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Mexico Violento

Antorcha campesina, grupo armado del PRI, aterroriza EdoMex

Antorcha campesina, acusada de homicidios, secuestros y robo, opera en completa impunidad y moviliza a la gente para favorecer al PRI

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Por Guadalupe Lizárraga

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Antorcha campesina

LOS ÁNGELES.- Mientras Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de México por la alianza PRI-PVEM, promete que no reinstaurará al viejo PRI y que acatará las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Estados Unidos se denuncia a Los Ángeles Press las agresiones físicas y amenazas de muerte con armas de fuego por parte de Antorcha campesina en el Estado de México. Eduardo Quintero Oliveros, ejidatario de Texcoco, fue secuestrado, golpeado en dos ocasiones y amenazado de muerte hasta verse expulsado del país por demandar justicia ante la invasión de tierras de cultivo de cebada por Antorcha campesina en Cuautlalpan.

El activista mexiquense señaló que “tuvo que salir de la ciudad donde vivía por las amenazas, agresiones y levantones de las que fue objeto al denunciar la invasión de tierras, asaltos y amenazas de muerte por parte del grupo armado del PRI, Antorcha Campesina, que tiene aterrorizada a la población”. Quintero se encuentra en Estados Unidos para salvar su vida, y denunciar lo que los medios de comunicación en México han mantenido en silencio respecto a la relación de este grupo de choque con Enrique Peña Nieto.

El acaparamiento de las propiedades, dijo el activista, fue con el consentimiento de las autoridades. Se trata cinco invasiones, por parte de Antorcha campesina: Puebla (2008) y El Pimiango (2012), además los ranchos El Mecatillo y El Paraíso, ya están recibiendo presiones y amenazas otra vez por Antorcha campesina para ser invadidos.

La invasión de El Pimiango, una extensión de 38,200 m2,  comprada por las autoridades y obsequiada a Antorcha campesina (que revende la propiedad a sus agremiados), generó que la población se organizara para manifestarse por la depredación de la que estaba siendo víctima. Sin embargo, la población fue cercada por Antorcha campesina, el 22 de enero de 2012.

La represión ha sido la manera de disuadir a la población para que se no manifieste en Santiago, Cuautlalpan, donde se han apostado elementos de seguridad estatal de manera permanente. Según se denuncia, criminalizándolos, incluso, por manifestarse en contra del acaparamiento de tierras. También se les acusó de “violentar el orden en las vías públicas”, y de “alterar la paz” de la ciudad, por lo que fueron cercados por los granaderos. Quintero señaló que esta paz, fue alterada desde la llegada del grupo del PRI, Antorcha campesina, que ha operado como grupo de choque y de terror para que la población ceda sin defenderse.

El propósito de este grupo es comandado por la alta dirigencia del PRI en el estado, denunció Quintero, y se trata del grupo de políticos identificados como “grupo Atlacomulco”, el cual busca extender su poder a nivel federal mediante la imposición de Enrique Peña a la presidencia, “ya que ninguno de ellos ha podido lograr este nivel de acceso al poder”, dice el ejidatario mexiquense.

Manifestación de campesinos para exigir el pago de las tierras ocupadas por la construcción del Circuito Exterior Mexiquense (autopista construida Peña Nieto) Foto: Texcoco Unido

Antorcha campesina recibe credenciales del IFE

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Denunció Quintero Olivares que el último día para actualizar la credencial de elector, en esa delegación del Instituto Federal Electoral (IFE), el 15 de enero de 2012, había unas 300 personas esperando su turno para hacer el trámite, y entre ellos pudo reconocer a varios de los invasores de tierras. Traían unas listas, las cuales identificaban por colores y los llamaban por números dentro del mismo grupo de Antorcha campesina.

Quintero sospecha de prácticas fraudulentas, porque la obtención de la credencial de elector es un proceso que ralentizan los funcionarios del IFE, hacen complicada la expedición de credenciales, y si alguien requiere de un duplicado, por pérdida o robo, le niegan la posibilidad de obtenerlo antes de la elección. Pero además, para que puedan obtener una credencial de elector actualizada tenían que reportar una residencia en Texcoco, explicó Quintero, y para ello tenía que vivir ahí en la ciudad. Eso, solamente con “domicilios falsos podía ser un hecho para Antorcha campesina”.

Antorcha campesina es el grupo de choque que opera en apoyo al grupo Atlacomulco, y su método es la intimidación, la violencia y el fraude, señaló el activista.  Se hacen pasar por personas con precariedad económica y tienen presencia en las 32 entidades federativas, según reportes de medios locales. No han sido pocas las denuncias a éstos, incluso académicos e investigadores les han atribuido homicidios, robos, secuestros y amenazas de muerte.

En marzo de 2011, Antorcha campesina fue denunciada por académicos de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM), y al dar a conocer su trayectoria se destacó la estrecha relación con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. El director del programa de Derechos Humanos de la UACM, José Enrique González Ruiz, en sus investigaciones publicó que en 20 años, “los líderes de este grupo armado del PRI son los principales sospechosos de al menos 150 asesinatos en Puebla”. Pero en cada entidad donde tienen fuerza por el apoyo de las autoridades locales, han operado de la misma manera.

Hoy vuelven a ser denunciados por los habitantes de Texcoco por amenazas de muerte, tráfico de influencias, secuestro y agresiones físicas. El ejidatario Eduardo Quintero, una de las principales víctimas de este grupo de choque, también señaló que el grupo opera con éxito porque se mezcla con la población y van acaparando las propiedades, en complicidad con las autoridades del estado. Y si alguien denuncia o se opone a sus acciones, inicia una pesadillas de agresiones y hostigamiento.

Ciudad futura y Enrique Peña Nieto

 Eduardo Quintero Olivares señala que el proyecto “México, Ciudad Futura“, es uno de los objetivos principales del grupo Atlacomulco. Para este grupo de políticos, la presidencia con Enrique Peña Nieto, es la garantía del proyecto, aunque pase por derechos de uso común como los ejidos, y de los mismos derechos ciudadanos.

La experiencia de Antorcha campesina no sólo ayuda a despejar los terrenos, sino a generar sumisión por medio de la violencia a la población, denunció el ejidatario. Incluso ha denuncias penales contra este grupo en otras entidades, donde se le ha atribuido el asesinato de un alcalde indígena en Puebla, en 2004, por no someterse  a las presiones del grupo.


Construcción de la tierra ejidal en Texcoco Foto: Texcoco Unido

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La construcción de un aeropuerto en esta zona forma parte del proyecto Ciudad futura, según la denuncia de Quintero, y explica que aparentemente estaban suspendidas las presiones al respecto. Sin embargo, dice, no son pocas las violaciones y atropellos que se han cometido para imponer estos asentamientos y que han empezado con la invasión de Antorcha campesina, sin ningún documento que acredite la privatización de las tierras ejidales.

Texcoco Unido surge de los ciudadanos habitantes de la comunidad de Cuautlalpan, municipio de Texcoco, para pedir formalmente respuestas a las autoridades por medio de un comunicado público y de las manifestaciones que han reprimido:

“¿De qué meritos goza una organización como Antorcha campesina que se caracteriza por el uso inhumano de las necesidades de la gente para exigir y negociar sus múltiples demandas? ¿Por qué les permiten asentarse descaradamente y construir de manera irregular y sin que haya consecuencia legal alguna para sus dirigentes? ¿Por qué razón el Sr. Enrique Peña Nieto les otorga un predio de uso agrícola con un valor de más de 150 millones de pesos, que fue pagado con nuestros impuestos y que ellos a su vez están revendiendo? ¿Por qué el Dr. Eruviel solapa los abusos de poder de Peña Nieto, y no cumple con la ley, que juro hacer cumplir? Exigimos una respuesta”.

El secuestro y las golpizas de Antorcha campesina

Guadalupe Lizárraga: ¿Cuándo fueron las primeras invasiones de Antorcha campesina en Texcoco?

Eduardo Quintero: Los primeros días del mes de noviembre, sin contar con permisos de la autoridad, se levantó un espectacular, que es una estructura para anuncios publicitarios. (Ver la foto donde están los montones de piedra junto a un tubo rojo, ese es la base del espectacular)

El 19 de noviembre del 2011, se hizo al interior del Rancho el Pimiango la concentración de unos 20,000 antorchistas (ver la foto con el espectacular que está dentro del predio invadido, allí se muestra la fecha y la cantidad convocada).

El 4 de diciembre del 2011, se iniciaron los trazos y las construcciones de las primeras casas, (ver foto donde está la camioneta blanca y las otras donde se ven que están apenas iniciando los trazos). Hasta el día de hoy siguen levantando las construcciones (ver la casa con la bandera roja de Antorcha campesina y como se han ido construido más casas).

Manifestación contra Antorcha campesina Foto: Texcoco Unido

GL: ¿Se levantó una denuncia o acta penal de la invasión contra Antorcha campesina?

EQ: Las autoridades auxiliares desde diciembre del 2011 giraron los oficios a las autoridades municipales y estatales, dando aviso a las autoridades por la invasión que se estaba realizando de manera impune en el rancho el Pimiango.

Sin embargo, las autoridades municipales expusieron que no tenían conocimiento al respecto. Las autoridades estatales, turnaron los oficios al ámbito municipal, (es decir, un circulo pernicioso), pero ante la presión que estuvimos ejerciendo, el presidente por mandato de ley (suplente), pues el electo, Amado Acosta, quien dejó el cargo para postularse como candidato a diputado local, fingió realizar la clausura y la denuncia penal.

Esto fue una mentira, pues no lo hizo ante las instancias correctas y bajo los términos que indica la ley. En mi caso particular, y como representante de Texcoco Unido, he realizado las denuncias ante la contraloría en contra de las autoridades municipales (presidente municipal y director de desarrollo urbano), y en el ámbito estatal, en contra del director del desarrollo urbano.

Ante Derechos Humanos, denunciamos al director de desarrollo urbano municipal, al presidente municipal, director de desarrollo estatal, secretario de seguridad ciudadana (policía estatal). Por otro lado, hemos solicitado una audiencia con el gobernador del Estado de México, sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta. Así mismo, solicitamos audiencia con el presidente de México , y la respuesta fue que no pueden ayudar y nos remiten al gobierno del estado de México.

GL: ¿Cuáles son los elementos de sospecha para sostener que las agresiones y secuestro de los que fuiste víctima fue por parte de Antorcha Campesina?

EQ: La primera vez que recibí una agresión física, fue el 20 o 21 de diciembre. En esa ocasión tras cerrarme el paso, bajarme del vehículo a punta de golpes, me dijeron: ¡”Ya cállate, cabrón. No te hagas el pinche vivo, y con el gobierno no te metas, deja que en el ejido las cosas se hagan, y ya acepta las condiciones que los demás pendejos ya aceptaron, o te va a cargar la chingada!”, y es de lo que me acuerdo, antes del cachazo que me dejo sin sentido.

El 18 de marzo, durante nuestro primer foro de difusión (Ver foto del Chicano Park), decidí separarme de la comisión que tiene tomado el Palacio Municipal de Texcoco, al estar en desacuerdo con las maniobras e intereses políticos que este grupo tiene.

El 19 de marzo realizamos el comunicado público, y hablé con algunos ejidatarios. Tras salir de una reunión y dirigirme a casa, siendo ya la madrugada del 20 (1:00 AM o 1:30 AM aproximadamente), dos individuos con pasamontañas me amagaron con arma de fuego, y a punta de golpes me subieron a la parte trasera de una camioneta tipo Urvan.

Después de la primera golpiza que me dieron al interior de la unidad, me amarraron de pies y manos. Esta golpiza siguió durante el resto de la madrugada y todo el día 21. Se burlaban diciendo: “¡A ver cabrón, no que muy lidercito?, ¿dónde está tu pinche gente cabrón de mierda?”.

Cuando empezaba a clarear, uno de ellos me cubrió la cabeza con no se qué, y así me trajeron todo el día. No sé por dónde anduve, pues estaba amarrado de pies y manos y así como con una bolsa o no sé con qué me cubrieron la cabeza. Cada vez que emitía alguna palabra, recibía un golpe donde cayera.

Ya en la madrugada del 22, me desamarraron y riéndose me dijeron mientras me desamarraban: “¡Con Antorcha y el gobierno, ningún pendejo lidercillo de mierda se mete, porque se lo carga la chingada junto con su pendeja familia!”. Así que sin detener la camioneta, me aventaron por el panteón del pueblo, no sé cuanto tiempo estuve tirado, pero ya cuando desperté, como pude me levanté y llegué a casa.

 

Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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