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Mexico Violento

Alcalde de Chilapa se declara incapaz para enfrentar crimen organizado

El alcalde de Chilapa convocó a conferencia de prensa para declararse incapaz de garantizar la seguridad de ciudadanos y enfrentar con éxito al crimen

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En conferencia de prensa el alcalde priísta Francisco Javier García González. Foto: Arturo de Dios Palma

Por Arturo de Dios Palma

CHILAPA, GUERRERO. Tras los últimos actos de violencia registrados en el municipio de Chilapa y en particular por dos casos relacionados con la delincuencia organizada: uno, de violencia, la desaparición del regidor del PT, Cleto Mendoza Vargas, el pasado 30 de diciembre en su pueblo, Ayahualulco y otro de corrupción, la detención del oficial mayor del ayuntamiento, Vicente Jiménez Aranda, por la Procuraduría General de la República (PGR) acusado de secuestro, el presidente municipal, el priísta Francisco Javier García González, se declaró incapaz de garantizar la seguridad de los pobladores del municipio.

“El presupuesto que tenemos para seguridad nunca va ser suficiente como para salvaguardar de manera personalizada la integridad física de cada persona, estamos en hacer todo lo que esté en nuestras manos. Sin embargo no podemos garantizar una situación de este tipo, creo que eso es claro y obvio que lo manifieste así”.

Este jueves, a nueve días de la desaparición del regidor del PT, Cleto Mendoza, García González en conferencia de prensa fijó postura sobre el caso.

La postura, según informó el alcalde, fue consensada junto con los 11 regidores y los dos síndicos la noche anterior. No obstante a la conferencia, sólo asistieron los ediles del PRI, Leocadio Ávila Palacios, Maricruz Tapia López, Roberto Parra y Edith Suastegui; del PVEM, Guillermo López y del PRD, Antonia Jaimes Moctezuma y los dos síndicos a “solidarizarse” con la postura del gobierno municipal.

En la postura del gobierno municipal, el alcalde confirmó la desaparición del Mendoza Vargas e informó que el hecho sucedió el pasado 30 de diciembre cuando “personas desconocidas” lo sacaron de su casa en la comunidad de Ayahualulco.

Asimismo expresó a la “opinión pública la indignación y su enérgica condena” por el hecho. A los captores -pidió el alcalde- humanidad y compresión para que el regidor regrese con vida. También exhortó a las “instancias competentes” hacer las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

De esta postura oficial, el alcalde omitió hablar de la detención del oficial mayor, Vicente Jiménez Aranda por el delito de secuestro.

Después en la parte de las preguntas y respuestas, García González indicó que desconoce si la desaparición del regidor es parte de la violencia que se ha generado en este inicio de año por el grupo de la delincuencia organizada que opera en el municipio.

Sobre la tardanza de la postura, el priísta la atribuyó a la falta de autorización de la familia, la cual dijo, tiene miedo. Indicó que este miércoles una comisión de regidores se trasladó a la comunidad de Ayahualulco para pedirle la autorización de la familia y así poder fijar una postura. Además dijo que la familia espera que la desaparición del regidor se trate de un secuestro.

A pregunta expresa, el priísta dijo que considerarán en cabildo si es necesario otórgale seguridad a los demás ediles tras el caso Cleto Mendoza, pero, antes advirtió que eso no es una obligación de la administración municipal; además, indicó, que los regidores son “personas honorables”.

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Incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Foto: Arturo de Dios Palma

El deslinde

Sobre la detención del oficial mayor, la cual no formó parte de la postura oficial del gobierno municipal, García González se deslindó de su ex colaborador y aseguró que desconoce a que se dedica cada trabajador de ayuntamiento en su tiempo libre. Sin embargo, la Oficialía Mayor es un cargo de confianza que propone el propio alcalde como una de sus facultades.

Esta semana se supo que la PGR detuvo al oficial mayor del ayuntamiento de Chilapa el pasado mes de noviembre por el delito de secuestro. Pero ante este hecho el gobierno municipal se mantuvo en silencio y fue hasta ahora que realizó el deslinde.

Jiménez Aranda ha sido uno de los personajes políticos más activos del PRI en Chilapa. En los dos últimos gobierno municipales, formó parte de los equipo de trabajo de Alicia Zamora Villalva y Sergio Dolores Flores. Y en los últimos procesos electorales, fungió como representante del PRI antes los órganos electorales.

No habido voces de solidaridad con Chilapa

García González se quejó de que ni el gobierno del Estado y el federal se hayan acercado para conocer la situación que se vive en Chilapa. “No hemos escuchado ninguna voz de solidaridad con Chilapa”, dijo el edil.

No obstante, pidió a las dependencias que les corresponda combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico tomen cartas en el asunto para que el problema no siga creciendo. Asimismo, señaló, que hasta el momento la seguridad pública en el municipio continúa en manos del ayuntamiento; y el ejército está en Chilapa desde el 20 de diciembre, pero con una estrategia propia.

“El ejército no nos informa de sus acciones, sólo apoyamos cuando nos pide ayuda”.

-¿En este momento, usted puede garantizar la seguridad de los chilapenses?, se le preguntó.

-Esto es una situación general. Nosotros como gobierno municipal hacemos todo lo posible para prevenir y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, pero debemos entender que Chilapa es un municipio muy grande: tiene 147 comunidades y una cabecera muy grande, el presupuesto que tenemos para seguridad nunca va ser suficiente como para salvaguardar de manera personalizada la integridad física de cada persona, estamos en hacer todo lo que esté en nuestras manos. Sin embargo, no podemos garantizar una situación de este tipo, creo que eso es claro y obvio que lo manifieste así.

La violencia de los últimos días

Desde el pasado 3 de enero, pobladores de la localidad indígena de Samacingo y del poblado vecino Ayahualulco, pertenecientes al municipio de Chilapa han establecido un toque de queda voluntario debido al ataque de un grupo armado en donde resultó muerta una persona y otra más herida.

El pasado viernes 3 de enero, de acuerdo a testimonios de pobladores de la comunidad de Ayahualulco, un grupo armado asesinó a un joven de 19 años de edad en su domicilio. Indicaron los pobladores que además de este ataque, en Ayahualulco se han presentado varios enfrentamientos entre grupo armados.

Del ataque de este viernes, según el testimonio de un habitante, pudieron ver a hombres encapuchados portando armas largas por la carretera que comunica a Ayahualulco y Samacingo. Según narró el poblador, los hombres armados desmayaron de un cachazo a un hombre que pasaba por ahí hablando por celular. “Ahora la gente ya no quiere ni hablar por celular en la calle”, dijo.

Otro de los pobladores indicó que a partir del ataque del viernes, los habitantes de Ayahualulco “en la tardecita están cerrando sus casas por miedo”.

Este inicio de año en Chilapa ha comenzado con actos de violencia. En los primeros minutos, un policía estatal fue baleado por hombres armados. El agente murió cuando era atendido en el Centro de Salud de Chilapa, luego de recibir balazos en el tórax y abdomen, según se consignó en diversos medios de comunicación.

Esa misma noche fue asesinada a pedradas una mujer de aproximadamente 18 años que fue encontrada en una de las calles cercanas al bulevar Eucaria Apreza. Sobre este hecho no hay ninguna información del ayuntamiento de Chilapa.

Esa misma madrugada, pero en el municipio de Ahuacuotzingo, sujetos armados emboscaron a una familia cuando viajaban hacia el municipio de Olinalá, arrojando un saldo de dos menores muertas y tres adultos heridos, según informaron autoridades ministeriales.

El 3 de enero, un escolta del alcalde Francisco Javier García González fue detenido en posesión de una pistola, que no pudo acreditar, cuando viajaba en un camioneta junto con otro guardia y el edil, por la autopista Siglo XXI, a la altura del poblado de Huazulco, estado de Morelos, de acuerdo a la información que presentó el Diario de Morelos en su portal de Internet.

 

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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La red en lucha

México en el centro del debate internacional sobre minería marina por barcos de exploración

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barco exploración minera méxico

Por Emilio Godoy

MÉXICO – La discusión sobre la minería marina cobró mayor intensidad mundial con el inicio de una misión de recolección de muestras minerales por parte de la empresa privada Nauru Ocean Resources (Nori).

La travesía hacia una zona del océano Pacífico se basa en una recomendación emitida por la Comisión Legal y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para autorizar la toma de materiales, luego de la conclusión de la revisión de la manifestación de impacto ambiental de la compañía, filial de Metals Company, con sede en la ciudad canadiense de Vancouver.

Pero ISA, con sede en Kingston, la capital de Jamaica, no ha publicado tal recomendación, opacidad que los activistas cuestionan.

“Es prueba de cómo la misma Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) abre a estas empresas la oportunidad de dar los primeros pasos a la minería en aguas profundas. ISA tiene que poner en el centro la protección de los océanos y no los intereses empresariales», dijo Ornela Garelli, de la campaña de Océanos de la representación mexicana de la no gubernamental Greenpeace.

Para saber más del tema: Pueblos de Oaxaca se unen para defender sus tierras de la minería

 

Consideró que «no se pueden avanzar estas pruebas, porque es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y del cual necesitamos más información. Se tiene que aplicar el principio precautorio”.

El barco explorador “Hidden Gem” (“Joya oculta”) zarpó el 14 de septiembre del puerto de Manzanillo —en el estado de Colima, en el occidente de México—, donde permaneció unas horas para luego enfilar hacia una zona de exploración en medio del océano Pacífico.

La empresa suiza Allseas SA adquirió la embarcación en 2020 para convertirla en nave de sondeo minero y esta boga con bandera de Malta, según registros marinos consultados. Construida en 2010, de colores rojo, negro y estructuras blancas, el barco tiene capacidad de 60 331 toneladas, mide 228 metros de largo y 42 de ancho.

Hidden Gem”, cuyos nombres anteriores fueron “Vitoria 10 000” y “Petrobras II 10 000”, permaneció en el puerto holandés de Rotterdam mientras su propietaria lo reconvertía para realizar prospección minera marina, pues previamente hacía perforación petrolera. En febrero último, el grupo Ocean Rebellion lo convirtió en blanco de una protesta.

Partió en marzo de Rotterdam y su trayectoria incluyó pasos por Calais (Francia), Dover (Reino Unido), las Islas Canarias (España) y el Canal de Panamá, en julio.

La embarcación se dirige a la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y donde Nori posee una concesión minera. El plan consiste en la recolección de 3600 toneladas de nódulos polimetálicos.

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 Impacto en fondo del mar

En la minería de aguas profundas, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos, mediante otro conducto, de vuelta al mar.

El sedimento que retorna al océano contendría elementos dañinos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.

Las aguas profundas acogen especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales, y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios científicos recientes. Estas áreas ya enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.

“Hay evidencia de que no hay información científica suficiente para determinar con certeza los impactos de la minería oceánica”, señaló Diego Lillo, representante de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desde Santiago de Chile.

Bajo presión

ISA, creada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tiene la doble misión contradictoria de proteger los ecosistemas del mar profundo y elaborar estándares ambientales para la minería marina.

Integrada por 167 países y la Unión Europea, ISA ha entregado 17 licencias exploratorias en la ZCC, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas, incluidas algunas de Brasil, Cuba y Jamaica.

Para obtener un permiso con el fin de explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita el patrocinio de un país parte de ISA.

Pero antes, en junio de 2021, la República de Nauru, una nación insular expuesta a las consecuencias de la crisis climática, situada en Oceanía en el Pacífico central y de unos 12.000 habitantes, sacudió las estructuras de ISA al invocar una cláusula de Convemar para ejecutar un proyecto de exploración minera marina.

Esa norma estipula que un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para rastrear y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por el propio organismo, que debate estándares ambientales para la prospección.

ISA, una agencia desconocida de Naciones Unidas hasta que apareció la polémica por la minería marina, que enfrenta un dilema fundamental para su futuro, pues en julio próximo Nauru puede reclamar el aval a su programa exploratorio, sin necesariamente contar ya con las salvaguardas.

Integrado por 36 representantes, el Consejo de la agencia se reunirá en Kingston en noviembre, mientras que la 28 sesión de la Asamblea General, el órgano mayor de ISA y en la que participan todos los Estados miembros y organizaciones observadoras, está programada para julio de 2023, aunque podría adelantarse por el plazo de la regla de dos años.

Durante la 27 Asamblea General celebrada en agosto  se suscitó, por vez primera, un debate intenso sobre la cláusula mencionada, ante la cual países como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda pidieron una discusión sobre sus alcances, ante la negativa de naciones como Nauru.

Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa actividad y que también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros, lo que supone un interés por promover esa extracción.

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Varios gobiernos también han indicado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.

Metals Company, entre cuyos accionistas figura Allseas SA, calcula que el polígono asignado almacena minerales para construir unos 280 millones de automóviles eléctricos, el tamaño de la flota vehicular de Estados Unidos.

Tibieza

México ha mostrado una postura discreta frente a la minería marina. Una fuente diplomática dijo a este cronista que esto se debe a la falta de una discusión nacional multisectorial en torno a una postura definida.

No obstante, el asunto presenta una arista más sutil: el rol de los puertos mexicanos del Pacífico, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, ante la eventual aprobación de planes exploratorios y la extracción mineral.

Debido a la duración de los viajes de embarcaciones como “Hidden Gem”, estas instalaciones podrían obtener réditos por el paso de las naves y la descarga de minerales.

Lillo y Garelli pidieron a México más firmeza en su postura.

El país “necesita tener mayor firmeza. México debe centrarse en los océanos por la importancia que tienen en sí mismos y no por su aprovechamiento sostenible”, demandó la campañista de Océanos de Greenpeace.

México tiene 3540 millones de razones para oponerse a esa actividad.

Ese es el monto, en dólares, que la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations pide ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte —sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— por la denegación de una licencia ambiental.

 

En 2018, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente rehusó el permiso de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas SA, filial de la compañía estadounidense, por probable daño al ecosistema, áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91 267 hectáreas frente a la costa del noroccidental estado de Baja California Sur, implicaba la draga del fondo marino, para extraer anualmente siete millones de toneladas de arena fosfática, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

“Preocupa la falta de consistencia de México frente al discurso que ha promovido ante la ISA de aprobar una regulación minera que sea responsable con la protección del ambiente. Necesita también un mayor protagonismo en las negociaciones, que contribuya a resaltar la importancia del enfoque precautorio”, cuestionó Lillo.

Dicho principio consiste en la adopción de medidas de protección ante un riesgo fundado, sin pruebas definitivas, del impacto sobre la salud pública o el ambiente de un producto o tecnología.

Si México pierde el arbitraje, se decretaría la imposibilidad de un Estado de impedir proyectos extractivos bajo el principio precautorio ante menoscabos previstos.

***

Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.

 

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Mexico Violento

Comunidades de Nochixtlán en conflicto por destrucción de caminos históricos por parte de autoridades

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nochixtlan en conflicto por pavimentación de caminos

Por Miguel Montesinos León

En los trabajos de pavimentación de caminos rurales a cabeceras municipales, la autoridad municipal de San Pedro Cozcaltepec Cántaros y una familia cercana a ésta, de manera arbitraria, utilizaron un camino histórico de Asunción Nochixtlán, causando desperfectos.

El Camino Real al Parían cruza la comunidad de Nochixtlán y por el crecimiento urbano este camino sólo cuenta con dos tramos todavía visibles y transitables, el primero se encuentra entrando a la comunidad de Nochixtlán frente al lugar conocido como Los azulejos; el segundo se ubica en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), y es este último el camino que destruyeron parcialmente los vehículos que circulan de Nochixtlán a las comunidades de Coxcaltepec Cántaros, San Pedro Quilitongo, Santiago Huahutlilla y viceversa.

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Debido a ello, ciudadanos originarios de Nochixtlán que han preservado el Camino Real al Parían a través de tequios, bloquearon el paso a los vehículos y con ello pidieron la intervención de las autoridades municipales de las comunidades involucradas.

Mediante esta acción los vecinos afectados lograron que las autoridades de las comunidades mencionadas aceptaran reparar los daños que causaron y firmaron un acuerdo por lo que los trabajos de rehabilitación inician este lunes 26 de septiembre, de no cumplir con lo acordado los vecinos realizarán manifestaciones y bloqueos.

El acuerdo que firmaron los vecinos del Camino Real al Parían con las autoridades municipales en el que acordaron iniciar los trabajos de rehabilitación afectada no se cumplió por lo que los afectados se están organizando para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo acordado.

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Itayee Cruz Guevara, titular del Centro Coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ubicado en Nochixtlán y siendo la dependencia del gobierno federal que debe coadyuvar y velar por el bienestar de los pueblos afectados, aun cuando firmó como testigo dicho acuerdo, no mostrado interés en solucionar el problema, y cuando se le solicita su intervención en algún conflicto relacionado a la pavimentación de caminos rurales dice que el INPI no tiene injerencia, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado reiteradamente qué el INPI es la parte operativa del programa de pavimentación en Oaxaca y en los estados donde se ha implementado este apoyo a las cabeceras municipales.

acuerdo sobre reparacion caminos

Acuerdo de reparación de los caminos.

Los caminos antiguos

Dentro de los trabajos a realizarse el más importante es el muro que el agua de las lluvias se llevó por desviar estas aguas de manera deliberada en un puente que data de la época del Porfiriato. Se trata de un camino histórico, que por él transitaron en su momento los arrieros provenientes de la costa oaxaqueña y de comunidades de la región del estado de Guerrero mismos que recorrían comunidades pertenecientes al Distrito de Huajuapan de León.

Este camino tiene históricas anécdotas y en algunas comunidades todavía se conservan partes de su construcción original. En el tramo de Huajuapan a Santiago Juxtlahuaca se encuentra “el Espinazo del Diablo”, esta parte del Camino real que pasa en el costado del cerro, es una pendiente prolongada y es una vereda que asemeja un espinazo y por el gran peligro que representa para el paso de las personas y animales de carga se le denominó así; y es que los animales de carga se tenían que enfilar, y de ahí se deriva la expresión “hilo, hilo, hilo”, que es como los arrieros le decían a sus animales de carga para que hicieran una sola fila.

En Sinaxtla, las personas de edad avanzada que narraban sobre el paso de los arrieros comentaban que eran muchas las caravanas que pasaban por la comunidad, y aludían al gran número de las mismas para trasladar mercancías que llegaban al país en barco, y luego eran llevadas a la capital del país. Otras, eran llevadas a Parían para de ahí embarcarlas en el tren de carga o la ciudad de Oaxaca.

 

La comunidad del Parían fue la estación del tren lo mismo que G. Olivera, más importante para quienes viajaban a las ciudades de Tehuacán, Puebla, Veracruz, México y a la capital de Oaxaca. Al paso del tiempo las personas adultas recuerdan con nostalgia como esta actividad desapareció al igual las dos comunidades que parcialmente desaparecieron con la llegada de vehículos de transporte de carga y desaparecieron con la privatización del ferrocarril.

 

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