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Mexico Violento

Antorcha campesina, grupo armado del PRI, aterroriza EdoMex

Antorcha campesina, acusada de homicidios, secuestros y robo, opera en completa impunidad y moviliza a la gente para favorecer al PRI

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Por Guadalupe Lizárraga

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Antorcha campesina

LOS ÁNGELES.- Mientras Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de México por la alianza PRI-PVEM, promete que no reinstaurará al viejo PRI y que acatará las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Estados Unidos se denuncia a Los Ángeles Press las agresiones físicas y amenazas de muerte con armas de fuego por parte de Antorcha campesina en el Estado de México. Eduardo Quintero Oliveros, ejidatario de Texcoco, fue secuestrado, golpeado en dos ocasiones y amenazado de muerte hasta verse expulsado del país por demandar justicia ante la invasión de tierras de cultivo de cebada por Antorcha campesina en Cuautlalpan.

El activista mexiquense señaló que “tuvo que salir de la ciudad donde vivía por las amenazas, agresiones y levantones de las que fue objeto al denunciar la invasión de tierras, asaltos y amenazas de muerte por parte del grupo armado del PRI, Antorcha Campesina, que tiene aterrorizada a la población”. Quintero se encuentra en Estados Unidos para salvar su vida, y denunciar lo que los medios de comunicación en México han mantenido en silencio respecto a la relación de este grupo de choque con Enrique Peña Nieto.

El acaparamiento de las propiedades, dijo el activista, fue con el consentimiento de las autoridades. Se trata cinco invasiones, por parte de Antorcha campesina: Puebla (2008) y El Pimiango (2012), además los ranchos El Mecatillo y El Paraíso, ya están recibiendo presiones y amenazas otra vez por Antorcha campesina para ser invadidos.

La invasión de El Pimiango, una extensión de 38,200 m2,  comprada por las autoridades y obsequiada a Antorcha campesina (que revende la propiedad a sus agremiados), generó que la población se organizara para manifestarse por la depredación de la que estaba siendo víctima. Sin embargo, la población fue cercada por Antorcha campesina, el 22 de enero de 2012.

La represión ha sido la manera de disuadir a la población para que se no manifieste en Santiago, Cuautlalpan, donde se han apostado elementos de seguridad estatal de manera permanente. Según se denuncia, criminalizándolos, incluso, por manifestarse en contra del acaparamiento de tierras. También se les acusó de “violentar el orden en las vías públicas”, y de “alterar la paz” de la ciudad, por lo que fueron cercados por los granaderos. Quintero señaló que esta paz, fue alterada desde la llegada del grupo del PRI, Antorcha campesina, que ha operado como grupo de choque y de terror para que la población ceda sin defenderse.

El propósito de este grupo es comandado por la alta dirigencia del PRI en el estado, denunció Quintero, y se trata del grupo de políticos identificados como “grupo Atlacomulco”, el cual busca extender su poder a nivel federal mediante la imposición de Enrique Peña a la presidencia, “ya que ninguno de ellos ha podido lograr este nivel de acceso al poder”, dice el ejidatario mexiquense.

Manifestación de campesinos para exigir el pago de las tierras ocupadas por la construcción del Circuito Exterior Mexiquense (autopista construida Peña Nieto) Foto: Texcoco Unido

Antorcha campesina recibe credenciales del IFE

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Denunció Quintero Olivares que el último día para actualizar la credencial de elector, en esa delegación del Instituto Federal Electoral (IFE), el 15 de enero de 2012, había unas 300 personas esperando su turno para hacer el trámite, y entre ellos pudo reconocer a varios de los invasores de tierras. Traían unas listas, las cuales identificaban por colores y los llamaban por números dentro del mismo grupo de Antorcha campesina.

Quintero sospecha de prácticas fraudulentas, porque la obtención de la credencial de elector es un proceso que ralentizan los funcionarios del IFE, hacen complicada la expedición de credenciales, y si alguien requiere de un duplicado, por pérdida o robo, le niegan la posibilidad de obtenerlo antes de la elección. Pero además, para que puedan obtener una credencial de elector actualizada tenían que reportar una residencia en Texcoco, explicó Quintero, y para ello tenía que vivir ahí en la ciudad. Eso, solamente con “domicilios falsos podía ser un hecho para Antorcha campesina”.

Antorcha campesina es el grupo de choque que opera en apoyo al grupo Atlacomulco, y su método es la intimidación, la violencia y el fraude, señaló el activista.  Se hacen pasar por personas con precariedad económica y tienen presencia en las 32 entidades federativas, según reportes de medios locales. No han sido pocas las denuncias a éstos, incluso académicos e investigadores les han atribuido homicidios, robos, secuestros y amenazas de muerte.

En marzo de 2011, Antorcha campesina fue denunciada por académicos de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM), y al dar a conocer su trayectoria se destacó la estrecha relación con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. El director del programa de Derechos Humanos de la UACM, José Enrique González Ruiz, en sus investigaciones publicó que en 20 años, “los líderes de este grupo armado del PRI son los principales sospechosos de al menos 150 asesinatos en Puebla”. Pero en cada entidad donde tienen fuerza por el apoyo de las autoridades locales, han operado de la misma manera.

Hoy vuelven a ser denunciados por los habitantes de Texcoco por amenazas de muerte, tráfico de influencias, secuestro y agresiones físicas. El ejidatario Eduardo Quintero, una de las principales víctimas de este grupo de choque, también señaló que el grupo opera con éxito porque se mezcla con la población y van acaparando las propiedades, en complicidad con las autoridades del estado. Y si alguien denuncia o se opone a sus acciones, inicia una pesadillas de agresiones y hostigamiento.

Ciudad futura y Enrique Peña Nieto

 Eduardo Quintero Olivares señala que el proyecto “México, Ciudad Futura“, es uno de los objetivos principales del grupo Atlacomulco. Para este grupo de políticos, la presidencia con Enrique Peña Nieto, es la garantía del proyecto, aunque pase por derechos de uso común como los ejidos, y de los mismos derechos ciudadanos.

La experiencia de Antorcha campesina no sólo ayuda a despejar los terrenos, sino a generar sumisión por medio de la violencia a la población, denunció el ejidatario. Incluso ha denuncias penales contra este grupo en otras entidades, donde se le ha atribuido el asesinato de un alcalde indígena en Puebla, en 2004, por no someterse  a las presiones del grupo.


Construcción de la tierra ejidal en Texcoco Foto: Texcoco Unido

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La construcción de un aeropuerto en esta zona forma parte del proyecto Ciudad futura, según la denuncia de Quintero, y explica que aparentemente estaban suspendidas las presiones al respecto. Sin embargo, dice, no son pocas las violaciones y atropellos que se han cometido para imponer estos asentamientos y que han empezado con la invasión de Antorcha campesina, sin ningún documento que acredite la privatización de las tierras ejidales.

Texcoco Unido surge de los ciudadanos habitantes de la comunidad de Cuautlalpan, municipio de Texcoco, para pedir formalmente respuestas a las autoridades por medio de un comunicado público y de las manifestaciones que han reprimido:

“¿De qué meritos goza una organización como Antorcha campesina que se caracteriza por el uso inhumano de las necesidades de la gente para exigir y negociar sus múltiples demandas? ¿Por qué les permiten asentarse descaradamente y construir de manera irregular y sin que haya consecuencia legal alguna para sus dirigentes? ¿Por qué razón el Sr. Enrique Peña Nieto les otorga un predio de uso agrícola con un valor de más de 150 millones de pesos, que fue pagado con nuestros impuestos y que ellos a su vez están revendiendo? ¿Por qué el Dr. Eruviel solapa los abusos de poder de Peña Nieto, y no cumple con la ley, que juro hacer cumplir? Exigimos una respuesta”.

El secuestro y las golpizas de Antorcha campesina

Guadalupe Lizárraga: ¿Cuándo fueron las primeras invasiones de Antorcha campesina en Texcoco?

Eduardo Quintero: Los primeros días del mes de noviembre, sin contar con permisos de la autoridad, se levantó un espectacular, que es una estructura para anuncios publicitarios. (Ver la foto donde están los montones de piedra junto a un tubo rojo, ese es la base del espectacular)

El 19 de noviembre del 2011, se hizo al interior del Rancho el Pimiango la concentración de unos 20,000 antorchistas (ver la foto con el espectacular que está dentro del predio invadido, allí se muestra la fecha y la cantidad convocada).

El 4 de diciembre del 2011, se iniciaron los trazos y las construcciones de las primeras casas, (ver foto donde está la camioneta blanca y las otras donde se ven que están apenas iniciando los trazos). Hasta el día de hoy siguen levantando las construcciones (ver la casa con la bandera roja de Antorcha campesina y como se han ido construido más casas).

Manifestación contra Antorcha campesina Foto: Texcoco Unido

GL: ¿Se levantó una denuncia o acta penal de la invasión contra Antorcha campesina?

EQ: Las autoridades auxiliares desde diciembre del 2011 giraron los oficios a las autoridades municipales y estatales, dando aviso a las autoridades por la invasión que se estaba realizando de manera impune en el rancho el Pimiango.

Sin embargo, las autoridades municipales expusieron que no tenían conocimiento al respecto. Las autoridades estatales, turnaron los oficios al ámbito municipal, (es decir, un circulo pernicioso), pero ante la presión que estuvimos ejerciendo, el presidente por mandato de ley (suplente), pues el electo, Amado Acosta, quien dejó el cargo para postularse como candidato a diputado local, fingió realizar la clausura y la denuncia penal.

Esto fue una mentira, pues no lo hizo ante las instancias correctas y bajo los términos que indica la ley. En mi caso particular, y como representante de Texcoco Unido, he realizado las denuncias ante la contraloría en contra de las autoridades municipales (presidente municipal y director de desarrollo urbano), y en el ámbito estatal, en contra del director del desarrollo urbano.

Ante Derechos Humanos, denunciamos al director de desarrollo urbano municipal, al presidente municipal, director de desarrollo estatal, secretario de seguridad ciudadana (policía estatal). Por otro lado, hemos solicitado una audiencia con el gobernador del Estado de México, sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta. Así mismo, solicitamos audiencia con el presidente de México , y la respuesta fue que no pueden ayudar y nos remiten al gobierno del estado de México.

GL: ¿Cuáles son los elementos de sospecha para sostener que las agresiones y secuestro de los que fuiste víctima fue por parte de Antorcha Campesina?

EQ: La primera vez que recibí una agresión física, fue el 20 o 21 de diciembre. En esa ocasión tras cerrarme el paso, bajarme del vehículo a punta de golpes, me dijeron: ¡”Ya cállate, cabrón. No te hagas el pinche vivo, y con el gobierno no te metas, deja que en el ejido las cosas se hagan, y ya acepta las condiciones que los demás pendejos ya aceptaron, o te va a cargar la chingada!”, y es de lo que me acuerdo, antes del cachazo que me dejo sin sentido.

El 18 de marzo, durante nuestro primer foro de difusión (Ver foto del Chicano Park), decidí separarme de la comisión que tiene tomado el Palacio Municipal de Texcoco, al estar en desacuerdo con las maniobras e intereses políticos que este grupo tiene.

El 19 de marzo realizamos el comunicado público, y hablé con algunos ejidatarios. Tras salir de una reunión y dirigirme a casa, siendo ya la madrugada del 20 (1:00 AM o 1:30 AM aproximadamente), dos individuos con pasamontañas me amagaron con arma de fuego, y a punta de golpes me subieron a la parte trasera de una camioneta tipo Urvan.

Después de la primera golpiza que me dieron al interior de la unidad, me amarraron de pies y manos. Esta golpiza siguió durante el resto de la madrugada y todo el día 21. Se burlaban diciendo: “¡A ver cabrón, no que muy lidercito?, ¿dónde está tu pinche gente cabrón de mierda?”.

Cuando empezaba a clarear, uno de ellos me cubrió la cabeza con no se qué, y así me trajeron todo el día. No sé por dónde anduve, pues estaba amarrado de pies y manos y así como con una bolsa o no sé con qué me cubrieron la cabeza. Cada vez que emitía alguna palabra, recibía un golpe donde cayera.

Ya en la madrugada del 22, me desamarraron y riéndose me dijeron mientras me desamarraban: “¡Con Antorcha y el gobierno, ningún pendejo lidercillo de mierda se mete, porque se lo carga la chingada junto con su pendeja familia!”. Así que sin detener la camioneta, me aventaron por el panteón del pueblo, no sé cuanto tiempo estuve tirado, pero ya cuando desperté, como pude me levanté y llegué a casa.

 

Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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