Acción de alcaldesa de Barcelona inspira a la comunidad internacional de derechos humanos
BARCELONA (España), 14 feb (EFE).- Cuatro galardonados con el Premio Nobel y medio centenar de científicos, actores y directores de cine internacionales, activistas e intelectuales, respaldan a la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, en la decisión de suspender temporalmente las relaciones entre esta ciudad española y el país de Israel.
Entre los firmantes del manifiesto de apoyo figuran Annie Ernaux (Francia, Premio Nobel de Literatura), George P. Smith (EEUU, Premio Nobel de Química), Jody Williams (EEUU, Premio Nobel de la Paz) y Mairead Maguire (Reino Unido, Premio Nobel de la Paz).
Entre los actores, los estadounidense Mark Ruffalo, Viggo Mortensen, Alia Shawkat y Susan Sarandon y la británica Miriam Margolyes; y activistas de los derechos civiles y sociales como la estadounidense Angela Davis, la escritora india Arundhati Roy y la canadiense Naomi Klein.
La semana pasada, Colau anunció la suspensión de relaciones y la cancelación temporal del acuerdo de hermanamiento con Tel Aviv «hasta que las autoridades israelíes acaben con la violación sistemática de los derechos de la población palestina y cumplan plenamente el Derecho internacional». El Gobierno de ese país lo consideró «lamentable».
Firman también el manifiesto de apoyo los cineastas Fernando Meirelles (Brasil), Cherien Dabis (EEUU) y Ken Loach (Reino Unido); y entre los músicos, los británicos Brian Eno, Peter Gabriel y Marianne Faithfull, y el nigeriano Seun Kuti.
Todos critican a los gobiernos por «no reaccionar ante las infracciones del Derecho internacional y las violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel durante décadas», a la vez que «arman, financian y protegen la impunidad del régimen israelí».
La alcaldesa de Barcelona, argumentan, «nos recuerda los valientes ayuntamientos que fueron pioneros al cortar vínculos con el ‘apartheid’ en Sudáfrica en el pasado».
Suscribe también el diputado sudafricano Nkosi Zwelivelile ‘Mandla’Mandela, nieto del presidente fallecido Nelson Mandela.
Además, en un mensaje personal, Ronnie Kasrils, veterano de la lucha contra el ‘apartheid’ y ministro con Mandela, añade que está «entusiasmado por la decisión» de Barcelona, que «resuena más allá de Barcelona».
«Inspira a la comunidad internacional y a los que vivimos en una Sudáfrica libre y democrática», asegura.
El abogado y autor palestino Mana Shehadeh, los legisladores Hanan Ashrawi y Mustafa Barghouti y el fundador de Physicians for Human Rights-Israel, Ruchama Marton, la filósofa Judith Butler y Nora Cortiñas, cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, son otros de los que suscriben.
«El actual gobierno israelí es el más ultraderechista, racista, machista y homófobo de la historia del país», aseguran.
Arabia Saudí fue el mayor receptor de material de defensa español durante el primer semestre de 2022, con compras que superaron los 302 millones de euros, por delante de los socios de la Unión Europea y de la OTAN.
Así consta en el informe de exportaciones de material de defensa y doble uso elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y remitido al Congreso de los Diputados.
En total, durante los primeros seis meses del año, las ventas al exterior de la industria militar española fueron de 1.293,1 millones de euros, un 20,1 por ciento menos respecto al primer semestre de 2021. De esta cifra, las exportaciones a los países de la Unión Europea supusieron el 27,6% del total, un porcentaje que se eleva al 51,1% si se incluye a todos los países que forman parte de la Alianza Atlántica y al 52% si se suma UE y OTAN.
La mayor parte de este comercio tuvo lugar con aquellos países de la Unión Europea -Francia, Alemania e Italia– con los que España mantiene proyectos industriales militares en común.
Sin embargo, el mayor comprador de material de defensa fue Arabia Saudí con 302,2 millones de euros. La mayor parte, más de 260 millones, corresponden a una de las cinco corbetas fabricadas por Navantia y que se construyen en los astilleros de San Fernando, en Cádiz. Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí también hicieron compras millonarias a España de proyectiles de artillería de 155 milímetros, cargas y espoletas, por más de 26 millones de euros.
Las ventas de armamento a Arabia Saudí son motivo constante de polémica en España por su implicación en la guerra de Yemen, motivando quejas tanto de organizaciones pacifistas como de diversos grupos parlamentarios, incluido Unidas Podemos.
La exdelegada del Gobierno en Ceuta destituida el 31 de octubre, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Mabel Deu (PP), serán juzgadas por la vía penal por un presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión de 55 niños migrantes marroquíes solos, a los que se devolvió a su país en agosto de 2021. La jueza instructora de la causa, abierta a instancias de la Fiscalía, ha concluido que ambas obviaron de manera “flagrante” y “grosera” la aplicación de la Ley de Extranjería y violaron la Constitución Española, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
La magistrada ha dado diez días al Ministerio Público y las acusaciones populares para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación. Las defensas podrán, por su parte, presentar recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles.
Durante los últimos cinco meses la instructora de la causa ha oído a las dos procesadas argüir en calidad de investigadas que en connivencia con distintos ministerios creyeron aplicar correctamente en un contexto de “emergencia” y mirando por el interés de los menores un Acuerdo bilateral de 2007 que exige “observancia estricta” de la legislación española.
También ha tomado declaración como testigos, entre otros, a la jefa de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, que advirtió verbalmente y por escrito de que se estaba vulnerando la normativa nacional e internacional; a los asesores jurídicos de Mateos que no fueron consultados y a dos de los niños expulsados que han reiterado que ni quería irse ni fueron informados de sus derechos por “nadie”.
Tras rechazar la práctica de más testificales como las del ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad, la jueza ha concluido que la exdelegada “prescindió absolutamente” como autora material “del procedimiento establecido aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir” a al menos parte de los menores que habían accedido irregularmente a la localidad española en mayo del año pasado y continuaban en ella.
Como “cooperadora necesaria”, Deu, que renunció a las competencias de Menores en julio tras ser imputada, “se hallaba de acuerdo” en “proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas, de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”, cuya vulnerabilidad ve probada por su condición de migrantes solos.
La magistrada considera indiciariamente constatado que las dos políticas ya encausadas “desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas, prescindieron en absoluto del procedimiento administrativo, en especial de la audiencia del menor, su derecho a la asistencia letrada y de intérprete, se prescindió del trámite previo de audiencia del Ministerio Fiscal y del deber de dictar resolución motivada en que se pondere el interés del menor, conculcando igualmente el derecho al recurso contra la decisión de repatriación, porque lo que ocurrió es que directamente se pasó a la fase de ejecución, que era la finalidad perseguida”.
Además, explica que “como tampoco se constituyó el Comité de Seguimiento al que se refiere el artículo 6 del Acuerdo hispano marroquí de 2007, se carece de información oficial de la situación y medidas adoptadas con cada uno de los menores afectados, ignorándose si efectivamente han retornado con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso, habiéndose producido en algunos casos el nuevo acceso subrepticio a nuestro país de menores”.
La exdelegada del gobierno en Ceuta, #España, y la vicepresidenta del Ejecutivo se irán a juicio.
Serán juzgadas por el presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión de 55 niños migrantes marroquíes en agosto de 2021. https://t.co/YyRXjfwC4Dpic.twitter.com/W7YSCDbUyI
Al menos seis de los 55 niños deportados han logrado regresar a España y a dos se les ha ofrecido ejercer la acusación particular tras declarar como testigos que ni querían ser retornados ni nadie les informó de sus derechos.
“Con su arbitrario proceder, las investigadas hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad”, ya que “ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales”, asevera la magistrada.
El Senado ha rechazado los vetos de las derechas y más de 500 enmiendas presentadas, por lo que la norma ya no tendrá que volver al Congreso y entra en vigor
España tiene ya una nueva Ley de Memoria Democrática. El Senado acaba de aprobar definitivamente por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la norma impulsada por el Gobierno y enfila así su entrada en vigor. Ninguna de las más de 500 enmiendas presentadas por los grupos han sido respaldadas ni tampoco los vetos de PP, Vox y Ciudadanos han salido adelante tras el largo pleno celebrado este miércoles, por lo que el texto se mantiene, y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tal cual salió del Congreso a principios de verano.
A punto estuvo entonces la ley de darse por perdida por falta de apoyos, pero un acuerdo con varios de los socios habituales del Gobierno salvó uno de los proyectos más simbólicos de la legislatura. La norma pretende ser una nueva hoja de ruta en materia de memoria histórica y, entre otras cosas, resignifica el Valle de los Caídos, retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco, asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado o declara ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.
Más de cinco horas han estado los senadores debatiendo este miércoles sobre esta legislación que viene a sustituir y ampliar la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero.
“Hoy saldamos una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron cárcel, exilio y persecución durante décadas, muchos asesinados en las tapias de un cementerio o en una cuneta, donde aún permanecen sus restos. También saldamos una deuda con sus familiares y sus descendientes y, por fin, con toda la sociedad española”, ha afirmado la socialista Eva Granados, encargada de cerrar la sesión.
El Gobierno ha sufrido para sacar adelante la ley, sobre la que una parte de la izquierda cree que es “mejorable” y ha reclamado más ambición.
Es el caso de ERC, que como ya hiciera en el trámite en el Congreso, se ha abstenido. Esta visión crítica es un parecer que comparten también algunas asociaciones memorialistas, que creen que la norma es “insuficiente” y que seguirá dejando impunes en nuestro país los crímenes franquistas, que, de momento, únicamente están siendo investigados en Argentina.
El proyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero el texto se da un plazo de hasta un año para que algunos de sus preceptos sean llevados a la práctica: es el caso de la reforma de la ley de asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo o el mandato al Gobierno para que realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. También habrá un año de plazo para realizar el estudio que evalúe qué reparaciones económicas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora, ya que la ley no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización.
La oposición de las derechas
Las críticas más duras han venido de la bancada de las derechas, que tildan la ley de “sectaria”. “¿Por qué se empeñan en rechazar una ley que es un acto de justicia elemental?”, les ha preguntado Granados al PP, Ciudadanos y Vox. “Memoria es lo contrario al olvido y en democracia el olvido no es una opción, memoria es el reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura”, ha zanjado la senadora.
Que la ley es “un arma arrojadiza” y una “traición a los españoles” que “pretende convertirnos en una democracia militante de izquierdas” son algunas de las opiniones manifestadas por la popular Amelia Salanueva, a la que posteriormente ha complementado su compañera Salomé Pradas para acusar al Gobierno de “reescribir la historia” y “reabrir heridas del pasado”. “Hasta que no se abran las fosas, no se cerrarán las heridas”, le ha respondido en su turno Granados.
Una argumentación similar ha desplegado Vox, que incluso habla de “vulneración de derechos fundamentales” y ha prometido “no parar hasta conseguir su total derogación”, en palabras de José Manuel Marín. Las tres derechas ponen en el foco un precepto de la ley incluido para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos más allá de la muerte del dictador, hasta 1983.
Algo con lo que el senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha acusado al Ejecutivo de “cuestionar pilares básicos de nuestro sistema democrático” como la Transición a pesar de que la medida no extiende el ámbito de aplicación de la ley, que llega hasta la promulgación de la Constitución.
Para justificar su ‘no’ a la norma, estos tres partidos también han traído a colación a la banda terrorista ETA, como ya hicieran en el Congreso. La ley “crea una desigualdad inaceptable” entre “víctimas de primera y de segunda”, ha asegurado Sánchez englobando a las personas asesinadas por los etarras en el segundo grupo y a las del franquismo en el primero. Víctimas estas últimas que aún aguardan en muchos casos incluso a recuperar a sus familiares desaparecidos y que tuvieron que esperar más de 30 años para ser mínimamente reconocidas y nombradas por la ley.
Todas las demás formaciones han plantado cara al negacionismo de la memoria histórica de PP, Vox y Ciudadanos. Y de hecho, una de las primeras en responder ha sido el PNV, que en palabras de Estefanía Beltrán ha lamentado que “no quieran ninguna ley que reconozca la verdad de lo ocurrido” y que “prefieran un manto de silencio sobre esta etapa de totalitarismo fascista”. “Hoy decimos alto y claro a la derecha y extrema derecha que la memoria democrática es ley porque así lo quiere la ciudadanía”, ha añadido la socialista Granados. “La memoria nos ayuda cada día a saber quiénes fuimos, quiénes somos y qué país queremos ser”, ha resumido la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en un vídeo que ha lanzado en redes sociales para celebrar la aprobación.
— Ministerio de la Presidencia (@M_Presidencia) October 5, 2022
Cuestiones pendientes
La sensación generalizada es que la norma supone un avance con respecto a la ley actual, pero aún así, algunos grupos no disimulan el sabor agridulce con el que se quedan. Entre ellos, ERC, Geroa Bai o Compromís, que reclaman más ambición. Los republicanos, que han sido claros –“Esta no es la ley de ERC”, ha dicho el senador Josep María Reniu–, se han abstenido en la votación, pero han advertido al Gobierno de que estarán “atentos y vigilantes al cumplimiento” de las disposiciones del proyecto.
#LoMásLeído | Debido a efectos secundarios, el gobierno de #España decidió suspender la vacunación con la dosis de AstraZeneca a personas menores de 60 años; anteriormente la Agencia EMA indicó que el biológico tiene relación con casos de trombosis. https://t.co/w5izC7JgD5pic.twitter.com/1YArW6JVHb
Si en algo coinciden varios de los partidos críticos es en que creen que la ley debería ser más contundente con la persecución y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, algo que incluso ha manifestado Amnistía Internacional. Consideran que falta en el texto la supresión explícita de los obstáculos que hoy impiden que se juzguen estas vulneraciones de derechos humanos en España y opinan que no valdrá con la creación de una Fiscalía especializada ni con la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos que declara imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
ERC ha lamentado, además, que la mesa haya inadmitido a trámite una de las enmiendas presentadas por el grupo y que reclamaba la “supresión” del título de Rey de España, una propuesta que no se ha debatido porque “requeriría una reforma del artículo 56.2 de la Constitución”, según les comunicó el Senado. “Es incomprensible la disparidad de criterios en el Congreso y Senado, toda vez que allí se tramitó y se votó”, ha denunciado Reniu.
