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México de conciencia

AMLO anuncia a Delfina Gómez como titular de la SEP

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Por Ignacio García

La excandidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) en sustitución de Esteban Moctezuma, quien será el embajador de México en Estados Unidos, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal señaló que por primera vez una profesora de asignatura será la responsable de la SEP, por lo que destacó que tendrá un perfil cercano a las necesidades de la educación pública en el país y por ello confió que obtendrá resultados favorables en su nuevo encargo.

Delfina Gómez es licenciada en Ciencias de la Educación y cuenta con maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, así como ora maestría en Pedagogía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), además de que fue docente de primaria en Chinconcuac de 1982 a 1987 y posteriormente dio clases en distintas escuelas públicas del Estado de México hasta 2013.

Entre 2013 y 2015 Delfina Gómez fue alcaldesa de Texcoco por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de que fue diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), subdirectora escolar y directora escolar de nivel primaria, además de senadora en la actual legislatura, pero se encuentra con licencia.

En 2017 buscó la gubernatura del Estado de México por Morena, misma que perdió ante el hoy mandatario de esa entidad, Alfredo del Mazo, y durante 29 años fue educadora, por lo que ahora se hará cargo de la SEP en la actual administración federal.

Asimismo, se especuló que Delfina Gómez podría buscar la gubernatura del Estado de México nuevamente en 2023, por lo que su encargo en la SEP sería un trampolín para hacerse cargo de la entidad más poblada del país.

 

 

México de conciencia

OPS advierte sobre incrementos de Covid-19 en CDMX, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que en los siguientes días se registrará un nuevo incremento de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán, principalmente por la nueva variante Delta.

Sylvain Aldighieri, gerente de incidencia de la OPS, señaló que los casos de Covid-19 han mantenido una tendencia ascendente de la variante Delta en la Ciudad de México, así como en otras tres entidades del país, donde se han acelerado los contagios.

El representante de la OPS refirió que en las últimas semanas se ha registrado una tendencia al alza de contagios de Covid-19, por lo que enfatizó que se deben implementar diferentes mecanismos de protección a la ciudadanía y prevenir los nuevos padecimientos que han afectado a la población infantil y joven.

Agregó que el gobierno federal determinó una nueva metodología para establecer los colores del semáforo epidemiológico, por lo que confió que se logre una mayor precisión, representatividad y especificidad de los indicadores que estableció la Secretaría de Salud federal (SSa).

Asimismo, mencionó que se deben mantener medidas preventivas sanitarias para reducir los contagios derivados de la nueva variante Delta, por lo que consideró que se deben impulsar espacios de atención para la población sin que se afecte a la recuperación económica.

La OPS alertó que la nueva variante Delta amenaza a la mayor parte del mundo, debido a que se trata de una enfermedad 20 veces más contagiosa que la cepa original descubierta en Wuhan, China, por lo que debe mantenerse el uso de cubrebocas, así como el lavado de manos y distanciamiento social.

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México de conciencia

Gobierno de Peña Nieto gastó más de 32 mdd en spyware Pegasus para espiar a periodistas y opositores

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó más de 32 millones de dólares en la compra del spyware Pegasus para espiar a periodistas y opositores a la administración federal.

El funcionario federal dijo que este software fue comprado a la empresa israelí NOS en 2014 por Tomás Zerón, quien se desempeñaba como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con el representante de la UIF, el primer caso de espionaje telefónico comenzó en el gobierno de Felipe Calderón, en el cual el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, para contratar el software de Nice Track, por lo cual esa información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las mexicanas.

Nieto Castillo dijo que se investiga la vigencia del contrato adquirido por el gobierno federal en las anteriores administraciones en las que aparecen más de 15 mil personas como periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, así como el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano.

Por su parte, el mandatario federal recalcó que las prácticas de espionaje hacia los periodistas y opositores han finalizado en la actual administración, por lo que manifestó que se buscará la justicia por todos los procedimientos correspondientes.

Esta semana distintos medios internacionales documentaron que el gobierno de México durante la administración de Peña Nieto utilizó un spyware empleado para vigilar a los periodistas y representantes de la oposición durante el sexenio pasado.

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Con voz propia

Foro Público: Pegasus, el espionaje global contra periodistas que revive al Big Brother

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Foro Público

Esta semana el diario británico The Guardian revivió uno de los temas que en 2017 generó mayores críticas a la administración de Enrique Peña Nieto, como lo fue el espionaje a periodistas críticos a través del spyware de la empresa israelí NSO, pero en esta ocasión a gran escala, pues no sólo involucra a periodistas mexicanos, sino abogados y defensores de derechos humanos a nivel mundial, un problema que recuerda al “Big Brother” de la novela de George Orwell 1984.

El nivel de espionaje global alcanzado por Pegasus que, hasta el momento, suman más de 50 mil personas vigiladas por medio de este software, de las cuales 15 mil se concentran en México, demuestran que los periodistas son observados por sus actividades profesionales que resultan incómodas para los gobiernos y que la supuesta libertad de expresión que tanto pregonan está acotada por un espionaje que recuerda que el Estado todo lo observa.

Esta situación no sólo atenta contra el derecho a la intimidad de cualquier persona, sino también al derecho a la información que está establecido en la Constitución, así como en diferentes tratados internacionales que México ha signado, por lo cual estas visibles agresiones a los periodistas y defensores de derechos humanos es un atentado directo a la democracia tan imperfecta como la mexicana, pero que también se reproduce en otros países considerados como naciones democráticas y plurales como en Estados Unidos y Reino Unido.

En el caso mexicano apareció el número del periodista asesinado en 2017, Cecilio Pineda Birto, por lo cual esta situación deja más dudas que certezas sobre la actuación de los gobiernos de diferentes naciones para vigilar y espiar a los periodistas, activistas y abogados, que son parte fundamental de la construcción de las democracias y el fortalecimiento de la opinión pública diversa, heterogénea e intrincada.

Un gobierno que se dice demócrata no puede incurrir en este tipo de prácticas que laceran la libertad de expresión y de información, por lo cual se disfrazan las acciones de la guerra sucia que se vivió en la década de los setenta y ochenta, así como en el escenario de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el oriental y en el que los periodistas fueron actores investigados en todo momento.

Si bien el autor británico George Wells advertía sobre un “gran hermano” que en todo momento observa los movimientos de sus ciudadanos, en México tuvimos lamentables casos de espionaje encabezados por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) conocida como la policía política que desde el gobierno de Miguel Alemán operó como un brazo armado externo del gobierno federal para espiar y amedrentar a los opositores al régimen, entre ellos los periodistas, y cuyas prácticas replicaría el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

También existen distintos casos documentados que dan cuenta cómo el gobierno federal investigaba los movimientos de los periodistas, activistas que pudieran ser considerados como enemigos del régimen, y estas prácticas fueron aún más visibles y conocidas en países donde la democracia era un mito.

Anteriormente se intervenían los teléfonos, además de que se colocaban micrófonos en los sitios de trabajo y viviendas de los periodistas, aunado a que eran seguidos por elementos del Estado, pero ahora ese espionaje se ha transformado en estos software más sofisticados que son más efectivos para obtener información más valiosa como los contactos de las fuentes de los periodistas, los mensajes que envía y recibe en las distintas redes sociales, así como el contenido de sus correos electrónicos, situación preocupante en un contexto donde se discute la viabilidad de los datos biométricos para combatir la inseguridad en el país.

La visibilización de estas condiciones que vulneran a las democracias deben ser atendidas por el Estado—mismo que negará todo tipo de espionaje—mientras cada vez se sofistican las maneras de vigilar y observar todos los movimientos de aquellas personas que sean consideradas como incómodas a un régimen político.

La retórica política tan empleada por quienes ostentan cargos en la administración pública prometerá cambios e investigaciones vacías contra los responsables, pero lo cierto es que las agresiones a los periodistas continúan y continuarán en México, un país tan lastimado por la precariedad laboral en que la que viven miles de reporteros en el país con sueldos de miseria, mientras los poderes fácticos cada vez toman más control de la prensa y el Estado censura a través de la publicidad oficial constantemente vulnerando la importancia del quehacer periodístico.

Nota aparte: El espionaje no debe ser un factor que inhiba la actividad informativa que desarrollan los periodistas y la defensa de los derechos humanos de cientos de personas que están preocupadas por atender y resolver las principales problemáticas del país, pues ha sido gracias a estos esfuerzos que la sociedad civil ha logrado cambios significativos en esquemas de transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la democracia plural que tanto pregonan los gobernantes.

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