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Justicia pendiente

Agravios y pruebas presentadas por AMLO ante el IFE

Con lista de agravios y pruebas presentadas ante IFE, la Coalición de Izquierdas inicia Plan de defensa de democracia y dignidad de México

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Manifestación contra la imposición de Peña Nieto Foto: Martín Valencia/FB

Por Luis Martín Ángeles Lozano

MÉXICO, DF.- “La elección presidencial del primero de julio careció de libertad y legalidad como establece el artículo 41 de la Constitución”, aseguró Andrés Manuel López Obrador quien busca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalide los comicios conforme a derecho. Con una serie de violaciones a la Carta Magna mexicana, la coalición de Izquierdas, promovió un juicio de inconformidad. López Obrador  dijo que a mediados de la próxima semana dará a conocer el “Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México”.

El expediente para el juicio de inconformidad fue elaborado por el coordinador de campaña Ricardo Monreal, y en él estuvieron involucrados también el diputado del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas; el presidente de Movimiento Ciudadano, Luis Walton; y el senador petista Alberto Anaya.

La coalición ha invitado a los ciudadanos a sumarse a firmar el documento a través de la página de internet http://www.exigimosdemocracia.org/

¿En qué consiste el juicio de inconformidad promovido?

¿Cuáles son los agravios y pruebas que la izquierda documentó en el expediente?

¿Qué precedentes hay en el Tribunal Electoral de elecciones anuladas?

Los agravios

 El expediente para el juicio de inconformidad presentado al Instituto Federal Electoral (IFE) bajo protesta, aún no ha resuelto 12 quejas sobre fiscalización presentadas a lo largo de la campaña electoral, y documenta seis agravios. Según el coordinador de campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, así como el diputado por el Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas, las faltas son las siguientes.

 1.- Rebase de tope de gastos de campaña

El exceso en los topes de gastos de campaña del candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto, es un elemento fundamental para sostener que se violó el principio de equidad en la contienda y, con ello, se declare inválido el proceso electoral. Según Jaime Cárdenas, el Movimiento Progresista ha detectado hasta ahora que la coalición gastó 4 mil 599 millones de pesos en los 90 días de campaña. Es decir, hubo un exceso de 4 mil 263 millones de pesos.

2.- Financiamiento encubierto

El presunto uso del presupuesto de gobiernos estatales y municipales, así como un presunto lavado de dinero y dinero proveniente del endeudamiento de los estados gobernados por el PRI constituyen una vía alterna por la que podría haber llegado dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto.

 3.- Las encuestas usadas como instrumento de propaganda e inducción del voto

 “Los resultados de las encuestas pretendieron generar la percepción de que las elecciones ya estaban decididas”, dijo Monreal. De esa forma, los ejercicios de medición de empresas como GEA-ISA, Consulta Mitofsky, Parametría, Ulises Beltrán y Buendía y Laredo, “lastimaron a la coalición”. “Los medios le sacaron la vuelta a la prohibición constitucional para que los particulares no compren tiempos en radio y televisión. Lo que hicieron fue transmitir encuestas como propaganda electoral”, añadió Cárdenas.

 4.- Actos de presión y coacción del voto a los electores, antes y durante la jornada electoral

 Las ya mencionadas tarjetas de Soriana y Monex, así como distintas dádivas, fueron factores que tuvieron impacto en la compra y coacción del voto y, según dijo Monreal, “ese es uno de los problemas principales”. Pese a que en la reforma electoral de 2007 se buscó que el financiamiento privado no prevaleciera sobre el público, y se le puso un límite del 10 por ciento del tope de campaña, el PRI tuvo una fuente paralela de financiamiento con las tarjetas de beneficios de tiendas de autoservicio como Soriana, o de instituciones bancarias como Monex. “En cualquier parte del mundo esto hubiera tumbado a presidentes. Mucho más a candidatos”, afirmó Monreal, quien pidió al IFE que concluya la fiscalización del caso

 5.- Intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso electoral

 En estados como Zacatecas, Tabasco, Yucatán y el Estado de México, los gobiernos estatales participaron ilegalmente en apoyo de Enrique Peña Nieto y del PRI, denuncia el Movimiento Progresista.

 6.-Negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad legal

Como ejemplo, Ricardo Monreal citó que Andrés Manuel López Obrador pidió en febrero al IFE medidas preventivas contra posibles irregularidades, y el órgano contestó su solicitud 105 días después. Para la presentación del expediente, exhibe

Las pruebas

 Conseguidas en su mayoría por denuncias ciudadanas y a través de las redes sociales, esta es la relación de algunas de las pruebas que el equipo jurídico de López Obrador integró en el expediente.

 a) Caso Tabasco

 En este estado, explicó Monreal, dos días antes de la elección se encontraron boletas con el logotipo del PRI ya marcado. La autenticidad de éstas fue certificada ante notario público y ante autoridades del IFE.

 b) Casillas con inconsistencias

La coalición integró un estudio que, afirman, demuestra que 71 mil 671 casillas electorales muestran inconsistencias a pesar del recuento distrital hecho la semana pasada. Sólo el 50 por ciento, dijo, no tiene alguna irregularidad, y 31 por ciento tiene inconsistencias graves que deben ser analizadas por el Tribunal Electoral.

c) Contrato para promover a Peña Nieto en Estados Unidos

Ricardo Monreal mencionó un contrato por 56 millones de dólares “contratados ilegalmente” para mejorar la imagen del candidato priista en Estados Unidos. Este documento demostraría la triangulación de recursos y el manejo clandestino e ilegal de recursos.

d) Caso Zacatecas

La existencia de cheques, talonarios, funcionarios públicos responsables de distritos electorales y otras irregularidades, constituyen lo que Monreal calificó como “lo más acabado del fraude moderno”.

e) Credenciales y Tarjetas

El caso de las tarjetas prepagadas del Grupo Financiero Monex obliga al IFE, según el coordinador de campaña, a concluir la fiscalización, pues la unidad que el Instituto Electoral se encarga de ello, no tiene secreto bancario, fiscal ni fiduciario y, desde hace semanas, dijo podían haber esclarecido el problema.

f) El caso Soriana

Monreal presentó dos documentos recientes que ha obtenido el equipo. El primero, un testimonio manuscrito de una ciudadana de nombre Érika Gómez Reyes, quien en una cuartilla asegura que en la Vicaría de Santa Clara, en Tlalnepantla, Estado de México, se repartieron tarjetas de Soriana con 500 pesos de crédito. El otro documento es un acta notariada que contiene testimonios y copias de credenciales de elector de personas que recibieron tarjetas por mil pesos a cambio de apoyar al PRI.

g) Promocionales y utilitarios

El equipo de López Obrador ha detectado más de 280 tipos de artículos promocionales del candidato priista como bicicletas, albercas, chamarras y electrodomésticos. Anoche, en una conferencia en el Instituto Federal Electoral, se presentaron muestras de estos utilitarios, los cuales fueron transportados en cinco vehículos.

Los precedentes jurídicos

De 2007 a 2011 se han declarado inválidas o nulas cinco elecciones en México, según el recuento que hizo el abogado Jaime Cárdenas.

2007 Yurécuaro, Michoacán

Las elecciones a Alcalde en este municipio fueron declaradas inválidas en 2007 debido a que el candidato del PRI, Martín Pérez Jaimes, utilizó elementos religiosos en su campaña electoral, según resolvió la sala superior del Tribunal.

2007 Tabasco

La elección para Gobernador de aquel año fue anulada debido a que la Sala Superior del Tribunal resolvió que el proceso estuvo plagado de vicios e irregularidades como compra de votos y de tiempo oficial en favor del candidato del PRI y ganador de los comicios, Manuel Andrade. En aquella ocasión, el entonces Magistrado Presidente José Fernando Ojesto se excusó de conocer el tema por declaraciones previas sobre el caso.

2008 Acapulco, Guerrero

Mediante la causal de “violación de principios constitucionales”, la elección para presidente municipal de la capital guerrerense fue declarada inválida en aquel año en que finalmente ganó la alcaldía el priista Manuel Añorve Baños.

2009 Zimapán, Hidalgo

Los comicios municipales fueron anulados por la Sala Regional del Tribunal con sede en Toluca debido a que los magistrados consideraron que el candidato ganador, el perredista José María Lozano, fue favorecido por actos proselitistas hechos por el párroco de la iglesia de San Juan Bautista.

2011 Morelia, Michoacán

La aparición del candidato del PRI, Wilfrido Lázaro en televisión de paga por casi cinco minutos, y la aparición del boxeador Juan Manuel Márquez con el logotipo del PRI en los calzoncillos durante una pelea fueron calificados como hechos graves por la Sala Regional del Tribunal, con sede en Toluca, por lo que se anuló el proceso.

 

Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Justicia pendiente

Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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