No se sabe el número real de víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos según las fuentes, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante años.

La investigación, dirigida por el académico Sergio Aguayo, del Colegio de México, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas, se basa en documentos de la CEAV, la fiscalía de Coahuila, las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de víctimas, declaraciones públicas de detenidos ante autoridades estadounidenses y solicitudes de acceso a la información. Toma el caso de Allende y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, un año antes, como ejemplos de violencia extrema y desatención de las víctimas.

Los Zetas cometieron ambos crímenes en zonas estratégicas para el control de las rutas hacia Estados Unidos, en áreas ricas en gas y petróleo y en estados gobernados ininterrumpidamente durante casi un siglo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde imperan el miedo y el silencio impuestos por la violencia.

Lejos de ser hechos aislados, las masacres revelan un mayor nivel de «barbarie» por parte de Los Zetas y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes —»que eran en el mejor de los casos figuras decorativas»_, la indiferencia y/o ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los crímenes y la «pasividad» de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.

Denuncia, además, la falta de compromiso de las instituciones con la verdad, la única vía para llegar a la justicia y para dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea «En el desamparo», que es como se quedaron los afectados.

El caso de los 72 migrantes, ocurrido en agosto de 2010, salió a la luz pública porque hubo dos sobrevivientes —»cosa rara» apunta el informe— y se encontraron los cadáveres. Que muchos fueran extranjeros lo hizo cobrar relevancia y las autoridades se vieron obligadas a ofrecer algunas explicaciones, aunque la Comisión Interamericana denunció en agosto de 2014 que la respuesta del estado mexicano «osciló entre la indiferencia y la opacidad».

En Allende no hubo hallazgo de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo años después.

El fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, esta ciudad de 23.000 habitantes a 50 kilómetros de la frontera con Texas fue escenario de una venganza ordenada por los hermanos Miguel Angel y Omar Treviño —el Z40 y Z42, líderes de Los Zetas ahora detenidos— contra tres supuestos traidores a los que acusaban de robarles entre 5 y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de colaborar con Estados Unidos. Los tres están presos en Estados Unidos; dos de ellos son testigos protegidos de la Agencia Antidrogas DEA.

La primera vez que apareció una mención a que hubo 300 víctimas de esa venganza fue en 2013, en la declaración de un integrante de Los Zetas en un juzgado estadounidense. La cifra se repite después sin dejar claro si fue en un solo hecho o en varios. El expediente del caso de la fiscalía de Coahuila tiene registradas 42 desapariciones: 26 ese fatídico fin de semana, pero también incluye 16 ocurridas en otros momentos entre enero de 2011 y agosto de 2012.

Faltan datos para poder determinar el número real de víctimas, señala el informe.

Los Zetas llegaron a la zona en 2004. La violencia se recrudeció en 2006 con la batalla frontal contra el crimen organizado lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón y las guerras fratricidas entre los propios cárteles.

Para 2010, Los Zetas tenían control total del municipio de Allende y a su policía en nómina.

Ese fin de semana de 2011, los sicarios recibieron la orden de «checar todos los domicilios de la familia Garza (el apellido de uno de los supuestos traidores) porque los iban a levantar (capturar) para matarlos». La policía, mientras tanto, tenía orden de no patrullar ni atender llamadas de auxilio y «levantar a cualquiera con apellido Garza para entregarlo a Los Zetas».

Según el informe, en 2011 el cártel gastaba 61.500 pesos mensuales (menos de 4.800 dólares) en pagos a policías que iban desde 20.000 pesos (1.500 dólares) del jefe, a los 500 (40 dólares) para los menos comprometidos. El sueldo medio de un agente es de unos 6.300 pesos, menos de 500 dólares.

A cambio, sus «funciones» habituales eran «ignorar las denuncias»; avisar si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, dejar que los Zetas entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las extorsiones y «levantar» a quien indicaran los criminales.

La búsqueda de todo aquel apellidado Garza, mujeres y niños incluidos, la llevó a cabo ese fin de semana un comando armado de al menos 60 personas. Policías y sicarios hacían las detenciones y llevaban a la gente «a dos ranchos donde se concentraba a los condenados».

Los Zetas incitaron a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Fueron destruidas 32 casas y dos ranchos. En los ranchos, según declaraciones de detenidos, era donde quemaban los cadáveres. A veces los incineraban en toneles.

«Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos (.) quedaba pura mantequilla». Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que «no se viera nada», dice la confesión de un sicario.

El documento del Colegio de México subraya que esas 49 horas fueron solo un episodio de una «oleada de violencia» no investigada a fondo que llegó a otros municipios y se prolongó en el tiempo. Pone como ejemplo la desaparición de cuatro Garzas —una pareja y sus dos hijos— un año después.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el caso «fue ignorado» por las autoridades entre 2011 y 2013. Ningún perito de la fiscalía del estado acudió a Allende hasta 2014, constata el documento.

La investigación critica, además, la «opacidad» de Estados Unidos que, «rehúsa compartir información» con Coahuila de sus testigos protegidos. La fiscalía federal mexicana tampoco quiso aportar datos al informe.

El documento también denuncia las nulas consecuencias de las recomendaciones del ombudsman mexicano sobre el caso y la falta de acción de la Comisión de Víctimas.

Sergio Aguayo adelantó que iniciarán una nueva fase investigadora para entender mejor a Los Zetas, el papel de otras autoridades y entender qué hizo la sociedad para resistir cuando «el estado abandonó a las víctimas».

El actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, en el poder desde diciembre de 2011, ha avanzado algo al reconocer la gravedad de los hechos y comenzar a investigar, pero «no le da prioridad al derecho a la verdad» y a explicar el porqué de la masacre, indica el documento.

Según los últimos datos del gobierno federal, Coahuila tiene 1.618 desaparecidos.

Las autoridades han encontrado en los últimos años fragmentos óseos en diversos ranchos que podrían ser resultado de prácticas como la descrita en Allende. Incluso han reconocido a la prensa local que los Zetas calcinaban a personas en la cárcel de Piedras Negras, la frontera más cercana a Allende, aunque hay mucha imprecisión sobre estos sucesos.

El poeta y activista Javier Sicilia, asesor de la investigación, destacó la importancia del informe por su independencia y porque «es la expresión de lo que sucede en todo el país», masacres que no son hechos aislados.

«Se están poniendo de manifiesto (en este documento) los mecanismos de la impunidad» en México, indicó Mariclaire Acosta, otra defensora de DDHH asesora del informe.