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Justicia pendiente

Agravios y pruebas presentadas por AMLO ante el IFE

Con lista de agravios y pruebas presentadas ante IFE, la Coalición de Izquierdas inicia Plan de defensa de democracia y dignidad de México

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Manifestación contra la imposición de Peña Nieto Foto: Martín Valencia/FB

Por Luis Martín Ángeles Lozano

MÉXICO, DF.- «La elección presidencial del primero de julio careció de libertad y legalidad como establece el artículo 41 de la Constitución”, aseguró Andrés Manuel López Obrador quien busca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalide los comicios conforme a derecho. Con una serie de violaciones a la Carta Magna mexicana, la coalición de Izquierdas, promovió un juicio de inconformidad. López Obrador  dijo que a mediados de la próxima semana dará a conocer el “Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México”.

El expediente para el juicio de inconformidad fue elaborado por el coordinador de campaña Ricardo Monreal, y en él estuvieron involucrados también el diputado del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas; el presidente de Movimiento Ciudadano, Luis Walton; y el senador petista Alberto Anaya.

La coalición ha invitado a los ciudadanos a sumarse a firmar el documento a través de la página de internet http://www.exigimosdemocracia.org/

¿En qué consiste el juicio de inconformidad promovido?

¿Cuáles son los agravios y pruebas que la izquierda documentó en el expediente?

¿Qué precedentes hay en el Tribunal Electoral de elecciones anuladas?

Los agravios

 El expediente para el juicio de inconformidad presentado al Instituto Federal Electoral (IFE) bajo protesta, aún no ha resuelto 12 quejas sobre fiscalización presentadas a lo largo de la campaña electoral, y documenta seis agravios. Según el coordinador de campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, así como el diputado por el Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas, las faltas son las siguientes.

 1.- Rebase de tope de gastos de campaña

El exceso en los topes de gastos de campaña del candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto, es un elemento fundamental para sostener que se violó el principio de equidad en la contienda y, con ello, se declare inválido el proceso electoral. Según Jaime Cárdenas, el Movimiento Progresista ha detectado hasta ahora que la coalición gastó 4 mil 599 millones de pesos en los 90 días de campaña. Es decir, hubo un exceso de 4 mil 263 millones de pesos.

2.- Financiamiento encubierto

El presunto uso del presupuesto de gobiernos estatales y municipales, así como un presunto lavado de dinero y dinero proveniente del endeudamiento de los estados gobernados por el PRI constituyen una vía alterna por la que podría haber llegado dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto.

 3.- Las encuestas usadas como instrumento de propaganda e inducción del voto

 “Los resultados de las encuestas pretendieron generar la percepción de que las elecciones ya estaban decididas”, dijo Monreal. De esa forma, los ejercicios de medición de empresas como GEA-ISA, Consulta Mitofsky, Parametría, Ulises Beltrán y Buendía y Laredo, “lastimaron a la coalición”. “Los medios le sacaron la vuelta a la prohibición constitucional para que los particulares no compren tiempos en radio y televisión. Lo que hicieron fue transmitir encuestas como propaganda electoral”, añadió Cárdenas.

 4.- Actos de presión y coacción del voto a los electores, antes y durante la jornada electoral

 Las ya mencionadas tarjetas de Soriana y Monex, así como distintas dádivas, fueron factores que tuvieron impacto en la compra y coacción del voto y, según dijo Monreal, “ese es uno de los problemas principales”. Pese a que en la reforma electoral de 2007 se buscó que el financiamiento privado no prevaleciera sobre el público, y se le puso un límite del 10 por ciento del tope de campaña, el PRI tuvo una fuente paralela de financiamiento con las tarjetas de beneficios de tiendas de autoservicio como Soriana, o de instituciones bancarias como Monex. “En cualquier parte del mundo esto hubiera tumbado a presidentes. Mucho más a candidatos”, afirmó Monreal, quien pidió al IFE que concluya la fiscalización del caso

 5.- Intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso electoral

 En estados como Zacatecas, Tabasco, Yucatán y el Estado de México, los gobiernos estatales participaron ilegalmente en apoyo de Enrique Peña Nieto y del PRI, denuncia el Movimiento Progresista.

 6.-Negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad legal

Como ejemplo, Ricardo Monreal citó que Andrés Manuel López Obrador pidió en febrero al IFE medidas preventivas contra posibles irregularidades, y el órgano contestó su solicitud 105 días después. Para la presentación del expediente, exhibe

Las pruebas

 Conseguidas en su mayoría por denuncias ciudadanas y a través de las redes sociales, esta es la relación de algunas de las pruebas que el equipo jurídico de López Obrador integró en el expediente.

 a) Caso Tabasco

 En este estado, explicó Monreal, dos días antes de la elección se encontraron boletas con el logotipo del PRI ya marcado. La autenticidad de éstas fue certificada ante notario público y ante autoridades del IFE.

 b) Casillas con inconsistencias

La coalición integró un estudio que, afirman, demuestra que 71 mil 671 casillas electorales muestran inconsistencias a pesar del recuento distrital hecho la semana pasada. Sólo el 50 por ciento, dijo, no tiene alguna irregularidad, y 31 por ciento tiene inconsistencias graves que deben ser analizadas por el Tribunal Electoral.

c) Contrato para promover a Peña Nieto en Estados Unidos

Ricardo Monreal mencionó un contrato por 56 millones de dólares “contratados ilegalmente” para mejorar la imagen del candidato priista en Estados Unidos. Este documento demostraría la triangulación de recursos y el manejo clandestino e ilegal de recursos.

d) Caso Zacatecas

La existencia de cheques, talonarios, funcionarios públicos responsables de distritos electorales y otras irregularidades, constituyen lo que Monreal calificó como “lo más acabado del fraude moderno”.

e) Credenciales y Tarjetas

El caso de las tarjetas prepagadas del Grupo Financiero Monex obliga al IFE, según el coordinador de campaña, a concluir la fiscalización, pues la unidad que el Instituto Electoral se encarga de ello, no tiene secreto bancario, fiscal ni fiduciario y, desde hace semanas, dijo podían haber esclarecido el problema.

f) El caso Soriana

Monreal presentó dos documentos recientes que ha obtenido el equipo. El primero, un testimonio manuscrito de una ciudadana de nombre Érika Gómez Reyes, quien en una cuartilla asegura que en la Vicaría de Santa Clara, en Tlalnepantla, Estado de México, se repartieron tarjetas de Soriana con 500 pesos de crédito. El otro documento es un acta notariada que contiene testimonios y copias de credenciales de elector de personas que recibieron tarjetas por mil pesos a cambio de apoyar al PRI.

g) Promocionales y utilitarios

El equipo de López Obrador ha detectado más de 280 tipos de artículos promocionales del candidato priista como bicicletas, albercas, chamarras y electrodomésticos. Anoche, en una conferencia en el Instituto Federal Electoral, se presentaron muestras de estos utilitarios, los cuales fueron transportados en cinco vehículos.

Los precedentes jurídicos

De 2007 a 2011 se han declarado inválidas o nulas cinco elecciones en México, según el recuento que hizo el abogado Jaime Cárdenas.

2007 Yurécuaro, Michoacán

Las elecciones a Alcalde en este municipio fueron declaradas inválidas en 2007 debido a que el candidato del PRI, Martín Pérez Jaimes, utilizó elementos religiosos en su campaña electoral, según resolvió la sala superior del Tribunal.

2007 Tabasco

La elección para Gobernador de aquel año fue anulada debido a que la Sala Superior del Tribunal resolvió que el proceso estuvo plagado de vicios e irregularidades como compra de votos y de tiempo oficial en favor del candidato del PRI y ganador de los comicios, Manuel Andrade. En aquella ocasión, el entonces Magistrado Presidente José Fernando Ojesto se excusó de conocer el tema por declaraciones previas sobre el caso.

2008 Acapulco, Guerrero

Mediante la causal de “violación de principios constitucionales”, la elección para presidente municipal de la capital guerrerense fue declarada inválida en aquel año en que finalmente ganó la alcaldía el priista Manuel Añorve Baños.

2009 Zimapán, Hidalgo

Los comicios municipales fueron anulados por la Sala Regional del Tribunal con sede en Toluca debido a que los magistrados consideraron que el candidato ganador, el perredista José María Lozano, fue favorecido por actos proselitistas hechos por el párroco de la iglesia de San Juan Bautista.

2011 Morelia, Michoacán

La aparición del candidato del PRI, Wilfrido Lázaro en televisión de paga por casi cinco minutos, y la aparición del boxeador Juan Manuel Márquez con el logotipo del PRI en los calzoncillos durante una pelea fueron calificados como hechos graves por la Sala Regional del Tribunal, con sede en Toluca, por lo que se anuló el proceso.

 

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Reportero de Veracruz es asesinado; suman 17 comunicadores ejecutados

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El periodista Pedro Pablo Kumul se convirtió en el comunicador número 17 que es asesinado en México en lo que va del 2022

Un grupo de sujetos armados dispararon y asesinaron al reportero Pedro Pablo Kumul, mientras conducía un taxi, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que suman 17 periodistas asesinados en 2022 en México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (FGJEV), el periodista conducía un taxi en la calle Elías Elizarde, casi esquina con Jamaica, en la colonia Casa Blanca, donde fue agredido por sujetos desconocidos e impactó con un poste de luz.

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El grupo de medios AX Multimedios, donde colaboraba el comunicador, informó que el periodista fue atacado por sujetos desconocidos, por lo que pidió a las autoridades estatales que esclarezcan el caso, ya que aseveraron que este homicidio no puede permanecer en la impunidad.

El medio de comunicación exigió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que investigue a fondo el crimen, pues aseveraron que los periodistas se encuentran en una mayor vulnerabilidad al trabajar en condiciones de violencia en diferentes regiones de la entidad sin la protección ni vigilancia del Estado.

De la misma manera, el periodista Francisco Eusebio Hernández Elvira desapareció en la zona sur de Veracruz desde el domingo pasado, por lo cual la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas detalló que su último paradero fue en el municipio de Nopaltepec.

Lee más: INAI ordena a Segob informar sobre medidas de protección para periodistas

Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no ha dado una postura sobre la desaparición de Hernández Elvira.

En lo que va del año, en México han sido asesinados 17 periodistas en diferentes regiones del país, colocándose como la nación más riesgosa para ejercer el periodismo en el mundo, según diferentes organismos internacionales como Human Right Watch, así como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y Amnistía Internacional.

 

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Marcha 8 de diciembre por las personas privadas de libertad en México, convoca Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

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El colectivo de Presunción de Inocencia y derechos humanos convocó a una marcha el 8-D

 

La asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, convoca a la segunda marcha nacional por los derechos de las personas privadas de libertad en los centros estatales y federales de readaptación social para el 8 de diciembre, a las 10 horas, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Se trata de una marcha también por los falsos culpables que siguen en prisión, pese a que en miles de casos han demostrado su inocencia, además de protocolos de Estambul positivos en tortura y peticiones de ayuda ignoradas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para entender más del caso: Prisión digital: pizca de libertad

Pérez Espinoza, quien fue preso político durante cuatro años en un penal del Estado de México, ha liderado un movimiento por los derechos humanos de presos que han sufrido torturas e irregularidades en sus procesos judiciales, y ha promovido la primera Ley de Amnistía para delitos de alto impacto en la entidad.

A la marcha también fue convocado el Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, que han integrado los activistas Alejandro López Ponce de León, Carlos Torres y Armando Clement González, quienes participan en el programa de Los Ángeles Press, conducido por la periodista Guadalupe Lizárraga, sobre el sistema penitenciario mexicano, todos los martes a las 20 horas, en donde presentan denuncias sobre las violaciones de derechos humanos a las personas privadas de libertad.

De acuerdo con los activistas, el propósito de la marcha comentaron es visibilizar la injusticia que viven los presos sin sentencia hasta por más de 25 años, como es en e caso de Jens Herrera Guzmán, preso en Puebla, y quien fue trasladado lejos de su familia por hacer listas de los presos a los que han negado un beneficio de ley, o han sido torturados o están sin sentencia por más de dos años en violación a sus derechos constitucionales.

Lee más: Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

La tortura como medida disciplinaria en los penales, es una de las principales denuncias de los activistas, además la falta de atención médica, la reducción de porciones de comida, la falta de agua potable, la prohibición de visitas familiares, las muertes declaradas como suicidios, las irregularidades de los procesos judiciales, las extorsiones dentro y fuera de los penales, el tráfico de drogas y la compra de privilegios, así como el uso de gas lacrimógeno como método de intimidación para que no denuncien violaciones de derechos humanos.

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Juez rechaza retirar cargos contra García Luna

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Brian Cogan, juez de EU, rechazó quitar los cargos de corrupción contra Genaro García Luna

El juez federal de Estados Unidos, Brian Cogan, rechazó retirar los cargos por complicidad con el Cártel de Sinaloa al ex secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

La defensa legal del ex funcionario federal solicitó al juez desestimar cuatro de los cinco cargos que se le acusan como son participar en una empresa criminal, distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína y conspirar para importar cocaína, mientras que la quinta acusación es señalada por mentir para obtener la nacionalidad norteamericana.

Para saber más del tema: Gobierno de EEUU dice tener pruebas suficientes contra García Luna y se declara listo para el juicio

De acuerdo con la defensa de García Luna, los señalamientos de haber participado en actos de corrupción son infundados, ya que no pudo recibir sobornos del grupo criminal después de 2012, cuando dejó el gobierno federal.

Sin embargo, el juez consideró que esos cargos tienen que ser analizados por un jurado calificador, mismo que deberá determinar la validez y vigencia de los señalamientos, por lo cual deberán esperar hasta enero para que se desarrolle el proceso contra García Luna.

Asimismo, el juez negó la solicitud de la defensa legal del ex servidor público de solicitar a la fiscalía que informe sobre los testigos que colaboran en la investigación en su contra, aunado a que sostienen que después de dejar el gobierno federal no desistió en sus actividades ilícitas.

Lee más: Fiscalía de EUA no retirará cargos contra García Luna por narcotráfico

De la misma manera, Genaro García Luna colaboró con los integrantes del Cártel de Sinaloa, organización delictiva que se convirtió en una de las más importantes del mundo y que creció durante la administración de Felipe Calderón.

 

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