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Justicia pendiente

Amenazas de muerte contra escolta y familia de Agustín Estrada

Nuevas amenazas de muerte contra la familia de Agustín Estrada y su escolta Daniel Millán, quien están con medidas cautelares a causa de Peña Nieto

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Por Guadalupe Lizárraga

ECATEPEC, Estado de México.- La familia de Agustín Estrada Negrete, quien fue víctima de homofobia por parte de Enrique Peña Nieto, y uno de los custodios para la protección de su hermana recibieron amenazas de muerte vía telefónica, por lo que pusieron una denuncia ante el Ministerio Público de Ecatepec, el 18 de septiembre.

Quien recibió la amenaza telefónica fue Ana María González, esposa del policía Daniel Millán Flores, integrante de la escolta asignada para la protección de Leticia Isabel Estrada Negrete. El policía Millán, con número de placa 100-061, de la región 07 del grupo CUSAM de la Policía Estatal de SSC, dijo que su esposa recibió la llamada en su domicilio el 11 de septiembre, en torno a las 2 de la tarde. “Era una voz masculina que no se identificó y le dijo que conocía perfectamente a la señora Leticia (Isabel Estrada Negrete) y a la hija del maestro Agustín (Estrada) y que las iba a matar junto el policía que las protegía y a toda la familia del escolta”, dijo: “todos van a valer madre”, denunció Millán.

Una semana después, el policía confesó a la hermana de Estrada que tenía miedo, y que tenía que saber lo que estaba pasando. Leticia Isabel Estrada, al conocer la amenaza recibida por la familia del escolta, le informó al abogado Gustavo Yahir Medrano, quien indicó que de inmediato pusieran la denuncia ante el Ministerio Público, junto con la denuncia del policía.

Millán Flores, también dijo al abogado Medrano que temía realmente por su vida y por al de su familia. Y informó de estas amenazas a su superior, el comandante Eleodoro Sánchez, de la región 17, pero no hubo ninguna indicación al respecto.

Agustín Estrada, víctima de tres atentados –dos en México y uno en California– de los que ha responsabilizado directamente a Enrique Peña Nieto, desde 2007, en intento de acallarlo al haber sido su pareja homosexual durante siete años, no ha dejado de denunciar en los diferentes medios estadounidenses y de informar puntualmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que sucede en torno a su caso y el de su familia.

El 28 de agosto, el gobierno de Estados Unidos, después de dos años de investigaciones, le otorgó el asilo político con beneficios económicos exclusivos para sobrevivientes de tortura, quedando registrado como el primer asilo otorgado a causa de Peña Nieto.

“Lo único que podemos hacer es cambiar a los policías”: gobierno federal

Agustín Estrada, al ser informado de riesgos que enfrenta su familia y la escolta que los custodia, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, extender las medidas cautelares para su familia. También sostuvo una reunión telefónica con funcionarios de gobierno estatal y federal relacionados con la protección de los derechos humanos. Entre éstos, la maestra Juana Inés Jiménez Perdomo, asesora jurídica de gobierno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, David Alarcón, coordinador de DH del Gobierno Federal sección internacional y con varios representantes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

En la reunión, Estrada Negrete, junto con el abogado de la familia, Gustavo Yair Chalico Medrano, solicitó la reubicación del domicilio de su hermana y de su hija. “Pedimos que fueran reubicadas a una nueva zona de seguridad. Sin embargo, el gobierno lo que me respondió que lo único que podían hacer es cambiar a los policías”, dijo.

Para Estrada “es un claro mensaje a la policía para que no intervenga en este caso”, señaló. “Y lo más grave es que con estas amenazas ahora están en riesgo más personas, y pasan otra vez por alto a las autoridades”.

Denuncia ante Ministerio Público

 

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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