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Mexico Violento

Alcalde de Chilapa se declara incapaz para enfrentar crimen organizado

El alcalde de Chilapa convocó a conferencia de prensa para declararse incapaz de garantizar la seguridad de ciudadanos y enfrentar con éxito al crimen

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En conferencia de prensa el alcalde priísta Francisco Javier García González. Foto: Arturo de Dios Palma

Por Arturo de Dios Palma

CHILAPA, GUERRERO. Tras los últimos actos de violencia registrados en el municipio de Chilapa y en particular por dos casos relacionados con la delincuencia organizada: uno, de violencia, la desaparición del regidor del PT, Cleto Mendoza Vargas, el pasado 30 de diciembre en su pueblo, Ayahualulco y otro de corrupción, la detención del oficial mayor del ayuntamiento, Vicente Jiménez Aranda, por la Procuraduría General de la República (PGR) acusado de secuestro, el presidente municipal, el priísta Francisco Javier García González, se declaró incapaz de garantizar la seguridad de los pobladores del municipio.

“El presupuesto que tenemos para seguridad nunca va ser suficiente como para salvaguardar de manera personalizada la integridad física de cada persona, estamos en hacer todo lo que esté en nuestras manos. Sin embargo no podemos garantizar una situación de este tipo, creo que eso es claro y obvio que lo manifieste así”.

Este jueves, a nueve días de la desaparición del regidor del PT, Cleto Mendoza, García González en conferencia de prensa fijó postura sobre el caso.

La postura, según informó el alcalde, fue consensada junto con los 11 regidores y los dos síndicos la noche anterior. No obstante a la conferencia, sólo asistieron los ediles del PRI, Leocadio Ávila Palacios, Maricruz Tapia López, Roberto Parra y Edith Suastegui; del PVEM, Guillermo López y del PRD, Antonia Jaimes Moctezuma y los dos síndicos a “solidarizarse” con la postura del gobierno municipal.

En la postura del gobierno municipal, el alcalde confirmó la desaparición del Mendoza Vargas e informó que el hecho sucedió el pasado 30 de diciembre cuando “personas desconocidas” lo sacaron de su casa en la comunidad de Ayahualulco.

Asimismo expresó a la “opinión pública la indignación y su enérgica condena” por el hecho. A los captores -pidió el alcalde- humanidad y compresión para que el regidor regrese con vida. También exhortó a las “instancias competentes” hacer las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

De esta postura oficial, el alcalde omitió hablar de la detención del oficial mayor, Vicente Jiménez Aranda por el delito de secuestro.

Después en la parte de las preguntas y respuestas, García González indicó que desconoce si la desaparición del regidor es parte de la violencia que se ha generado en este inicio de año por el grupo de la delincuencia organizada que opera en el municipio.

Sobre la tardanza de la postura, el priísta la atribuyó a la falta de autorización de la familia, la cual dijo, tiene miedo. Indicó que este miércoles una comisión de regidores se trasladó a la comunidad de Ayahualulco para pedirle la autorización de la familia y así poder fijar una postura. Además dijo que la familia espera que la desaparición del regidor se trate de un secuestro.

A pregunta expresa, el priísta dijo que considerarán en cabildo si es necesario otórgale seguridad a los demás ediles tras el caso Cleto Mendoza, pero, antes advirtió que eso no es una obligación de la administración municipal; además, indicó, que los regidores son “personas honorables”.

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Incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Foto: Arturo de Dios Palma

El deslinde

Sobre la detención del oficial mayor, la cual no formó parte de la postura oficial del gobierno municipal, García González se deslindó de su ex colaborador y aseguró que desconoce a que se dedica cada trabajador de ayuntamiento en su tiempo libre. Sin embargo, la Oficialía Mayor es un cargo de confianza que propone el propio alcalde como una de sus facultades.

Esta semana se supo que la PGR detuvo al oficial mayor del ayuntamiento de Chilapa el pasado mes de noviembre por el delito de secuestro. Pero ante este hecho el gobierno municipal se mantuvo en silencio y fue hasta ahora que realizó el deslinde.

Jiménez Aranda ha sido uno de los personajes políticos más activos del PRI en Chilapa. En los dos últimos gobierno municipales, formó parte de los equipo de trabajo de Alicia Zamora Villalva y Sergio Dolores Flores. Y en los últimos procesos electorales, fungió como representante del PRI antes los órganos electorales.

No habido voces de solidaridad con Chilapa

García González se quejó de que ni el gobierno del Estado y el federal se hayan acercado para conocer la situación que se vive en Chilapa. “No hemos escuchado ninguna voz de solidaridad con Chilapa”, dijo el edil.

No obstante, pidió a las dependencias que les corresponda combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico tomen cartas en el asunto para que el problema no siga creciendo. Asimismo, señaló, que hasta el momento la seguridad pública en el municipio continúa en manos del ayuntamiento; y el ejército está en Chilapa desde el 20 de diciembre, pero con una estrategia propia.

“El ejército no nos informa de sus acciones, sólo apoyamos cuando nos pide ayuda”.

-¿En este momento, usted puede garantizar la seguridad de los chilapenses?, se le preguntó.

-Esto es una situación general. Nosotros como gobierno municipal hacemos todo lo posible para prevenir y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, pero debemos entender que Chilapa es un municipio muy grande: tiene 147 comunidades y una cabecera muy grande, el presupuesto que tenemos para seguridad nunca va ser suficiente como para salvaguardar de manera personalizada la integridad física de cada persona, estamos en hacer todo lo que esté en nuestras manos. Sin embargo, no podemos garantizar una situación de este tipo, creo que eso es claro y obvio que lo manifieste así.

La violencia de los últimos días

Desde el pasado 3 de enero, pobladores de la localidad indígena de Samacingo y del poblado vecino Ayahualulco, pertenecientes al municipio de Chilapa han establecido un toque de queda voluntario debido al ataque de un grupo armado en donde resultó muerta una persona y otra más herida.

El pasado viernes 3 de enero, de acuerdo a testimonios de pobladores de la comunidad de Ayahualulco, un grupo armado asesinó a un joven de 19 años de edad en su domicilio. Indicaron los pobladores que además de este ataque, en Ayahualulco se han presentado varios enfrentamientos entre grupo armados.

Del ataque de este viernes, según el testimonio de un habitante, pudieron ver a hombres encapuchados portando armas largas por la carretera que comunica a Ayahualulco y Samacingo. Según narró el poblador, los hombres armados desmayaron de un cachazo a un hombre que pasaba por ahí hablando por celular. “Ahora la gente ya no quiere ni hablar por celular en la calle”, dijo.

Otro de los pobladores indicó que a partir del ataque del viernes, los habitantes de Ayahualulco “en la tardecita están cerrando sus casas por miedo”.

Este inicio de año en Chilapa ha comenzado con actos de violencia. En los primeros minutos, un policía estatal fue baleado por hombres armados. El agente murió cuando era atendido en el Centro de Salud de Chilapa, luego de recibir balazos en el tórax y abdomen, según se consignó en diversos medios de comunicación.

Esa misma noche fue asesinada a pedradas una mujer de aproximadamente 18 años que fue encontrada en una de las calles cercanas al bulevar Eucaria Apreza. Sobre este hecho no hay ninguna información del ayuntamiento de Chilapa.

Esa misma madrugada, pero en el municipio de Ahuacuotzingo, sujetos armados emboscaron a una familia cuando viajaban hacia el municipio de Olinalá, arrojando un saldo de dos menores muertas y tres adultos heridos, según informaron autoridades ministeriales.

El 3 de enero, un escolta del alcalde Francisco Javier García González fue detenido en posesión de una pistola, que no pudo acreditar, cuando viajaba en un camioneta junto con otro guardia y el edil, por la autopista Siglo XXI, a la altura del poblado de Huazulco, estado de Morelos, de acuerdo a la información que presentó el Diario de Morelos en su portal de Internet.

 

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Mexico Violento

Migración y Guardia Nacional, a golpes y descargas eléctricas, detuvieron caravana de migrantes

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Por Cinthya Alvarado Enríquez.

En la madrugada del viernes 21 de enero, a las 4.30 am, autoridades del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional detuvieron con violencia a unos 250 migrantes que iban en caravana sobre la carretera Panamericana, a la altura del Ejido Álvaro Obregón, cerca del Centro de Rehabilitación Social número 3 de Tapachula. Sin embargo, medios y redes sociales guardaron silencio respecto a la violencia utilizada con los migrantes.

Los funcionarios de Migración y militares golpearon a los migrantes con equipo antimotines, y les dieron descargas eléctricas para forzarlos a que se entregaran. Entre los detenidos, unas 250 personas, entre mujeres y hombres con niños a quienes llevaron a la estación migratoria Siglo XXI.

En videos y fotos de los migrantes que ya fueron liberados muestran las lesiones, hematomas y quemadas de las descargas eléctricas. También niños sufren escoriaciones, además del daño psicológico, sienten pavor cada que ven un policía, se asustan en la calle si ven una camioneta como las de Migración.

La brutalidad del operativo no es publicada en redes, donde solo muestran que la gente entra por su propio pie a las camionetas enrejadas del INM, claro luego de ver cómo golpearon a muchos de ellos.

La llamada cárcel migratoria continúa abarrotada, sin que haya reporte de organismos defensores de derechos humanos, continúa la caza diaria de migrantes en Tapachula fuera de protocolos, con exceso de violencia.

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales piden justicia por asesinatos de periodistas en México

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Tras al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, diferentes organizaciones civiles internacionales defensoras de los derechos humanos exigieron justicia por los tres homicidios de comunicadores que se han registrado en el país en este año.

Amnistía Internacional (AI) condenó el homicidio de Lourdes Maldonado, quien fue ejecutada ayer por la noche afuera de su domicilio por un sujeto desconocido, por lo que demandó la intervención de las autoridades mexicanas para que el caso no permanezca en la impunidad.

El organismo internacional lamentó la violencia que padecen los periodistas en México, siendo el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, por lo que enfatizó en la importancia de implementar acciones integrales de protección para los periodistas y priorizar la libertad de expresión.

Por su parte, Artículo 19 también recordó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, que se sumó a los homicidios de José Luis Gamboa y Margarito Martínez, quienes fueron ultimados en este mes, y cuyos casos también se encuentran en la impunidad.

También Human Right Watch (HRW) pidió justicia a las autoridades mexicanas para que los casos de los periodistas asesinados sean procesados y no se mantengan en la impunidad, además de que solicitó al Estado mexicano acciones eficaces para atender a los comunicadores del país.

Desde 2000 se han registrado 145 asesinatos a periodistas en México, de los cuales 27 se han presentado en la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por lo que las organizaciones internacionales solicitaron acciones integrales tanto del gobierno federal como de las estatales y municipales para atender la violencia contra los profesionales de la información.

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Exgobernador Jaime Bonilla relacionado con asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

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La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada de un disparo en la cabeza este domingo mientras se encontraba dentro de  su vehículo, cuando estaba en la colonia Santa Fe, de Tijuana, Baja California. Esto sucedió cuatro días después de haber ganado un juicio laboral al exgobernador Jaime Bonilla, a quien se le determinó embargar las oficinas de Primer Sistemas de Noticias (PSN) al negarse como ex empleador a liquidar el adeudo que tenía con ella.

El 26 de marzo del 2019, la periodista acudió a la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien le planteó su caso, señalando a su agresor directamente de tráfico de influencias y de atentar contra su vida.

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con el (…) Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla, por eso estoy aquí pidiendo su apoyo”.

La respuesta del presidente fue que encargar el asunto a su jefe de prensa Jesús Ramírez Cuevas, por lo que Lourdes Maldonado fue incorporada al Mecanismo de Protección pero no contaba con guardia permanente, ni se dio seguimiento a su seguridad.

Tras el veredicto del juicio, Lourdes Maldonado dio una entrevista a la salidas del inmueble de Jaime Bonilla, y dijo que en en breve tomaría la administración del PSN, y pondría orden en la empresas, porque señaló que el exgobernador no pagaba impuestos, ni salarios ya devengados.

De acuerdo con el expediente 1359/2013 CA 521/2021, la junta especial 59 de la JFCA instruyó la entrega de las constancias de afiliación del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del primero de marzo de 2006 a 2013. Lapso en el que Maldonado habría prestado sus servicios en el Primer Sistema de Noticias (PSN).

Por lo que Maldonado, en la video entrevista presentó públicamente a su abogado especialista en materia laboral Eduardo Edmar Pérez Castro y dijo que lo había mantenido en secreto por seguridad y por evitar la corrupción, «porque hay que cuidarse hasta de la sombra». El abogado en ese momento explicó que iba a hacer un requerimiento de pago al exgobernador Bonilla, y que se había negado a atenderlos. «Sabemos que están allí, pero se negaron a atendernos», por lo que se procede al embargo de PSN.

Maldonado reiteró en ese video que esa empresa era ya de su poder y que ella la iba a administrar, y enfatizó: exgobernador «nunca pagó seguro social, nunca pagó Infonavit, nunca pagó Afore, que no existe nómina de empleados porque les paga en sobrecitos».

Después del video, de acuerdo con información reservada, se destacó que los «enemigos» de Bonilla tenían preparadas ya las esquelas y las campañas en las redes sociales.

Lourdes Maldonado fue colaboradora del programa 24 Horas, encabezado por Jacobo Zabludovsky, fue reportera de Televisa, corresponsal de esa empresa en Tijuana y colaboraba actualmente con comentario político en medios locales, además de un espacio en Facebook.

Es la segunda periodista asesinada en menos de una semana en Baja California; el 17 de enero, el reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel, colaborador de La Jornada Baja California, fue asesinado a disparos frente a su hogar.

Con información de La Jornada de Baja California.

 

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