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Mexico Violento

Amenazas de muerte en Los Ángeles Press por caso desaparecidas en Juárez

Investigación sobre feminicidios y desaparecidas en Juárez causa amenazas de muerte a los periodistas Guadalupe Lizárraga y Javier Juárez. La organización de derechos humanos Artículo 19 investiga el caso.

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Por Guadalupe Lizárraga / Javier Juárez

Amenazas de muerte 

El cruce de Juárez a El Paso, Texas. Foto: Javier Juárez

LOS ÁNGELES.- La editora responsable de Los Ángeles Press recibió una amenaza de muerte el pasado 13 de diciembre a su celular por investigación sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez. “Si viene de tu parte, lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga”, advertió una voz masculina grave con un marcado acento norteño de México, para referirse al periodista Javier Juárez, colaborador de este digital, quien se encontraba en una asignación especial en esa ciudad.

El número registrado en el celular provenía de Phoenix, Arizona, y corresponde una línea de teléfono fijo. Se trata de un extorsionador profesional que tiene más de una decena de reportes por amenazas de muerte, y uno de los seudónimos con que opera es Joaquín Luna. De acuerdo a un reporte no oficial todavía de un agente del Federal Bureau of Investigation, podría haber sido contratado en México, ya que su territorio de operación abarca ambos lados de la frontera y su forma de operar es abierta y sin temor a ser rastreado.

El malestar

Los motivos, al parecer, estarían vinculados a la investigación publicada en serie desde el pasado 30 de noviembre sobre los cadáveres retenidos en la morgue de Juárez. En esta investigación se denunció la existencia de más de una docena de cadáveres que han sido “guardados” por años sin notificar a sus familiares. Entre éstos, se denunció la existencia de los restos de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008 y asesinada según la versión de la fiscalía diez meses después, y “guardada” en la morgue, mientras su madre Ernestina Enríquez la seguía buscando.

La fiscalía del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, negó esta información aún cuando ya estaba circulando en las redes sociales. La madre de Sarmiento se enteró por nuestro reportaje compartido en Facebook, y al final del día siguiente, una funcionaria de la fiscalía, a quien se referían como “la fiscal” pidió a la señora Norma Ledezma de la organización “Justicia para nuestras hijas” que hablara con la madre para confirmarle que, en efecto, tenían los restos de su hija Adriana Sarmiento desde noviembre de 2009, pero que hasta el 25 de julio de 2011 había sido identificada con la prueba de ADN.

A raíz de los reportajes de Los Ángeles Press, el periodista español Javier Juárez, fundador de “Sin ellas no estamos todos”, se puso en contacto desde Madrid con la editora del medio y acordaron trabajar juntos en la investigación, por lo que él se trasladó días después a Ciudad Juárez para realizar una serie de entrevistas.

“En México, las amenazas las cumplen”

El 12 de diciembre, Javier Juárez asistió a una reunión dentro de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Rosa María Sandoval, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación, y por Ricardo Esparza de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, con doce madres de desaparecidas, dos representantes legales del Comité de Madres de Desaparecidas y cinco funcionarios del Ministerio Público.

Al día siguiente de esta reunión, 13 de diciembre a las 2:27 de la tarde, hora del Pacífico, entró una llamada al celular de la responsable de esta investigación, Guadalupe Lizárraga, preguntando directamente por su nombre. Ella respondió:

– ¿Quién habla?

– “Eso no te importa”, dijo la voz masculina. “La persona que anda de fuera en Juárez, va de tu parte, ¿verdad?”

Ella guardó silencio. Y la voz insistió, “¿Sí viene de tu parte, verdad? Ah, ¿no quieres contestar? Pues, mira, hija de la chingada, para que sepas lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga.”

Ella colgó el teléfono e intentó ponerse en contacto con su colaborador. Al no encontrarlo en su hotel, buscó al padre de una desaparecida que había sido visitado por el periodista, y a través de uno de los hijos, lo buscaron para avisarle de la emergencia.

La periodista también habló a la Embajada de España en Los Ángeles para solicitar ayuda. Ya antes, otra periodista amenazada de muerte, Olga Wornat, le había dicho “en México, las amenazas las cumplen”. Y mientras daba los datos a los funcionarios de la embajada, les dijo las palabras de Wornat como referencia de peligro.

Unos 40 minutos después, se comunicó el cónsul general de España en Monterrey, José Manuel Ramírez Arrazola, con ambos periodistas, uno en Ciudad Juárez y otra en Los Ángeles. Se tomaron las medidas de precaución para resguardar la vida de Javier, ya que en ese momento la amenaza apuntaba directamente a él. Ambos periodistas, no obstante, han recibido el apoyo y la orientación por parte de la organización Artículo 19, que trabaja para la protección y promoción de la libertad de expresión, en su oficina de la Ciudad de México.

Otros indicios

No es la única amenaza en torno a estas investigaciones sobre los feminicidios. Horas después del atentado de Norma Andrade, de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, una fuente confidencial alertó a Los Ángeles Press que estaban amenazando también a otras madres de desaparecidas, porque “estaban filtrando información a la prensa”. Aunque se sabe que la amenaza circulaba entre las madres de desaparecidas desde marzo de 2011, la amenaza decía explícitamente que las empezarían a matar a partir de noviembre.

En este mismo reporte, se afirmó que había “unos hombres”, al parecer “funcionarios”, que mostraban la fotografía de la periodista Guadalupe Lizárraga, a algunas madres para saber si la conocían o habían hablado con ella, y que era una fotografía impresa de Internet. El 12 de diciembre, Javier Juárez, también entrevistó a Norma Andrade, mismo día de la reunión con la fiscalía del Estado, y publicó algunos extractos de la entrevista en Facebook.

Entre las familias que han recibido amenazadas se encuentra la de la joven desaparecida Pamela Leticia Portillo Hernández, a quien se vio por última vez entre tres militares, el 25 de julio de 2010. Su madre, Lourdes Hernández, no ha dejado de buscarla y fue amenazada por “seguir investigando”.  Así fue también el caso de la familia Reyes Salazar y la familia Alvarado, que han tenido que huir de Ciudad Juárez para poder resguardar su vida, después de sufrir la ausencia de sus hijas.

Las insistencias de la fiscalía

Las amenazas de muerte recibidas por la editora de Los Ángeles Press abrieron una nueva pista relacionada con los retrasos e irregularidades en las investigaciones sobre los feminicidios y desaparecidas en Juárez, la cual se dará a conocer en una siguiente entrega en este medio. Por ahora se da cuenta de dos aristas en la investigación sobre las amenazas. Por una parte, la insistencia intimidante a las madres por parte de la fiscal Rosa María Sandoval al cuestionarles de dónde ha salido la información de los cadáveres retenidos, y de los que aún no han entregado todavía y ya están identificados, pone de relieve el interés de las autoridades en que no se conozca la información. Las dudas ineludibles nos llevarían a pensar ¿Por qué insistir en saber de dónde se filtra información? ¿Acaso no debería ser información pública el de la identidad de los cadáveres en la morgue para informar a sus, ya de por sí dolidos, familiares? ¿Cuál es el propósito de retener por años un cadáver, mientras las madres están buscando vivas a sus hijas?

Y por otra parte, la reunión de la fiscal con las madres, habría sido el único acto en público del periodista Javier Juárez, que no cumplía las 24 horas de haber llegado a la ciudad. Pese a que en la reunión no se identificó como periodista ante las autoridades de la fiscalía, sabían quién era. Al funcionario Ricardo Esparza, lo había entrevistado varios meses atrás. Las madres conocían a Juaréz por los años que ha dedicado a la búsqueda de sus hijas, en su ir y venir de Madrid a Ciudad Juárez. Y en el expediente de Adriana Sarmiento, aunque no se menciona específicamente el nombre de Javier Juárez, se hace referencia explícita a Los Ángeles Press.

Mexico Violento

Organización de Presos de México exige cese inmediato del director del Cefereso 17 por torturas y extorsión

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Por Guadalupe Lizárraga

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México lanzaron un comunicado público en solidaridad con George Khoury Layón, preso político, quien por segunda vez fue torturado dentro del Cefereso #17, en Buenavista Michoacán, por custodios bajo órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez.

El documento lo firman los dirigentes de la organización Antonio Barragán Carrasco y Cleofas Hernández Reyes, privados de su libertad en Atlacholoaya, Morelos, desde donde demandan el cese inmediato del director del penal de Michoacán por torturas y extorsión a los internos, y específicamente en este caso a Khoury Layón, quien además tiene reconocimiento de inocencia por parte de la Secretaría de Gobernación, desde noviembre de 2019, y la opinión de libertad inmediata de la Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 2017.

Khoury Layón ha liderado un amparo colectivo de 400 internos que piden la destitución del director del Cefereso y del titular de Seguridad pública por los tratos denigrantes y crueles, extorsiones y falta de atención médica, por lo que las torturas son para que se desista de los amparos concedidos por los jueces Quinto y Sexto de Distrito del estado de Michoacán y del estado de Sinaloa.

La primera tortura a Khoury en el Cefereso número 17 fue el 18 de julio de 2020, por promover los amparos contra los malos tratos. Esta segunda tortura fue el 29 de marzo de 2021 para que se desistiera de esos amparos concedidos. Además, denunció la extorsión del director del penal quien le exigía 500 mil pesos (26,315 dólares aprox) para dejar de golpearlo.

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México, fundada el 22 de febrero de 2021, por Barragán Carrasco y Hernández Reyes, surgió con el objetivo de detener el maltrato y las violaciones de derechos humanos a la población carcelaria. Asimismo, tiene como objetivo la denuncia sobre el abandono jurídico y la indefensión en el que se encuentran miles de presos, con enfermedades crónico-degenerativas sin atención médica y la negación de beneficios de ley como las preliberaciones.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

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Justicia pendiente

México aceptó enviar más de 10 mil tropas en la frontera sur para evitar paso de migrantes

Ignacio García

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La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que México acordó con Estados Unidos enviar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a la Unión Americana.

La funcionaria norteamericana dijo que con esta medida se logrará contener el paso de los migrantes centroamericanos que buscan arribar a Estados Unidos, medida que ya se había implementado desde el gobierno de Donald Trump para impedir una mayor cantidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con la representante del gobierno de Estados Unidos, con estas medidas han detenido a más del doble de las personas que intentaban cruzar México para arribar a esa nación, por lo que manifestó que también Guatemala accedió a reforzar su seguridad con más de 15 mil elementos.

En el caso de Honduras se desplegarán más de 70 mil efectivos de seguridad para evitar la salida de los migrantes que buscan radicar en Estados Unidos, por lo que buscan evitar que ingresen más personas de forma ilegal a la Unión Americana, continuando con una política de deportaciones masivas implementada desde el gobierno de Barack Obama.

En mayo de 2019 el entonces presidente de Donald Trump amenazó a México con incrementar las tarifas de los aranceles, por lo cual el gobierno federal aceptó aumentar la seguridad en la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos al país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) refirió que existe una crisis humanitaria implementada por el gobierno de Estados Unidos para marginar a las personas de escasos recursos económicos que radican en Centroamérica y que buscan nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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