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Justicia pendiente

Agresores de la activista Claudia Uruchurtu confirman su ejecución, sin revelar ubicación de su cuerpo

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Por Miguel Montesinos León

Concluye la etapa de búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, con la confirmación de su muerte, después de 89 días de su desaparición forzada, ocurrida el 26 de marzo pasado. No obstante, sin haber hallado el cuerpo de la activista, también se confirmó que la ejecución de la activista se dio por órdenes de la entonces presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, actualmente recluida en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros Oaxaca.

Desde la misma noche de la desaparición de Uruchurtu se difundió información en el mismo momento de su desaparición que revelaba que la activista había sido golpeada por sus captores con la cacha de la pistola en la cabeza, y momentos después, el reporte realizado por personas de la comunidad de San Pedro Coxcaltepec Cantaros apuntaba que habían encontrado un cuerpo en inmediaciones de esta comunidad.

El reporte fue minimizado por el equipo de investigación y pese a que estuvieron enterados desde los primeros días de la desaparición sobre el asesinato de la activista, hasta la fecha no se ha encontrado su cuerpo.

El mismo presidente de México Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia mañanera del 11 de mayo de 2021 que la activista México-Británica había sido asesinada por órdenes de la presidenta municipal de Nochixtlán, según la declaración del testigo protegido, al día siguiente –12 de mayo– nuevamente hizo alusión al asesinato de la activista. Sin embargo, las autoridades y personal encargado del esclarecimiento de la desaparición y asesinato de Claudia Uruchurtu, el cuerpo de la activista sigue siendo un enigma difícil de resolver.

El fiscal general de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por su parte, señaló recientemente en entrevista a medios de información, que se encuentran detenidos casi todos los involucrado en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu, tanto los autores intelectuales, como los homicidas materiales. No obstante, reiteró que se desconoce la ubicación del cuerpo.

Justicia pendiente por agresión al empresario que involucró a la activista

De la agresión de la que es responsable también la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta en contra del empresario Alfonso Avendaño Rodríguez, y su detención arbitraria en contubernio con el ministerio público de Nochixtlán Rey Velasco Carranza, no se han dado a conocer los avances en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el presidente López Obrador señaló que no se quedaría nada pendiente de este caso, por lo que la edil ya estaba en prisión.

El empresario oaxaqueño Alfonso Avendaño Rodríguez que fue víctima de detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y sufrió lesiones dolosas que pusieron en riesgo su vida no ha tenido respuesta de la fiscalía ni se le ha resarcido el daño. La presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta, los elementos de la policía municipal, el guardaespaldas de la presidenta Lizbeth Victoria Huerta, y el ministerio público Rey Velasco Carranza siguen sin ser responsabilizados por estas arbitrariedades.

No es de olvidarse que los hechos que originaron la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz se derivó de esta agresión física y detención arbitraria al empresario, y extrañamente no se ha determinado la responsabilidad penal por la carpeta de investigación abierta debido a la denuncia de Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de los señalados.

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Justicia pendiente

Alerta Temprana de Periodistas y Activistas pide salvaguardar integridad de indígenas de Coyomepan

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El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas pidió al gobierno federal que se salvaguarde la integridad de la comunidad indígena del municipio de Coyomepan, los cuales se encuentran en riesgo.

Por medio de una carta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra; así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colectivo solicitó su intervención para evitar algún riesgo para la población más vulnerable.

El organismo defensor de los derechos humanos denunció que defensores de derechos humanos indígenas han sido víctimas de despojos de tierras, fabricaciones de delitos, así como el encarcelamiento de los defensores Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para reprimir movimientos sociales.

De acuerdo con el colectivo, en los próximos días esta comunidad indígena podría ser reprimida de forma violenta por parte del gobierno estatal, así como del grupo armado conocido como “Los Celestinos”, a quienes responsabilizaron de cualquier agresión que padezcan.

De la misma manera, acusaron al gobierno de Puebla de fabricar 31 delitos del uso y manipulación para castigar la libertad de expresión, por lo cual consideraron que se encuentran en riesgo cinco mil familias indígenas, debido a que se permitirá a la familia de Celestino Rosas a través de Rodolfo García López seguir al frente del municipio de Coyomepan.

Por ello, pidieron la intervención del gobierno federal ante las constantes amenazas, agresiones y violaciones a los derechos humanos que han padecido los indígenas durante más de 15 años y que se seguirán presentando en los siguientes meses con la nueva administración municipal.

 

 

Carta Integra del Colectivo:

Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Adán Augusto López Hernández.
Secretario de Gobernación.

Alejandro Encinas Rodríguez.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y  Migración.

Enrique Irazoque Palazuelos.
Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.

María del Rosario Piedra Ibarra.
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lorenzo Córdova Vianello
Titular del Instituto Nacional Electoral

A la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas

CC: Carlos Armando Popoca Bermúdez.
Titular de la Oficina de la Representación SEGOB en el Estado de Puebla.

A las Organizaciones Nacionales e Internacionales encargadas de la Defensa de los Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Amnistía Internacional.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas lanza un llamado urgente de auxilio nacional e internacional para que se vigile y se garanticen conforme a derecho y como  lo marca el artículo segundo constitucional y el convenio 169 de la OIT la salvaguarda de hombres y mujeres indígenas del Municipio de Coyomepan quienes se encuentran en grave peligro.

Este Colectivo ha denunciado las amenazas a 26 defensores de derechos humanos indígenas, despojo de tierras, fabricaciones de delitos, el encarcelamiento de cuatro defensores: Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzálo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo de autoridad del Gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta para reprimir los movimientos sociales.

Se advierte que en los próximos días este pueblo indígena podría ser objeto de represión y violencia por parte del gobierno del estado y del grupo armado Los Celestinos, mismos a los que hacemos responsables de cualquier acto de violencia en el que se pudiera reprimir a cualquier habitante del pueblo indígena de Coyomepan.

Acusamos abiertamente al gobierno del estado de Puebla de las 31 fabricaciónes de delitos con el uso y la manipulación de las dependencias estatales como de la Fiscalía del estado para castigar la libertad de expresión de los pueblos indígenas, movimientos sociales, Defensores de la tierra, Activistas y periodistas.

La vida de más de 5 mil familias indígenas mujeres, hombres y niños se encuentran en grave peligro, esto derivado del último fallo que emitió el día de ayer el Tribunal Electoral que favorece de nueva cuenta la sucesión cacique del gobierno a cargo de la  familia Celestino Rosas para ocupar el cargo de Presidente municipal Rodolfo García López, esposo de la actual Diputada Federal Araceli Celestino Rosas ex alcaldesa de este municipio y hermana de David Celestino Rosas.

El pueblo de Coyomepan ha resistido 11 años de amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, asesinatos, despojo de tierras, delincuencia organizada aunado a la presencia de grupos armados amparados por la Diputada Araceli Celestino Rosas y David Celestino Rosas

Es de vital importancia la intervención de todas las instancias de gobierno federal responsables de la salvaguarda de la vida de defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas para que se brinde la seguridad Federal a los habitantes de Coyomepan como a los defensores indígenas encarcelados y la anulación de las 31 órdenes de aprehensión en contra de los defensores indígenas.

Ciudad de México a 14 de Octubre 2021

Claudia Martínez Sánchez
Presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas Defensores de Derechos Humanos y Activistas.

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Abogados de Emilio Lozoya aseguran que no está en arraigo domiciliario

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Los abogados del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aseguraron que el ex funcionario federal no se encuentra en arraigo domiciliario, pues ninguna autoridad judicial determinó esta medida cautelar en su contra por la comisión de delitos asociados a la corrupción.

Por medio de un comunicado, la defensa legal de Lozoya refirió que las publicaciones en redes sociales en contra del ex servidor público son falsas, pues no tiene restricciones para realizar actividades al aire libre y las acusaciones en su contra no corresponden al proceso legal que desarrolla.

De acuerdo los juristas, se debe garantizar la certeza jurídica de Lozoya, quien ha sido señalado por haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa brasileña Odebrecht cuando estuvo al frente de Pemex para impulsar la reforma energética que permitió la participación de la empresa sudamericana en México.

Enfatizaron que Emilio Lozoya colabora con las autoridades federales para continuar con las indagatorias por los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto que ha involucrado a otros personajes como Luis Videgaray, el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); así como diferentes senadores y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Emilio Lozoya acusó que recibió ordenes de Videgaray para sobornar a legisladores federales para aprobar la reforma energética impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, situación por la cual ha seguido su proceso penal en libertad, mientras que su ex compañera de gabinete, Rosario Robles ha seguido este proceso en prisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que Lozoya ha mostrado la disposición de colaborar para acusar a otros políticos implicados en los actos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, no obstante, la mayoría de los señalados continúan en libertad.

 

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Familiares de Cesiah protestan para exigir justicia por su feminicidio en la CDMX

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Familiares y amigos de la joven madre, Cesiah Chirinos, asesinada el pasado 1 de octubre, protestaron por las inmediaciones de la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, para exigir justicia por su feminicidio.

Con pancartas, mantas y cartulinas, los familiares de la joven madre exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que esclarezca el caso y capture a los responsables de su feminicidio, pues no permitirán que el feminicidio permanezca en la impunidad.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades capitalinas informaron que dos personas fueron aprehendidas por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Cesiah, pero no han recibido mayor información, por lo que también demandaron que no sea revictimizada, ya que quedaron huérfanas dos menores de edad.

Los manifestantes reclamaron a la fiscalía capitalina que los detenidos sean procesados por el delito de feminicidio, por lo que solicitaron que se aplique el protocolo de investigación correspondiente, aunado a que solicitaron una audiencia especial con la fiscal Ernestina Godoy para que les dé mayores datos sobre el avance de las indagatorias.

Además, pidieron a las autoridades de la alcaldía de Tláhuac reforzar la seguridad en la zona en los diferentes espacios públicos con mayor iluminación, así como mayor vigilancia en el transporte público, pues aseguraron que las mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad.

El pasado 1 de octubre Cesiah caminaba con un hombre por la calle Camino Real a Xolocalco, cuando fueron interceptados por varios sujetos armados, por lo que la víctima fue golpeada en la cabeza, agredida con un machete, por lo que posteriormente escaparon, pero al sitio arribaron elementos de la policía capitalina que detuvieron a dos sujetos, y por ello el Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio por el feminicidio de la madre de 37 años de edad.

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