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Justicia pendiente

Allende, Coahuila, la masacre ignorada por Calderón

En Allende, Coahuila, en marzo de 2011, se perpetró una masacre de hasta 300 personas sin que el gobierno del entonces presidente Calderón interviniera.

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No se sabe el número real de víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos según las fuentes, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante años.

La investigación, dirigida por el académico Sergio Aguayo, del Colegio de México, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas, se basa en documentos de la CEAV, la fiscalía de Coahuila, las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de víctimas, declaraciones públicas de detenidos ante autoridades estadounidenses y solicitudes de acceso a la información. Toma el caso de Allende y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, un año antes, como ejemplos de violencia extrema y desatención de las víctimas.

Los Zetas cometieron ambos crímenes en zonas estratégicas para el control de las rutas hacia Estados Unidos, en áreas ricas en gas y petróleo y en estados gobernados ininterrumpidamente durante casi un siglo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde imperan el miedo y el silencio impuestos por la violencia.

Lejos de ser hechos aislados, las masacres revelan un mayor nivel de “barbarie” por parte de Los Zetas y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes —”que eran en el mejor de los casos figuras decorativas”_, la indiferencia y/o ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los crímenes y la “pasividad” de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.

Denuncia, además, la falta de compromiso de las instituciones con la verdad, la única vía para llegar a la justicia y para dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea “En el desamparo”, que es como se quedaron los afectados.

El caso de los 72 migrantes, ocurrido en agosto de 2010, salió a la luz pública porque hubo dos sobrevivientes —”cosa rara” apunta el informe— y se encontraron los cadáveres. Que muchos fueran extranjeros lo hizo cobrar relevancia y las autoridades se vieron obligadas a ofrecer algunas explicaciones, aunque la Comisión Interamericana denunció en agosto de 2014 que la respuesta del estado mexicano “osciló entre la indiferencia y la opacidad”.

En Allende no hubo hallazgo de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo años después.

El fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, esta ciudad de 23.000 habitantes a 50 kilómetros de la frontera con Texas fue escenario de una venganza ordenada por los hermanos Miguel Angel y Omar Treviño —el Z40 y Z42, líderes de Los Zetas ahora detenidos— contra tres supuestos traidores a los que acusaban de robarles entre 5 y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de colaborar con Estados Unidos. Los tres están presos en Estados Unidos; dos de ellos son testigos protegidos de la Agencia Antidrogas DEA.

La primera vez que apareció una mención a que hubo 300 víctimas de esa venganza fue en 2013, en la declaración de un integrante de Los Zetas en un juzgado estadounidense. La cifra se repite después sin dejar claro si fue en un solo hecho o en varios. El expediente del caso de la fiscalía de Coahuila tiene registradas 42 desapariciones: 26 ese fatídico fin de semana, pero también incluye 16 ocurridas en otros momentos entre enero de 2011 y agosto de 2012.

Faltan datos para poder determinar el número real de víctimas, señala el informe.

Los Zetas llegaron a la zona en 2004. La violencia se recrudeció en 2006 con la batalla frontal contra el crimen organizado lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón y las guerras fratricidas entre los propios cárteles.

Para 2010, Los Zetas tenían control total del municipio de Allende y a su policía en nómina.

Ese fin de semana de 2011, los sicarios recibieron la orden de “checar todos los domicilios de la familia Garza (el apellido de uno de los supuestos traidores) porque los iban a levantar (capturar) para matarlos”. La policía, mientras tanto, tenía orden de no patrullar ni atender llamadas de auxilio y “levantar a cualquiera con apellido Garza para entregarlo a Los Zetas”.

Según el informe, en 2011 el cártel gastaba 61.500 pesos mensuales (menos de 4.800 dólares) en pagos a policías que iban desde 20.000 pesos (1.500 dólares) del jefe, a los 500 (40 dólares) para los menos comprometidos. El sueldo medio de un agente es de unos 6.300 pesos, menos de 500 dólares.

A cambio, sus “funciones” habituales eran “ignorar las denuncias”; avisar si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, dejar que los Zetas entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las extorsiones y “levantar” a quien indicaran los criminales.

La búsqueda de todo aquel apellidado Garza, mujeres y niños incluidos, la llevó a cabo ese fin de semana un comando armado de al menos 60 personas. Policías y sicarios hacían las detenciones y llevaban a la gente “a dos ranchos donde se concentraba a los condenados”.

Los Zetas incitaron a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Fueron destruidas 32 casas y dos ranchos. En los ranchos, según declaraciones de detenidos, era donde quemaban los cadáveres. A veces los incineraban en toneles.

“Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos (.) quedaba pura mantequilla”. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que “no se viera nada”, dice la confesión de un sicario.

El documento del Colegio de México subraya que esas 49 horas fueron solo un episodio de una “oleada de violencia” no investigada a fondo que llegó a otros municipios y se prolongó en el tiempo. Pone como ejemplo la desaparición de cuatro Garzas —una pareja y sus dos hijos— un año después.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el caso “fue ignorado” por las autoridades entre 2011 y 2013. Ningún perito de la fiscalía del estado acudió a Allende hasta 2014, constata el documento.

La investigación critica, además, la “opacidad” de Estados Unidos que, “rehúsa compartir información” con Coahuila de sus testigos protegidos. La fiscalía federal mexicana tampoco quiso aportar datos al informe.

El documento también denuncia las nulas consecuencias de las recomendaciones del ombudsman mexicano sobre el caso y la falta de acción de la Comisión de Víctimas.

Sergio Aguayo adelantó que iniciarán una nueva fase investigadora para entender mejor a Los Zetas, el papel de otras autoridades y entender qué hizo la sociedad para resistir cuando “el estado abandonó a las víctimas”.

El actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, en el poder desde diciembre de 2011, ha avanzado algo al reconocer la gravedad de los hechos y comenzar a investigar, pero “no le da prioridad al derecho a la verdad” y a explicar el porqué de la masacre, indica el documento.

Según los últimos datos del gobierno federal, Coahuila tiene 1.618 desaparecidos.

Las autoridades han encontrado en los últimos años fragmentos óseos en diversos ranchos que podrían ser resultado de prácticas como la descrita en Allende. Incluso han reconocido a la prensa local que los Zetas calcinaban a personas en la cárcel de Piedras Negras, la frontera más cercana a Allende, aunque hay mucha imprecisión sobre estos sucesos.

El poeta y activista Javier Sicilia, asesor de la investigación, destacó la importancia del informe por su independencia y porque “es la expresión de lo que sucede en todo el país”, masacres que no son hechos aislados.

“Se están poniendo de manifiesto (en este documento) los mecanismos de la impunidad” en México, indicó Mariclaire Acosta, otra defensora de DDHH asesora del informe.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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