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Mexico Violento

Alcalde de Iguala Guerrero viola Ley de Transparencia

El alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, no da cuentas de la información pública sobre recursos económicos que por ley está obligado

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Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se maneja con secrecía en los recursos públicos. Foto: periodicodigital.com.mx

Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se maneja con secrecía en los recursos públicos. Foto: periodicodigital.com.mx

En secrecía, el manejo de los recursos públicos en la alcaldía de Iguala

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Gro.- El Ayuntamiento de Iguala en el estado mexicano de Guerrero niega a la ciudadanía la transparencia o información obligada, como los salarios, tabulador de viáticos, últimos ejercicios fiscales, informes de auditorías, cuentas públicas y contratos, entre otras cosas definidas por la Ley de Transparencia del Estado como “de oficio”.

De acuerdo a las consultas hechas al portal de internet www.iguala.gob.mx, la actual administración no ofrece al público la información que tiene que ver con el manejo de recursos económicos, esto, pese a las fuertes críticas que hay en contra del alcalde José Luis Abarca Velázquez por supuestos desvíos de recursos y desfalcos económicos.

La Ley 374, de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Guerrero, establece que los Ayuntamientos son un sujeto obligado para la rendición de cuentas a la ciudadanía. El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación del Estado garantizar el derecho a la información que tiene toda persona; pero esto no se hace.

De acuerdo al artículo 13 de la Ley 274; “Los sujetos obligados, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, deberán tener disponible en su portal electrónico de manera permanente y actualizada, por lo menos la información siguiente:…”.

“I. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular la estructura, las facultades y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables; II. El directorio de sus servidores públicos, desde nivel de jefe de departamento y sus equivalentes, con nombre, fotografía, domicilio y números telefónicos oficiales y en su caso, dirección electrónica oficial”.

“III. El marco normativo aplicable a cada Sujeto Obligado; IV. El índice de los expedientes clasificados como reservados; V. La relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño. Respecto de estos últimos deberán incluir su marco lógico o de referencia”.

En cuanto al manejo de los recursos económicos, establece su publicación en las fracciones sexta, séptima, novena, treceava, catorceava, quinceava y dieciseisava.

La fracción VI obliga a presentar públicamente sin necesidad de una solicitud: “La remuneración mensual por puesto de los Servidores Públicos, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes”; lo cual no es respetado en el portal de la actual administración de Iguala.

En tanto, la fracción VII habla sobre la publicación “de oficio” del tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación.

Cabe mencionar que la que sí se respeta en el portal por las autoridades igualtecas es la fracción Octava, donde se establece la publicación de “los planes estatal y municipales de desarrollo, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero para cada una de las metas”.

Al visitar la sección de transparencia del portal, establecido con la dirección www.transparenciaiguala.gob.mx; se puede encontrar el Plan de Desarrollo anunciado por el alcalde José Luis Abarca Velázquez hace un año, al inicio de su administración.

El edil se comprometió entonces (establecido en la página 17 del documento que guarda su Plan de Desarrollo Municipal), a mejorar la transparencia y rendición de cuentas, sin que este objetivo haya sido cumplido hasta el momento.

“En materia de transparencia y rendición de cuentas, el gobierno municipal se encuentra comprometido con la sociedad igualteca. La prioridad de esta administración es ante todo de honestidad y transparencia, para brindar un servicio público de calidad e informar del manejo de los dineros”; establece el documento consultado.

En el mismo, se agrega:

“estas son condiciones indispensables para lograr la confianza de la ciudadanía. Para erradicar la desconfianza en el ejercicio de la función pública y la falta de credibilidad de la sociedad en el manejo de los recursos, estableceremos mecanismos reales de control, e informaremos periódicamente del ejercicio del gasto para transparentar nuestras acciones y los ciudadanos sepan en qué y cómo se invierten sus contribuciones y de qué manera operan las obras y servicios públicos”.

La Ley de Transparencia del Estado obliga a los Ayuntamientos en su mismo artículo 13, fracción novena, exponer públicamente los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programa, así como los informes cuatrimestrales sobre su ejecución”. Sin embargo, éste es otro de los apartados de la página oficial del Ayuntamiento, que no contiene información.

La información debe incluir de acuerdo a la Ley los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, multas, recargos, sanciones, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino.

También los montos destinados a gastos relativos a comunicación social (asunto muy cuestionado en Iguala); El presupuesto de gastos fiscales y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales; las bases de cálculo de los ingresos; los informes de cuenta pública; la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; así como los estados financieros y balances generales.

La fracción XI del artículo 13 de dicha Ley, obliga además publicar en el portal web el nombre, domicilio, teléfono y dirección electrónica oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. En la página consultada aparecen los nombres de Rubí Hernández Reyes​ como encargada de la Unidad de Transparencia y Jurídico; así como Gustavo Ochoa Martínez como encargado de la Unidad de Transparencia y Página Web; éste último sería el responsable directo de la no publicación de información de oficio en el portal web consultado, aunque tendría que ser bajo la anuencia del alcalde José Luis Abarca Velázquez.

Entre otras cosas que establece la Ley en el mismo artículo y las siguientes fracciones, el portal debería hacer público un informe cuatrimestral de las auditorías y otras acciones de revisión. Las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales, según el caso, una vez que sean aprobados por el Congreso del Estado.

Así como los contratos o convenios celebrados mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación; y las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones que hubiera expedido, debiendo publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, el tipo de licencia, permiso, concesión o autorización, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos.

Cabe destacar que el propio portal web establece la información que se debe publicar obligatoriamente y de oficio, pues así lo marca la Ley en mención. Incluso, tiene subpáginas donde se anuncia la información, pero no se publica todo lo que tiene que ver con el manejo de recursos financieros.

Esta consulta hecha da cuenta de la violación a la Ley de Transparencia del Estado en que incurre el actual gobierno de Iguala, al negar la información pública y de oficio obligada, pese a tratarse de uno de los compromisos del alcalde José Luis Abarca Velázquez que está establecido en su Plan de Desarrollo Municipal.

 

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Gobernador y fiscal de Quintana Roo, responsables de violencia y corrupción: empresario Mimenza Novelo

Ramses Ancira

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Por Ramsés Ancira

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una serie de denuncias de corrupción, expropiaciones de terrenos y violencia en Quintana Roo, el empresario y activista Carlos Mimenza Novelo, expuso la situación de crisis en seguridad que vive el estado, a manos del gobernador Carlos Joaquín González y de su fiscal Óscar Montes de Oca.

Una de las denuncias fue que integrantes del grupo delictivo Los rojos, que de acuerdo con la versión oficial participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, han sido uniformados como policías en Quintana Roo, mientras que las víctimas de delitos en la entidad, incluyendo turistas, tienen que pagar para poder presentar denuncias que no son investigadas por la fiscalía, así lo denunció el empresario en rueda de prensa, en la Ciudad de México.

Mimenza Novelo dijo haber presentado denuncias por el genocidio perpetrado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, y en su entidad, Quintana Roo, responsabilizó directamente al gobernador Carlos Joaquín González de la violencia, la inseguridad y la corrupción del estado.

Señaló el empresario que “es mejor negociar con narcos, que son empresarios ilegales, que con los secuestradores, asesinos y cobradores de piso que se escudan dentro del gobierno de Quintana Roo”. Advirtió que daba 48 horas al gobierno mexicano para destituir al fiscal de este estado, antes de iniciar operaciones de grupos de autodefensa en los municipios de Quintana Roo, debido a la corrupción de este funcionario.

Recordó Mimenza que durante el gobierno de Roberto Borge, por medio de la fiscalía del estado y de Roberto Palazuelos, estafó y expropió decenas de propiedades de Tulum. El exgobernador hizo denuncias falsas a Conciliación y Arbitraje, y coludido con el fiscal, despojaron a muchos propietarios e inversionistas por millones de dólares. Enfatizó que todavía hasta el día de hoy, Roberto Palazuelos sigue manejando esas propiedades con la protección del fiscal del estado Óscar Montes de Oca.

Mimenza fundó un albergue para niñas violadas y víctimas de tráfico de blancas. Proporciona una comida al día a 100 personas en condición de extrema precariedad económica y tiene una reserva ecológica para cuidar de primates que la gente compra y abandona adultos.

Dijo que ya se acercó el PRI a “comprarlo” con una candidatura a la presidencia municipal de Cancún, pero que les respondió: “primero perro que priista”. Señaló que también MORENA se interesó en incorporarlos en su filas, a lo que les respondió que no eran los tiempos, “pero en el hipotético caso de que aceptara no permitiría que me impusieran a una sola persona de más de 500 aviadores, cuyos cerebros juntos no tienen el tamaño de una nuez”.

Ante la prensa, Mimenza Novelo dio a conocer la notificación de una demanda penal en su contra que le hicieron llegar por WhatsApp, y tiene una semana trabajando con autodefensas en Cancún con resultado de un detenido que se hacía pasar por Guardia Nacional y cobraba derecho de piso. El próximo grupo de autodefensas que se organizará será en Playa del Carmen, anunció.

Dijo para Los Ángeles Press que no se necesitaba ser Carlos Slim para organizarse como ciudadanía, y que varios empresarios de los que no puede dar el nombre están ayudando a organizar las autodefensas.

Mimenza dijo haber apoyado a los zapatistas en su momento, y a Mireles, enfatizó que había votado por por López Obrador, y que le mandó diariamente un reporte de ilícitos en Quintana Roo, a través de vocero Jesús Ramírez Cuevas, “por lo que no puede decir que no sabe lo que ocurre”.

Organizará en abril de 2021, (dice que porque es su cumpleaños y espera que antes de que lo maten el mundial de futbol 7 para atraer recursos para Quintana Roo. Con calumnias le hicieron suspender su visa a Estados Unidos pero viaja a Nueva Zelanda y ha tratado de escalar el Everest.

Que como activista llegará hasta sus últimas consecuencias. Aunque el gobernador tiene a la prensa comprada y que incluso Carmen Aristegui le cerró el espacio después de hablar sobre el tráfico sexual de niñas.

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Justicia pendiente

Interpol busca a exsecretarios de la Policía Federal por lavado de dinero

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la extinta Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El organismo internacional busca a los exfuncionarios federales que laboraron en la gestión de Enrique Peña Nieto, y por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión.

De acuerdo con la indagatoria que realiza la FGR, se desviaron cerca de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha interpuesto también la denuncia penal correspondiente.

Frida Martínez Zamora fue colaboradora del ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que Jesús Orta Martínez fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actual gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Asimismo, la FGR emitió otras 17 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de la Policía Federal que se desempeñaron en la administración de Enrique Peña Nieto, luego de que la Policía Federal dependió directamente de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

La FGR investiga diferentes irregularidades cometidas en la Policía Federal desde la administración de Felipe Calderón, luego de haber sido detenido Genaro García Luna, cuando fue titular de la SSP, enjuiciado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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