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Justicia pendiente

AMLO pide a madres de Juárez que perdonen a victimarios de sus hijos

AMLO pidió a madres de víctimas de feminicidios, tortura y masacres de Ciudad Juárez que perdonaran los crímenes para la pacificación del país

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Por Agencias

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En el primer foro de consulta sobre paz y reconciliación, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a los juarenses que perdonen. Al escucharlo, las víctimas que estaban en primera fila –mamás de desaparecidos y masacrados, personas torturadas y desplazados– lanzaron gritos de “¡No! Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”.

El futuro presidente dijo que respeta a quienes piensan así, pero en esta ciudad que ha sido llamada el “epicentro del dolor” insistió en que “olvido no, perdón sí”.

“La violencia no se acaba con violencia, ni el mal con el mal. La violencia no se resuelve con mano dura, cárceles o masacres. No creo en el ojo por ojo y diente por diente (…) si queremos aplicar la ley del Talión, nos vamos a quedar tueros o chimuelos, no creo en eso”, reviró.

El tabasqueño estuvo acompañado de quienes serán los encargados de los planes para bajar la violencia: Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad Pública, a quien se refirió como el responsable de los foros para la paz, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estará en las comisiones, al igual que quienes serán subsecretarios (como el de Derechos Humanos, Alejandro Encinas), o encargados de la Unidad de Reconciliación, como Alejandro Gertz Manero.

Las medidas anunciadas por el futuro gobierno para explorar las vías para la paz son las despenalizaciones de la droga, las amnistías a prisioneros de delitos no graves relacionados con drogas y las comisiones de la verdad, entre otras.
Aunque desde la Casa Blanca estadunidense hubo ya un pronunciamiento de que no apoyarán la legalización de las drogas en México, desde la frontera norte López Obrador dijo que no importa si ello no gusta “a un gobierno extranjero”.

En el templete también estaba el gobernador panista Javier Corral, a quien las víctimas de feminicidio, desapariciones, tortura y desplazamiento que estaban presentes interrumpían a gritos y lo acusaban ante López Obrador por no atenderlos.

“Tenlo en la mira, López”, gritó desde la primera fila uno de los asistentes.

Entre el público también estaban las víctimas de la masacre de 15 jovencitos en Villas de Salvárcar –que en 2010 dio pie a la estrategia “Todos Somos Juárez”, con la que el panista Felipe Calderón prometía acabar la violencia.
Desde la llegada de López Obrador y su comitiva al auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), decenas de familias de víctimas se abrieron paso y forcejearon con guardias de seguridad hasta que Durazo dio la orden de que los dejaran entrar.

Posteriormente, cuando más personas se abrían paso y colocaban sus mantas con las fotos de sus familiares desaparecidos en el piso para que López Obrador las viera, desde el micrófono se pidió a los invitados especiales que se movieran de la primera fila y cedieran sus asientos a las víctimas.
“En este gobierno tendremos a las víctimas en el centro”, anunciaron, lo que generó aplausos.

En dos momentos, las víctimas se subieron al templete para contar sus casos al futuro presidente y pedirle ayuda, o para solicitar cita con Corral.

Los discursos constantemente eran interrumpidos con gritos de reclamos.
Durazo anunció que, en la propuesta para alcanzar la paz y la reconciliación, el próximo gobierno no pactará con crimen y que se construirá una “receta mexicana” para pacificar al país.

A su vez, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero dijo que la paz no se logrará únicamente con amnistías, despenalización de algunas drogas o comisiones de la verdad por sí solas, sino que se requiere una política integral.

Desde antes de las diez de la mañana, las puertas del auditorio estaban saturadas porque llegó más gente de lo previsto, algunos desde otros puntos del estado.

Desde la entrada, los integrantes del Movimiento vs la Militarización de Juárez anunciaban con altavoces que llegaron a un acuerdo con los organizadores del foro para que se abriera una mesa para debatir el futuro de la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la militarización, no sólo en este foro, sino en las siguientes 17 consultas que se harán en distintos estados. (Marcela Turati/apro).

 

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Justicia pendiente

Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

No te pierdas: Testigo presenció ejecución del activista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde José Luis Abarca

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

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No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

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Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

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El juez Samuel Ventura Ramors fue denunciado por absolver a implicados en el caso Ayotzinapa

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron penalmente al juez de distrito de procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por ordenar dejar en libertad a 120 personas implicadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Las áreas jurídicas de ambas dependencias federales interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juzgador que llevó el caso Ayotzinapa, por lo que lo acusaron de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

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Apenas hace unos días el juez absolvió de forma definitiva a 24 sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juez dictó absolución definitiva para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien presuntamente colaboró con el cártel de “Guerreros Unidos” para el tránsito de droga, por lo cual la FGR solicitó nuevamente de la reaprehensión del ex edil.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que darán a conocer un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, después de reconocer públicamente que fueron los elementos del Ejército mexicano los que colaboraron con la desaparición de los estudiantes normalistas.

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La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra el juzgador por impedir que se garantice el acceso a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, aunado a que ha ordenado la libertad de 120 personas que originalmente habían sido relacionadas con ese delito.

Giran nuevas órden de aprehensión contra Abarca

La semana pasada, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México giró nuevas órdenes de aprehensión contra el ex alcalde de IgualaJosé Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el ex jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juzgador ordenó la captura del ex edil y sus colaboradores más cercanos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

 

 

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Juez concede amparo a Murillo Karam contra proceso por delitos de tortura

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Al ex gobernador de Hidalgo le concedieron un amparo por los delitos de tortura y desaparición forzada

El juzgado 16 de distrito en materia de amparo concedió la suspensión provisional al ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, con respecto a los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada.

El juzgado aceptó el recurso que interpuso el ex gobernador de Hidalgo y por ello citó a la audiencia constitucional el próximo 11 de octubre para conocer si el juez le concede la suspensión definitiva por estos delitos.

Para saber más del tema: Murillo Karam fue trasladado al Hospital Balbuena por revisión médica

El ex senador solicitó un amparo contra la vinculación de proceso que le fue dictada el pasado 24 de agosto por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por las irregularidades en torno a las investigaciones por el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) puede realizar la investigación complementaria por la audiencia intermedia para que formalice sus acusaciones presente las pruebas correspondientes contra Murillo Karam.

La FGR acusó al ex legislador federal de fabricar la denominada “verdad histórica”, por lo que ordenó la tortura de personas para que declararan a favor de la construcción de la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto en torno a la desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

No te pierdas: Políticos de Hidalgo adulaban a Jesús Murillo Karam con su nombre en edificios y colonias

Jesús Murillo Karam estuvo a cargo de la extinta PGR durante la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, pero ante las críticas por las inconsistencias en las investigaciones, renunció a su cargo y fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Murillo Karam, trasladado a hospital

A finales de gosto pasado, Murillo Karam fue trasladado del reclusorio Norte al Hospital Balbuena de la Ciudad de México para una revisión médica sobre su situación de salud.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el también ex gobernador de Hidalgo fue trasladado por personal penitenciario para conocer su situación de salud, debido a que su defensa legal aseveró que padece hipertensión arterial, enfermedad obstructiva crónica por tabaquismo y otros padecimientos.

 

 

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