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Con voz propia

Andrés Manuel sí tiene quien le escriba … pero no los quiere leer

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Historias para Armar la Historia,

Por Ramsés Ancira

Frente a Palacio Nacional, entre la pirámide de cartón con la que se evoca la caída de Tenochtitlán, y el balcón donde se dará el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, hay varias casas de campaña. En un cartel se informa que un grupo de personas ingresó a una casa del centro histórico y violó a una mujer. En otro, se cuenta la historia de un niño que pretendía cruzar la frontera con Estados Unidos cuando fue alcanzado por la espalda por el disparo de un soldado mexicano.

En la parte trasera del Palacio Nacional, sobre la calle de Moneda, está la oficina de atención ciudadana de la presidencia de la República. A nadie se le ha ocurrido preguntarles a las personas en plantón en qué pueden ayudarlos.

También hay un largo plástico gris, donde se guarecen de la lluvia personas que piden el desafuero del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón y de los responsables de seguridad pública en esa entidad, pues aseguran que son fabricantes de culpables. A  uno de ellos lo acusan de haberse robado un vehículo, a pesar de que, aseguran, este hombre no sabe montar en bicicleta, mucho menos manejar un automóvil.

Días más o días menos, estos carteles y lonas con diversas denuncias, han permanecido semanas, sin que el presidente López Obrador pueda leerlos, siquiera desde el balcón presidencial.

La historia de Omar Ulises, contada en una enorme manta, dice que el 27 de marzo, en Sonoyta, Sonora, un grupo de 40 personas intentaba cruzar ilegalmente la frontera. No fueron interceptados por la patrulla fronteriza. Fueron soldados mexicanos los que les dispararon desde territorio mexicano.

El joven mexicano fue internado en un hospital. Mientras tanto los soldados declararon que el joven estaba en posesión de armas, cargadores y cartuchos. Lo curioso es que no encontraron huellas de pólvora. El juez Aníbal Castro Borbón, espécimen ejemplar de lo que el presidente López Obrador ha llamado el “podrido poder judicial” , dijo, para mantener al joven en prisión, que a lo mejor, como llovió, por eso no encontraban la pólvora.

Los 19 soldados al mando del teniente de infantería Julio César Noriega López, adujeron que les habían disparado, pero no presentaron cartuchos quemados, ni ninguna otra prueba de la supuesta agresión.

Recordando al Coronel de García Márquez…, Andrés Manuel, Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sí tiene quien le escriba, pero no quiere leer nada que tenga que ver con algunos soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional que sí son como los de antes: prepotentes e impunes.

Como un tal general Espitia Hernández, acusado de diversas violaciones y tortura sexual de jóvenes, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, en plena administración de Felipe Calderón. Éste es un caso -aparte del denunciado por Óscar Kabata-, quien sigue siendo acosado en su propio domicilio por soldados que le hacen pintas en su casa; además de pintar los lentes de las cámaras de video, para que no los capten en el acoso.

Estos otros jóvenes, también han desplegado mantas en el Zócalo, las cuales, tampoco ha leído el presidente. Y suponemos de las cuales tampoco le informan sus auxiliares de Comunicación Social.

Hace casi cuatro meses, cuando denunciamos al presidente López Obrador las razones de los integrantes del plantón, que se prolongó por más de 130 días a las puertas de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que le pediría al “general secretario”, Crescencio Sandoval, que informara al respecto. El general permanece mudo.

¿A quien se refería el almirante Ojeda, cuando declaró dos veces? Una, que los traidores al presidente estaban dentro del mismo gabinete y la otra, que, por la corrupción del poder judicial, no se podía trabajar con la debida eficiencia.

 

Bitácora Suplementaria: Viernes 20 de agosto, 8 de la mañana

Alguna vez la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero declaró que se sentía discriminada en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El pasado 20 de agosto, al rendir el informe mensual de Seguridad nacional, hablaron la secretaria de Seguridad pública Rosa Isela Rodríguez, el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien no iba vestido como almirante, sino en traje de campaña; un representante de la @SEDENAmx, e incluso la representante de Protección Civil, para hablar de los riesgos del huracán Grisell.

La titular de @SEGOB_mx permaneció sentada y muda en el extremo derecho, frente a los reporteros. Más tarde el colega periodista Arnoldo Cuellar habló de que los asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos continúan impunes. Entonces López Obrador respondió  que buscaría, con el subsecretario Alejandro Encinas, la forma de suplir el trabajo absurdamente malo de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, la cual, por ejemplo,   pretende  resolver el asesinato de Miroslava Breach comprando testigos y torturándolos   (https://bit.ly/2VJxyc7).

También el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación ha sido un completo fracaso, además de que este último es sospechoso de estar infiltrado por personal que actuó en los sexenios de Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De pronto nos percatamos de que la magistrada y secretaria Olga Sánchez Cordero se había ido. ¿Descortesía? ¿Falta de interés? ¿Se sintió florero? En todo caso, muy extraño. Aunque ya no tengan qué decir, los invitados a la «mañanera» se quedan hasta el final.  Incluso, un día antes, el representante de UNICEF se quedó más de una hora después de que había dado su opinión experta sobre el regreso de niños y adolescentes a clases. Más aún, se quedó platicando con el presidente después de que los reporteros habíamos empezado a retirarnos del recinto. ¿Hay una lectura política de la discreta y súbita desaparición de Sánchez Cordero o qué pasó?

 

Bitácora Personal

Hay periodismo de entretenimiento, de cultura o de deportes. Hay periodistas que cubren actos, otros que escriben columnas, o artículos de opinión y hay otros que se dedican al periodismo de investigación.

A estos últimos también tendría que leer Andrés Manuel, para que no termine su sexenio con tres periodistas asesinados al mes, y un defensor de derechos ambientalistas, en promedio, también cada 30 días.

No se trata de periodistas conservadores, o de aquellos que por sistema deforman la información y la presentan incompleta, como cuando hacen un gran escándalo por una carta de la Secretaría de Educación Pública para los padres que quieran que sus hijos regresen a las aulas; pero se les olvida el grave problema nacional que está vigente: el monstruoso incremento de adolescentes embarazadas, víctimas de incesto, suicidas y asesinadas mientras han tenido que dejar la escuela por la pandemia.

Un sujeto al que torturaron y le fabricaron el delito de sedición, les llamó sepulcros blanqueados, le decían Jesús “N”, y nació en Nazaret,

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Con voz propia

Sobre la actualización del Protocolo de Estambul en México

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Por Ramsés Ancira

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la burocracia en México y en el mundo, avanza como paquidermo reumático. Éste es el caso del acuerdo para la liberación de presos víctimas de tortura; con más de dos años en prisión sin recibir sentencia; o que por su edad avanzada corren el riesgo de morir sin volver a conocer la libertad.

Los más optimistas soñábamos que el 15 de septiembre, fecha para la cual ya debían haberse conocido las reglas de operación para el acuerdo;  y  al que prontamente se había sumado el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, tendríamos a cientos de hombres y mujeres libres, ya sea completamente absueltos o con la posibilidad de esperar su sentencia en arraigo domiciliario o en el mejor de los casos, solo con el compromiso de no salir de la Ciudad, como  es el caso de Emilio Lozoya.

A nivel nacional debió ser la Defensoría Pública Federal, que encabeza el recomendado de López Obrador, Netzaí Sandoval, quien debía elaborar la lista de personas que cumplían con cualquiera de los requisitos para obtener la libertad. No presentó ni un solo caso, a pesar de que, según ex abogados de la misma defensoría, de cada 100 mil personas que se encuentran en cárceles mexicanas, 60 mil son inocentes materiales, ya que están ahí porque confesaron bajo tortura, o no existe ninguna prueba documental contra ellos. Sólo la palabra de los fiscales que los acusan. Ya sabemos lo poco que vale la palabra de estos fiscales en México, en su mayoría sobornados por los acusadores, y delincuentes fabricantes de pruebas y expedientes. ¿Hay excepciones? Pues seguramente serán verdaderamente excepcionales.

Vale aclarar que el único mérito de Netzaí Sandoval para ocupar este cargo por el que recibe más de 300 mil pesos cuatrimestrales, es haberle cargado el portafolio a López Obrador en sus viajes al extranjero. Su especialidad es en derecho electoral, lo cual no lo ayuda en nada a la defensa de presos.

Por otra parte, de esos mismos 100 mil, 80 mil podrían esperar la sentencia fuera de las cárceles, estudiando o trabajando. Esto no sucede porque al igual que en los gobiernos federales del PRI o del PAN, y tal como sucedió con Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, los presos son un excelente negocio. Si cada uno de ellos le cuesta al Estado un promedio de 3 mil pesos por mantenerlos en la cárcel (no valen más los bolillos duros, las tortillas remojadas o los caldos insípidos y los atoles con agua con los que los alimentan) un preso paga en promedio, muchas veces más, entre 3 mil y 50 mil pesos mensuales por el derecho a dormir acostado en el suelo, lejos del excusado de la celda; una cobija para sentarse en el patio de la prisión cuando recibe a sus familiares, la renta de sillas y una mesa para comer con sus visitantes, si es que los tiene, una vez por semana.

El precio aumenta si está consciente, pero pide una revisión del médico de la prisión o necesita una aspirina, que le venderán al mismo precio que en los hospitales Ángeles, cuyo dueño Olegario Vázque Aldirr, por cierto, es también propietario de cárceles federal concesionadas en el gobierno de Salinas de Gortari. Ya en el tema vale mencionar que los propietarios de periódicos como El Financiero, cuyos trabajadores reclaman el cumplimiento de pagos caídos, o de Televisión Azteca, que tiene contratados por outsourcing, con domicilio fiscal en Monterrey, a varios trabajadores que realizan sus tareas en la Ciudad de México, , también son propietarios de reclusorios federales, donde por cada preso, el gobierno federal les paga más que si los hospedara en hoteles de cinco estrellas.

Si por claustrofobia o cualquier razón no puede permanecer en las celdas hacinadas, debe pagar por un sello, que en el argot carcelario se llama “bala” para poder deambular en el patio y usar los aparatos de ejercicio que donó Deportes Martí.

Como no hay espacio para la visita conyugal se hacen acuerdos, claro mediante un pago, el preso que tiene el privilegio de tener una celda para él solo o para un máximo de cuatro personas, puede salir al patio, mientras un custodio renta en mil pesos o más el rato que puede pasar un prisionero, con muy relativa intimidad, cubriendo las rejas con cobijas, en compañía de su pareja.

La cortesía carcelaria, por cierto, obliga a todos los internos a bajar la mirada si saben que una mujer va a ingresar a una celda no acondicionada, si se va a usar para visita conyugal.

En la Ciudad de México, la responsabilidad de obtener la lista de personas que deben obtener su libertad, recae en el Secretario de Gobernación local, Martí Batres, quien ocupa ese puesto pese a que nunca se aclaró la distribución de leche con huevos de parásitos, que se realizó cuando él ocupaba un puesto similar en el gabinete de López Obrador, en el entonces Distrito Federal. Los archivos periodísticos tienen esta información, ubicable con el nombre de “Leche Betty”

Pero mientras el “paquidermo reumático” no recibe ni un poco de “Bengué” para aliviar sus dolores;  en el mundo si avanzan los esfuerzos de la sociedad civil para perfeccionar el Protocolo de Estambul y evadir todas las  trampas que ponen los golpeadores para que no quede huell, como la aplicación de corrientes eléctricas que no dejan cicatriz, los ahogamientos en excusados o botes con agua apestosa;  o con bolsas de plástico, torturas que se siguen aplicando en todo el territorio mexicano, (que no es territorio Telcel) porque al  apando no entran las señales que permiten geolocalizar a una persona que está siendo víctima de tortura.

El Protocolo de Estambul tiene nuevas reglas y esto sería una herramienta fabulosa para que un gobierno como el nuestro, que anhela una Cuarta Transformación, siquiera ponga primera en el sistema de reclusorios, mismo que está incluso peor que en 1968, porque por lo menos entonces, los presos políticos de Lecumberri, podían preparar sus propios chilaquiles y estudiar con otros presos políticos como José Revueltas o Eli de Gortari.

Ahora, pobre del preso que quiera leer, pero no tenga lentes, porque le cobraran por ingresarlos hasta “la comodidad” de su jaula.

Existe espacio reservado para 15 periodistas que deseen acudir personalmente a esta conferencia de prensa organizada por el comité médico del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, en el Hotel Benidorm, ubicado en la cuchilla que forma la calle de Frontera al converger con la Avenida Cuauhtémoc, en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Tras la conferencia será posible hacer entrevistas particulares de hasta 15 minutos con el doctor en siquiatría Fernando Valadés, sobreviviente del Halconazo del 10 de junio de 1971 y fundador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Solo tienen que programarla mediante un correo electrónico a editorialparadigma@gmail.com

Desde otras entidades de la República podrán seguir la transmisión y hacer preguntas a través de la página de Facebook del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

 

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Con voz propia

Edelweiss, la secta española con cientos de niños violados bajo gestión de Eduardo González Arenas

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Por Alberto Farfán

Las noticias sobre la violación de niños y adolescentes no sólo han surgido con relación a Canadá o Francia como aquí en Los Ángeles Press lo hemos publicado en ocasiones anteriores. Lamentablemente, pareciera que este horrendo crimen se comete en todas las latitudes, en todos los tiempos y por todo tipo de despreciables sujetos.

Y a raíz de un documental realizado y emitido por la cadena informativa de Radio y Televisión Española (RTVE) el 22 de septiembre del año en curso, intitulado Edelweiss, se han vuelto a poner sobre la mesa las violaciones perpetradas en tres décadas con total impunidad y en contubernio con las autoridades del Estado español, estimadas en cientos.

González Arenas crea “Edelweiss” con la intención de reunir niños y preadolescentes varones para la práctica del montañismo y la excursión en la naturaleza. Pero la realidad era muy distinta. El ex legionario y miembro de una familia de alto nivel económico ─quien contaba con contactos poderosos─ a través del adoctrinamiento de la ideología nazi, de inculcar la existencia de extraterrestres y de sugestionar sobre el inevitable fin del mundo, buscaba manipularlos para violarlos y prostituirlos con personalidades diversas.

Y con el afán de mantener a estos jovencitos de entre 7 y 14 años callados y sumisos, Eddie les persuadía de que la Tierra sucumbiría en 1992. Y que la salvación sólo la iban a encontrar al entregarse de manera incondicional a él, pues él era “el príncipe Alain”, del planeta “Nazar”, y al unirse a su secta podrían huir y refugiarse en el planeta “Delhais”, una especie de paraíso en donde no había violencia, delincuencia, ni drogas, pero sí mucho amor, eufemismo para indicar sodomía.

Y es de destacar que este violador serial y tratante de niños fue apresado en diversas ocasiones por sus crímenes. No obstante, debido a la corrupción de las autoridades judiciales y a sus poderosas amistades nunca cumplió una condena en tiempo y forma. En 1976, en 1982, y en 1991, fue sujeto a proceso, pero sólo cumplía un irrisorio lapso encerrado y obtenía la libertad para volver a empezar todo otra vez. De hecho, en 1991, parecía que se presentaba la gran oportunidad de que se cumpliera la ley cabalmente. Fue sentenciado a 168 años de prisión, y sin embargo, a los seis obtuvo su libertad por “buena conducta”.

Ya de nueva cuenta en la calle, Eduardo González Arenas se refugió en una mansión de sus padres, abriendo un bar para reiniciar sus actividades de pederasta. Sólo que ahora eligió niños de escasos recursos para no llamar la atención, lo cual no funcionó pues de nueva cuenta fue denunciado y sentenciado en 1997, para salir libre al poco tiempo y sin aparentes problemas a futuro, y reitero “sin aparentes” porque el 1° de septiembre de 1998 una de sus víctimas, ya con 18 años cumplidos, lo degolló dándole muerte.

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Con voz propia

¿Accidentes aéreos en México? Rompecabezas para armar

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

Esta vez honraremos más que nunca el título de esta columna de opinión. Le vamos a contar cuatro historias, y usted decide si las piezas del rompecabezas encajan o no. Las piezas están revueltas. No tienen orden cronológico.

Primera Historia        

El pasado 8 de octubre, mi colega Guadalupe Lizárraga entrevistó a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien ocupó el cargo tras ganar la elección a la cual fue postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia, que encabezó el Partido Morena. Inició su mandato el 15 de octubre de 2018 y lo terminó el 14 de octubre de 2021. Durante este trienio fue objeto de varios ataques en medios y redes sociales, la mayoría de carácter misógino y presuntamente patrocinados por otro mandatario de Puebla, pero no de la capital, sino del estado. El gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“El crimen por el sombrero” no es el nombre de una novela de misterio de Sherlock Holmes, aunque se parece mucho a otros títulos de Sir Arthur Conan Doyle. Éste fue real y no se trató del juego de un escritor con sus lectores para retarlos a descubrir el asesino. Cuatro personas resultaron muertas: una estudiante de Medicina, colombiana; dos de sus compañeros; y el chofer de la compañía UBER que los llevaba a casa después de asistir a un carnaval en Huejotzingo.

El nombre del caso se debe a que supuestamente Ximena, una bella colombiana, llevaba sombrero al carnaval, un sombrero azul, para más señas, que motivó el pleito con Lisset “N” de 22 años. Al final, el taxi en el que viajaban los estudiantes de Medicina fue interceptado en una carretera y, ellos,  asesinados a tiros. También mataron, para que no quedaran testigos, al conductor que ni siquiera había participado en el pleito. La joven fue la que recibió más disparos.

Antes, ella relató a su familia, a través de mensajes telefónicos, que una mujer le había quitado el sombrero. Ximena le reclamó y al final recuperó su prenda. Minutos después ocurrió la emboscada y el cuádruple crimen.

A pesar de que el homicidio múltiple ocurrió en Huejotzingo, que es un municipio conurbado al de la capital poblana, fue a su presidenta municipal a quien le pidió Barbosa “la cabeza” de la jefa de Seguridad pública. Rivera Vivanco se negó. Alegó la independencia del Municipio Libre, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la prohibición que tiene el gobernador para intervenir en sus asuntos; y defendió la estrategia con la que logró mejorar la confianza en la policía de Puebla de Zaragoza (No de los Ángeles, como le gustaba llamarle al PAN cuando gobernó la capital poblana).

De todas maneras, Rivera Vivanco preguntó al gobernador ¿por qué debía despedir a su jefa de Seguridad? Éste le contestó que la gente estaba muy enojada y que tenían que correrla para calmar la indignación pública.

La presidente municipal insistió en que ésa no era la manera ética con la que estaba comprometida desde que fue consejera estatal y secretaria de Diversidad Sexual del Comité Directivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), partido del que fue fundadora en la entidad. Además, le dijo a Barbosa ¿Quién ocuparía ese importante cargo? El gobernador le dio el nombre de personas directamente relacionadas con el ex titular de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien está bajo proceso en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración contra ese país.

Antes de terminar la historia, hay que decir que cuando la economista Rivera Vivanco, dejó el cargo, a diferencia de sus predecesores, dejó las arcas con recursos para que la siguiente administración pagara sus compromisos.

Segunda Historia

En el penúltimo año de la presidencia de Vicente Fox Quesada murió en “accidente” por la caída de un helicóptero, quien ocupara el cargo de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta. No se cansen lectores si entrecomillamos una y otra vez la palabra “accidente”, ya que el 21 de septiembre de 2021 la periodista Laura Sánchez Ley buscó el expediente y la Fiscalía General de la República le respondió que estaba perdido.

Casualmente, la fecha de la muerte de Martín Huerta fue el 21 de septiembre de 2005, exactamente 16 años antes. Se dirigía en helicóptero a dar posesión a los nuevos custodios del penal de seguridad del penal de Almoloya de Juárez. La explicación oficial fue que el piloto se metió a un banco de niebla; el tablero de control no le debió haber indicado que estaba volando a muy baja altura porque alguna razón debe haber existido para que no calculara su “techo de navegación” y eso lo hizo estrellarse en una zona montañosa. No se sabe de tormentas o lluvias esa mañana.

Aunque se supone que en el “accidente” murieron otras siete personas, la Policía Federal, a la que pertenecía el helicóptero, nunca dio a conocer los antecedentes de los dos pilotos, Habacuc de León y Rafael Esquivel. Tampoco se informó si tenían la capacitación suficiente para tripular el Bell 412 siniestrado.

En ese entonces el ingeniero García Luna era titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que contaba con oficinas en la Avenida del Conscripto. En su interior albergaba despachos del FBI de Estados Unidos; la Sureté, francesa; el Mossad, israelí; y Scotland Yard, de la Gran Bretaña, entre otras.

Toda esa cooperación internacional fue insuficiente. La AFI de García Luna nunca reveló los resultados de su investigación. En 2006, Felipe Calderón lo nombró Secretario de Seguridad Pública Federal. Luis Cárdenas Palomino, quien a la fecha se encuentra preso en el penal de Almoloya, por el delito de tortura, era director general de investigación de dicha Agencia, tarea por la cual debió ser responsable de investigar el, otra vez, “accidente” en el cual murió Martín Huerta, quien, por cierto, fue sustituido en la Secretaria de Seguridad Pública por Eduardo Medina Mora, mientras culminaba el sexenio de Fox.

Tercera Historia

La muerte de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación de Felipe Calderón ocurrió el 4 de noviembre de 2008. Wikipedia nos recuerda al respecto “cuando el avión Learjet 45, matrícula XC-VMC, en el que volvía a la Ciudad de México después de una gira de trabajo en el estado de San Luis Potosí, se estrelló cerca de la intersección del Periférico y Paseo de la Reforma”.

Nunca antes ni después ha ocurrido un “accidente” de esta naturaleza sobre la capital de la república mexicana. Hubo muchas especulaciones: que el pequeño avión se acercó demasiado a una aeronave comercial, lo cual provocó que se desestabilizaran los controles; que Mouriño había ordenado a los pilotos que “le dieran chance” de tripularlo y, también, que en realidad la víctima del atentado no era él, sino el llamado “Zar Antidrogas”, José Luis Santiago Vasconcelos, quien tenía fama de incorruptible y que para más señas, había participado en reformas constitucionales de Justicia Penal. El choque del Lear jet contra un rascacielos de las Lomas de Chapultepec, a menos de 30 segundos de vuelo de la entonces residencia oficial de Los Pinos, nunca fue esclarecido.

José Luís Santiago Vasconcelos, según declaró Jesús “El Rey” Zambada ante una corte penal federal de Brooklyn, Nueva York, había sido sentenciado a muerte por el Cártel de Sinaloa, “porque no agarraba dinero”. Hay versiones de que el lugar de Vasconcelos en el avión estaba originalmente destinado a Genaro García Luna.

Cuarta Historia

El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle fue sucedido en el cargo por su esposa Martha Érica Alonso, mientras él se desempeñaba como coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado. Ella fue la primera mujer en gobernar Puebla… durante 10 días. Ambos cónyuges fallecieron tras el desplome de un helicóptero. Viajaban con ellos el capitán Roberto Cope y el primer oficial Marco Antonio Talavera. También el asistente personal del ex gobernador, Héctor Baltazar Mendoza. No hubo autopsias.

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta se postuló como candidato a gobernador de Puebla en elecciones extraordinarias realizadas en 2018, en las que hubo abstencionismo del 70 por ciento de los electores, lo que lo convierte en el gobernador con menos apoyo en la historia reciente de la entidad.

El desplome el helicóptero Agusta A109S Grand, ocurrió el 24 de diciembre de 2018. A casi tres años de distancia, las autoridades aeronáuticas siguen sin dar una respuesta convincente sobre las causas del “accidente” en el que murieron los dos ex gobernadores de Puebla.

Son cuatro piezas. ¿Se puede armar con ellas un rompecabezas?

Bitácora Suplementaria:

El politólogo y ex dirigente estudiantil Raúl de la Rosa, escribió esta nota para el grupo Genaro Vázquez Rojas, creado para las personas que contribuyen al documental Genaro, proyecto del autor de estas líneas:

Dice de la Rosa: “Digna Ochoa y Plácido fue conocida, no amiga, pero sí conocida de tod@s l@s que andábamos en Veracruz, de los años 1990s y principios de los 2000s, en el activismo social y político. Ella era bastante conocida, fue monja, y ya retirada de sus votos eclesiásticos se dedicó de lleno a la defensa de los derechos humanos, para lo cual se licenció en Derecho. Fue encontrada muerta en su despacho de la calle de Zacatecas 31, Colonia Roma, de la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2001, por la tarde”.

Agregamos nosotros que el caso fue cerrado como “suicidio” por el entonces Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Renato Sales Heredia.

El 16 de octubre de 2021, falleció Felipe Cazals, ya consagrado como uno de los mejores directores en la historia del cine mexicano. En 1978 filmó “El año de la Peste”. Una película en la que pronosticó muchas de las situaciones que se dieron en 2020, con la epidemia de Covid-19.

En 2004, Cazals filmó su último documental, aunque todavía realizó tres películas de ficción histórica más. En aquel expresaba las dudas de que en efecto la defensora de derechos humanos se hubiera suicidado. La incertidumbre está implícita en el título mismo del filme protagonizado por Vanesa Bauche. Se llama así, con todo y los puntos suspensivos, Digna… hasta el último aliento

Sirvan estas líneas In Memoriam.

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