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Mexico Violento

Antorcha campesina, grupo armado del PRI, aterroriza EdoMex

Antorcha campesina, acusada de homicidios, secuestros y robo, opera en completa impunidad y moviliza a la gente para favorecer al PRI

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Por Guadalupe Lizárraga

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Antorcha campesina

LOS ÁNGELES.- Mientras Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de México por la alianza PRI-PVEM, promete que no reinstaurará al viejo PRI y que acatará las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Estados Unidos se denuncia a Los Ángeles Press las agresiones físicas y amenazas de muerte con armas de fuego por parte de Antorcha campesina en el Estado de México. Eduardo Quintero Oliveros, ejidatario de Texcoco, fue secuestrado, golpeado en dos ocasiones y amenazado de muerte hasta verse expulsado del país por demandar justicia ante la invasión de tierras de cultivo de cebada por Antorcha campesina en Cuautlalpan.

El activista mexiquense señaló que “tuvo que salir de la ciudad donde vivía por las amenazas, agresiones y levantones de las que fue objeto al denunciar la invasión de tierras, asaltos y amenazas de muerte por parte del grupo armado del PRI, Antorcha Campesina, que tiene aterrorizada a la población”. Quintero se encuentra en Estados Unidos para salvar su vida, y denunciar lo que los medios de comunicación en México han mantenido en silencio respecto a la relación de este grupo de choque con Enrique Peña Nieto.

El acaparamiento de las propiedades, dijo el activista, fue con el consentimiento de las autoridades. Se trata cinco invasiones, por parte de Antorcha campesina: Puebla (2008) y El Pimiango (2012), además los ranchos El Mecatillo y El Paraíso, ya están recibiendo presiones y amenazas otra vez por Antorcha campesina para ser invadidos.

La invasión de El Pimiango, una extensión de 38,200 m2,  comprada por las autoridades y obsequiada a Antorcha campesina (que revende la propiedad a sus agremiados), generó que la población se organizara para manifestarse por la depredación de la que estaba siendo víctima. Sin embargo, la población fue cercada por Antorcha campesina, el 22 de enero de 2012.

La represión ha sido la manera de disuadir a la población para que se no manifieste en Santiago, Cuautlalpan, donde se han apostado elementos de seguridad estatal de manera permanente. Según se denuncia, criminalizándolos, incluso, por manifestarse en contra del acaparamiento de tierras. También se les acusó de “violentar el orden en las vías públicas”, y de “alterar la paz” de la ciudad, por lo que fueron cercados por los granaderos. Quintero señaló que esta paz, fue alterada desde la llegada del grupo del PRI, Antorcha campesina, que ha operado como grupo de choque y de terror para que la población ceda sin defenderse.

El propósito de este grupo es comandado por la alta dirigencia del PRI en el estado, denunció Quintero, y se trata del grupo de políticos identificados como “grupo Atlacomulco”, el cual busca extender su poder a nivel federal mediante la imposición de Enrique Peña a la presidencia, “ya que ninguno de ellos ha podido lograr este nivel de acceso al poder”, dice el ejidatario mexiquense.

Manifestación de campesinos para exigir el pago de las tierras ocupadas por la construcción del Circuito Exterior Mexiquense (autopista construida Peña Nieto) Foto: Texcoco Unido

Antorcha campesina recibe credenciales del IFE

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Denunció Quintero Olivares que el último día para actualizar la credencial de elector, en esa delegación del Instituto Federal Electoral (IFE), el 15 de enero de 2012, había unas 300 personas esperando su turno para hacer el trámite, y entre ellos pudo reconocer a varios de los invasores de tierras. Traían unas listas, las cuales identificaban por colores y los llamaban por números dentro del mismo grupo de Antorcha campesina.

Quintero sospecha de prácticas fraudulentas, porque la obtención de la credencial de elector es un proceso que ralentizan los funcionarios del IFE, hacen complicada la expedición de credenciales, y si alguien requiere de un duplicado, por pérdida o robo, le niegan la posibilidad de obtenerlo antes de la elección. Pero además, para que puedan obtener una credencial de elector actualizada tenían que reportar una residencia en Texcoco, explicó Quintero, y para ello tenía que vivir ahí en la ciudad. Eso, solamente con “domicilios falsos podía ser un hecho para Antorcha campesina”.

Antorcha campesina es el grupo de choque que opera en apoyo al grupo Atlacomulco, y su método es la intimidación, la violencia y el fraude, señaló el activista.  Se hacen pasar por personas con precariedad económica y tienen presencia en las 32 entidades federativas, según reportes de medios locales. No han sido pocas las denuncias a éstos, incluso académicos e investigadores les han atribuido homicidios, robos, secuestros y amenazas de muerte.

En marzo de 2011, Antorcha campesina fue denunciada por académicos de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM), y al dar a conocer su trayectoria se destacó la estrecha relación con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. El director del programa de Derechos Humanos de la UACM, José Enrique González Ruiz, en sus investigaciones publicó que en 20 años, “los líderes de este grupo armado del PRI son los principales sospechosos de al menos 150 asesinatos en Puebla”. Pero en cada entidad donde tienen fuerza por el apoyo de las autoridades locales, han operado de la misma manera.

Hoy vuelven a ser denunciados por los habitantes de Texcoco por amenazas de muerte, tráfico de influencias, secuestro y agresiones físicas. El ejidatario Eduardo Quintero, una de las principales víctimas de este grupo de choque, también señaló que el grupo opera con éxito porque se mezcla con la población y van acaparando las propiedades, en complicidad con las autoridades del estado. Y si alguien denuncia o se opone a sus acciones, inicia una pesadillas de agresiones y hostigamiento.

Ciudad futura y Enrique Peña Nieto

 Eduardo Quintero Olivares señala que el proyecto “México, Ciudad Futura“, es uno de los objetivos principales del grupo Atlacomulco. Para este grupo de políticos, la presidencia con Enrique Peña Nieto, es la garantía del proyecto, aunque pase por derechos de uso común como los ejidos, y de los mismos derechos ciudadanos.

La experiencia de Antorcha campesina no sólo ayuda a despejar los terrenos, sino a generar sumisión por medio de la violencia a la población, denunció el ejidatario. Incluso ha denuncias penales contra este grupo en otras entidades, donde se le ha atribuido el asesinato de un alcalde indígena en Puebla, en 2004, por no someterse  a las presiones del grupo.


Construcción de la tierra ejidal en Texcoco Foto: Texcoco Unido

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La construcción de un aeropuerto en esta zona forma parte del proyecto Ciudad futura, según la denuncia de Quintero, y explica que aparentemente estaban suspendidas las presiones al respecto. Sin embargo, dice, no son pocas las violaciones y atropellos que se han cometido para imponer estos asentamientos y que han empezado con la invasión de Antorcha campesina, sin ningún documento que acredite la privatización de las tierras ejidales.

Texcoco Unido surge de los ciudadanos habitantes de la comunidad de Cuautlalpan, municipio de Texcoco, para pedir formalmente respuestas a las autoridades por medio de un comunicado público y de las manifestaciones que han reprimido:

“¿De qué meritos goza una organización como Antorcha campesina que se caracteriza por el uso inhumano de las necesidades de la gente para exigir y negociar sus múltiples demandas? ¿Por qué les permiten asentarse descaradamente y construir de manera irregular y sin que haya consecuencia legal alguna para sus dirigentes? ¿Por qué razón el Sr. Enrique Peña Nieto les otorga un predio de uso agrícola con un valor de más de 150 millones de pesos, que fue pagado con nuestros impuestos y que ellos a su vez están revendiendo? ¿Por qué el Dr. Eruviel solapa los abusos de poder de Peña Nieto, y no cumple con la ley, que juro hacer cumplir? Exigimos una respuesta”.

El secuestro y las golpizas de Antorcha campesina

Guadalupe Lizárraga: ¿Cuándo fueron las primeras invasiones de Antorcha campesina en Texcoco?

Eduardo Quintero: Los primeros días del mes de noviembre, sin contar con permisos de la autoridad, se levantó un espectacular, que es una estructura para anuncios publicitarios. (Ver la foto donde están los montones de piedra junto a un tubo rojo, ese es la base del espectacular)

El 19 de noviembre del 2011, se hizo al interior del Rancho el Pimiango la concentración de unos 20,000 antorchistas (ver la foto con el espectacular que está dentro del predio invadido, allí se muestra la fecha y la cantidad convocada).

El 4 de diciembre del 2011, se iniciaron los trazos y las construcciones de las primeras casas, (ver foto donde está la camioneta blanca y las otras donde se ven que están apenas iniciando los trazos). Hasta el día de hoy siguen levantando las construcciones (ver la casa con la bandera roja de Antorcha campesina y como se han ido construido más casas).

Manifestación contra Antorcha campesina Foto: Texcoco Unido

GL: ¿Se levantó una denuncia o acta penal de la invasión contra Antorcha campesina?

EQ: Las autoridades auxiliares desde diciembre del 2011 giraron los oficios a las autoridades municipales y estatales, dando aviso a las autoridades por la invasión que se estaba realizando de manera impune en el rancho el Pimiango.

Sin embargo, las autoridades municipales expusieron que no tenían conocimiento al respecto. Las autoridades estatales, turnaron los oficios al ámbito municipal, (es decir, un circulo pernicioso), pero ante la presión que estuvimos ejerciendo, el presidente por mandato de ley (suplente), pues el electo, Amado Acosta, quien dejó el cargo para postularse como candidato a diputado local, fingió realizar la clausura y la denuncia penal.

Esto fue una mentira, pues no lo hizo ante las instancias correctas y bajo los términos que indica la ley. En mi caso particular, y como representante de Texcoco Unido, he realizado las denuncias ante la contraloría en contra de las autoridades municipales (presidente municipal y director de desarrollo urbano), y en el ámbito estatal, en contra del director del desarrollo urbano.

Ante Derechos Humanos, denunciamos al director de desarrollo urbano municipal, al presidente municipal, director de desarrollo estatal, secretario de seguridad ciudadana (policía estatal). Por otro lado, hemos solicitado una audiencia con el gobernador del Estado de México, sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta. Así mismo, solicitamos audiencia con el presidente de México , y la respuesta fue que no pueden ayudar y nos remiten al gobierno del estado de México.

GL: ¿Cuáles son los elementos de sospecha para sostener que las agresiones y secuestro de los que fuiste víctima fue por parte de Antorcha Campesina?

EQ: La primera vez que recibí una agresión física, fue el 20 o 21 de diciembre. En esa ocasión tras cerrarme el paso, bajarme del vehículo a punta de golpes, me dijeron: ¡”Ya cállate, cabrón. No te hagas el pinche vivo, y con el gobierno no te metas, deja que en el ejido las cosas se hagan, y ya acepta las condiciones que los demás pendejos ya aceptaron, o te va a cargar la chingada!”, y es de lo que me acuerdo, antes del cachazo que me dejo sin sentido.

El 18 de marzo, durante nuestro primer foro de difusión (Ver foto del Chicano Park), decidí separarme de la comisión que tiene tomado el Palacio Municipal de Texcoco, al estar en desacuerdo con las maniobras e intereses políticos que este grupo tiene.

El 19 de marzo realizamos el comunicado público, y hablé con algunos ejidatarios. Tras salir de una reunión y dirigirme a casa, siendo ya la madrugada del 20 (1:00 AM o 1:30 AM aproximadamente), dos individuos con pasamontañas me amagaron con arma de fuego, y a punta de golpes me subieron a la parte trasera de una camioneta tipo Urvan.

Después de la primera golpiza que me dieron al interior de la unidad, me amarraron de pies y manos. Esta golpiza siguió durante el resto de la madrugada y todo el día 21. Se burlaban diciendo: “¡A ver cabrón, no que muy lidercito?, ¿dónde está tu pinche gente cabrón de mierda?”.

Cuando empezaba a clarear, uno de ellos me cubrió la cabeza con no se qué, y así me trajeron todo el día. No sé por dónde anduve, pues estaba amarrado de pies y manos y así como con una bolsa o no sé con qué me cubrieron la cabeza. Cada vez que emitía alguna palabra, recibía un golpe donde cayera.

Ya en la madrugada del 22, me desamarraron y riéndose me dijeron mientras me desamarraban: “¡Con Antorcha y el gobierno, ningún pendejo lidercillo de mierda se mete, porque se lo carga la chingada junto con su pendeja familia!”. Así que sin detener la camioneta, me aventaron por el panteón del pueblo, no sé cuanto tiempo estuve tirado, pero ya cuando desperté, como pude me levanté y llegué a casa.

 

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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