Justicia pendiente
Agustín Estrada documentó tortura y violaciones por parte de Peña Nieto desde 2007
Agustín Estrada fue víctima de atentados por parte de el candidato a la presidencia del PRI, Enrique Peña Nieto, por expresar su homosexualidad.
Por Guadalupe Lizárraga
Los muertos cercanos a Peña Nieto
“Nos está exterminando”, dice Agustín Estrada, sobreviviente de tortura de Enrique Peña Nieto, a quien ha denunciado sistemáticamente, desde 2007, por violaciones de derechos humanos ante organismos oficiales y medios de comunicación en México. Estrada habla en plural, porque se refiere a la primera esposa del candidato a la presidencia del PRI, Mónica Petrellini, quien muere el 11 de enero del mismo año en que se dieron los primeros atentados contra Estrada Negrete y contra los cuatro guardaespaldas de Peña Nieto, asesinados el 12 de mayo también de ese mismo año. Todos ellos sabían de la homosexualidad de Peña Nieto.
Su esposa Mónica los sorprendió teniendo relaciones sexuales dentro de la oficina del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LV Legislatura en la Cámara de Diputados del Estado de México, según el testimonio de Estrada. Recuerda que fue a mediados de 2004, y que en esa ocasión fue cuando le entregó Peña Nieto un mensaje de amor escrito de prisa en una hoja de papel, con su firma y que aún conserva.
Estrada Negrete también se refiere a los guardaespaldas asesinados y reconoce a uno de ellos que era el que lo recogía en su casa o en la oficina para llevarlo al Hotel Tollocan, de Toluca, uno de sus lugares de encuentro. “Sus guaruras iban por mí. Es el moreno de camisa blanca con rayas”, dice Estrada, y “es la misma camioneta en que me trasladaban”.
Reconoce Agustin Estrada a guardaespalda esjecutado. Foto: Notimex
El maltrato y las golpizas
La primera golpiza que recibió Agustín Estrada por parte de Enrique Peña Nieto fue después del desencuentro, que éste último tuviera con su esposa Mónica. El reclamo era que los había descubierto por la supuesta “culpa” de Estrada, y eso se tornaba un problema grave para su matrimonio, según le gritaba el candidato. Otra de las ocasiones en que Estrada fue agredido físicamente por Peña Nieto se dio en noviembre de 2006, en el proceso de las elecciones para gobernador. En esa ocasión, dice, Estrada que su esposa se molestó mucho por su presencia en el presidium. Y posteriormente, Peña Nieto citó a Estrada en las oficinas del PRI, en el Estado de México. Ahí volvió a reclamarle y volvió a agredirlo físicamente, dejándole un hematoma en un brazo.
Quien llegó a saber de estos actos de violencia, fue el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, por la estrecha relación que mantenía con Estrada. En ese tiempo, Eruviel y Peña Nieto no eran cercanos, declara Estrada, y “podía confiarle ciertas cosas” a Eruviel.
Poco después de la segunda golpiza que le diera Peña Nieto a Estrada, éste se encontró con Eruviel en un evento artístico con padres de familia y fue cuando el funcionario le preguntó por los golpes, el más notorio en el brazo.
Estrada estaba siendo víctima de violencia y, sin embargo no podía negarse a los encuentros con Peña Nieto, porque era un hombre vengativo y con mucho poder, dice.
Mensaje escrito por Peña Nieto a Agustín Estrada Foto: Agustín Estrada
Sobre la última conversación con Peña Nieto
Agustín Estrada, en la última conversación que sostuvo con Enrique Peña Nieto, según su testimonio, fue de reclamos por parte del ahora candidato presidencial. Para este encuentro, ya había pasado el día en que Estrada decidió reivindicar los derechos de los homosexuales y manifestar públicamente su preferencia sexual en el Día internacional contra la homofobia, 17 de mayo de 2007.
“Peña Nieto insistía en que yo tenía la culpa de lo que me estaba pasando”, dice Estrada, “por haberme vestido de mujer”. Así que otro de sus reclamos, en esa conversación, dice, fue que Estrada andaba “en esos grupos”, ayudando a los discapacitados y a los niños con necesidades especiales. La discusión surgió por unos aparatos auditivos y sillas de ruedas que le pidió Estrada para los padres de familia del Centro de Atención Múltiple 34, con estas necesidades. A lo que Peña Nieto le habría respondido que ese equipo se lo había dado porque Estrada se lo pidió expresamente, no porque le interesaban los niños con discapacidad, cuenta.
Estrada Negrete concluyó un doctorado en Educación, por la Universidad INACE, en la Ciudad de México, que de acuerdo a su testimonio, lo solventaba Enrique Peña Nieto, pero cargado al presupuesto del actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, nombre con el que se expedían las facturas de colegiatura. Su tesis profesional fue sobre problemas de aprendizaje en niños de quinto año de la escuela primaria. Por la misma universidad realizó una maestría en Psicología. Y es egresado de la licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional.
La conversación de ese día concluyó en una nueva amenaza por parte de Peña Nieto, según Estrada, diciendo “Te voy a romper tu madre” y “quienes se van a encargar de meterte a la cárcel van a ser terceras personas”. Y así lo cumplió el candidato. Quienes lo metieron al reclusorio Almoloya de Juárez, sin siquiera una orden de aprehensión fueron Ernesto Monroy Yurrieta, Gerardo Dorantes Mora, Miguel Cruz Morales y Roberto Cárdenas Vera, funcionarios asesores de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, con la causa penal 108/2009.
El gobernador Eruviel Avila y Agustin Estrada en un evento cultural Foto: Propiedad de AE
Eruviel tuvo que disciplinarse ante Peña Nieto por gubernatura
Agustín Estrada, no sólo fue recluido en la cárcel. Fue violado por reos y policías, fue golpeado y humillado. Se le obligó a pagar fianza, y el día que salió de la cárcel le pusieron una camiseta que decía “puto”. La Comisión Estatal de Derechos Humanos declaró que no se habían violado sus derechos, la “violación había sido consensuada”. Pese a argumentos y discusiones, la CEDH dijo que los policías habían tenido sexo con él en el reclusorio, pero que no se trató de ninguna violación. Tampoco le quisieron aceptar la denuncia ante los Ministerios Públicos de Ecatepec y Toluca.
Su relación con Eruviel Ávila se volvió distante, dice, ni valió para evitar más agresiones. Antes, “él se portaba muy bien conmigo y no me escondía. Me respetaba”. En una ocasión, Estrada invitó a un evento de la comunidad escolar a Eruviel, entonces diputado local. Cuando el funcionario tomó el micrófono para agradecer el evento a Estrada, quien era el director de la escuela, se refirió a él como «un estuche de monerías» y le habló a la comunidad del doctorado que estaba estudiando Estrada.
Pero cuando quiso regresar a la escuela para recuperar su trabajo, en septiembre de 2009, todo había cambiado, sostiene Estrada, aunque él seguía teniendo su nombramiento de director de la escuela. De nuevo, los policías llegaron a impedirle el paso haciendo una valla ante la puerta de la escuela. Un helicóptero sobrevolaba la zona. Eruviel era ya el presidente municipal y no contestaba sus llamadas.
Los siguientes meses fueron pelear por sus derechos laborales, con el grupo de madres de familia que lo apoyaron en todo momento, dice Estrada. Pero también se giraron órdenes de aprehensión contra las madres y dos menores, quienes fueron llevados al Ministerio Público de San Cristóbal de Ecatepec, al de Ciudad Cuauhtémoc y al de San Agustín. Incluso, los niños fueron llevados al Cerezo de adultos. Y todos tuvieron que pagar fianza por su salida. La causa penal era “por obstruir las vías públicas”. Tiempo después, Eruviel volvió a buscarlo y se vieron varias veces. Le pidió disculpas, dice Estrada, “pero tenía que ser disciplinado con quien le había dado la gubernatura”.
Todos estos actos de discriminación y violación de derechos humanos fueron difundidos con oportunidad en diferentes medios mexicanos, y algunos extranjeros como el de la revista francesa Têtu, algunos con detalles precisos, otros de manera general. Fueron puestas las denuncias formales ante los distintos organismos de derechos humanos de nivel nacional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las agresiones no cesaron por parte de Enrique Peña Nieto, ni aún después del atentado que casi le quita la vida a Agustín Estrada Negrete, el 15 de septiembre de 2010.
Una de las manifestaciones en defensa de Agustin Estrada
Esta carta fue escrita por Agustín Estrada y recibida el 29 de abril, en esta edición.
Lic. Guadalupe Lizárraga. Directora del Periódico Los Ángeles Press.
Presente:
Por medio de esta carta reciba un afectuoso saludo y, al mismo tiempo, le expreso mi eterno agradecimiento por ser la única reportera que ha publicado la historia completa, sin censura, referente a la violación de mis Derechos Humanos en México, por la tortura, el hostigamiento penal, la discriminación, la homofobia, el abuso de poder y la tiranía que me ha tocado sufrir y padecer por mi expareja homosexual Enrique Peña Nieto. Agradezco su vocación de servicio, su profesionalismo, su investigación, su metodología y sobre todo que me haya dado voz.
Respetuosamente
Agustín Humberto Estrada Negrete, Sobreviviente de Tortura.
Imagen de la carta de Agustín Estrada a la periodista Guadalupe Lizárraga, el 29 de abril de 2012.
Por Guadalupe Lizárraga
Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.
Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.
Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?
Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.
Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.
Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.
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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.
La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.
Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.
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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.
La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.
En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.
Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.
El preso político Luis Díaz Pantoja sufrió intento de homicidio por autoridades del Cefereso 15 de Chiapas, además de intoxicación por gas lacrimógeno luego de estar 37 días en protesta pacífica contra la falta de atención médica y violaciones de #DDHH. https://t.co/Wd1cmRWKQP pic.twitter.com/Gku3f9eGKC
— Los Ángeles Press (@losangelespress) August 12, 2022
George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.
La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?
Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.
Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.
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Justicia pendiente
Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.
El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.
De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.
De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.
Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.
Justicia pendiente
Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario
La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.
De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando González, Iván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.
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El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.
PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.
Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
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De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.
El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.
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— Los Ángeles Press (@losangelespress) August 10, 2022
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