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Mexico Violento

Alcaldesa de Tierra Colorada tortura y amenaza a comunitario

Elizabeth Gutiérrez Paz, alcaldesa de Tierra Colorada, Guerrero, torturó a policía comunitario y es acusada de narcotráfico en su municipio

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Alcadesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, acusada de tortura y amenazas de muerte a policía comunitario. Foto: Flor Miranda

Alcadesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, acusada de tortura y amenazas de muerte a policía comunitario. Foto: Flor Miranda

*** La alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz torturó con pistola en mano a “el Giman”, un policía ciudadano  

*** La Potra; elegancia y rudeza en el gobierno de Tierra Colorada

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- La mujer de rasgos finos, alta, de tez blanca y carácter imponente, alcaldesa por cierto; sacó un arma corta, cortó cartucho y presionó con la boquilla de la pistola el abdomen de aquel hombre de piel morena, bajo de estatura y aspecto de indígena.

– ¡Dónde está el Payaso, hijo de tu puta madre!-, gritó, al momento de mirar a los ojos, con rencor, a su paisano, miembro de la policía ciudadana de Tierra Colorada.

Asustado, aquel hombre respondió: “Yo no sé dónde está el Payaso”. Pero la presidenta municipal insistió en el cuestionamiento cambiando de lugar su arma. Ahora la colocó en el cuello de aquel hombre apodado Giman, y, contó tres segundos advirtiendo que si no le respondía, jalaría el gatillo. 

Policía comunitario, El Giman, torturado por la alcaldesa. Foto: Flor Miranda

Policía comunitario, El Giman, torturado por la alcaldesa. Foto: Flor Miranda

La tortura al Giman…    

Rubén Díaz Bailón, policía del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), a quien todos conocen como “El Giman”, fue detenido el jueves 15 de mayo por policías municipales de Juan R. Escudero (Tierra Colorada). Según afirma, la orden vino de la presidente municipal Elizabeth Gutiérrez Paz, destacada militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante una entrevista, Díaz Bailón relató que como a las 19:30 horas de aquel día, fue detenido por unos ocho policías municipales en las inmediaciones del centro de Tierra Colorada, Guerrero.

“Me llevaron a un cuarto hasta el fondo de una casa de un lugar lejos, ahí no se sabe el tiempo, me botaron hasta al fondo y me echaron agua”, recordó el comunitario.

Luego agregó: “Ahí estuve no sé cuánto tiempo, pero yo sentí que habían pasado unas dos horas, pero ya eran las 12:30 de la madrugada del viernes.  Como a esa hora me dijeron que iba pa´ fuera porque me hablaba la jefa (la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz). Me quise poner mi camisa pero no me dejaron, me sacaron”.

“Me dijo: ¿Qué Giman? Pensé que me iba a soltar pero de repente siento un cachetadón. Sólo me preguntó que dónde estaba El Payaso y le contesté que yo no sabía dónde estaba El Payaso.

-¿No sabes, hijo de tu puta madre?

-No, yo no sé señora.

-Ustedes (los policías comunitarios) saben dónde está El Payaso, hijo de tu puta madre, y se hacen pendejos.

-De verdad que yo no sé nada señora.

Acto seguido, según relató el policía ciudadano, la mujer lo agarró del cuello enterrándole las uñas: “me dio otra cachetada y volvió a preguntar por El Payaso. Le respondí otra vez que yo no sabía nada”.

En ese momento sólo estaban en aquel lugar del que no se dieron referencias exactas, la alcaldesa acompañada de sus guaruras; “porque de los policías municipales no había nadie, yo creo que estaban escondidos o no sé”, dijo Giman frente a la cámara de este reportero.

Enseguida, la presidenta insistió: “¿No sabes dónde está El Payaso, hijo de tu puta madre? Ya sabemos dónde vives y te va a cargar la chingada si no dices nada.  Tu familia también se la va a cargar la chingada”.

Giman repitió que no sabía nada, pero la mujer, furiosa al no tener la respuesta esperada, sacó su pistola y cortó cartucho; colocó la boquilla sobre el abdomen del humilde hombre y presionó con fuerza.

Según dice el comunitario, los nervios recorrieron todo su cuerpo. Había evidente miedo pero sostuvo su postura y se mostró valiente.

“Le repetí que no sabía nada. Me puso la pistola en el abdomen y cortó cartucho. Yo sólo le insistí en que no sabía nada y que hiciera lo que tuviera que hacer. En eso me pasa la pistola al cuello”, recordó.

Agregó: “me dijo que era la última oportunidad para que yo hablara y que si no le decía donde estaba El Payaso me iba a cargar la chingada. Una vez más le dije que hiciera lo que quisiera, pero que yo no sabía nada”.

“Después, sin quitar la pistola me dijo que contaría hasta tres para que le dijera lo que sabía y que si no, terminando de contar me iba a cargar la chingada”, comentó el hombre.

Y entonces la fémina contó: “uno; le dije que no sabía nada. Siguió con el dos en voz alta y le repetí que no sabía nada. A la de tres, como vio que no hablé, me dio un cachazo y me votó al piso varios metros”.

“Me levantaron sus guaruras y le preguntaron qué hacían conmigo, pero ella se dio cuenta que había gente del IFE durmiendo por ahí enfrente y dijo que me llevaran al baño. El lugar es cerrado y se oían mucho los gritos de la señora (Elizabeth Gutiérrez), por eso creo que los del IFE ya se habían dado cuenta de todo”, dijo.

Afirmó que ya cuando estaba en el baño, un guarura lo quería “embolsar” (de la cabeza para torturarlo), pero la presidenta le dijo que ya lo dejaran porque ahí había gente del IFE.

“Entonces el que me tenía agarrado me golpeó y luego me arrojó al piso. Ahí me dio de patadas. No sé quién es el chavo pero dicen que es su marido, nosotros sólo lo conocemos por el hijo de don Cleto”, expuso en su relato Giman.

Luego agregó: “Ahí me empezó a hablar ya bien la señora y me dijo: yo sé que eres cabrón Giman, dime cuánto quieres. Un millón, dos millones, tres, cuatro, cinco o seis millones, o dime qué quieres, pídeme lo que quieras y yo te lo doy”.

El policía comunitario sólo respondió que quería justicia, por lo que la edil le dijo que si quería justicia entonces le dijera dónde estaba El Payaso, porque ella “iba a hacer justicia”.

“Me dijo que la ayudara, que me iba a dar mi libertad a cambio de que todo lo que escuchara y viera en la base de la Policía Ciudadana, se lo informara. Le dije que sí y entonces me dejó ir cuando ya eran como las seis de la mañana”.

“Yo dije que sí en ese momento, pero cuando me liberaron pensé y la verdad decidí ser fiel a mis compañeros, porque esa señor ahorita dice una cosa y al rato te mata. Cuando me golpeaba estaba intoxicada, luego se le veía en los ojos”, concluyó Díaz Bailón.

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Padre de Mario Rico Ramírez, alias El Payaso, chifer amenazado por la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez. Foto: Flor Miranda

El Payaso…

A quien buscaba la alcaldesa de Tierra Colorada es a uno de sus empleados (chofer) de nombre Mario Rico Ramírez, mejor conocido como “El Payaso”.

Este personaje desapareció a principios de este mes de mayo de la misma cabecera municipal, luego de que compañeros de trabajo (otros colaboradores de Gutiérrez Paz), le llamaron por teléfono para invitarlo a salir.

Atanacio Rico Loaiza, hombre de avanzada edad, es padre de la víctima. Él mismo acusó a la alcaldesa de estar detrás de la desaparición de su hijo.

En conferencia de prensa, el señor recordó que desde que Elizabeth Gutiérrez tomó el cargo como presidente municipal, “El Payaso” comenzó a trabajar con ella por “necesidad”, a pesar de que no tenía un horario fijo, pues muchas veces regresaba a las 4:00 de la mañana a su casa e iniciaba con sus actividades laborales a muy temprana hora.

El Payaso, de 36 años de edad, era chofer de Gutiérrez Paz y hace 15 días fue privado de su libertad. Su desaparición se le atribuye a la alcaldesa panista, quien es señalada además de tener vínculos con grupos delictivos que operan en aquel municipio ubicado al margen de la Costa Chica y Zona Centro del Estado; a 40 minutos de distancia de la capital (en vehículo).

Atanacio Rico dijo que su hijo “sabía demasiado” sobre los trabajos ilícitos de Elizabeth Gutiérrez, incluso relató que en una ocasión escuchó en una plática a unos vecinos decir que la alcaldesa acudió a la localidad de “Garrapatas” y le confesó a su madre: “ni modo mamá, voy a tener que perder al Payaso, porque él sabe muchas cosas malas mías”.

Insistió en que la alcaldesa fue la responsable de la privación ilegal de El Payaso; “porque cuando le hablaron era como a las 10:00 de la noche, le hablaron y era un compañero de él de apellido Muñoz”.

Desde ese día, dijo, ya no regresó a su casa, dejando en el desamparo a su esposa y a cuatro de sus pequeños hijos.

Mencionó que por la desaparición de Mario Rico, la familia no ha interpuesto ninguna denuncia: “no tengo ni a donde, si voy al Ayuntamiento va a estar ahí ella (la alcaldesa). Si voy con los comunitarios pues me falta dinero, uno necesita dinero para que le hagan caso a uno”, por lo que, hasta el momento ninguna autoridad competente ha investigado sobre el caso.

También denunció públicamente que la alcaldesa colabora para pasar la droga al municipio de Juan R. Escudero, incluso, afirmó: “envía a policías municipales a resguardar la carga cuando arriba al poblado y en ocasiones ella también acompaña la caravana”.

Atanacio Rico Loaiza, de 78 años, responsabilizó directamente a Elizabeth Gutiérrez Paz de lo que le pueda suceder a él o a su familia, pues dijo que en más de una ocasión ya fue advertido que no duerma en su casa porque lo van a ir a sacar y lo van a matar.

Policías ciudadanos de Tierra Colorada. Foto: Flor Miranda

Policías ciudadanos de Tierra Colorada. Foto: Flor Miranda

Enfrentamiento…

El pasado domingo 18 de mayo, policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) se enfrentaron contra policías municipales, escoltas personales y la propia alcaldesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, resultando lesionado un guarura de la alcaldesa.

El enfrentamiento se registró cerca de las 10:00 de la mañana de aquel domingo cuando dos camionetas propiedad de Gutiérrez Paz cruzaron frente a un retén de la comunitaria sobre la carretera federal México-Acapulco.

De acuerdo a la versión del SSJC, marcaron el alto a los dos vehículos pero lejos de detenerse, el chofer aceleró.

Enseguida, desde la camioneta que iba adelante accionaron un arma corta contra los policías ciudadanos y, enseguida dispararon con un cuerno de chivo.

Los comunitarios reaccionaron de la misma forma por lo que inició un enfrentamiento y persecución por varios kilómetros. Debido a que los elementos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) lograron ponchar una llanta de una de las camionetas, esta tuvo que detenerse y los tripulantes fueron sometidos y detenidos.

La otra unidad logró darse a la fuga y más tarde se supo por versión de los comunitarios que en la primera camioneta iba la alcaldesa y resultó lesionada de un brazo, por lo que fue trasladada al hospital Magallanes del puerto de Acapulco; sin embargo, hasta la noche se aclaró que la presidenta no había sido lesionada.

Tras estos hechos hicieron acto de presencia elementos del ejército mexicano, Policía Federal y Estatal para indagar al respecto. En tanto, la policía ciudadana arreció sus acciones ante cualquier posibilidad de contraataque de la alcaldesa.

Durante el resto de la mañana y hasta las 15:00 horas aproximadamente, el ejército mexicano se apodero del Ayuntamiento municipal. Más tarde las fuerzas castrenses y policías federales acudieron a la base de la Policía ciudadana donde se reunieron por separado con líderes de este sistema de seguridad.

A estas dos instancias de gobierno, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), les solicitaron una investigación contra la alcaldesa por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En entrevista, el comandante operativo del SSJC, Ernesto Gallardo afirmó que quien dio pie al enfrentamiento fue la propia alcaldesa, puesto que fue ella la primera que accionó un arma corta contra los comunitarios, desde el interior de la camioneta en la que se transportaba acompañada de cuatro escoltas.

Afirmó que enseguida, uno de sus escoltas disparó con un AK-47, por lo que sus elementos tuvieron que reaccionar.

La alcaldesa por el contrario, afirmó que se trató de un ataque directo en su contra y que ella en ningún momento accionó alguna arma de fuego.

En su investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha respaldado la versión de la edil al afirmar que salió negativa su prueba de rodizonato de sodio, es decir, que ella no disparó un arma.

Sin embargo, las versiones ciudadanas y de la Policía Comunitaria evidencian a la alcaldesa como una persona altanera y prepotente, que ha hecho detonaciones de arma de fuego frente a los ciudadanos, sin importarle las consecuencias.

En su momento, el comandante Gallardo explicó que esta situación de confrontación se generó desde el día 15 del mes en curso, cuando la alcaldesa y sus escoltas “levantaron” a un elemento de la UPOEG bajo el argumento de que “andaba tomando en vía pública”. Este elemento es “Giman”.

Es decir que todo parte de la desaparición del chofer de la alcaldesa apodado “El Payaso”.

En su declaración ministerial, la alcaldesa ha señalado a los policías comunitarios como responsables de la desaparición de su chofer, así como a varios elementos de la policía ciudadana, de haber atentado en su contra. Entre quienes le dispararon a matar, según dijo; está el comandante regional Ernesto Gallardo Grande.

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La alcaldesa Elizabeth Gutiérrez, acusada de narcotráfico y tortura contra comunitarios. Foto: Flor Miranda

Tras este enfrentamiento, la UPOEG que conformó el SSJC en Tierra Colorada, acordó en una asamblea con ciudadanos, solicitar un juicio político en contra de la alcaldesa con el fin de lograr la revocación de mandato.

Por su parte la edil ha pedido la detención de los policías ciudadanos que le dispararon el pasado 18 de mayo.

Recuento…

Cabe mencionar que la policía ciudadana de la UPOEG entró a Tierra Colorada el 26 de marzo del año pasado luego de que en la comunidad de San Juan del Reparo, fue asesinado un comandante de la policía ciudadana.

Estos hechos provocaron que policías comunitarios detuvieran a varios policías municipales, entre ellos el director de seguridad pública de nombre Óscar Ulises, quien fue entregado incluso a la Procuraduría de Justicia a solicitud del gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero días después dejado en libertad por esta misma instancia investigadora.

Pasados los meses, la alcaldesa se vio obligada a dejar la seguridad de la cabecera municipal y la mayoría de las comunidades, en manos de la Policía Comunitaria encabezada por Bruno Plácido Valerio.

Desde entonces se fueron a la baja los índices delictivos en la zona, pero en los últimos días, según los comunitarios, se volvieron a disparar los cobros de piso y la introducción de droga, gracias a la cooperación de la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz, una mujer a la que los comunitarios se refieren como “La Potra”, por su fuerte carácter y finura física. 

Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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