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Justicia pendiente

Agravios y pruebas presentadas por AMLO ante el IFE

Con lista de agravios y pruebas presentadas ante IFE, la Coalición de Izquierdas inicia Plan de defensa de democracia y dignidad de México

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Manifestación contra la imposición de Peña Nieto Foto: Martín Valencia/FB

Por Luis Martín Ángeles Lozano

MÉXICO, DF.- «La elección presidencial del primero de julio careció de libertad y legalidad como establece el artículo 41 de la Constitución”, aseguró Andrés Manuel López Obrador quien busca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalide los comicios conforme a derecho. Con una serie de violaciones a la Carta Magna mexicana, la coalición de Izquierdas, promovió un juicio de inconformidad. López Obrador  dijo que a mediados de la próxima semana dará a conocer el “Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México”.

El expediente para el juicio de inconformidad fue elaborado por el coordinador de campaña Ricardo Monreal, y en él estuvieron involucrados también el diputado del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas; el presidente de Movimiento Ciudadano, Luis Walton; y el senador petista Alberto Anaya.

La coalición ha invitado a los ciudadanos a sumarse a firmar el documento a través de la página de internet http://www.exigimosdemocracia.org/

¿En qué consiste el juicio de inconformidad promovido?

¿Cuáles son los agravios y pruebas que la izquierda documentó en el expediente?

¿Qué precedentes hay en el Tribunal Electoral de elecciones anuladas?

Los agravios

 El expediente para el juicio de inconformidad presentado al Instituto Federal Electoral (IFE) bajo protesta, aún no ha resuelto 12 quejas sobre fiscalización presentadas a lo largo de la campaña electoral, y documenta seis agravios. Según el coordinador de campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, así como el diputado por el Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas, las faltas son las siguientes.

 1.- Rebase de tope de gastos de campaña

El exceso en los topes de gastos de campaña del candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto, es un elemento fundamental para sostener que se violó el principio de equidad en la contienda y, con ello, se declare inválido el proceso electoral. Según Jaime Cárdenas, el Movimiento Progresista ha detectado hasta ahora que la coalición gastó 4 mil 599 millones de pesos en los 90 días de campaña. Es decir, hubo un exceso de 4 mil 263 millones de pesos.

2.- Financiamiento encubierto

El presunto uso del presupuesto de gobiernos estatales y municipales, así como un presunto lavado de dinero y dinero proveniente del endeudamiento de los estados gobernados por el PRI constituyen una vía alterna por la que podría haber llegado dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto.

 3.- Las encuestas usadas como instrumento de propaganda e inducción del voto

 “Los resultados de las encuestas pretendieron generar la percepción de que las elecciones ya estaban decididas”, dijo Monreal. De esa forma, los ejercicios de medición de empresas como GEA-ISA, Consulta Mitofsky, Parametría, Ulises Beltrán y Buendía y Laredo, “lastimaron a la coalición”. “Los medios le sacaron la vuelta a la prohibición constitucional para que los particulares no compren tiempos en radio y televisión. Lo que hicieron fue transmitir encuestas como propaganda electoral”, añadió Cárdenas.

 4.- Actos de presión y coacción del voto a los electores, antes y durante la jornada electoral

 Las ya mencionadas tarjetas de Soriana y Monex, así como distintas dádivas, fueron factores que tuvieron impacto en la compra y coacción del voto y, según dijo Monreal, “ese es uno de los problemas principales”. Pese a que en la reforma electoral de 2007 se buscó que el financiamiento privado no prevaleciera sobre el público, y se le puso un límite del 10 por ciento del tope de campaña, el PRI tuvo una fuente paralela de financiamiento con las tarjetas de beneficios de tiendas de autoservicio como Soriana, o de instituciones bancarias como Monex. “En cualquier parte del mundo esto hubiera tumbado a presidentes. Mucho más a candidatos”, afirmó Monreal, quien pidió al IFE que concluya la fiscalización del caso

 5.- Intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso electoral

 En estados como Zacatecas, Tabasco, Yucatán y el Estado de México, los gobiernos estatales participaron ilegalmente en apoyo de Enrique Peña Nieto y del PRI, denuncia el Movimiento Progresista.

 6.-Negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad legal

Como ejemplo, Ricardo Monreal citó que Andrés Manuel López Obrador pidió en febrero al IFE medidas preventivas contra posibles irregularidades, y el órgano contestó su solicitud 105 días después. Para la presentación del expediente, exhibe

Las pruebas

 Conseguidas en su mayoría por denuncias ciudadanas y a través de las redes sociales, esta es la relación de algunas de las pruebas que el equipo jurídico de López Obrador integró en el expediente.

 a) Caso Tabasco

 En este estado, explicó Monreal, dos días antes de la elección se encontraron boletas con el logotipo del PRI ya marcado. La autenticidad de éstas fue certificada ante notario público y ante autoridades del IFE.

 b) Casillas con inconsistencias

La coalición integró un estudio que, afirman, demuestra que 71 mil 671 casillas electorales muestran inconsistencias a pesar del recuento distrital hecho la semana pasada. Sólo el 50 por ciento, dijo, no tiene alguna irregularidad, y 31 por ciento tiene inconsistencias graves que deben ser analizadas por el Tribunal Electoral.

c) Contrato para promover a Peña Nieto en Estados Unidos

Ricardo Monreal mencionó un contrato por 56 millones de dólares “contratados ilegalmente” para mejorar la imagen del candidato priista en Estados Unidos. Este documento demostraría la triangulación de recursos y el manejo clandestino e ilegal de recursos.

d) Caso Zacatecas

La existencia de cheques, talonarios, funcionarios públicos responsables de distritos electorales y otras irregularidades, constituyen lo que Monreal calificó como “lo más acabado del fraude moderno”.

e) Credenciales y Tarjetas

El caso de las tarjetas prepagadas del Grupo Financiero Monex obliga al IFE, según el coordinador de campaña, a concluir la fiscalización, pues la unidad que el Instituto Electoral se encarga de ello, no tiene secreto bancario, fiscal ni fiduciario y, desde hace semanas, dijo podían haber esclarecido el problema.

f) El caso Soriana

Monreal presentó dos documentos recientes que ha obtenido el equipo. El primero, un testimonio manuscrito de una ciudadana de nombre Érika Gómez Reyes, quien en una cuartilla asegura que en la Vicaría de Santa Clara, en Tlalnepantla, Estado de México, se repartieron tarjetas de Soriana con 500 pesos de crédito. El otro documento es un acta notariada que contiene testimonios y copias de credenciales de elector de personas que recibieron tarjetas por mil pesos a cambio de apoyar al PRI.

g) Promocionales y utilitarios

El equipo de López Obrador ha detectado más de 280 tipos de artículos promocionales del candidato priista como bicicletas, albercas, chamarras y electrodomésticos. Anoche, en una conferencia en el Instituto Federal Electoral, se presentaron muestras de estos utilitarios, los cuales fueron transportados en cinco vehículos.

Los precedentes jurídicos

De 2007 a 2011 se han declarado inválidas o nulas cinco elecciones en México, según el recuento que hizo el abogado Jaime Cárdenas.

2007 Yurécuaro, Michoacán

Las elecciones a Alcalde en este municipio fueron declaradas inválidas en 2007 debido a que el candidato del PRI, Martín Pérez Jaimes, utilizó elementos religiosos en su campaña electoral, según resolvió la sala superior del Tribunal.

2007 Tabasco

La elección para Gobernador de aquel año fue anulada debido a que la Sala Superior del Tribunal resolvió que el proceso estuvo plagado de vicios e irregularidades como compra de votos y de tiempo oficial en favor del candidato del PRI y ganador de los comicios, Manuel Andrade. En aquella ocasión, el entonces Magistrado Presidente José Fernando Ojesto se excusó de conocer el tema por declaraciones previas sobre el caso.

2008 Acapulco, Guerrero

Mediante la causal de “violación de principios constitucionales”, la elección para presidente municipal de la capital guerrerense fue declarada inválida en aquel año en que finalmente ganó la alcaldía el priista Manuel Añorve Baños.

2009 Zimapán, Hidalgo

Los comicios municipales fueron anulados por la Sala Regional del Tribunal con sede en Toluca debido a que los magistrados consideraron que el candidato ganador, el perredista José María Lozano, fue favorecido por actos proselitistas hechos por el párroco de la iglesia de San Juan Bautista.

2011 Morelia, Michoacán

La aparición del candidato del PRI, Wilfrido Lázaro en televisión de paga por casi cinco minutos, y la aparición del boxeador Juan Manuel Márquez con el logotipo del PRI en los calzoncillos durante una pelea fueron calificados como hechos graves por la Sala Regional del Tribunal, con sede en Toluca, por lo que se anuló el proceso.

 

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Comunidad Indígena Otomí denuncia acoso y discriminación de titular del INPI en CDMX

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Por Ignacio García

Los integrantes de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México denunciaron que el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, ha incurrido en constantes actos de discriminación, criminalización y desprecio contra los indígenas.

Por medio de un comunicado público, la comunidad indígena refirió que se apoderaron de la institución en repudio a los ataques paramilitares contra los zapatistas que el propio titular del INPI traicionó al apoyar la imposición de los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la Refinería de dos Bocas, entre otros.

De acuerdo con la comunidad, el responsable del INPI ha acusado a los indígenas de evitar el ingreso de personal especializado para conocer el acervo histórico indígena, pero aclararon que ninguna persona especializada ha pretendido ingresar y que es propiedad pública de los pueblos originarios.

Denunciaron que Regino Montes de atentar contra el acervo indígena, pues ordenó el corte del suministro de energía eléctrica, por lo que enfatizaron que ha tratado de justificarse en la falta de pago de luz para las instalaciones.

Afirmaron que ha eludido el diálogo con las comunidades indígenas, mientras que ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por criminalizar a los grupos originarios que se han movilizado en las instalaciones del INPI.

Asimismo, lo responsabilizaron de cualquier agresión que padezca Diego García, pues lo ha culpado públicamente de la toma de las instalaciones de la institución federal.

Por ello, solicitaron que desista en la denuncia ante la fiscalía capitalina, por lo que convocaron a mesas de diálogo el próximo 4 de febrero y emplazaron al titular del INPI, así como al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y que se aborden diferentes temas como educación, cultura, vivienda, alimentación, entre otros.

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Periodistas en Tijuana exigen investigar a Jaime Bonilla por las denuncias de Lourdes Maldonado

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Por Guadalupe Lizárraga

En Tijuana, unas 300 personas, entre periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanía, fueron parte de la movilización nacional para manifestar su dolor e indignación por el asesinato de sus colegas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, en los últimos 15 días, y exigieron que se investigue al exgobernador Jaime Bonilla por las denuncias que ya había hecho Lourdes Maldonado.

Reunidos en el monumento de Las Tijeras, sobre la Avenida de los Héroes, de la Zona Río, en torno a las 4 de la tarde empezaron a llegar los periodistas con pancartas. Una hora después, con el apoyo de la Policía municipal, cerraron la calle para emprender la marcha en silencio hacia la Delegación de la Fiscalía General de la República, donde se turnaron para expresar su indignación. Drones, policías en motocicletas y militares vestidos de civil fueron parte del acompañamiento de la marcha.

Tras el asesinato de Lourdes Maldonado ocurrido el domingo, durante la manifestación se cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya pronunciado en favor del exgobernador Jaime Bonilla, sin mediar la correspondiente indagatoria del Ministerio Público. No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ninguno juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados”, dijo el lunes, el mandatario.

Sin embargo, en reacción, los periodistas exigieron justicia, y que se debía investigar a Jaime Bonilla porque fue el que la puso en riesgo, con una disputa laboral de nueve años, y amenazas de muerte de por medio, denunciadas por la misma periodista Lourdes Maldonado en conferencia del presidente el 26 de marzo de 2019.

Maldonado le dijo en ese momento: “vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo”. Y tras ganar la demanda laboral, reveló en video que Bonilla no pagaba ningún impuesto ni nómina a sus trabajadores, que les pagaba en efectivo en “sobrecitos”.

Los periodistas, a lo largo y ancho del país, gritaron consignas de “¡Justicia! ¡No al silencio! ¡Somos prensa, no disparen! ¡Sin periodismo no hay democracia!” y que debían ser atendidos por las autoridades federales y estatales para que esta labor fundamental para la sociedad cuente con las garantías de la libertad de expresión y el acceso a la información, en vez de que sea el Estado mismo el que azuza a atacar a comunicadores o encubre a los atacantes.

Manifestación de periodistas en Tijuana, Baja California. Foto: GL/Los Ángeles Press

 

Entre las manifestaciones piden prisión preventiva a Jaime Bonilla: Foto: GL/Los Ángeles Press

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Indignación por periodistas asesinados en México llama a movilización nacional

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Una ola de indignación se desató en México tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, el segundo en una semana, tan sólo en el estado de Baja California, el tercero en los 25 días que van del año. Además se suman las denuncias y quejas por violaciones de derechos humanos por acoso y detenciones arbitrarias como en el caso de nuestra corresponsal de Chiapas, Cinthya Alvarado Enríquez, quien fue golpeada y secuestrada durante horas por el subdelegado del Instituto Nacional de Migración, Hugo Salvador Cuéllar Fuentes, general en retiro.

En Tijuana, el 18 de enero fue asesinado el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, y el 10 de enero, José Luis Gamboa, apuñalado en el puerto de Veracruz. La impunidad ha sido absoluta, y las fiscalías han relacionado estos dos casos con el crimen organizado, sin dar mayor especificación sobre el móvil de los hechos, minimizando el trabajo de las víctimas en el ejercicio de su periodismo.

En el caso de la periodista María de Lourdes Maldonado López, durante una conferencia mañanera en 2019: “Temo por mi vida”. Hoy está muerta. La asesinaron afuera de su casa en Tijuana, Baja California.

Desde la Presidencia de la República, lejos de buscar alguna estrategia para proteger a los periodistas, se creó un espacio para hostigar, e incluso perseguir a medios nacionales y comentaristas de prensa, radio y televisión. Las denuncias de persecución y hostigamiento que han hecho periodistas en la conferencia matutina, se han quedado solo en eso, mientras Jesús Ramírez es el encargado de dar seguimiento a las denuncias con las diversas secretarías de Estado.

El desprecio a los reporteros también ha sido evidente en el caso Notimex, donde llevan más de dos años en huelga, sin que el régimen de la 4T otorgue alguna indemnización a los trabajadores que quiere despedir. Incluso, el presidente mantuvo a Sanjuana Martínez pese a las revelaciones de usar los recursos de la Agencia de Noticias del Estado para campañas de acoso contra nueve mujeres periodistas, incluyendo a la directora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, tras denunciar la protección mediática de Sanjuana Martínez a Isabel Miranda Torres, por el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Movilización nacional

En medio de esta ola de protestas, hoy México vivirá una de las jornadas más delicadas en el tema de libertad de expresión y prensa, con una serie de manifestaciones en 35 ciudades.

Martes 25 de Enero
Acapulco ✅– 7PM Asta Bandera Papagayo
Acayucan ✅– 6PM Parque Benito Juárez
Campeche ✅ 12 PM – Asta Bandera
Cancún ✅ 7 PM – Explanada Palacio Municipal
Chetumal ✅ 7 PM – Explanada de la Bandera
CDMX ✅ 8 PM – Secretaría de Gobernación
Ciudad Juárez✅ 6PM Plaza del Periodista
Ciudad Victoria✅ 7PM Palacio de Gobierno
Chiapas ✅ 7 PM – Plazas centrales de principales ciudades
Chihuahua  ✅ 5 PM  Palacio de Gobierno
Chilpancingo ✅ 7 PM- FGE
Coatzacoalcos✅  11AM Parque Independencia
Colima✅ 6 PM – Palacio de Gobierno
Córdoba ✅ 12PM – Parque 21 de Mayo
Culiacán ✅ 5 PM – Catedral
Durango ✅ 11:30AM Plaza de Armas
Ensenada ✅ 6 PM – FGE
Guadalajara  ✅  6:30 PM – Plaza de Armas
La Paz, BCS ✅ 12PM – Palacio de Gobierno
Mazatlán ✅ 5 PM – Malecón Paraje Rafael Buelna
Mérida ✅ 8 PM- Monumento a la Patria
Mexicalli ✅6PM – FGE
Monterrey ✅  8 PM – Monumento a la Libertad de Expresión
Morelia ✅ 8 PM – Plaza Melchor Ocampo
Morelos ✅ 6 PM – Paloma de la paz
Orizaba ✅12PM – Parque Apolinar Castillo
Piedras Negras  ✅ 8 PM – Teatro Hundido de la Gran Plaza
Playa del Carmen ✅ 10 AM – Explanada 28 de julio
Puebla✅ 6PM Frente a Catedral
Tijuana ✅  5 PM – Las Tijeras
Tlaxcala✅  6PM Palacio de Gobierno
Toluca  ✅ 5 PM – Palacio de Gobierno
Uruapan ✅ 8 PM – Plaza de los Mártires
Veracruz ✅ 7 PM – Zócalo de la ciudad
Xalapa ✅ 6 PM – Plaza Lerdo
También daremos a conocer un comunicado.
#NiSilencioNiOlvido
#NoSeMataLaVerdad
#PeriodismoEnRiesgo
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