La senadora de Morena, María Merced González también golpeó e intentó ahorcar a la expareja de Luis Ramsés Flores para quitarle a su hijo de 5 años

Por Juan Ricardo Montoya

Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, informó que Luis Ramsés Flores González, hijo de la senadora del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, por Hidalgo, María Merced González González, ha sido vinculado a proceso por el delito de lesiones a familiares.

El 7 de agosto de 2022, la senadora González González y su hijo Luis Ramsés Flores González, fueron denunciados penalmente ante la agencia del Ministerio Público del distrito judicial de Huichapan de la Procuraduría de Hidalgo por los delitos de lesiones y violencia familiar contra Daniela García, ex pareja durante varios años de Flores González. De esa relación, tuvieron un hijo de cinco años.

En la denuncia, García señala a la senadora de haberla agredido físicamente y con lujo de violencia por la disputa por la patria potestad del niño. García incluso señaló que no es la primera vez que ocurre. En agosto de 2022, también fue golpeado el padre de Daniela, quien es una persona de la tercera edad. Así lo informó García en sus cuentas de redes sociales y subió imágenes de su padre ensangrentado. En esos espacios señala a la senadora González González y a su hijo por haberla lesionado, tanto a ella como su padre, con el fin de presionarla para quitarle la patria potestad de su hijo.

«Ayer (domingo) fui víctima de violencia hacia mi persona, y no, ya no me da miedo alzar la voz. Fui víctima de violencia por años, y sé que soy muy joven e inexperta en la vida, pero lucho todos los días por salir adelante», escribió García en su cuenta de Facebook, donde compartió fotos de la lesiones que sufrieron tanto ella como su padre.

De acuerdo con lo informado por el procurador Nieto Castillo, en la audiencia inicial, realizada el pasado 16 de enero, la juez de control del caso decidió que había el elementos suficientes para vincular a proceso penal a Flores González, pero reclasificó el delito de violencia familiar por el de lesiones. Este procedimiento ha sido, sin embargo, apelado y podría tener consecuencias para la sentencia que pudiera dictarse al final del proceso. También informó que la jueza fijó un plazo tres meses para que se realice la investigación complementaria; dictó que el acusado enfrente el proceso en libertad y fijó como medidas cautelares el que Flores González no pueda acercarse a las víctimas ni a su domicilio. Nieto puntualizó que no habrá trato especial para Flores González por el cargo de su madre ni por su filiación partidista.

En entrevista telefónica realizada por este reportero un día después de la agresión, Daniela García explicó que los hechos ocurrieron el domingo 7 de agosto de 2022, en su casa ubicada en el municipio de Huichapan, ubicado a 100 kilómetros al poniente de Pachuca, cerca de la frontera con Querétaro, a donde la senadora y su hijo acudieron con el fin de quitarle al niño. Al negarse, Flores González empezó a golpearle. En un momento, durante las agresiones, la senadora se sumó, tiró al suelo a Daniela y la sometió por el cuello, como si tratara de ahorcarla.

El padre de Daniela, de 84 años de edad, intentó frenar las agresiones, pero arremetieron también contra él. Lo golpearon, por lo que cayó al suelo y se lastimó la cabeza. Daniela aseguró haber sufrido tres fracturas, lesiones en un hombro, golpes y araños en todo lo cuerpo, mientras que a su padre le tuvieron que dar cuatro puntadas para cerrar la herida que sufrió en la cabeza.

Lamentó que la senadora González González hable en público de los derechos de las mujeres pero en la práctica solape y justifique la violencia de su hijo del que se separó por ese tipo de ataques en su contra. En la actualidad García y Flores González comparten la patria potestad del menor, quien fue testigo de la agresión. Responsabilizó a la senadora y a su hijo «de cualquier atentado hacia mi o mi familia».

En respuesta a estos señalamientos, el 8 de agosto la senadora González González respondió en su cuenta de Facebook que «Daniela García es la madre de mi nieto. Soy la principal interesada en que su familia se proteja». Más adelante, aseguró que «los hechos que ella narra no fueron tal como se describieron, pero eso es algo que las autoridades habrán de corroborar en su momento. Al ser un asunto que involucra lo más sagrado para mí, como lo es la familia, me interesa y preocupa el bienestar de todas las partes, sobre todo el de mi nieto de seis años».

Agregó que» nunca he justificado, ni justificaré el empleo de la violencia o el uso de la fuerza, y sólo la imagino como posible para proteger a los más vulnerables como lo son las niñas y niños».
Subrayó que «en este asunto, no pesaría más mi cargo público o algún supuesto poder sobre la verdad y la justicia, ni habrá nunca un insinuado nepotismo, pues me apremia que las cosas se aclaren, y que mi familia encuentre la brújula de la reconciliación, la paz, la concordia y el amor. Porque nada, jamás, justifica la violencia».

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que elementos del Ejército mexicano dispararon 117 ocasiones contra siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde cinco murieron, uno resultó herido y otro ileso.

En la recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el organismo defensor de los derechos humanos refirió que los hechos ocurrieron durante la madrugada del 26 de febrero, cuando circulaban por las calles de la colonia Cavazos Lerma en Nuevo Laredo tras salir de un centro nocturno y dirigirse a sus respectivas viviendas.

El organismo autónomo expuso que sin amenaza previa y sin comunicaciones uno de los soldados accionó un arma de fuego en la parte trasera del vehículo particular y otros tres elementos militares replicaron.

Aunque los efectivos castrenses sostuvieron que los jóvenes les dispararon, no se presentaron evidencias sobre ataques con armas de fuego a los vehículos militares, aunado a que tampoco se identificaron armas en el interior de la unidad particular ni llevaba las luces apagadas.

Por ello, la CNDH solicitó a la Sedena colaborar con la Comisión Ejecutiva de la Atención de Víctimas (CEAV), para inscribir a las siete víctimas del ataque armado por parte de los efectivos militares y proceder a la inmediata reparación del daño.

De la misma manera, la CNDH enfatizó que se debe otorgar la atención médica, psicológica y tanatológica que las víctimas requieran, debido a que hubo una violación grave de los derechos humanos por los soldados en Tamaulipas.

SEGUNDA PARTE: La fiscalía intentaba simular los vínculos con el narcotráfico a imputados

Por Guadalupe Lizárraga

“Me amenazaron de encarcelar a mi hijo, por eso acepté el juicio abreviado. Mis abogados, los primeros que tenía, se reunieron en un hotel en la Ciudad de México con los agentes del Ministerio Público, de la FEADLE. Con ellos me mandaron decir:

‘Sabemos que el profe es inocente y puede salir, pero no podemos permitir que salga, y díganle que ni le busque, porque podemos afectar a su familia; que si no agarra el abreviado vamos a culpar a su hijo de secuestro’.

Si aceptaba, ellos iban a encargarse de que pasara en prisión sólo tres o cuatro años.

Yo me iba a ir a juicio, pero me presentaron la carpeta de investigación que le abrieron a mi hijo, y pues yo no podía dejar que lo perjudicaran, así que agarré la responsabilidad de esta situación…”.

Es la voz de Hugo Amed Schultz Alcaraz, en la pequeña celda de bloque y varilla, del penal de Aquiles Serdán, Chihuahua, donde lleva tres años compurgados, de una sentencia de ocho, por la supuesta participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación a los que se refiere es Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez M., ambos adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México. Los mismos responsables de la investigación sobre el homicidio de la periodista Miroslava Breach desde enero de 2018, a partir de que la autoridad federal atrajo el caso a su jurisdicción.

Sobre la agente Santoyo Cuervo pesan ya dos acusaciones de torturas relacionadas con el caso de Breach Velducea: la del sentenciado Juan Carlos Moreno Ochoa El Larry, detenido el 25 de diciembre de 2017, y la de Édgar Salazar Gaxiola, después de su detención arbitraria el 22 de enero de 2019. La agente del Ministerio Público quería que Salazar Gaxiola señalara al expresidente municipal de Chínipas, Schultz Alcaraz de tener una relación con su padre, Crispín Salazar Zamorano, a quien la fiscalía le atribuye el liderazgo del grupo Los Salazar.

Santoyo Cuervo ya había sido denunciada, en diciembre de 2019, por Los Ángeles Press ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina por la tortura a Édgar Salazar, fabricado como testigo protegido Apolo, a quien la fiscalía le pagó 25 mil pesos mensuales durante un año. El acuerdo, bajo coacción, era que acusars también a su padre, Salazar Zamorano, de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista.

Para entonces, Santoyo Cuervo no lograba probar los supuestos vínculos del expresidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz, con el narcotráfico. La hipótesis era más difícil de sostener porque asumía vínculos con dos grupos antagónicos: La Línea y Los Salazar, según lo que Miroslava Breach había escrito en 2016, en su columna Don Mirone y en el diario La Jornada.

La primera tortura

El Larry fue el primer torturado, tras su detención, el 25 de diciembre de 2017. Los responsables fueron los policías federales Ramiro Obregón García, Antonio Andrés Barcelata y Óscar Silva Mendoza, así como el oficial Cristián Camacho Llaguno, adscritos a la Dirección General de Supervisión y Vigilancia de Operaciones Encubiertas, de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal Preventiva.

Lo detuvieron y lo golpearon frente a su esposa y sus dos hijos menores. Así lo explica Moreno Ochoa a pregunta expresa de esta periodista sobre los responsables de su tortura: «fue la SIEDO». “Pero mi lic. me dijo que mi tortura no pegaba—agrega—porque no me hicieron decir nada de lo que me preguntaron”. Reitera el detenido que él siempre le dijo a su abogado: “tengo las huellas bien marcadas, pero me tiraron al león; no me hicieron caso. A mi familia la torturaron sicológicamente; a mis niños. Estaban chiquitos, están traumados todavía”.

Moreno Ochoa dijo a Los Ángeles Press que no había documentos de registro: “No creo que haya nada de papeles; nomás donde dicen que me caí de un hotel de dos pisos. De mi detención no entregaron nada. Y no nomás traigo fracturado el brazo y el talón del pie izquierdo; fueron chingadazos en la espalda y el pecho. Si hubiera sido por esa caída del hotel me hubiera matado, se me hubiera quebrado la cabeza; traería rotas otras partes del cuerpo, pero nomás traigo las huellas donde me golpearon”.

El abogado defensor de Moreno Ochoa, Jesús Enrique Valencia Díaz, el 7 de junio de 2018 señaló a la agente Santoyo Cuervo que su defendido había sido torturado:

Vengo a dar a conocer a usted que, al momento de entrevistarme con mi representado, previo a la audiencia de formulación de imputación, me hizo saber que después de su detención fue golpeado por los agentes de policía que lo detuvieron para que confesara que pertenecía a la delincuencia organizada y que había participado en la muerte de la ahora víctima. Pero, dado que no les confesó nada, le quebraron la clavícula izquierda, el brazo izquierdo y el tobillo izquierdo, golpeándolo con el tubo de fierro con el que tumban las puertas en sus operativos, por lo que también resultó lesionado de su columna vertebral…

El documento del abogado defensor Jesús Enrique Valencia Díaz, defensor de Moreno Ochoa, informa que se requiere de una cirugía urgente por el dolor constante que sufría el detenido y ofrece pruebas periciales médicas.

El perito médico legista José Ángel Salayandia Méndez, con cédula 153214-a-VIII, certificó el mismo día, 25 de diciembre de 2017, a las 11:20 horas, el estado físico de Moreno Ochoa, de 43 años. Dio cuenta de los hematomas y las fracturas de clavícula, de la cabeza del húmero izquierdo y del hueso calcáneo de su pie izquierdo. La petición del examen médico, tras la detención, la hizo el coordinador regional de la Policía Única de la Fiscalía General de Justicia del estado, después de que lo entregaron los policías federales. Poco tiempo después, el médico fue despedido, sin justificación, de la Secretaría de Salud, donde había prestado sus servicios durante quince años.

La intervención de la FEADLE

Los policías federales querían la confesión de El Larry. Querían que se dijera socio del narcotráfico. En concreto de Los Salazar. Respecto al homicidio de Miroslava, la Fiscalía General de Chihuahua tenía pruebas por los análisis informáticos de varios celulares encontrados en el domicilio del imputado Wilber Jaciel Vega Villa, obtenidos con la localización de su automóvil utilizado en el crimen, registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Desde el 27 de marzo de 2017, los agentes de la FEADLE exigían la información a la fiscalía de Chihuahua sobre los datos del vehículo, pues el cateo al domicilio de Vega Villa y los testimonios de los vecinos habían sido acopiados por la fiscalía estatal. En este cateo, además de los celulares, huellas digitales e identificaciones oficiales, observaron una cartulina que indicaba la propiedad del bote de basura en la calle, la cual tenía una caligrafía muy similar a la de la cartulina sobre la adjudicación del crimen contra Miroslava en el lugar de los hechos. El análisis grafológico verificaba que se trataba de la misma persona.

No obstante, el gobernador Javier Corral Jurado, manipuló la información a los medios. Alteró el mensaje de la cartulina en dos ocasiones. Hizo público un segundo mensaje en una lona o manta, en la que se reiteraban las supuestas amenazas contra su persona, el 30 de marzo de 2017. La caligrafía de esa supuesta lona no correspondía a la del crimen del 23 de marzo. Tampoco eran las mismas huellas digitales.

En 2018, a partir de que la FEADLE atrajo el caso por la presión de los colectivos de periodistas y las diferencias entre la familia de la víctima y el gobernador Corral, quien—para entonces—culpaba a Miroslava de su propia muerte, la agente de la FEADLE Santoyo Cuervo, al frente de la investigación, buscaba probar que el motivo del asesinato de Miroslava Breach era silenciar su libertad de expresión y, específicamente, buscaba probar que estaba relacionada con Los Salazar.

El 19 de mayo de 2018, Santoyo Cuervo estuvo en presencia de Carlos Arturo Quintana Quintana El 80, de 34 años, quien ya estaba detenido en calidad de sospechoso por narcotráfico. Quintana se encontraba acompañado de su abogado, dentro de las instalaciones de la SIEDO, y no respondió a las preguntas. La comunicación fue por medio de su defensor. Le leyeron sus derechos como imputado y se los dieron por escrito, de acuerdo con la evidencia en el tomo 26, de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017. Derechos estipulados en la Constitución mexicana, en el artículo 20, apartado B; que fueron violados en los casos de Schultz Alcaraz y Moreno Ochoa.

Declaración de Carlos Arturo Quintana Quintana, El 80, como indiciado en la PGR. Archivo Los Ángeles Press.

La segunda tortura

El arresto de Édgar Salazar Gaxiola, el 21 de enero de 2019, a quien se exhibió en los medios como autor del crimen de Miroslava Breach el 9 de febrero de ese año, fue orquestada por la misma agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo y por el oficial ministerial Jean Paul Rodríguez M. Tras la detención de Salazar , fue torturado para que señalara a Hugo Amed Schultz por un supuesto parentesco con Los Salazar, intentando cuadrar la información que había dado en falso la periodista, en la que refería que Schultz era tío de Juan Miguel Salazar y que había impulsado su candidatura a la presidencia municipal de Chínipas. Al no poder sustentarlo, Édgar Salazar fue torturado para forzarlo a declarar sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano. Finalmente, lo indujeron a que firmara la incriminación contra su padre.

A raíz de la entrevista de Los Ángeles Press sobre esta agresión de la FEADLE a Édgar Salazar Gaxiola, la defensa de Hugo Amed Schultz obtuvo la evidencia de quien había sido fabricado como el testigo protegido Apolo, torturado y coaccionado a hacer señalamientos en contra de Schultz y de su padre.

El abogado defensor de Schultz, Manuel Norberto Cortez Vázquez, confirmó a este medio que el peritaje sobre la tortura de Salazar Gaxiola era positivo y que, en su declaración como «testigo protegido Apolo», con fecha de 8 de marzo de 2021, se le había obligado a firmar una declaración falsa sobre el hijo de Hugo Amed Schultz, la cual fue utilizada para amenazar a su defendido sobre posibles consecuencias contra su familia.

En esa declaración, Édgar Salazar Gaxiola fue obligado a firmar y poner su huella digital en un documento presentado como una declaración voluntaria ante la agente del Santoyo Cuervo sobre el homicidio de Miroslava Breach:

«Yo conozco al señor que se llama Hugo Schultz y lo conozco porque era presidente municipal de Chínipas, cuando estaba allá estudiando y vivía con mi papá Crispín Salazar Zamorano, y el Hugo Schultz iba a la casa de mi papá, su relación con él era de negocios, porque como el Hugo era el presidente municipal y mi papá es encargado del cártel de Los Salazar en la región, era el que le decía cuánto dinero del municipio se iba a ocupar, por ejemplo Hugo Schultz quería meter a su familia a los proyectos del municipio porque quería seguir robando, porque ese wey es el presidente municipal que más ha robado  y de ahí se hizo todo su varo y mi papá le dijo que no, que tenía que poner a la gente de la sierra; y el Hugo Schultz me conoce a mí porque él era muy barbero conmigo y con cualquiera de la familia porque quería quedar bien con mi papá y con mi primo Alfredo Salazar Ramírez…”

El 5 de abril de 2021, en entrevista de Los Ángeles Press, Édgar Salazar describió cómo lo habían torturado para que declarara contra Hugo Amed Schultz y su padre Crispín Salazar. Una tortura que confirmó su madre, Lilia Gaxiola.

La amenaza de la FEADLE al hijo de Schultz

La agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo incorporó en la declaración fabricada de Édgar Salazar Gaxiola como testigo protegido Apolo que, el 26 de febrero de 2021, a las ocho de la mañana, el hijo mayor de Hugo Amed Schultz lo había secuestrado para que firmara una declaración ante notario que favoreciera a su padre.

La historia de la FEADLE indicaba una notaría pública en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a 504 kilómetros de donde trabaja el hijo de Schultz, en la Mina Palmarejo, la cual expidió una constancia de asistencia con fecha del 30 de abril de 2021, en la que el representante legal Ramón Norberto Parra Rascón, hacía constar que Hugo Schultz Martínez había cumplido con la asistencia laboral de ese día. La constancia de asistencia abarca del 6 de febrero al 1 de marzo de 2021, en la que se especifica que el 26 de febrero Schultz Martínez se había presentado a trabajar a la mina a las 6:37, según el reloj checador, y su hora de salida estaba registrada a las 18:00.

Al hijo de Schultz lo describe que iba acompañado con dos hombres, uno de ellos supuestamente era el abogado de Schultz, montado en una Cheyenne gris, dice, “bien armados”.

En entrevista con el abogado Julio Iván Ramírez Muñoz, el 24 de enero de 2023, en la ciudad de Chihuahua, quien fue el primer abogado defensor de Schultz, negó a esta periodista que él hubiera estado en esa notaría. Conocía bien las referencias que hacía la FEADLE. Él mismo explicó que era una notaría de la ciudad de Delicias, y que por su trabajo y la pandemia le hubiera sido imposible acompañar al hijo de Hugo Schultz a ese lugar.

La negociación de los primeros abogados de Schultz y Santoyo Cuervo

El abogado Ramírez Muñoz reconoció que a Hugo Amed Schultz lo habían obligado a declarar bajo coacción. Lo explicó como un “testimonio de coartada”, junto a otras 12 personas más que utilizaba la FEADLE, sin especificar quiénes habían sido. También hizo notar que la fiscalía le había pedido el dinero de reparación de daño para la víctima indirecta Rosa María Breach Velducea, por un monto de 500 mil pesos.

“La diferencia del profe Hugo es que no se acreditaba un dolo; eventualmente puede escalar. No quiere decir que acepta la conducta, pero acepta el resultado”, explicó Ramírez Muñoz, del despacho Venzor y Ramírez.

El abogado hace un recuento rápido de la situación en la que supuestamente se encontraba su cliente: “El profe Hugo en la presidencia municipal de Chínipas por el PAN, hay posibles candidatos del PRI que van a llegar, entre ellos familiares de estas personas (en referencia al narcotráfico), bajan a esos candidatos, pero la cara visible del PAN y que tenía una función partidista, era el profe Hugo”.

Continúa de prisa: “acreditamos que tú no fuiste (en referencia a Schultz) y saca el desplegado que diga ‘yo no fui. Yo no llevé los audios, ni vi la camioneta negra’. Todo a través de los abogados. Entonces nos sentamos Santoyo y nosotros (en referencia al abogado Javier Fernando Venzor Morales, su socio) y platicamos. Entre nosotros no se oculta nada. Las dos partes a favor y en contra. Vimos que todo el juicio se basa en si entregó los audios. Había testigos de las dos partes”.

Al preguntar cómo era el trato con la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo, el abogado señaló que “tenían un trato cordial, oficial”. Y continuó: “El profe Hugo declara en su propia contra; la investigación del Estado y la de la FGR recaen en una facultad concurrente. Lo tratan como testigo protegido, pero la FGR pedía de 30 a 60 años de cárcel, porque la verdad legal o jurídica (independientemente de lo que sucedió) es que sí entregó los audios”.

El abogado Ramírez Muñoz, después de concluir esta entrevista, se despidió de mano, y dijo a esta periodista, que todo lo había dicho off the record, y su publicación tendría consecuencias legales para quien esto escribe.

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Primera parte: Hugo Amed Schultz: un cabo suelto en el caso de Miroslava Breach (losangelespress.org)