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Fabricación de culpables

AMLO pide a Segob que aclare casos de culpables fabricados

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Por Ignacio García

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) que atienda los casos de culpables fabricados que han ocurrido en el país desde la administración de Felipe Calderón y continuaron en la gestión de Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal dijo que se trata de la segunda llamada a la Segob para que resuelva esos casos, pues no permitirán que se sigan reproduciendo esas injusticias contra personas que son acusadas de delitos que no cometieron. «Ya no quiero seguir escuchándolo. Quiero se resuelva», señaló.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, es necesario que se resuelva y por ello pidió a la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, que recibiera al periodista Ramsés Ancira de Los Ángeles Press para que le entreguen la documentación correspondiente sobre  casos de culpables fabricados en México.

Agregó que la semana pasada recibió la denuncia personal de la periodista Judith Valenzuela, madre de Rafael Méndez Valenzuela, quien fue acusado de distintos delitos en el Estado de México, y lleva 13 años en prisión, por lo que pidió que Olga Sánchez Cordero acuda a la conferencia de prensa mañanera e informe la razón legal por la cual continúan detenidas esas personas.

Los Ángeles Press ha documentado distintos casos de culpables fabricados que han tenido la opinión de Libertad inmediata por Naciones Unidas, como es el caso de George Khoury Layón, víctima de detención arbitraria en cuatro ocasiones y torturado en septiembre de 2009 para que se incriminara por delitos de narcotráfico, y posteriormente vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace en 2010, por Jacobo Tagle Dobín bajo tortura. Otro de los casos mencionados en la conferencia matutina fue el de Luis Salvador Escartín, exempleado de Pemex, quien lleva 18 años en prisión con cargos fabricados, así como el de Abraham Torres Ttranquilino, señalado como multihomicida de la colonia Narvarte, en donde fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa.

La mayoría de los casos permanecen en la impunidad ante las condiciones en las que se encuentran las personas que han sido acusadas de delitos no cometidos con la complicidad de los jueces para evitar que sean liberados ante la falta de pruebas inquisidoras por parte de los acusantes en varios estados del país.

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Fabricación de culpables

‘Se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables’: Abogado Gerardo Manrique sobre caso Solid Gold

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  • Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, sentenciada a 22 años de prisión

  • Por violaciones al debido proceso debía tener sentencia absolutoria, dice abogado

Por Guadalupe Lizárraga

Tras la noticia de la sentencia condenatoria a 22 años de prisión a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, acusada por el delito de obtener beneficio de la explotación sexual ajena, el abogado Gerardo Augusto Manrique señaló las faltas al debido proceso y el problema estructural del sistema que permite la impunidad de los verdaderos responsables del delito.

Para Manrique, quien estuvo en la última fase de su defensa, la conclusión acusatoria de la Fiscalía General de la República presentó “bastante problemáticas técnicas y de investigación del propio delito, por lo que el Órgano jurisdiccional debía haber resuelto una sentencia absolutoria”.

El abogado explicó que cuando una persona es acusada de un delito, no se puede realmente saber materialmente lo que pasó, entonces el procesamiento de la información tiene ciertas reglas; esas reglas es lo que se llama el debido proceso, y uno de los pilares fundamentales del debido proceso es que el Estado tiene que demostrar la culpabilidad.

En el caso de Claudia  Ivonne Sánchez Mayorga, el abogado enfatizó que no existen elementos suficientes para acreditarse ese beneficio económico del cual habla la acusación. “Si el delito es el beneficio de la explotación sexual ajena tiene que haber víctimas de explotación sexual, tiene que haber el acto de explotación, pero también tiene que haber el beneficio económico, y este elemento no está claro en la acusación”.

El defensor señaló que el Ministerio Público tenía que acreditar la culpabilidad, y que en lo personal él está convencido de la inocencia de Claudia Ivonne, pero en el procesamiento de cómo se presenta la acusación derivado de la investigación que tenía que ser seria, tenía que ser profesional, tenía que ser exhaustiva, todo eso no sucedió, por lo tanto, más allá de mi opinión personal -señaló el abogado-, el hecho de que la investigación presente tantas deficiencias nos tenía que llevar a que se le dictara una sentencia absolutoria.

El tema del supuesto beneficio económico queda completamente oscuro, especificó Manrique, “no hay una forma clara en que el órgano jurisdiccional pueda decir que está justificado con las constancias del expediente”, y abundó que en el caso de Claudia “se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables”.

Señaló que sí existió una red de explotación sexual, pero que Claudia Ivonne claramente no estaba involucrada. “Y nosotros creemos que esto tiene más con el encubrir a los verdaderos responsables de esos hechos, generando la culpabilidad artificial de Claudia”.

El abogado apuntó que ya “el sólo hecho de que el proceso se haya tardado ocho años en decidir si era culpable o inocente es ya de por sí una violación a sus derechos, y a la lógica misma, no puedes tardarte tanto en juzgar a una persona. Si te tardas tanto es porque hay un problema estructural del propio sistema, y un segundo punto es que el ente de investigación de delitos y de acusación no se está llevando a cabo de manera correcta, ahí pues también tenemos un problema estructural”.

Concluyó Gerardo Manrique que ambas situaciones generadas en del poder judicial sobrepasa el caso de Claudia Ivonne, “esto lo vemos en muchos casos y eso es en realidad en lo que se debía estar más preocupado, no tanto en si Claudia cometió o no el delito que le atribuyen, el tema más allá de su caso, es que estructuralmente está mal diseñado el sistema y ello termina impactando en los derechos de cada una de las personas involucradas, sobre todo en los acusados”.

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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