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Andrés Granier regresa a la escena pública de Tabasco, exonerado

CDMX Press. El ex mandatario estuvo preso por seis años por delitos de peculado, sin embargo, dijo que Tabasco nunca estuvo afectado.

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Foto: Captura de pantalla de Twitter

TABASCO, México.- Después de seis años de haber salido de la escena pública y estar en prisión por delitos de peculado y fraude, el ex gobernador Andrés Granier, fue recibido en con globos y porras en la capital de Tabasco.

Como si fuera un fiesta, el día de hoy el recibimiento fue con  porras, globos y pancartas con su imagen en una estación de radio después de ser exonerado el pasado ocho de mayo del delito de peculado.

En entrevista radiofónica el ex mandatario aseguró que nunca hubo quebranto en el estado que gobernaba, dijo Granier, quien fue detenido en junio de 2013 en la Ciudad de México.

Denunció que los supuestos delitos del que se le acusaron fueron orquestados por una venganza política del político Arturo Núñez Jiménez.

Sin embargo, aceptó que si se registraron algunos problemas en el sector salud durante su gubernatura en 2012.

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Con voz propia

El Gobierno francés prohíbe el “lenguaje inclusivo” por ser una aberración

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Toda vez que un lenguaje evoluciona de manera libre y espontánea, para los individuos de una comunidad lingüística las nuevas palabras pasarán a ser aceptadas y empleadas sin el menor matiz de oposición. Pero en cuanto interceden grupos de carácter militante o activistas para imponer un neolenguaje la situación es distinta. Y más si responden a lo que quien esto escribe ha dado en llamar doctrina de género.

Por eso es importante la noticia de que el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, prohíba el denominado lenguaje inclusivo en la educación nacional de su país. Al sostener, entre otros argumentos, que el lenguaje inclusivo ─o también conocido como no sexista o incluyente─ “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura” (Tal y como se indica en el portal de Antena 3 Noticias del 8/05/21).

De los elementos que el ministro destaca para fundamentar el veto de este seudo lenguaje nos encontramos que al utilizar el lenguaje inclusivo éste modifica las reglas de concordancia que deben ser “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza”. Y añade que también “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura”, y que afecta a la comprensión oral y a la lectura en voz alta, al no ser posible una transcripción oral de ese tipo de grafías.

Esto último corre paralelo con lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) con respecto a nuestro bello idioma, al indicar que las supuestas marcas de género como la “e”, la “x” y el símbolo “@”, en efecto no abonan en nada a la comprensión textual ni oral y menos aún a la lectura en voz alta. No imagino a los miembros de esta doctrina de género pronunciar con un micrófono frente a un gran auditorio algo así como “todxs por el cambie de la lengüe para el bien de tod@s”.

Y como corolario es pertinente resaltar la postura que en 2017 la prestigiosa Academia Francesa de la Lengua presentó, al acusar de “aberración” al lenguaje inclusivo: “La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que conduce a una lengua desunida, dispar en su expresión, creando una confusión que roza la ilegibilidad”.

Otro argumento de Blanquer reside en la absurda contradicción de que el lenguaje supuestamente inclusivo se orienta a discriminar a los niños con ciertas discapacidades o con problemas de aprendizaje, los cuales serían los principalmente perjudicados, en oposición a lo que podría sugerir el adjetivo “inclusivo”.

Para el ministro, además, el aprendizaje y el dominio del francés “contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”, y considera que esto se ve penalizado por el uso del lenguaje inclusivo porque “su complejidad e inestabilidad” suponen un obstáculo para ese objetivo. Cualquier análisis riguroso de este lenguaje inclusivo del país de que se trate observará, en definitiva, complejidad e inestabilidad. Por ejemplo, con el español, revisen las redes sociales de Camila Vallejo ─figura pública importante de la política en Chile─ y podrán constatar lo aquí referido: indistintamente usa las marcas de género, simplemente las omite o las entrecruza.

No obstante, Blanquer respalda la feminización de algunas palabras, sobre todo las profesiones, siempre y cuando se respeten las reglas gramaticales. Amén de que en documentos oficiales también se aplica esta norma a los cargos. Esto es, sí se visibiliza a la mujer. Lo cual no es para menos y es sumamente plausible. 

Y para redondear lo hasta aquí expuesto, citaré a la doctora y especialista en lingüística y feminista Concepción Company: El lenguaje inclusivo “deja tranquilos a muchos y obstaculiza la percepción del problema real.  Tiene efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía la atención del problema fundamental: la discriminación por sexo”.  (La Jornada 10/03/20). Es decir, obsesionarse con imponer dicho lenguaje no propicia, en el caso de la mujer, su visibilización y/o igualdad social.

En virtud de lo anterior, considero que ni por decreto de Estado ni por activismo el lenguaje va a cambiar para ser aceptado sin mayor problema. Más bien su evolución obedecerá al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos derivados de la forma en que se conjugan en materia económica para los hablantes dentro de su esfera social; en donde acaso se alcance el fin de la discriminación por sexo. Es decir, es todo un proceso paulatino y multifactorial.

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Justicia pendiente

Madres de desaparecidos exigen justicia afuera de Palacio Nacional

Ignacio García

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Madres integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México protestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir justicia por la falta de respuesta en la localización de sus hijos, además de pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vetar la nueva reforma de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las inconformes exigieron al mandatario federal que vete la nueva Ley Orgánica de la FGR, así como las disposiciones de la Ley General de Personas Desaparecidas, por lo que demandaron una audiencia con el presidente de México para atender esa situación.

De acuerdo con las madres, no han obtenido respuesta por parte de la FGR sobre sus hijos que desaparecieron, por lo que solicitaron la intervención del presidente para atender esta problemática permanente que se mantiene en la impunidad, pues los casos no han sido resueltos.

Las madres de desaparecidos pidieron que se brinden mecanismos de atención permanente para que la FGR sea más eficaz ante la falta de respuestas por parte de las instituciones federales, por lo que consideraron necesario que se tomen en cuenta las demandas de las familiares de las víctimas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que revisarán los casos correspondientes para que se identifiquen los casos reales sobre la falta de respuesta de las autoridades, pues hay casos que suman más de diez años sin la obtención de algún resultado en las indagatorias.

Mientras las madres de desaparecidos se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional, para exigir alguna respuesta por parte de las autoridades, en el interior del recinto se realizó un festival que organizó la presidencia de la República para festejar a las madres en su día.

 

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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