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Mexico Violento

Amenazas de muerte en Los Ángeles Press por caso desaparecidas en Juárez

Investigación sobre feminicidios y desaparecidas en Juárez causa amenazas de muerte a los periodistas Guadalupe Lizárraga y Javier Juárez. La organización de derechos humanos Artículo 19 investiga el caso.

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Por Guadalupe Lizárraga / Javier Juárez

Amenazas de muerte 

El cruce de Juárez a El Paso, Texas. Foto: Javier Juárez

LOS ÁNGELES.- La editora responsable de Los Ángeles Press recibió una amenaza de muerte el pasado 13 de diciembre a su celular por investigación sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez. “Si viene de tu parte, lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga”, advertió una voz masculina grave con un marcado acento norteño de México, para referirse al periodista Javier Juárez, colaborador de este digital, quien se encontraba en una asignación especial en esa ciudad.

El número registrado en el celular provenía de Phoenix, Arizona, y corresponde una línea de teléfono fijo. Se trata de un extorsionador profesional que tiene más de una decena de reportes por amenazas de muerte, y uno de los seudónimos con que opera es Joaquín Luna. De acuerdo a un reporte no oficial todavía de un agente del Federal Bureau of Investigation, podría haber sido contratado en México, ya que su territorio de operación abarca ambos lados de la frontera y su forma de operar es abierta y sin temor a ser rastreado.

El malestar

Los motivos, al parecer, estarían vinculados a la investigación publicada en serie desde el pasado 30 de noviembre sobre los cadáveres retenidos en la morgue de Juárez. En esta investigación se denunció la existencia de más de una docena de cadáveres que han sido “guardados” por años sin notificar a sus familiares. Entre éstos, se denunció la existencia de los restos de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008 y asesinada según la versión de la fiscalía diez meses después, y “guardada” en la morgue, mientras su madre Ernestina Enríquez la seguía buscando.

La fiscalía del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, negó esta información aún cuando ya estaba circulando en las redes sociales. La madre de Sarmiento se enteró por nuestro reportaje compartido en Facebook, y al final del día siguiente, una funcionaria de la fiscalía, a quien se referían como “la fiscal” pidió a la señora Norma Ledezma de la organización “Justicia para nuestras hijas” que hablara con la madre para confirmarle que, en efecto, tenían los restos de su hija Adriana Sarmiento desde noviembre de 2009, pero que hasta el 25 de julio de 2011 había sido identificada con la prueba de ADN.

A raíz de los reportajes de Los Ángeles Press, el periodista español Javier Juárez, fundador de “Sin ellas no estamos todos”, se puso en contacto desde Madrid con la editora del medio y acordaron trabajar juntos en la investigación, por lo que él se trasladó días después a Ciudad Juárez para realizar una serie de entrevistas.

“En México, las amenazas las cumplen”

El 12 de diciembre, Javier Juárez asistió a una reunión dentro de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Rosa María Sandoval, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación, y por Ricardo Esparza de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, con doce madres de desaparecidas, dos representantes legales del Comité de Madres de Desaparecidas y cinco funcionarios del Ministerio Público.

Al día siguiente de esta reunión, 13 de diciembre a las 2:27 de la tarde, hora del Pacífico, entró una llamada al celular de la responsable de esta investigación, Guadalupe Lizárraga, preguntando directamente por su nombre. Ella respondió:

– ¿Quién habla?

– “Eso no te importa”, dijo la voz masculina. “La persona que anda de fuera en Juárez, va de tu parte, ¿verdad?”

Ella guardó silencio. Y la voz insistió, “¿Sí viene de tu parte, verdad? Ah, ¿no quieres contestar? Pues, mira, hija de la chingada, para que sepas lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga.”

Ella colgó el teléfono e intentó ponerse en contacto con su colaborador. Al no encontrarlo en su hotel, buscó al padre de una desaparecida que había sido visitado por el periodista, y a través de uno de los hijos, lo buscaron para avisarle de la emergencia.

La periodista también habló a la Embajada de España en Los Ángeles para solicitar ayuda. Ya antes, otra periodista amenazada de muerte, Olga Wornat, le había dicho “en México, las amenazas las cumplen”. Y mientras daba los datos a los funcionarios de la embajada, les dijo las palabras de Wornat como referencia de peligro.

Unos 40 minutos después, se comunicó el cónsul general de España en Monterrey, José Manuel Ramírez Arrazola, con ambos periodistas, uno en Ciudad Juárez y otra en Los Ángeles. Se tomaron las medidas de precaución para resguardar la vida de Javier, ya que en ese momento la amenaza apuntaba directamente a él. Ambos periodistas, no obstante, han recibido el apoyo y la orientación por parte de la organización Artículo 19, que trabaja para la protección y promoción de la libertad de expresión, en su oficina de la Ciudad de México.

Otros indicios

No es la única amenaza en torno a estas investigaciones sobre los feminicidios. Horas después del atentado de Norma Andrade, de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, una fuente confidencial alertó a Los Ángeles Press que estaban amenazando también a otras madres de desaparecidas, porque “estaban filtrando información a la prensa”. Aunque se sabe que la amenaza circulaba entre las madres de desaparecidas desde marzo de 2011, la amenaza decía explícitamente que las empezarían a matar a partir de noviembre.

En este mismo reporte, se afirmó que había “unos hombres”, al parecer “funcionarios”, que mostraban la fotografía de la periodista Guadalupe Lizárraga, a algunas madres para saber si la conocían o habían hablado con ella, y que era una fotografía impresa de Internet. El 12 de diciembre, Javier Juárez, también entrevistó a Norma Andrade, mismo día de la reunión con la fiscalía del Estado, y publicó algunos extractos de la entrevista en Facebook.

Entre las familias que han recibido amenazadas se encuentra la de la joven desaparecida Pamela Leticia Portillo Hernández, a quien se vio por última vez entre tres militares, el 25 de julio de 2010. Su madre, Lourdes Hernández, no ha dejado de buscarla y fue amenazada por “seguir investigando”.  Así fue también el caso de la familia Reyes Salazar y la familia Alvarado, que han tenido que huir de Ciudad Juárez para poder resguardar su vida, después de sufrir la ausencia de sus hijas.

Las insistencias de la fiscalía

Las amenazas de muerte recibidas por la editora de Los Ángeles Press abrieron una nueva pista relacionada con los retrasos e irregularidades en las investigaciones sobre los feminicidios y desaparecidas en Juárez, la cual se dará a conocer en una siguiente entrega en este medio. Por ahora se da cuenta de dos aristas en la investigación sobre las amenazas. Por una parte, la insistencia intimidante a las madres por parte de la fiscal Rosa María Sandoval al cuestionarles de dónde ha salido la información de los cadáveres retenidos, y de los que aún no han entregado todavía y ya están identificados, pone de relieve el interés de las autoridades en que no se conozca la información. Las dudas ineludibles nos llevarían a pensar ¿Por qué insistir en saber de dónde se filtra información? ¿Acaso no debería ser información pública el de la identidad de los cadáveres en la morgue para informar a sus, ya de por sí dolidos, familiares? ¿Cuál es el propósito de retener por años un cadáver, mientras las madres están buscando vivas a sus hijas?

Y por otra parte, la reunión de la fiscal con las madres, habría sido el único acto en público del periodista Javier Juárez, que no cumplía las 24 horas de haber llegado a la ciudad. Pese a que en la reunión no se identificó como periodista ante las autoridades de la fiscalía, sabían quién era. Al funcionario Ricardo Esparza, lo había entrevistado varios meses atrás. Las madres conocían a Juaréz por los años que ha dedicado a la búsqueda de sus hijas, en su ir y venir de Madrid a Ciudad Juárez. Y en el expediente de Adriana Sarmiento, aunque no se menciona específicamente el nombre de Javier Juárez, se hace referencia explícita a Los Ángeles Press.

Justicia pendiente

UIF bloquea más de 100 cuentas bancarias de narcotraficantes

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 100 cuentas bancarias vinculadas a diferentes cárteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, Tláhuac, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que implementaron estas acciones a personas relacionadas con organizaciones delictivas que operan en Jalisco y el Estado de México, por lo que destacó que el gobierno federal optó por la inteligencia financiera para combatir al crimen organizado.

El funcionario federal mencionó que en Jalisco bloquearon 57 personas vinculadas al CJNG, Los Cuinis, La Nueva Plaza, Cártel del Pacífico, Los Matazetas y el Cártel de Juárez, aunado a que en 2020 bloquearon las cuentas de mil 478 personas relacionadas con el CJNG.

En el Estado de México la dependencia federal bloqueó cuentas a 129 personas relacionadas al Cártel de Tláhuac, Cártel del Golfo, Cártel Nuevo Imperio, Célula de los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, CJNG, La Familia Michoacana, La Nueva Empresa, La Nueva Familia, La Unión Tepito, Los Caballeros Templarios, Los Cano, Los Peñafiel, Los Popoca y Los Mutiladores.

Agregó que estas estrategias de inteligencia financiera continuarán en los siguientes meses para combatir a los grupos del crimen organizado que siguen operando en el país, por lo cual se analizarán las medidas específicas particulares de la UIF.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado está basada en la inteligencia, por lo que han bloqueado las cuentas bancarias de los criminales, debido a que es una de las formas de reducir su capacidad de operación.

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Mexico Violento

Diputada de Morena responsabiliza a Barbosa de agresiones a comunidades indígenas

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La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Inés Parra Juárez, responsabilizó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, de reprimir y agredir a las comunidades indígenas en el municipio de Coyomeapan.

En entrevista con Los Ángeles Press, la legisladora federal refirió que en la región que representan permanecen las prácticas caciquiles que permiten el control político de la zona en donde incurren en corrupción y abuso de autoridad, aunado a que no se ven reflejados los recursos públicos que se destinan para los pueblos originarios.

De acuerdo con Parra Juárez, los pueblos de la Sierra Negra de Puebla han denunciado las violaciones de derechos humanos, por lo que el gobierno de Barbosa ha continuado con las prácticas históricas que atentan contra las comunidades indígenas.

Recordó que elementos de la policía estatal y de la policía investigadora detuvieron a pobladores del municipio de Coyomeapan, quienes fueron acusados de delitos que no cometieron por haber defendido los intereses de la región contra las autoridades municipales respaldadas por el gobierno estatal.

Asimismo, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atienda las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de Barbosa, ya que afirmó que ha reproducido prácticas caciquiles y no representa la ideología de la denominada cuarta transformación, pues recordó que fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De la misma manera, la legisladora federal dijo que el alcalde de Coyomeapan, David Celestino, tiene una alianza con el gobernador de Puebla, pese a que se han documentado las constantes violaciones a derechos humanos y abuso de autoridad en los que ha incurrido contra los grupos indígenas.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que atienda las situaciones que prevalecen en el municipio, debido a que se mantiene la persecución contra los indígenas que ha costado cuatro presos políticos con delitos fabricados por el gobierno poblano.

Consideró que Barbosa ha actuado de forma autoritaria y no se deben permitir este tipo de represiones contra las comunidades indígenas, situación por la cual llamó a los pueblos originarios mantener la resistencia contra los abusos de las autoridades estatales que incluso comparó a las implementadas por Gustavo Díaz Ordaz contra los estudiantes en 1968.

Inés Parra manifestó que a los cuatro presos políticos les armaron carpetas de investigación de forma expedita violentando los procesos legales correspondientes, mientras que los verdaderos delincuentes pueden tardar varios meses en integrar las mismas, por lo cual reiteró que Barbosa se ha caracterizado por ser un personaje represor que también ha traicionado a sus más cercanos colaboradores para escalar en la vida política hasta alcanzar la gubernatura de Puebla por Morena después de unas elecciones extraordinarias.

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Justicia pendiente

Periodistas y defensores de Puebla denuncian a gobernador Barbosa por persecución y criminalización

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Por Claudia Martínez Sánchez 

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha documentado un censo de violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas que mantiene en alarma a la ciudadanía del estado de Puebla, y que van desde la fabricación de delitos, encarcelamiento, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución en contra de  defensores indígenas.

Además, señalaron los activistas que también los indígenas han recibido amenazas de la criminalizarlos si participan en manifestaciones o protestas públicas amagándolos  con abrirles carpetas de investigación. Tal es el caso de los defensores del agua en la cuenca Libres Oriental que en los últimos días estuvieron recibiendo más de 50 citatorios para acudir a la Fiscalía del Estado de Puebla.

El pasado primero de septiembre,  el gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta simuló una mesa de diálogo en el municipio de Ajalpan donde los habitantes de la sierra negra de Coyomepan expondrían el contexto de inseguridad que se vive por grupos armados de los Caciques Los Celestinos y el conflicto electoral. Al salir de la mesa de diálogo con gobernación se montó un operativo para detener a la defensora indígena Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzálo Martínez Juárez, Anastacio González Sanguinez

Por estas violaciónes a los derechos humanos de los indígenas en Puebla  convocan a los medios  nacionales e internacionales a informar sobre su movilización en Palacio Nacional, Segob y CNDH.

“El presidente de la República debe saber que en el estado de Puebla se siguen realizando las viejas prácticas totalitarias priistas y pianistas, es muy claro que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta está cometiendo graves violaciones de derechos humanos y violentando la constitución que salvaguarda los derechos de todos los ciudadanos”, señalaron los activistas.

Comunicado público

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos condena enérgicamente el acoso, hostigamiento, espionaje; ataques en redes sociales y violencia física en contra de nuestros compañeros comunicadores y periodistas en el estado de Puebla.
El caso más reciente es el del comunicador Manuel Espinoza Sainos quien labora en la radio indígena XECTZ “La Voz de la Sierra Norte “.  El comunicador ha denunciado en sus redes sociales y en el medio digital  Mundo Nuestro, a autoridades municipales de Ixtepec por los agravios cometidos en contra de los habitantes indígenas, que en medio del Huracán Garce se quedaron sin viviendas; al intentar ingresar al inmueble del ayuntamiento, el alcalde negó el acceso a los afectados, llegando al extremo de sacar a las familias y cerrar las puertas, dejando en la calle a estas personas que solo necesitaban un lugar donde pasar la noche.

El comunicador en las últimas semanas ha  hecho visible las condiciones de pobreza extrema, la falta de ayuda de autoridades estatales y municipales en medio del desastre natural, esto ha originado que sea objeto de una serie de ataques y amenazas en sus redes sociales.  Hace dos semanas  la hermana del comunicador fue fotografiada por personas extrañas, además del domicilio de comunicador, las fotos han sido utilizadas para agredir a la familia del comunicador mediante bots.

Otro incidente más fue reportado el 14 de septiembre por compañeros periodistas que denunciaron a este colectivo que en el café “Los Portales”, -lugar donde acostumbran reunirse periodistas en Puebla-, se percataron que cinco compañeros reporteros estaban siendo grabados y fotografiados por un sujeto extraño, al tiempo que ponía toda su atención en la conversación de los presentes. Uno de los reporteros se acercó al sujeto para preguntar por qué tomaba imágenes, el reportero, al ver el celular del sujeto, confirmó que sí los estaba grabando, pero al ser cuestionado, el hombre se hizo pasar por un supuesto turista.

Externamos nuestra profunda preocupación por otro ataque invasivo a compañeros comunicadores corresponsales de diversos puntos del estado de Puebla que han detectado en sus móviles evidencias de espionaje, sobretodo los que hacen coberturas de alto riesgo.

En el marco de la visita del titular del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas,  Enrique Irazoque Palazuelos, el reportero Édgar Calixto, corresponsal en la Sierra Norte de Puebla del periódico “El Monumental“, fue severamente golpeado en el trayecto del transporte público de Huehuetla a Olintla por gente contratada por el presidente electo del municipio de Olintla, Abdí Ramírez Pérez.

Es evidente que el espionaje, el hostigamiento y los ataques a la prensa como a los defensores de derechos humanos en Puebla se ha sistematizado al punto de criminalizar a defensores indígenas, como colocar gente que haga el papel de espía de manera cínica.

Tal es el caso de los operadores de gobernación que se ostentan con credencial de prensa sin ser trabajadores de ningún medio de comunicación; fotografían a los integrantes que forman parte de manifestaciones o movimientos en protestas. Estos sujetos se han llegado a sentar en las mesas de diálogo en gobernación en Casa Aguayo.

Por último queremos recordar que la madrugada del 15 de septiembre del 2015 fue asesinado el compañero periodista poblano Aurelio Cabrera Campos en el trayecto de Xicoteoec a Huauchinango. Sabemos que la Fiscalía de Atención Cometidos en Contra de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (FEADLE) remitió la carpeta de investigación desde hace dos años a la Fiscalía de Puebla por considerar que la investigación no es de competencia de la FEADLE. Hasta el momento, no hay indicios de que el estado esté trabajando en el esclarecimiento del homicidio de nuestro compañero.

Cabe mencionar que en el 2015 fueron acusados como chivos expiatorios los periodistas Pedro Garrido Juárez  hijo y Pedro Garrido padre, sabemos que esto fue orquestado por el gobierno del estado en ese entonces pianista. Pedimos se esclarezcan esos atropellos en contra de los derechos humanos de nuestros compañeros periodistas Pedro Garrido hijo y Pedro Garrido padre.

Los ataques a comunicadores y periodistas violentan el derecho a la información de nuestra nación por lo que exigimos el cese inmediato de agresiones a nuestros compañeros periodistas y defensores de derechos humanos. Por el respeto a la libertad de prensa en México y la no criminalización de ejercer el derecho a las protestas sociales, este colectivo exige justicia para los defensores indígenas víctimas de fabricación de delitos.

Ciudad de México a 19 de Septiembre del 2021
A T E N T A M E N T E
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas
Tel 5574789138
colectivonacionaldeperiodistas@gmail.com

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