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Mexico Violento

Alcaldesa de Tierra Colorada tortura y amenaza a comunitario

Elizabeth Gutiérrez Paz, alcaldesa de Tierra Colorada, Guerrero, torturó a policía comunitario y es acusada de narcotráfico en su municipio

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Alcadesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, acusada de tortura y amenazas de muerte a policía comunitario. Foto: Flor Miranda

Alcadesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, acusada de tortura y amenazas de muerte a policía comunitario. Foto: Flor Miranda

*** La alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz torturó con pistola en mano a “el Giman”, un policía ciudadano  

*** La Potra; elegancia y rudeza en el gobierno de Tierra Colorada

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- La mujer de rasgos finos, alta, de tez blanca y carácter imponente, alcaldesa por cierto; sacó un arma corta, cortó cartucho y presionó con la boquilla de la pistola el abdomen de aquel hombre de piel morena, bajo de estatura y aspecto de indígena.

– ¡Dónde está el Payaso, hijo de tu puta madre!-, gritó, al momento de mirar a los ojos, con rencor, a su paisano, miembro de la policía ciudadana de Tierra Colorada.

Asustado, aquel hombre respondió: “Yo no sé dónde está el Payaso”. Pero la presidenta municipal insistió en el cuestionamiento cambiando de lugar su arma. Ahora la colocó en el cuello de aquel hombre apodado Giman, y, contó tres segundos advirtiendo que si no le respondía, jalaría el gatillo. 

Policía comunitario, El Giman, torturado por la alcaldesa. Foto: Flor Miranda

Policía comunitario, El Giman, torturado por la alcaldesa. Foto: Flor Miranda

La tortura al Giman…    

Rubén Díaz Bailón, policía del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), a quien todos conocen como “El Giman”, fue detenido el jueves 15 de mayo por policías municipales de Juan R. Escudero (Tierra Colorada). Según afirma, la orden vino de la presidente municipal Elizabeth Gutiérrez Paz, destacada militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante una entrevista, Díaz Bailón relató que como a las 19:30 horas de aquel día, fue detenido por unos ocho policías municipales en las inmediaciones del centro de Tierra Colorada, Guerrero.

“Me llevaron a un cuarto hasta el fondo de una casa de un lugar lejos, ahí no se sabe el tiempo, me botaron hasta al fondo y me echaron agua”, recordó el comunitario.

Luego agregó: “Ahí estuve no sé cuánto tiempo, pero yo sentí que habían pasado unas dos horas, pero ya eran las 12:30 de la madrugada del viernes.  Como a esa hora me dijeron que iba pa´ fuera porque me hablaba la jefa (la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz). Me quise poner mi camisa pero no me dejaron, me sacaron”.

“Me dijo: ¿Qué Giman? Pensé que me iba a soltar pero de repente siento un cachetadón. Sólo me preguntó que dónde estaba El Payaso y le contesté que yo no sabía dónde estaba El Payaso.

-¿No sabes, hijo de tu puta madre?

-No, yo no sé señora.

-Ustedes (los policías comunitarios) saben dónde está El Payaso, hijo de tu puta madre, y se hacen pendejos.

-De verdad que yo no sé nada señora.

Acto seguido, según relató el policía ciudadano, la mujer lo agarró del cuello enterrándole las uñas: “me dio otra cachetada y volvió a preguntar por El Payaso. Le respondí otra vez que yo no sabía nada”.

En ese momento sólo estaban en aquel lugar del que no se dieron referencias exactas, la alcaldesa acompañada de sus guaruras; “porque de los policías municipales no había nadie, yo creo que estaban escondidos o no sé”, dijo Giman frente a la cámara de este reportero.

Enseguida, la presidenta insistió: “¿No sabes dónde está El Payaso, hijo de tu puta madre? Ya sabemos dónde vives y te va a cargar la chingada si no dices nada.  Tu familia también se la va a cargar la chingada”.

Giman repitió que no sabía nada, pero la mujer, furiosa al no tener la respuesta esperada, sacó su pistola y cortó cartucho; colocó la boquilla sobre el abdomen del humilde hombre y presionó con fuerza.

Según dice el comunitario, los nervios recorrieron todo su cuerpo. Había evidente miedo pero sostuvo su postura y se mostró valiente.

“Le repetí que no sabía nada. Me puso la pistola en el abdomen y cortó cartucho. Yo sólo le insistí en que no sabía nada y que hiciera lo que tuviera que hacer. En eso me pasa la pistola al cuello”, recordó.

Agregó: “me dijo que era la última oportunidad para que yo hablara y que si no le decía donde estaba El Payaso me iba a cargar la chingada. Una vez más le dije que hiciera lo que quisiera, pero que yo no sabía nada”.

“Después, sin quitar la pistola me dijo que contaría hasta tres para que le dijera lo que sabía y que si no, terminando de contar me iba a cargar la chingada”, comentó el hombre.

Y entonces la fémina contó: “uno; le dije que no sabía nada. Siguió con el dos en voz alta y le repetí que no sabía nada. A la de tres, como vio que no hablé, me dio un cachazo y me votó al piso varios metros”.

“Me levantaron sus guaruras y le preguntaron qué hacían conmigo, pero ella se dio cuenta que había gente del IFE durmiendo por ahí enfrente y dijo que me llevaran al baño. El lugar es cerrado y se oían mucho los gritos de la señora (Elizabeth Gutiérrez), por eso creo que los del IFE ya se habían dado cuenta de todo”, dijo.

Afirmó que ya cuando estaba en el baño, un guarura lo quería “embolsar” (de la cabeza para torturarlo), pero la presidenta le dijo que ya lo dejaran porque ahí había gente del IFE.

“Entonces el que me tenía agarrado me golpeó y luego me arrojó al piso. Ahí me dio de patadas. No sé quién es el chavo pero dicen que es su marido, nosotros sólo lo conocemos por el hijo de don Cleto”, expuso en su relato Giman.

Luego agregó: “Ahí me empezó a hablar ya bien la señora y me dijo: yo sé que eres cabrón Giman, dime cuánto quieres. Un millón, dos millones, tres, cuatro, cinco o seis millones, o dime qué quieres, pídeme lo que quieras y yo te lo doy”.

El policía comunitario sólo respondió que quería justicia, por lo que la edil le dijo que si quería justicia entonces le dijera dónde estaba El Payaso, porque ella “iba a hacer justicia”.

“Me dijo que la ayudara, que me iba a dar mi libertad a cambio de que todo lo que escuchara y viera en la base de la Policía Ciudadana, se lo informara. Le dije que sí y entonces me dejó ir cuando ya eran como las seis de la mañana”.

“Yo dije que sí en ese momento, pero cuando me liberaron pensé y la verdad decidí ser fiel a mis compañeros, porque esa señor ahorita dice una cosa y al rato te mata. Cuando me golpeaba estaba intoxicada, luego se le veía en los ojos”, concluyó Díaz Bailón.

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Padre de Mario Rico Ramírez, alias El Payaso, chifer amenazado por la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez. Foto: Flor Miranda

El Payaso…

A quien buscaba la alcaldesa de Tierra Colorada es a uno de sus empleados (chofer) de nombre Mario Rico Ramírez, mejor conocido como “El Payaso”.

Este personaje desapareció a principios de este mes de mayo de la misma cabecera municipal, luego de que compañeros de trabajo (otros colaboradores de Gutiérrez Paz), le llamaron por teléfono para invitarlo a salir.

Atanacio Rico Loaiza, hombre de avanzada edad, es padre de la víctima. Él mismo acusó a la alcaldesa de estar detrás de la desaparición de su hijo.

En conferencia de prensa, el señor recordó que desde que Elizabeth Gutiérrez tomó el cargo como presidente municipal, “El Payaso” comenzó a trabajar con ella por “necesidad”, a pesar de que no tenía un horario fijo, pues muchas veces regresaba a las 4:00 de la mañana a su casa e iniciaba con sus actividades laborales a muy temprana hora.

El Payaso, de 36 años de edad, era chofer de Gutiérrez Paz y hace 15 días fue privado de su libertad. Su desaparición se le atribuye a la alcaldesa panista, quien es señalada además de tener vínculos con grupos delictivos que operan en aquel municipio ubicado al margen de la Costa Chica y Zona Centro del Estado; a 40 minutos de distancia de la capital (en vehículo).

Atanacio Rico dijo que su hijo “sabía demasiado” sobre los trabajos ilícitos de Elizabeth Gutiérrez, incluso relató que en una ocasión escuchó en una plática a unos vecinos decir que la alcaldesa acudió a la localidad de “Garrapatas” y le confesó a su madre: “ni modo mamá, voy a tener que perder al Payaso, porque él sabe muchas cosas malas mías”.

Insistió en que la alcaldesa fue la responsable de la privación ilegal de El Payaso; “porque cuando le hablaron era como a las 10:00 de la noche, le hablaron y era un compañero de él de apellido Muñoz”.

Desde ese día, dijo, ya no regresó a su casa, dejando en el desamparo a su esposa y a cuatro de sus pequeños hijos.

Mencionó que por la desaparición de Mario Rico, la familia no ha interpuesto ninguna denuncia: “no tengo ni a donde, si voy al Ayuntamiento va a estar ahí ella (la alcaldesa). Si voy con los comunitarios pues me falta dinero, uno necesita dinero para que le hagan caso a uno”, por lo que, hasta el momento ninguna autoridad competente ha investigado sobre el caso.

También denunció públicamente que la alcaldesa colabora para pasar la droga al municipio de Juan R. Escudero, incluso, afirmó: “envía a policías municipales a resguardar la carga cuando arriba al poblado y en ocasiones ella también acompaña la caravana”.

Atanacio Rico Loaiza, de 78 años, responsabilizó directamente a Elizabeth Gutiérrez Paz de lo que le pueda suceder a él o a su familia, pues dijo que en más de una ocasión ya fue advertido que no duerma en su casa porque lo van a ir a sacar y lo van a matar.

Policías ciudadanos de Tierra Colorada. Foto: Flor Miranda

Policías ciudadanos de Tierra Colorada. Foto: Flor Miranda

Enfrentamiento…

El pasado domingo 18 de mayo, policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) se enfrentaron contra policías municipales, escoltas personales y la propia alcaldesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, resultando lesionado un guarura de la alcaldesa.

El enfrentamiento se registró cerca de las 10:00 de la mañana de aquel domingo cuando dos camionetas propiedad de Gutiérrez Paz cruzaron frente a un retén de la comunitaria sobre la carretera federal México-Acapulco.

De acuerdo a la versión del SSJC, marcaron el alto a los dos vehículos pero lejos de detenerse, el chofer aceleró.

Enseguida, desde la camioneta que iba adelante accionaron un arma corta contra los policías ciudadanos y, enseguida dispararon con un cuerno de chivo.

Los comunitarios reaccionaron de la misma forma por lo que inició un enfrentamiento y persecución por varios kilómetros. Debido a que los elementos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) lograron ponchar una llanta de una de las camionetas, esta tuvo que detenerse y los tripulantes fueron sometidos y detenidos.

La otra unidad logró darse a la fuga y más tarde se supo por versión de los comunitarios que en la primera camioneta iba la alcaldesa y resultó lesionada de un brazo, por lo que fue trasladada al hospital Magallanes del puerto de Acapulco; sin embargo, hasta la noche se aclaró que la presidenta no había sido lesionada.

Tras estos hechos hicieron acto de presencia elementos del ejército mexicano, Policía Federal y Estatal para indagar al respecto. En tanto, la policía ciudadana arreció sus acciones ante cualquier posibilidad de contraataque de la alcaldesa.

Durante el resto de la mañana y hasta las 15:00 horas aproximadamente, el ejército mexicano se apodero del Ayuntamiento municipal. Más tarde las fuerzas castrenses y policías federales acudieron a la base de la Policía ciudadana donde se reunieron por separado con líderes de este sistema de seguridad.

A estas dos instancias de gobierno, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), les solicitaron una investigación contra la alcaldesa por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En entrevista, el comandante operativo del SSJC, Ernesto Gallardo afirmó que quien dio pie al enfrentamiento fue la propia alcaldesa, puesto que fue ella la primera que accionó un arma corta contra los comunitarios, desde el interior de la camioneta en la que se transportaba acompañada de cuatro escoltas.

Afirmó que enseguida, uno de sus escoltas disparó con un AK-47, por lo que sus elementos tuvieron que reaccionar.

La alcaldesa por el contrario, afirmó que se trató de un ataque directo en su contra y que ella en ningún momento accionó alguna arma de fuego.

En su investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha respaldado la versión de la edil al afirmar que salió negativa su prueba de rodizonato de sodio, es decir, que ella no disparó un arma.

Sin embargo, las versiones ciudadanas y de la Policía Comunitaria evidencian a la alcaldesa como una persona altanera y prepotente, que ha hecho detonaciones de arma de fuego frente a los ciudadanos, sin importarle las consecuencias.

En su momento, el comandante Gallardo explicó que esta situación de confrontación se generó desde el día 15 del mes en curso, cuando la alcaldesa y sus escoltas “levantaron” a un elemento de la UPOEG bajo el argumento de que “andaba tomando en vía pública”. Este elemento es “Giman”.

Es decir que todo parte de la desaparición del chofer de la alcaldesa apodado “El Payaso”.

En su declaración ministerial, la alcaldesa ha señalado a los policías comunitarios como responsables de la desaparición de su chofer, así como a varios elementos de la policía ciudadana, de haber atentado en su contra. Entre quienes le dispararon a matar, según dijo; está el comandante regional Ernesto Gallardo Grande.

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La alcaldesa Elizabeth Gutiérrez, acusada de narcotráfico y tortura contra comunitarios. Foto: Flor Miranda

Tras este enfrentamiento, la UPOEG que conformó el SSJC en Tierra Colorada, acordó en una asamblea con ciudadanos, solicitar un juicio político en contra de la alcaldesa con el fin de lograr la revocación de mandato.

Por su parte la edil ha pedido la detención de los policías ciudadanos que le dispararon el pasado 18 de mayo.

Recuento…

Cabe mencionar que la policía ciudadana de la UPOEG entró a Tierra Colorada el 26 de marzo del año pasado luego de que en la comunidad de San Juan del Reparo, fue asesinado un comandante de la policía ciudadana.

Estos hechos provocaron que policías comunitarios detuvieran a varios policías municipales, entre ellos el director de seguridad pública de nombre Óscar Ulises, quien fue entregado incluso a la Procuraduría de Justicia a solicitud del gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero días después dejado en libertad por esta misma instancia investigadora.

Pasados los meses, la alcaldesa se vio obligada a dejar la seguridad de la cabecera municipal y la mayoría de las comunidades, en manos de la Policía Comunitaria encabezada por Bruno Plácido Valerio.

Desde entonces se fueron a la baja los índices delictivos en la zona, pero en los últimos días, según los comunitarios, se volvieron a disparar los cobros de piso y la introducción de droga, gracias a la cooperación de la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz, una mujer a la que los comunitarios se refieren como “La Potra”, por su fuerte carácter y finura física. 

Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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