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Mexico Violento

Alerta Temprana de Periodistas pide cese a agresiones contra 20 periodistas de Tehuacán, Puebla

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  • Al Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador
  • Al Gobernador del Estado de Puebla Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta
  • A la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mtra. Rosario Piedra Ibarra
  • A la Comisión Estatal de Derechos Humanos Dr. José Félix Cerezo Vélez
  • A la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos, Dr. Ulises Sandal Ramos Koprivitza
  • A la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos en Contra de Periodistas, Mtro. Ricardo Sánchez Pérez del Pozo
  • Al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, Mtro. Enrique Irazoque Palazuelos
  • Al Presidente Municipal de Tehuacán, Lic. Andrés Artemio Caballero López
  • Al Jefe de Seguridad Pública de Tehuacán, Héctor Pacheco de la Luz
  • A los habitantes de Santa María Coapan
  • A la opinión Pública

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos condena enérgicamente las amenazas, agresiones y despojo de equipos de trabajo, perpetradas en contra 20 compañeros periodistas este lunes pasado, 19 de julio, en el Municipio de Tehuacán, Puebla.

Los hechos ocurrieron en la sede de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan, cuando policías estatales y municipales realizaban un operativo de desalojo de ciudadanos que secuestraron el acceso al Relleno Sanitario del lugar y el bloqueo de la carretera Federal Tehuacán-Huajuapan, en apoyo de Gabino Cecilio Santiago, funcionario destituido de su cargo por el desfalco de 3 millones 248 mil pesos.

Hasta ese lugar acudieron periodistas y comunicadores para realizar su trabajo, situación que ofendió no solo a los manifestantes, sino también a los guardianes del orden al mando de Lázaro Márquez Osorio, quienes amenazaron con lincharlos y destruir su material periodístico.

Entre ellos: Germain Nolasco Damián y Francisco Castro de “Hora 25”; Noemí Castillo de “En Medio Tehuacán”; Eloísa Rodríguez de “Talavera Noticias”; Patricia Flores de “Multared”; Iván González de “Centro Noticias”; Pablo Espinosa de “Fuerza Informativa Tehuacán”; María Tobón de “Agencia de Noticas del Valle”; Juan Ambrosio Jiménez y Heber Vargas de “Primera Línea”;  Yomara Pacheco de “Municipios Puebla”; Andrea Castillo de “e-consulta”; Iván Rodríguez de “Meganoticias”; José Luis Castro de “Alarma Informativa”; Charly Vázquez de “Motored”, más los que quisieron reservar su nombre por seguridad.

Éste no es el primer caso de agresión a periodistas y defensores de derechos humanos en este municipio, ya antes al interior del recinto del Ayuntamiento, uniformados golpearon y privaron de su libertad a un defensor de la tierra, pasando por alto las medidas cautelares otorgadas por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Por ello el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la comunidad periodística y de defensores de derechos humanos exigimos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal:

      1. El cese inmediato de agresiones a la comunidad periodística y defensora de derechos humanos en el estado de Puebla.
      2. Que se integre una carpeta de investigación de las agresiones que atentaron contra la integridad física de los comunicadores del municipio de Tehuacán Puebla
      3. Que se castigue a los responsables de los hechos intimidatorios y violentos
      4. Pero sobre todo el respeto al libre ejercicio periodístico y la libertad de prensa
      5. Que los servidores públicos que tienen como obligación salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos, sean capacitados para cumplir su trabajo como lo mandata la ley

Ciudad de México a 20 de julio del 2021

A T E N T A M E N T E

Claudia Martínez Sánchez

Directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas (CONAPA)

colectivonacionaldeperiodistas@gmail.com

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Justicia pendiente

UIF suma más de 380 denuncias ante la FGR contra más de 2 mil personas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 386 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 2 mil 505 personas desde diciembre de 2018, así lo informó la directora de asuntos normativos de la dependencia federal, Mireya Valverde.

La funcionaria federal explicó que la UIF ha bloqueado 41 mil 646 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y morales que son investigadas por la comisión de diferentes delitos financieros y cuyo monto asciende a 6 mil 516 millones 617 mil 91 pesos.

De acuerdo con la representante de la UIF, la institución ha dado vista 260 hechos posiblemente constitutivos de irregularidades administrativas o fiscales a autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Agregó que han implementado diferentes estrategias de combate a la corrupción y el lavado de dinero en el país con organizaciones del crimen organizado, por lo que han logrado detener las operaciones financieras de las principales agrupaciones delictivas de México.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, mencionó que el gobierno federal ha avanzado en el combate a los delitos financieros cometidos en el país que representan la principal forma de obtención recursos económicos para continuar con sus operaciones criminales.

Asimismo, refirió que son necesarias las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para combatir los principales delitos financieros cometidos en los dos países y por lo cual es fundamental la inteligencia financiera como la de la UIF para alcanzar determinados objetivos.

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Investigaciones

Familia del gobernador de Puebla defrauda a agremiados del magisterio por más de 50 millones de pesos

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Por Claudia Martínez Sánchez

Los agremiados del Sindicato Estatal de Trabajadores de La Educación (S.E.T.E.P) denunciaron ante la Secretaría de Gobernación el hurto de sus ahorros a través de un fraude que asciende a más de 50 millones de pesos perpetrado por familiares del gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

Se trata de las cuotas sindicales de toda una vida de más de 800 maestros agremiados, destinadas al Fondo de Ahorro Sindical de Defunción y Retiro por Jubilación del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (S.E.T.E.P). Dichas cuentas, según la denuncia, fueron saqueadas por Gonzalo Alejandro Gutiérrez Gómez, primo hermano de Julio Miguel Huerta Gómez, director general de Gobierno del estado de Puebla, también sobrino del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El pasado 13 de septiembre, la maestra Ana Luz Durán Cerón acudió a la sucursal BBVA Bancomer, en calidad de presidenta acreditada del fondo sindical, llevándose la sorpresa de que el familiar del director de Gobernación, Julio Huerta Gómez, líder del SETEP, mediante la representación como secretario General del Sindicato, realizó una gestión bancaria que es casi imposible de tramitar por tratarse de una cuenta en la que nadie más estaba acreditado.

Gutiérrez Gómez acudió a la sucursal BBVA Bancomer para que se le negara toda información del estado de estos fondos de ahorro a Durán Cerón, quien es la presidenta de la cartera sindical, y pasara a manos de Gonzalo Gutiérrez Gómez y del contador personal del dirigente de este sindicato, quien ahora es el único administrador en la cuenta de cheques 0181366999 mediante banca móvil o por bancomer.com o token.

Hasta el 13 de septiembre, Durán Cerón era responsable de los pagos a los agremiados sindicales, así como de la rendición de cuentas. Derivado de la responsabilidad que implica el fraude cometido por parte del dirigente sindical Gutiérrez Gómez, la maestra Ana Luz Durán Cerón presentó un oficio en dos ocasiones en el que solicita al secretario General una explicación, no sólo a ella sino a todos los agremiados. Sin embargo, José Luis Facundo Flores Aguilera, secretario particular de Gutiérrez Gómez, rechazó la recepción de la solicitud escrita, por lo que se dio parte a la Secretaría de Gobernación de la república.

No obstante, no es la primera denuncia de falta de transparencia sindical. Cabe recordar que los agremiados han denunciado que, con fecha del 1 de septiembre de 2019, el líder de este sindicato se auto otorgó una clave considerada dentro de las más altas E781700.0001061 de Profesor Titulado Tiempo Completo «C», misma clave que no se puede otorgar a maestros que no cuenten con título de Doctorado, nivel que el secretario General del S.E.T.E.P no acredita.

Por otra parte, hay más de 300 denuncias por amenazas de muerte a trabajadores de este sindicato, mismos que son perseguidos y hostigados, desde el rastreo del perfil de cada uno hasta cambios de adscripción a las zonas más lejanas como represalia. Directores, supervisores y maestros viven el hostigamiento de sus líderes, ya que los nombramientos con cambios de adscripción llegan de la nada, argumentándoles que llevan muchos años en ese puesto y por órdenes de la Secretaría de Educación Pública y Gobernación estatal, deben salir de sus centros de trabajo o renunciar a su plaza.

 

 

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Justicia pendiente

Padres de familia de normalistas de Ayotzinapa denuncian que no existen respuestas sobre desaparición

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Padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014, denunciaron que no existen respuestas sobre la desaparición de los normalistas por parte de las autoridades federales.

Tras participar en la marcha por el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los familiares de los normalistas reconocieron que han existido deficiencias en las investigaciones que han efectuado las autoridades federales para conocer la verdad sobre lo que ocurrió hace siete años.

Dijeron que han pasado tres años desde el inicio de la actual administración federal y la comisión de la verdad no ha dado a conocer los resultados de las indagatorias, ya que sólo se han identificado los restos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos, pero el resto se encuentra desconocido.

Indicaron que persisten las preguntas sobre el paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y qué sucedió con ellos, así como las razones y los responsables de su desaparición y por ello el gobierno federal no ha entregado información adecuada.

Asimismo, indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no han entregado indagatorias serias sobre los resultados, pues tiene seis meses sin poder ejecutar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, aunado a que tampoco ha citado a declarar Tomás Zerón, ex director de la Agencia Federal de Investigación, quien pudo tener conocimiento sobre la desaparición.

El 26 de septiembre de 2014 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron presuntamente por presuntos integrantes del crimen organizado asociados a “Guerreros Unidos”, que los acusaron supuestamente de haber formado parte de una organización delictiva rival, pero su paradero aún es desconocido.

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