Connect with us

Justicia pendiente

Agresores de la activista Claudia Uruchurtu confirman su ejecución, sin revelar ubicación de su cuerpo

Published

on

Por Miguel Montesinos León

Concluye la etapa de búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, con la confirmación de su muerte, después de 89 días de su desaparición forzada, ocurrida el 26 de marzo pasado. No obstante, sin haber hallado el cuerpo de la activista, también se confirmó que la ejecución de la activista se dio por órdenes de la entonces presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, actualmente recluida en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros Oaxaca.

Desde la misma noche de la desaparición de Uruchurtu se difundió información en el mismo momento de su desaparición que revelaba que la activista había sido golpeada por sus captores con la cacha de la pistola en la cabeza, y momentos después, el reporte realizado por personas de la comunidad de San Pedro Coxcaltepec Cantaros apuntaba que habían encontrado un cuerpo en inmediaciones de esta comunidad.

El reporte fue minimizado por el equipo de investigación y pese a que estuvieron enterados desde los primeros días de la desaparición sobre el asesinato de la activista, hasta la fecha no se ha encontrado su cuerpo.

El mismo presidente de México Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia mañanera del 11 de mayo de 2021 que la activista México-Británica había sido asesinada por órdenes de la presidenta municipal de Nochixtlán, según la declaración del testigo protegido, al día siguiente –12 de mayo– nuevamente hizo alusión al asesinato de la activista. Sin embargo, las autoridades y personal encargado del esclarecimiento de la desaparición y asesinato de Claudia Uruchurtu, el cuerpo de la activista sigue siendo un enigma difícil de resolver.

El fiscal general de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por su parte, señaló recientemente en entrevista a medios de información, que se encuentran detenidos casi todos los involucrado en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu, tanto los autores intelectuales, como los homicidas materiales. No obstante, reiteró que se desconoce la ubicación del cuerpo.

Justicia pendiente por agresión al empresario que involucró a la activista

De la agresión de la que es responsable también la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta en contra del empresario Alfonso Avendaño Rodríguez, y su detención arbitraria en contubernio con el ministerio público de Nochixtlán Rey Velasco Carranza, no se han dado a conocer los avances en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el presidente López Obrador señaló que no se quedaría nada pendiente de este caso, por lo que la edil ya estaba en prisión.

El empresario oaxaqueño Alfonso Avendaño Rodríguez que fue víctima de detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y sufrió lesiones dolosas que pusieron en riesgo su vida no ha tenido respuesta de la fiscalía ni se le ha resarcido el daño. La presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta, los elementos de la policía municipal, el guardaespaldas de la presidenta Lizbeth Victoria Huerta, y el ministerio público Rey Velasco Carranza siguen sin ser responsabilizados por estas arbitrariedades.

No es de olvidarse que los hechos que originaron la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz se derivó de esta agresión física y detención arbitraria al empresario, y extrañamente no se ha determinado la responsabilidad penal por la carpeta de investigación abierta debido a la denuncia de Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de los señalados.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

Published

on

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

Continue Reading

Justicia pendiente

Ex defensor público desmiente al ministro Zaldívar en temas de discriminación y defensa para pobres

Published

on

By

 

Por Ignacio García

El ex defensor público Alejandro Garduño Real desmintió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldìvar, y al director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros, que aseguran en sus redes sociales que constantemente están preocupados en la defensa de los pobres y de atender la discriminación.

Por medio de una misiva, el ex servidor público refirió que cuando fue cesado como defensor público, siendo abogado de Jacobo Tagle, víctima del caso Wallace, el director del IFDP no consideró que se trató de una persona con discapacidad física y tenía que trasladarse a distintos puntos para ser notificado por la causa de su salida de la institución.

Mientras Zaldívar y Sandoval presumieron en sus respectivas redes sociales sobre su preocupación a los derechos humanos y la defensa de los pobres, el abogado Alejandro Garduño les recordó que siendo una persona en silla de ruedas tuvo que trasladarse a distintos espacios públicos ante la falta de respuesta de las autoridades.

También expresó que fue cesado cuando tomó los casos de defensoría pública de Jacobo Tagle Dobin en el “caso Wallace” y Francisco García Medel en el “caso Nelson Vargas”, debido a que durante su trayectoria como defensor público no había recibido ninguna amonestación, pero fue sustituido por personas allegadas al hermano de la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Sandoval, quienes no cuentan con experiencia e ingresaron sin preparación previa.

Agregó que desde que decidió tomar los casos, Isabel Miranda de Wallace actuó en su contra para dejarlo fuera del caso como sucedió con otros abogados, mientras que durante su trabajo en el IFDP recibió constantes agresiones e incluso atentados con armas de fuego.

Los Ángeles Press documentó que el ex defensor público fue cesado después de tomar los casos de los acusados de Isabel Miranda, además de que el director del IFDP reemplazó a discreción en la nómina a trabajadores con antigüedad en la institución para incorporar a personas cercanas a su círculo.

Continue Reading

Justicia pendiente

UIF vuelve a interponer otra denuncia contra Emilio Lozoya

Published

on

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por lo que en total suman denuncias contra el ex funcionario federal.

El organismo federal identificó un esquema de lavado de dinero de Pemex durante el periodo 2012 y 2016 a través de distintos contratos otorgados a 34 compañías relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht por operaciones millonarias que se concretaron para favorecer a ex servidores públicos y financiar campañas políticas.

De acuerdo con la UIF, en el primer nivel de operaciones las empresas que fueron receptoras de los recursos públicos fueron erogados por Pemex, así como por los organismos gubernamentales de forma injustificada.

De la misma manera, las compañías tenían una relación directa con Odebrecht por medio de distintos vínculos corporativos, financieros y comerciales, por lo que una de las transferencias se realizó entre 2014 y 2016 por más de 3 mil millones de pesos por el pago por la prestación del servicio de la construcción.

Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que con estas investigaciones se determinó la responsabilidad del ex titular de Pemex, por lo que esperarán a que la FGR realice las indagatorias correspondientes, contra Emilio Lozoya.

Emilio Lozoya se encuentra en prisión domiciliaria después de ser acusado de hechos de corrupción con la empresa Odebrecht, cuando estuvo al frente de Pemex, durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que le permitieron a la empresa brasileña seguir operando.

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: