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Mexico Violento

Amenazas de muerte en Los Ángeles Press por caso desaparecidas en Juárez

Investigación sobre feminicidios y desaparecidas en Juárez causa amenazas de muerte a los periodistas Guadalupe Lizárraga y Javier Juárez. La organización de derechos humanos Artículo 19 investiga el caso.

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Por Guadalupe Lizárraga / Javier Juárez

Amenazas de muerte 

El cruce de Juárez a El Paso, Texas. Foto: Javier Juárez

LOS ÁNGELES.- La editora responsable de Los Ángeles Press recibió una amenaza de muerte el pasado 13 de diciembre a su celular por investigación sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez. “Si viene de tu parte, lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga”, advertió una voz masculina grave con un marcado acento norteño de México, para referirse al periodista Javier Juárez, colaborador de este digital, quien se encontraba en una asignación especial en esa ciudad.

El número registrado en el celular provenía de Phoenix, Arizona, y corresponde una línea de teléfono fijo. Se trata de un extorsionador profesional que tiene más de una decena de reportes por amenazas de muerte, y uno de los seudónimos con que opera es Joaquín Luna. De acuerdo a un reporte no oficial todavía de un agente del Federal Bureau of Investigation, podría haber sido contratado en México, ya que su territorio de operación abarca ambos lados de la frontera y su forma de operar es abierta y sin temor a ser rastreado.

El malestar

Los motivos, al parecer, estarían vinculados a la investigación publicada en serie desde el pasado 30 de noviembre sobre los cadáveres retenidos en la morgue de Juárez. En esta investigación se denunció la existencia de más de una docena de cadáveres que han sido “guardados” por años sin notificar a sus familiares. Entre éstos, se denunció la existencia de los restos de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008 y asesinada según la versión de la fiscalía diez meses después, y “guardada” en la morgue, mientras su madre Ernestina Enríquez la seguía buscando.

La fiscalía del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, negó esta información aún cuando ya estaba circulando en las redes sociales. La madre de Sarmiento se enteró por nuestro reportaje compartido en Facebook, y al final del día siguiente, una funcionaria de la fiscalía, a quien se referían como “la fiscal” pidió a la señora Norma Ledezma de la organización “Justicia para nuestras hijas” que hablara con la madre para confirmarle que, en efecto, tenían los restos de su hija Adriana Sarmiento desde noviembre de 2009, pero que hasta el 25 de julio de 2011 había sido identificada con la prueba de ADN.

A raíz de los reportajes de Los Ángeles Press, el periodista español Javier Juárez, fundador de “Sin ellas no estamos todos”, se puso en contacto desde Madrid con la editora del medio y acordaron trabajar juntos en la investigación, por lo que él se trasladó días después a Ciudad Juárez para realizar una serie de entrevistas.

“En México, las amenazas las cumplen”

El 12 de diciembre, Javier Juárez asistió a una reunión dentro de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Rosa María Sandoval, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación, y por Ricardo Esparza de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, con doce madres de desaparecidas, dos representantes legales del Comité de Madres de Desaparecidas y cinco funcionarios del Ministerio Público.

Al día siguiente de esta reunión, 13 de diciembre a las 2:27 de la tarde, hora del Pacífico, entró una llamada al celular de la responsable de esta investigación, Guadalupe Lizárraga, preguntando directamente por su nombre. Ella respondió:

– ¿Quién habla?

– “Eso no te importa”, dijo la voz masculina. “La persona que anda de fuera en Juárez, va de tu parte, ¿verdad?”

Ella guardó silencio. Y la voz insistió, “¿Sí viene de tu parte, verdad? Ah, ¿no quieres contestar? Pues, mira, hija de la chingada, para que sepas lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga.”

Ella colgó el teléfono e intentó ponerse en contacto con su colaborador. Al no encontrarlo en su hotel, buscó al padre de una desaparecida que había sido visitado por el periodista, y a través de uno de los hijos, lo buscaron para avisarle de la emergencia.

La periodista también habló a la Embajada de España en Los Ángeles para solicitar ayuda. Ya antes, otra periodista amenazada de muerte, Olga Wornat, le había dicho “en México, las amenazas las cumplen”. Y mientras daba los datos a los funcionarios de la embajada, les dijo las palabras de Wornat como referencia de peligro.

Unos 40 minutos después, se comunicó el cónsul general de España en Monterrey, José Manuel Ramírez Arrazola, con ambos periodistas, uno en Ciudad Juárez y otra en Los Ángeles. Se tomaron las medidas de precaución para resguardar la vida de Javier, ya que en ese momento la amenaza apuntaba directamente a él. Ambos periodistas, no obstante, han recibido el apoyo y la orientación por parte de la organización Artículo 19, que trabaja para la protección y promoción de la libertad de expresión, en su oficina de la Ciudad de México.

Otros indicios

No es la única amenaza en torno a estas investigaciones sobre los feminicidios. Horas después del atentado de Norma Andrade, de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, una fuente confidencial alertó a Los Ángeles Press que estaban amenazando también a otras madres de desaparecidas, porque “estaban filtrando información a la prensa”. Aunque se sabe que la amenaza circulaba entre las madres de desaparecidas desde marzo de 2011, la amenaza decía explícitamente que las empezarían a matar a partir de noviembre.

En este mismo reporte, se afirmó que había “unos hombres”, al parecer “funcionarios”, que mostraban la fotografía de la periodista Guadalupe Lizárraga, a algunas madres para saber si la conocían o habían hablado con ella, y que era una fotografía impresa de Internet. El 12 de diciembre, Javier Juárez, también entrevistó a Norma Andrade, mismo día de la reunión con la fiscalía del Estado, y publicó algunos extractos de la entrevista en Facebook.

Entre las familias que han recibido amenazadas se encuentra la de la joven desaparecida Pamela Leticia Portillo Hernández, a quien se vio por última vez entre tres militares, el 25 de julio de 2010. Su madre, Lourdes Hernández, no ha dejado de buscarla y fue amenazada por “seguir investigando”.  Así fue también el caso de la familia Reyes Salazar y la familia Alvarado, que han tenido que huir de Ciudad Juárez para poder resguardar su vida, después de sufrir la ausencia de sus hijas.

Las insistencias de la fiscalía

Las amenazas de muerte recibidas por la editora de Los Ángeles Press abrieron una nueva pista relacionada con los retrasos e irregularidades en las investigaciones sobre los feminicidios y desaparecidas en Juárez, la cual se dará a conocer en una siguiente entrega en este medio. Por ahora se da cuenta de dos aristas en la investigación sobre las amenazas. Por una parte, la insistencia intimidante a las madres por parte de la fiscal Rosa María Sandoval al cuestionarles de dónde ha salido la información de los cadáveres retenidos, y de los que aún no han entregado todavía y ya están identificados, pone de relieve el interés de las autoridades en que no se conozca la información. Las dudas ineludibles nos llevarían a pensar ¿Por qué insistir en saber de dónde se filtra información? ¿Acaso no debería ser información pública el de la identidad de los cadáveres en la morgue para informar a sus, ya de por sí dolidos, familiares? ¿Cuál es el propósito de retener por años un cadáver, mientras las madres están buscando vivas a sus hijas?

Y por otra parte, la reunión de la fiscal con las madres, habría sido el único acto en público del periodista Javier Juárez, que no cumplía las 24 horas de haber llegado a la ciudad. Pese a que en la reunión no se identificó como periodista ante las autoridades de la fiscalía, sabían quién era. Al funcionario Ricardo Esparza, lo había entrevistado varios meses atrás. Las madres conocían a Juaréz por los años que ha dedicado a la búsqueda de sus hijas, en su ir y venir de Madrid a Ciudad Juárez. Y en el expediente de Adriana Sarmiento, aunque no se menciona específicamente el nombre de Javier Juárez, se hace referencia explícita a Los Ángeles Press.

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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