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Mexico Violento

Advertencias de policías a víctima de abuso por denunciar en Jalisco

Víctima de brutalidad policíaca en Unión de San Antonio Jalisco denuncia al Ministerio Público y es amenazado por policías municipales

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Policía municipal de Unión de San Antonio denunciad a por exceso de violencia contra civiles inocentes. Foto: Teódulo Pineda/Archivo

Policía municipal de Unión de San Antonio denunciada por exceso de violencia contra civiles inocentes el pasado 6 de julio. Foto: Teódulo Pineda/Archivo

Entrevista a víctima de brutalidad policíaca en Altos de Jalisco

Por Teódulo Pineda Bahena

Luis Javier Moreno Antimo, lastimado de todo el cuerpo, con golpes de diferentes intensidades principalmente en la cara, fue víctima del exceso de violencia por parte de policías municipales de Unión de San Antonio, Jalisco, el pasado 6 de julio. Los hechos se dieron en un partido de fútbol, a raíz de una gresca entre aficionados, en la que la que él no participó.

Los Ángeles Press lo entrevistó poco tiempo después de que abandonara el hospital de Lagos de Moreno, Jalisco, y hasta ahora se autorizó su publicación, por las advertencias de policías a la familia de la víctima para que no “hiciera más grande el asunto”.

–¿Puede relatarme como ocurrió esto?

–Fue el domingo 6 de julio, después del partido de la final de la liga municipal de fútbol entre El Caliche y Estación Pedrito. Yo estaba para el lado norte de la gradería, se iba a empezar la ceremonia de premiación cuando del otro lado de la gradería empezó un tumulto que no supe ni por qué. Los policías avanzaron de ese lado hacia donde estaba y lanzando toletazos y gases lacrimógenos, unas mujeres policías aplicaban la chicharra a quienes no se hacían a un lado.

 Viendo esto y sabiendo que mis dos hermanos estaban por ese lado, empecé a gritarles por sus nombres. Los muchachos que corrían hacia donde estaba me empujaron fuera de las gradas, entre la carpa a donde se estuvo vendiendo cervezas y la gradería. Yo desde allí hacía lo posible por localizar a mis hermanos y cuando los vi, los llamé para que salieran de la multitud. Y es que no quería les fuera a pasar algo porque mi mamá padece de ataques cuando se angustia o se pone nerviosa.

 –¿No participó entonces en el enfrentamiento?

–No. Si acaso me vieron entre la carpa y la gradería fue cuando -con las manos y a gritos- les hablaba a mis hermanos.

 –¿Qué pasó después?

–Salimos de la Unidad Deportiva en orden, Fui hasta donde había dejado mi motocicleta y sin que nadie me dijera nada, me dirigía al Caliche.

–Cuando salió de la Unidad Deportiva ¿Había vigilancia?

–Sí, todo eso estaba lleno de policías. Pasé entre algunos de ellos pero no me dijeron nada.

–¿Qué sucedió luego?

–Pues me dirigí a la salida de la Unión (de san Antonio), iba entre una fila de camionetas descubiertas que llevaban más aficionados, adelante y atrás de mí.  Me di cuenta que atrás de nosotros, también venía una patrulla pero en ningún momento creí que me estuvieran persiguiendo por lo que yo mantuve la velocidad de mi moto ocupando mi lugar en la fila de camionetas y otros muchachos que también iban en motos. De pronto, escuché dos detonaciones y casi al mismo tiempo un golpe en la parte de afuera de mi pantorrilla izquierda y casi inmediatamente después, se me rompió la llanta de atrás de la moto y traté de salir a la orilla de la carretera. Se me emparejó una patrulla y se me pegó tanto que me hizo caer. Pero antes de que pudiera reaccionar ya tenía encima de mí a los policías que me patearon en donde cayera cada golpe, uno me dio unas patadas en la cara y casi pierdo el conocimiento. Luego me levantaron casi como un bulto y me lanzaron a la caja de la camioneta. Echaron encima de mí la moto, y todavía arriba me siguieron golpeando.

El entrevistado señaló que lo trasladaron a la cárcel municipal, pero debido a que no se le detenía el sangrado del rostro, lo llevaron al hospital regional de Lagos de Moreno, ubicado a unos 28 kilómetros de distancia. Durante su atención, ningún policía se quedó a resguardarlo, ni estuvo en calidad de detenido.

Moreno Antimo también señaló que la doctora que lo atendió no hizo ningún reporte al Ministerio Público para que tomara conocimiento de sus lesiones como sucede la mayoría de las veces. “La única que acudió poco después fue mi mamá (Sanjuana Antimo) quien estuvo allí hasta la una y media de la madrugada que me dieron de alta”, dijo.

Luis Javier Moreno, víctima del abuso policíaco en Unión de San Antonio, Jalisco. Foto: Teódulo Pineda

Luis Javier Moreno, víctima del abuso policíaco en Unión de San Antonio, Jalisco. Foto: Teódulo Pineda

“No hagan más grande el asunto”: les advierten policías

Luis Javier Moreno dijo a Los Ángeles Press que cuando fueron a poner la denuncia por la violencia policial ejercida contra su persona, “los policías le dijeron a mi mamá que no hiciéramos más grande el asunto”. Sin embargo, pese a las advertencias policiales, decidieron poner la denuncia en la Agencia del Ministerio Público de la Unión de San Antonio en contra de quienes resulten responsables por la agresión injustificada.

“Allí me dijeron que el golpe de la pantorrilla se debió a un proyectil de arma de fuego que primero pegó en el suelo y luego de rebote alcanzó mi pie”, señaló el afectado.

 –¿Qué espera que suceda después? – preguntó por último el reportero.

–Lo que las autoridades decidan. Si quieren que haya un careo para ver cómo ocurrieron las cosas, creo que se puede hacer porque fueron muchas las personas las que vieron como sucedió todo. Y aunque hubo quienes se detuvieron para reclamar el proceder, los policías los obligaron a continuar su camino por medio de amenazas.

Luis Javier Moreno Antimo vive en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y es originario de San José del Caliche del municipio de la Unión de San Antonio, todos son lugares cercanos en esa región mexicana.

Rozón de proyectil que primero pegó en el piso, según peritos ministeriales. Foto: Teódulo Pineda

Rozón de proyectil que primero pegó en el piso, según peritos ministeriales. Foto: Teódulo Pineda

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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