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Fabricación de culpables

Activistas por Nestora Salgado intensifican campaña por su liberación

Activistas internacionales intensifican campaña por la liberación de Nestora Salgado que cumple un año de prisión política

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14deagosto - Nestora 062

Mujeres del Comité Internacional Nestora Libre en la Ciudad de México. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Feministas, periodistas, activistas, artistas han intensificado las actividades del Comité de Mujeres Nestora Libre para demandar la libertad de Nestora Salgado García, integrante de la Policía Comunitaria de Olinalá que cumplirá el 21 de agosto un año en una prisión política en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit bajo condiciones que violan sus derechos humanos.

En conferencia de prensa efectuada el pasado 15 de agosto, en el Centro PRO Juárez de derechos humanos en la Ciudad de México, mujeres denunciaron la represión cometida por “el gobierno machista en el que vivímos hoy” contra Salgado García desde que fue detenida por fuerzas armadas sin orden de aprehensión, la fabricación de delitos, hasta las condiciones deplorables de su encarcelamiento.

Además de una carta que exige su liberación en la que firman entre otras personalidades; Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Regina Orozco, Liliana Felipe, Carmen Boullosa, Luisa Riley, Natalia Brushtein, Laura Imperiale, Shula Erenberg, se desarrollará la campaña “Todas somos Nestora”, “We are all Nestora”, que consistirá en expresar la solidaridad con Nestora Salgado con una foto y la leyenda #NestoraLibre.

Bety Lumbreras del Frente de Resistencia Los Ángeles, leyó una carta de la periodista Guadalupe Lizarraga, directora de Los Ángeles Press en la cual menciona cinco personas clave que han intervenido en el encarcelamiento injusto de Salgado García: el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, el alcalde de Olinalá Eusebio González Rodríguez en alianza con el síndico, Armando Patrón, el procurador que fabricó el expediente e imputó delitos falsos Iñaki Blanco e Isabel Miranda de Wallace que ha difamado ante los medios a Nestora y ha presionado a jueces locales para que no la liberen.

La feminista Marta Lamas señaló en su intervención que como feminista y ciudadana le preocupa la falta de transparencia en el caso, lo cual constituye una contradicción del discurso del gobierno y reiteró la demanda de mediación para que Salgado García sea trasladada a un penal de la Ciudad de México no en Guerrero.

Campaña internacional #NestoraLibre

Campaña internacional #NestoraLibre

Saira Rodríguez Salgado, hija mayor de Nestora, notificó que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ayuda de la Clínica de derechos humanos de la Universidad de Seattle para solicitar medidas cautelares para su madre, asimismo denunció la inactividad existente en el proceso legal por parte de los tribunales de Guerrero a pesar de existir desde hace seis meses una resolución federal que desechó cargos imputados a la integrante de la policía comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

Gloria Muñoz, fundadora de Desinformémonos.org, aseguró que aunque muchas veces se habla de que las periodistas no deben tomar partido, ella piensa lo contrario, “no se concibe el ejercicio periodístico sin la búsqueda de la justicia a través de las herramientas que el oficio ofrece… si la justicia en México prevaleciera, Nestora nunca debió haber pisado la cárcel”, refutó.

Muñoz relató que Salgado García fue detenida como si fuera la mujer más peligrosa, la subieron a un avión, vivió horas de incertidumbre sin dejarla ir al baño, recordó que aunque confluyen la presión de funcionarios contra la mujer como es el síndico y el presidente municipal de Olinalá así como el gobernador, no es algo local, “en éste y muchos casos, la presión del poder del Estado contra luchadores sociales, ejemplos hay muchos… mujeres que se han atrevido a defender su hoy y mañana como el caso de Enedina, campesina de 60 años que por negarse a vender sus tierras en Puebla está en una cárcel, son políticas de Estado”, criticó.

La periodista recreó las condiciones carcelarias de Salgado García y acusó que la quieren enloquecer por ser una mujer que se atrevió a enfrentar el gobierno y ser una líder comunitaria que denunció las complicidades de autoridades municipales con el crimen organizado.

Un rápido abrazo, una mesa que no les permite tocarse, una cancha de basquetbol a la que la llevan esposada, siendo la única que es tratada así en el penal de alta seguridad, fueron algunos de los detalles que se hablaron de las condiciones de Salgado García en prisión ante lo cual llamó a la investigación y que el caso no caiga en silencio y se olviden las corrupciones en Guerrero.

Salgado García, una de las personas que lideró a la ciudadanía en contra de la delincuencia organizada a finales de octubre de 2012, apenas pudo ver a uno de sus abogados de la firma Robles Gomez Mont, el 25 de julio, luego de la intervención de la Embajada Americana. La defensa de Nestora especificó que  ella no ha estado ante ningún juez, solo la han sacado a un cuarto y no a un juzgado con representación legal.

Nestora fue enviada al penal de El Rincón de Tepic Nayarit con auto de formal prisión sin darle los cinco días para presentar pruebas en su defensa, además de que el expediente fue fabricado y contiene afirmaciones distintas a lo que ella declaró.

Trinidad de San Salvador Atenco, dijo a Saira Rodríguez que no está sola, así como en Atenco hubo compañeros presos, perseguidos, así como están con los familiares de los desaparecidos, “estamos también contigo, no daremos solución pero daremos la lucha”, atajó y señaló que en Atenco fueron perseguidos e incluso asesinaron a dos jóvenes, Alexis y Xavier, además de encarcelamientos injustos y violaciones a mujeres.

“Se sabe todo lo que se pasa como familia, hay que seguir en la lucha, denunciar la política de Estado existente ante las imposiciones”, enfatizó a la hija de Nestora. “¿Qué estamos esperando para unirnos?, hagamos frente a la política represora que nos lleva a un lugar donde el pueblo sea el que gobierne”dijo.

“Mi mente jamás conocerá estas barreras mis pensamientos jamás serán presos, acuérdense que los robles no se doblan ni se van de lado”, recuerdan una de las frases que dijo Nestora Salgado. Por su parte su esposo, José Luis Ávila informó que el 21 de agosto habrá eventos en diferentes ciudades de Estados Unidos por parte del Grupo de Mujeres Radicales, el Partido Obrero Socialista, el freedom Socialist Party, el Frente de Resistencia en Los Angeles, entre otros grupos, en ciudades como Washington, Chicago, Los Angeles, y Nueva York, al igual que protestas frente a consulados mexicanos. Además del respaldo del congresista de Seattle Adam Smith, quien emitió recientemente una carta pidiendo apoyo al secretario de Estado, John Kerry.

En otras intervenciones de los asistentes, se refrendó el respaldo para exigir la liberación de Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Suastegui así como los policías comunitarios detenidos en relación al caso de Salgado García. Norma Mesino, dirigente de la Costa Grande cuya hermana fue asesinada hace casi un año, tachó de perverso al procurador Iñaki Blanco porque ha torcido la justicia y recordó que otras mujeres luchadoras sociales han sido asesinadas o desaparecidas sin que exista justicia como Eva Alarcón y Juventina Villa.

Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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