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Alcalde de Iguala Guerrero viola Ley de Transparencia

El alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, no da cuentas de la información pública sobre recursos económicos que por ley está obligado

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Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se maneja con secrecía en los recursos públicos. Foto: periodicodigital.com.mx

Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se maneja con secrecía en los recursos públicos. Foto: periodicodigital.com.mx

En secrecía, el manejo de los recursos públicos en la alcaldía de Iguala

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Gro.- El Ayuntamiento de Iguala en el estado mexicano de Guerrero niega a la ciudadanía la transparencia o información obligada, como los salarios, tabulador de viáticos, últimos ejercicios fiscales, informes de auditorías, cuentas públicas y contratos, entre otras cosas definidas por la Ley de Transparencia del Estado como “de oficio”.

De acuerdo a las consultas hechas al portal de internet www.iguala.gob.mx, la actual administración no ofrece al público la información que tiene que ver con el manejo de recursos económicos, esto, pese a las fuertes críticas que hay en contra del alcalde José Luis Abarca Velázquez por supuestos desvíos de recursos y desfalcos económicos.

La Ley 374, de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Guerrero, establece que los Ayuntamientos son un sujeto obligado para la rendición de cuentas a la ciudadanía. El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación del Estado garantizar el derecho a la información que tiene toda persona; pero esto no se hace.

De acuerdo al artículo 13 de la Ley 274; “Los sujetos obligados, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, deberán tener disponible en su portal electrónico de manera permanente y actualizada, por lo menos la información siguiente:…”.

“I. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular la estructura, las facultades y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables; II. El directorio de sus servidores públicos, desde nivel de jefe de departamento y sus equivalentes, con nombre, fotografía, domicilio y números telefónicos oficiales y en su caso, dirección electrónica oficial”.

“III. El marco normativo aplicable a cada Sujeto Obligado; IV. El índice de los expedientes clasificados como reservados; V. La relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño. Respecto de estos últimos deberán incluir su marco lógico o de referencia”.

En cuanto al manejo de los recursos económicos, establece su publicación en las fracciones sexta, séptima, novena, treceava, catorceava, quinceava y dieciseisava.

La fracción VI obliga a presentar públicamente sin necesidad de una solicitud: “La remuneración mensual por puesto de los Servidores Públicos, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes”; lo cual no es respetado en el portal de la actual administración de Iguala.

En tanto, la fracción VII habla sobre la publicación “de oficio” del tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación.

Cabe mencionar que la que sí se respeta en el portal por las autoridades igualtecas es la fracción Octava, donde se establece la publicación de “los planes estatal y municipales de desarrollo, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero para cada una de las metas”.

Al visitar la sección de transparencia del portal, establecido con la dirección www.transparenciaiguala.gob.mx; se puede encontrar el Plan de Desarrollo anunciado por el alcalde José Luis Abarca Velázquez hace un año, al inicio de su administración.

El edil se comprometió entonces (establecido en la página 17 del documento que guarda su Plan de Desarrollo Municipal), a mejorar la transparencia y rendición de cuentas, sin que este objetivo haya sido cumplido hasta el momento.

“En materia de transparencia y rendición de cuentas, el gobierno municipal se encuentra comprometido con la sociedad igualteca. La prioridad de esta administración es ante todo de honestidad y transparencia, para brindar un servicio público de calidad e informar del manejo de los dineros”; establece el documento consultado.

En el mismo, se agrega:

“estas son condiciones indispensables para lograr la confianza de la ciudadanía. Para erradicar la desconfianza en el ejercicio de la función pública y la falta de credibilidad de la sociedad en el manejo de los recursos, estableceremos mecanismos reales de control, e informaremos periódicamente del ejercicio del gasto para transparentar nuestras acciones y los ciudadanos sepan en qué y cómo se invierten sus contribuciones y de qué manera operan las obras y servicios públicos”.

La Ley de Transparencia del Estado obliga a los Ayuntamientos en su mismo artículo 13, fracción novena, exponer públicamente los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programa, así como los informes cuatrimestrales sobre su ejecución”. Sin embargo, éste es otro de los apartados de la página oficial del Ayuntamiento, que no contiene información.

La información debe incluir de acuerdo a la Ley los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, multas, recargos, sanciones, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino.

También los montos destinados a gastos relativos a comunicación social (asunto muy cuestionado en Iguala); El presupuesto de gastos fiscales y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales; las bases de cálculo de los ingresos; los informes de cuenta pública; la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; así como los estados financieros y balances generales.

La fracción XI del artículo 13 de dicha Ley, obliga además publicar en el portal web el nombre, domicilio, teléfono y dirección electrónica oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. En la página consultada aparecen los nombres de Rubí Hernández Reyes​ como encargada de la Unidad de Transparencia y Jurídico; así como Gustavo Ochoa Martínez como encargado de la Unidad de Transparencia y Página Web; éste último sería el responsable directo de la no publicación de información de oficio en el portal web consultado, aunque tendría que ser bajo la anuencia del alcalde José Luis Abarca Velázquez.

Entre otras cosas que establece la Ley en el mismo artículo y las siguientes fracciones, el portal debería hacer público un informe cuatrimestral de las auditorías y otras acciones de revisión. Las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales, según el caso, una vez que sean aprobados por el Congreso del Estado.

Así como los contratos o convenios celebrados mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación; y las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones que hubiera expedido, debiendo publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, el tipo de licencia, permiso, concesión o autorización, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos.

Cabe destacar que el propio portal web establece la información que se debe publicar obligatoriamente y de oficio, pues así lo marca la Ley en mención. Incluso, tiene subpáginas donde se anuncia la información, pero no se publica todo lo que tiene que ver con el manejo de recursos financieros.

Esta consulta hecha da cuenta de la violación a la Ley de Transparencia del Estado en que incurre el actual gobierno de Iguala, al negar la información pública y de oficio obligada, pese a tratarse de uno de los compromisos del alcalde José Luis Abarca Velázquez que está establecido en su Plan de Desarrollo Municipal.

 

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Condena de 25 años de cárcel al médico feminicida de Saraí Zúñiga González en Hidalgo

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La enfermera transmitía una videoconferencia cuando fue fatalmente agredida

Por Juan Ricardo Montoya

Rudy Nahim Acoltzi Cuamatzi, médico cirujano quien por sus cuentas de redes sociales presumía haber trabajado por un tiempo para el Club de Fútbol Pachuca, fue condenado a 25 años de prisión por el feminicidio de la joven enfermera originaria de Zimapán, Saraí Zúñiga González. La sentencia se ha dado a conocer luego de dos años de proceso judicial.

El 17 de octubre de 2020, Saraí Zúñiga, de 31 años, fue golpeada y ahorcada por Acoltzi en el Centro de Salud de Jacala de Ledezma, a 110 kilómetros al norte de Pachuca, sobre la carretera que lleva a Ciudad Valles, y a unos cuantos kilómetros de la frontera con Querétaro, cuando participaba en una videoconferencia relacionada con sus actividades labores. Por su transmisión, el feminicidio fue presenciado vía Zoom por decenas de personas que estaban conectadas con ella, incluso algunos de sus familiares.

Tras permanecer prófugo de la justicia durante más de medio año, Acoltzi, fue localizado y aprehendido el 20 de mayo de 2021. En la audiencia inicial, la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, le acusó del feminicidio y pidió que se le vinculara a proceso penal. Acoltzi se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para aportar pruebas en su defensa. No obstante, seis días después fue vinculado a proceso penal por un juez por el delito de feminicidio.

Durante dos años, el Ministerio Público acumuló pruebas y probó ante el juez que Acoltzi era el responsable del feminicidio. Una vez agotado el proceso, la Procuraduría de Hidalgo obtuvo del tribunal una sentencia de 25 años de prisión para el responsable. Queda por definir en qué centro penitenciario deberá purgar la condena y sí la familia de la víctima va a impugnar el fallo para pedir la ampliación de la condena a 50 años.

Acoltzi Cuamatzi es médico cirujano y según su perfil profesional de LinkedIn fue hasta 2021 «Director médico en CS», aparentemente un centro de salud en el estado de Morelos, aunque no especifica sí es del sector público o privado ni dónde, en concreto, está ese centro.

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Rudy Nahim Acoltzi Cuamatzi, feminicida de la enfermera Sarai Zúñiga.

Según el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, Acoltzi tiene la cédula profesional 10354135, luego de haber cursado la licenciatura de médico cirujano en 2017 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Aunque ha trascendido de forma extraoficial que por algún tiempo laboró en el equipo médico del Club de Fútbol Pachuca, ese equipo no ha fijado su postura sobre los hechos. Al rastrear su nombre en la red Acoltzi aparece en enlaces a notas de la Liga Bancomer MX oficial y de la de Liga Femenil MX. Por la información disponible en esas notas se sabe que nació el 21 de junio de 1991, en Contla, Tlaxcala.

En su perfil de Facebook, el recién condenado como feminicida publicó una foto donde aparece vestido con bata de médico y estetoscopio junto con el antiguo portero del Pachuca, Óscar Pérez, en de lo que parecen ser instalaciones de esa franquicia en la capital de Hidalgo.

 

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Carolina Viggiano, la candidata más violentada en las elecciones de 2022: Informe INE

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Esta violencia política y de género afectó su integridad y su candidatura, señala diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante

Este jueves se llevó a cabo la sesión del Consejo General del INE en el que se presentó el estudio denominado “Claroscuros, informe de género 2023”, en el que se analizaron los actos de Violencia Política de Género cometidos en las elecciones a la gubernatura en diversas entidades celebradas en 2022.

Sobre la candidatura de Carolina Viggiano en el estado de Hidalgo por la coalición PRI, PAN y PRD, el estudio señala que fue la más violentada del proceso, lo que afectó su integridad como persona y candidata.

En el informe que presentó el INE, se desprende que la diferencia entre los candidatos punteros era de 4 puntos, y se observa como la diferencia se ensanchó por la campaña de desprestigio, violencia y ataques en perjuicio de Viggiano Austria.

Al respecto, el diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante, en su calidad de Consejero Electoral del Poder Legislativo destacó que el estudio enfatiza que 1 de 4 actos de Violencia Política fue en contra de Viggiano y que la oposición gastó cinco veces más espacios en medios de comunicación para difamar a Viggiano Austria.

El legislador hidalguense señaló que “la realidad es que aunque se acreditó la violencia no pasará nada y en Hidalgo se retrocederá en los avances en favor de las mujeres porque hoy existe alternancia en las candidaturas y Morena presentó una iniciativa para mandar a una mujer a competir en una gubernatura de dos años y tras ese pequeño periodo será un hombre quien compita nuevamente por 6 años, limitando evidentemente el ejercicio del derecho de las mujeres de gobernar”.

De igual manera refirió que “el hallazgo más importante del Instituto Nacional Electoral en este informe es la confirmación de que sí existió una estrategia nacional para violentar políticamente a Carolina Viggiano y desprestigiarla por su género”.

Finalmente, el legislador hidalguense señaló que “la tolerancia también es parte de la violencia que sufren las mujeres en México, por ello debemos redoblar esfuerzos para que la defensa de sus derechos no solo quede en discursos si no que se traduzcan en acciones y sanciones contundentes, trabajemos arduo hasta lograr que la participación de la mujer en la política mexicana sea un derecho y no un privilegio”.

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Empresa de seguridad del centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, vinculada a cónsul de Nicaragua

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SEICSA, la empresa de seguridad, da servicio a más de 70 empresas privadas y una decena de empresas públicas en custodia y escolta a personas

Los Ángeles Press

El columnista Alfredo Álvarez destacó en su perfil de Twitter ayer por la noche que la empresa de seguridad contratada por el Instituto Nacional de Migración (INM) en el centro de detención de Ciudad Juárez donde fallecieron 40 migrantes en un incendio era propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en Saltillo Coahuila, Elías Gerardo Valdez Cabrera.

«El representante de la dictadura nicaragüense fue beneficiado con más de 3 mil millones de pesos en contratos. Vigilan también Bancos del Bienestar, FGR y otras dependencias federales”, señala Álvarez.

En un video que circuló en las redes revelando a los guardias de seguridad y un agente de INM abandonando a los migrantes encerrados con rejas en medio del incendio, se ve a los empleados de SEICSA en el centro de detención.

Este corporativo se presenta como una empresa 100% mexicana, en “servicios especializados de investigación y custodia”, con sede en la Ciudad de México, en la avenida Puebla #25 de la colonia Roma. En la descripción de su sitio digital también promueve sus servicios de protección a funcionarios con escoltas, custodias y traslados de valores armados, así como seguridad a bienes muebles e inmuebles.

Sin embargo, en los servidores de búsqueda de internet también aparece como Protección empresarial de Baja California, S. de R.L. con domicilio en avenida Revolución 606, de la ciudad de Tijuana.

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SIECSA clientes

De acuerdo con la información hecha pública por Álvarez, la empresa recibió contratos directos por el gobierno de López Obrador, y las principales dependencias que contrataron estos servicios fueron la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Lotería Nacional (LOTENAL), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Fiscalía General de la República.

Además de estas empresas públicas, señala al Banco del Bienestar, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El columnista especifica el número de contratos de cada empresa pública otorgados a SIECSA, que entre sus clientes se encuentran los mencionados, aparte del Consejo de la Judicatura Federal, el gobierno de estado de Jalisco y más de 70 empresas privadas.

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