondrá la demanda de amparo, toda vez que nunca se cometió tal delito, sino que forma parte de la estrategia de criminalización y persecución política por encabezar la huelga en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que esta semana cumplió 31 meses vigente.

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En abril de este año, el SutNotimex conoció la resolución del TFJA en la que se determinó la existencia de la falta administrativa grave de desvío de recursos atribuida a la secretaria general del sindicato, por lo que se impuso una “sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días naturales y una sanción económica por la cantidad de $2,416.03 pesos (dos mil cuatrocientos dieciséis pesos con tres centavos moneda nacional) más 1.00 (un peso con ceros centavos moneda nacional)”.

Sin embargo, toda vez que nunca se cometió tal falta, se recurrió al recurso de apelación; no obstante, el tribunal confirmó esta sentencia. Por ello, ahora se procederá a la demanda de amparo, debido a que no existen los elementos que comprueben que se cometió dicha falta.

La cantidad que se atribuye al desvío de recursos corresponde a unos viáticos de apoyo otorgados a la secretaria general, en su cargo de reportera, los cuales no se le permitieron comprobar porque fue despedida al asumir la representación sindical; se trata de una persona de base que nunca tuvo acceso al manejo financiero de la empresa o que tomara decisiones sobre el uso del recursos, por lo que la acusación es falsa y confirma la estrategia de criminalización y persecución política contra la dirigente con motivo de la huelga.

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La huelga de Notimex estalló el 21 de febrero de 2020; en tanto, las acusaciones contra la secretaria general se presentaron en septiembre de ese mismo año.

Hay que recordar que ésta es una de las dos demandas administrativas que la empresa presentó contra Urrea Torres. En enero de 2022, la Secretaría de la Función Pública determinó que no había responsabilidad administrativa sobre una de ellas y queda pendiente esta demanda que fue turnada al TFJA.

 

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