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Fabricación de culpables

Activistas por Nestora Salgado intensifican campaña por su liberación

Activistas internacionales intensifican campaña por la liberación de Nestora Salgado que cumple un año de prisión política

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14deagosto - Nestora 062

Mujeres del Comité Internacional Nestora Libre en la Ciudad de México. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Feministas, periodistas, activistas, artistas han intensificado las actividades del Comité de Mujeres Nestora Libre para demandar la libertad de Nestora Salgado García, integrante de la Policía Comunitaria de Olinalá que cumplirá el 21 de agosto un año en una prisión política en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit bajo condiciones que violan sus derechos humanos.

En conferencia de prensa efectuada el pasado 15 de agosto, en el Centro PRO Juárez de derechos humanos en la Ciudad de México, mujeres denunciaron la represión cometida por “el gobierno machista en el que vivímos hoy” contra Salgado García desde que fue detenida por fuerzas armadas sin orden de aprehensión, la fabricación de delitos, hasta las condiciones deplorables de su encarcelamiento.

Además de una carta que exige su liberación en la que firman entre otras personalidades; Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Regina Orozco, Liliana Felipe, Carmen Boullosa, Luisa Riley, Natalia Brushtein, Laura Imperiale, Shula Erenberg, se desarrollará la campaña “Todas somos Nestora”, “We are all Nestora”, que consistirá en expresar la solidaridad con Nestora Salgado con una foto y la leyenda #NestoraLibre.

Bety Lumbreras del Frente de Resistencia Los Ángeles, leyó una carta de la periodista Guadalupe Lizarraga, directora de Los Ángeles Press en la cual menciona cinco personas clave que han intervenido en el encarcelamiento injusto de Salgado García: el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, el alcalde de Olinalá Eusebio González Rodríguez en alianza con el síndico, Armando Patrón, el procurador que fabricó el expediente e imputó delitos falsos Iñaki Blanco e Isabel Miranda de Wallace que ha difamado ante los medios a Nestora y ha presionado a jueces locales para que no la liberen.

La feminista Marta Lamas señaló en su intervención que como feminista y ciudadana le preocupa la falta de transparencia en el caso, lo cual constituye una contradicción del discurso del gobierno y reiteró la demanda de mediación para que Salgado García sea trasladada a un penal de la Ciudad de México no en Guerrero.

Campaña internacional #NestoraLibre

Campaña internacional #NestoraLibre

Saira Rodríguez Salgado, hija mayor de Nestora, notificó que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ayuda de la Clínica de derechos humanos de la Universidad de Seattle para solicitar medidas cautelares para su madre, asimismo denunció la inactividad existente en el proceso legal por parte de los tribunales de Guerrero a pesar de existir desde hace seis meses una resolución federal que desechó cargos imputados a la integrante de la policía comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

Gloria Muñoz, fundadora de Desinformémonos.org, aseguró que aunque muchas veces se habla de que las periodistas no deben tomar partido, ella piensa lo contrario, “no se concibe el ejercicio periodístico sin la búsqueda de la justicia a través de las herramientas que el oficio ofrece… si la justicia en México prevaleciera, Nestora nunca debió haber pisado la cárcel”, refutó.

Muñoz relató que Salgado García fue detenida como si fuera la mujer más peligrosa, la subieron a un avión, vivió horas de incertidumbre sin dejarla ir al baño, recordó que aunque confluyen la presión de funcionarios contra la mujer como es el síndico y el presidente municipal de Olinalá así como el gobernador, no es algo local, “en éste y muchos casos, la presión del poder del Estado contra luchadores sociales, ejemplos hay muchos… mujeres que se han atrevido a defender su hoy y mañana como el caso de Enedina, campesina de 60 años que por negarse a vender sus tierras en Puebla está en una cárcel, son políticas de Estado”, criticó.

La periodista recreó las condiciones carcelarias de Salgado García y acusó que la quieren enloquecer por ser una mujer que se atrevió a enfrentar el gobierno y ser una líder comunitaria que denunció las complicidades de autoridades municipales con el crimen organizado.

Un rápido abrazo, una mesa que no les permite tocarse, una cancha de basquetbol a la que la llevan esposada, siendo la única que es tratada así en el penal de alta seguridad, fueron algunos de los detalles que se hablaron de las condiciones de Salgado García en prisión ante lo cual llamó a la investigación y que el caso no caiga en silencio y se olviden las corrupciones en Guerrero.

Salgado García, una de las personas que lideró a la ciudadanía en contra de la delincuencia organizada a finales de octubre de 2012, apenas pudo ver a uno de sus abogados de la firma Robles Gomez Mont, el 25 de julio, luego de la intervención de la Embajada Americana. La defensa de Nestora especificó que  ella no ha estado ante ningún juez, solo la han sacado a un cuarto y no a un juzgado con representación legal.

Nestora fue enviada al penal de El Rincón de Tepic Nayarit con auto de formal prisión sin darle los cinco días para presentar pruebas en su defensa, además de que el expediente fue fabricado y contiene afirmaciones distintas a lo que ella declaró.

Trinidad de San Salvador Atenco, dijo a Saira Rodríguez que no está sola, así como en Atenco hubo compañeros presos, perseguidos, así como están con los familiares de los desaparecidos, “estamos también contigo, no daremos solución pero daremos la lucha”, atajó y señaló que en Atenco fueron perseguidos e incluso asesinaron a dos jóvenes, Alexis y Xavier, además de encarcelamientos injustos y violaciones a mujeres.

“Se sabe todo lo que se pasa como familia, hay que seguir en la lucha, denunciar la política de Estado existente ante las imposiciones”, enfatizó a la hija de Nestora. “¿Qué estamos esperando para unirnos?, hagamos frente a la política represora que nos lleva a un lugar donde el pueblo sea el que gobierne”dijo.

“Mi mente jamás conocerá estas barreras mis pensamientos jamás serán presos, acuérdense que los robles no se doblan ni se van de lado”, recuerdan una de las frases que dijo Nestora Salgado. Por su parte su esposo, José Luis Ávila informó que el 21 de agosto habrá eventos en diferentes ciudades de Estados Unidos por parte del Grupo de Mujeres Radicales, el Partido Obrero Socialista, el freedom Socialist Party, el Frente de Resistencia en Los Angeles, entre otros grupos, en ciudades como Washington, Chicago, Los Angeles, y Nueva York, al igual que protestas frente a consulados mexicanos. Además del respaldo del congresista de Seattle Adam Smith, quien emitió recientemente una carta pidiendo apoyo al secretario de Estado, John Kerry.

En otras intervenciones de los asistentes, se refrendó el respaldo para exigir la liberación de Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Suastegui así como los policías comunitarios detenidos en relación al caso de Salgado García. Norma Mesino, dirigente de la Costa Grande cuya hermana fue asesinada hace casi un año, tachó de perverso al procurador Iñaki Blanco porque ha torcido la justicia y recordó que otras mujeres luchadoras sociales han sido asesinadas o desaparecidas sin que exista justicia como Eva Alarcón y Juventina Villa.

El Caso Wallace

Torturadores del caso Wallace, hoy fiscales de investigación en la Fiscalía General de Justicia de CDMX

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Por Guadalupe Lizárraga

Osvaldo Jiménez Juárez, ex agente del Ministerio público reconocido ante juez federal por Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz como uno de los agentes de SIEDO que les infligió torturas con violencia sexual para que se incriminaran por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, actualmente se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía de Xochimilco, además de ser asesor jurídico para la ciudadanía en TV Azteca.

Jiménez Juárez fue identificado por su voz al momento de leer un documento en la audiencia pública del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, presidida por el Juez Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres acusados por Isabel Miranda Torres, bajo la causa penal 35/2006.

Cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar, de inmediato reconoció su voz, y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Villa Aldama, Veracruz, donde tuvo la segunda tortura y fue violado con un tolete de acuerdo con su testimonial en el Protocolo de Estambul positivo, de 88 páginas.

En ese careo, tanto César Freyre Morales como Jacobo Tagle expusieron que la implicación de Brenda Quevedo había sido por las torturas físicas y psicológicas que sufrieron, más las amenazas a sus familias y maltratos en prisión, y que ello lo habían expuesto ya en su declaración preparatoria. Incluso, Freyre Morales remitió a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos actos de tortura.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, su defensa presentó una inconformidad por no acción penal contra Osvaldo Jiménez Juárez ante la entonces Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la omisión de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor sexual y torturador de Brenda Quevedo, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a ella el mismo día de los hechos, 27 de noviembre de 2009, en el que el funcionario reconoció la agresión:

“Qué sentía mucho lo que había pasado, que a él no le habían dicho a qué iban exactamente a entrar estas personas”…

Otro de los denunciados por abuso sexual y tortura fue Fermín Ubaldo Cruz, quien ahora se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Junto con él Braulio Robles Zúñiga también identificado como el coordinador de las torturas siendo agente del Ministerio Público subordinado a las órdenes de Isabel Miranda.

Su denunciante, Juana Hilda González Lomelí, víctima de detención arbitraria, fue llevada del arraigo a la entonces Siedo-PGR, el 8 de febrero de 2006, sin su abogada. Durante el trayecto fue abusada dentro del vehículo en el que la transportaron y en la Siedo fue nuevamente amenazada con hacerle lo mismo a su hija, por lo que declaró contra las cinco personas implicadas como supuestamente banda de secuestradores.

Robles Zuñiga ha sido denunciado reiteradamente y en diferentes instancias gubernamentales, como en la Cámara de diputados en foros legislativos por Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, otra víctima del falso caso Wallace, por los mismos actos de tortura.

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Fabricación de culpables

Víctimas de García Luna y Cárdenas Palomino, desde prisión, denuncian torturas y montajes de la Policía Federal

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El 25 de febrero de 2012, Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, lideraron detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos a personas que aún se encuentran pagando condenas por delitos que no cometieron.

Es el caso de Roberto Carlos Gómez Zúñiga, Armando Ernesto Salinas Gómez, Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Israel Gómez Zúñiga, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Gabriel Gómez Zúñiga, Carlos Gabriel Balandrín Gómez, Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez y Diego Romero Carral. Todos ellos fueron víctimas de tortura física y psicológica para simular un caso resuelto por parte de un grupo de agentes de la extinta Policía Federal, donde Luis Cárdenas Palomino fungía como segundo al mando de la corporación.

Pero su principal torturadora fue una fiscal procesada en octubre de 2020 por fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa, Blanca Alicia Bernal Castilla. Así lo señalaron los culpables fabricados que estuvieron incomunicados y sometidos a torturas por más de 13 horas, para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la SEIDO, acusados injustamente por los delitos de secuestro agravado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Los hechos

A través de una misiva de más de 20 páginas a Los Ángeles Press, los agraviados señalaron que llevan 9 años privados de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social, número 17 “CPS Michoacán”, número 13 “CPS Oaxaca” y número 15 “CPS Chiapas”, luego de ser detenidos en diferentes lugares y circunstancias de tiempo y modo, sin existir una orden judicial de arresto.

Seis personas, entre éstas un menor de edad, fueron aprehendidas cuando se encontraban al interior del centro nocturno “Bar Minezota” en Ecatepec de Morelos, Estado de México; mientras que dos de los suscritos fueron detenidos al interior de su domicilio en presencia de sus padres en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX, y uno al interior de su casa habitación en la misma demarcación frente a su esposa e hijos.

Actualmente se encuentran sujetos a un proceso penal, aún en periodo de instrucción, bajo la causa 44/2012 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

Luego de ser detenidos, los introdujeron a un inmueble desconocido donde fueron objeto de una escenificación “ajena a la realidad” para ser exhibidos ante los medios de comunicación, bajo el argumento de que pertenecían a una banda de secuestradores y que habían sido aprehendidos en dicho inmueble, donde también se encontró una persona sin vida.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal donde continuaron las torturas en su contra a través de diferentes técnicas, con el objetivo de que aceptaran los falsos delitos por los que era inculpados.

Una vez que dejaron dichas instalaciones, en su camino a la SEIDO en un camión blindado, fueron testigos de otra detención arbitraria de un sujeto que se encontraba en la vía pública bajo el argumento de “estar de pinche chismoso”; la persona responde al nombre de Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, quien actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal por la misma causa.

La torturadora

La agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla fue quien coordinó las torturas de las 10 víctimas de fabricación de delitos, según lo relatado en las misivas. Se trata de la misma persona que actualmente cumple condena por tortura y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa.

En la madrugada del 25 al 26 de febrero del 2012, señalaron las víctimas que rindieron sus declaraciones oralmente sin la presencia física de un defensor, porque no se los permitieron y posteriormente la agente Bernal Castilla los obligó a firmar sus declaraciones sin poder leerlas como era su derecho.

Ante la negativa de los detenidos de firmar sin leer los documentos, la agente los amenazó de que si seguían negándose detendrían a más miembros de sus familias, y ordenó a los policías federales: “denles otra madriza porque no quieren firmar”.

Tras las amenazas y torturas, cinco inculpados terminaron accediendo a firmar sus declaraciones sin tener conocimiento real de su contenido, mismas que fueron tomadas como autocriminatorias por los delitos de secuestro agraviado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Las demás víctimas realizaron un esfuerzo sobre humano para resistir la tortura por parte de Bernal Castilla, teniendo como resultado la fabricación de declaraciones ministeriales e imputaciones en contra de ellos.

Entre las víctimas, un menor de edad

Las golpizas a las víctimas fueron parejas. Entre las víctimas, un joven de 17 años, Christopher Eduardo Molinero Hernández, tuvo que ser hospitalizado de urgencias en la Cruz Roja de Polanco, el 25 de febrero de 2012, a causa de una obstrucción de las vías respiratorias, a punto de la asfixia, tras la tortura con una bolsa de plástico en su cabeza.

El hecho se encuentra acreditado como prueba de descargo con la documental pública consistente en el oficio número DM/0002EX/HCRM-2013 con la fecha del 2 de enero de 2013, emitida por el director médico de la Cruz Roja Mexicana.

Se le hizo saber a la agente del Ministerio Público, y ella misma pidió un perito oficial para que determinara la edad clínica del menor. Y en el expediente quedó plasmado que “Christopher Eduardo Molinero Hernández tenía una edad clínica dental de mayor de 16 años y menor a 18 años al momento de su revisión”.

Pero la agente Bernal Castilla ignoró los resultados y obligó al joven a declarar su autoincriminación, sin la presencia de sus padres o tutores, y bajo tortura.

Fabricación de culpables, una cortina de humo

Hoy se conoce que Genaro García Luna siendo secretario de Seguridad Pública Federal simuló una política frontal de combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, a través de la fabricación de culpables, con detenciones arbitrarias masivas, torturas y encarcelamientos injustos, de manera sistemática. No obstante, desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en 2001, ya fabricaba culpables con los delitos de secuestro. Incluso, hay víctimas de más de 20 años en prisión injusta han demostrado su inocencia y aún siguen en prisión.

Sin embargo, cuando García Luna emprendió de manera indiscriminada la fabricación de culpables fue durante su gestión en la Secretaría de Seguridad con el objetivo de simular eficiencia policial con una “cortina de humo” en México, escenificando montajes de detenciones de presuntos criminales por delitos de alto impacto para mostrar “resultados” de la estrategia contra el narcotráfico y los secuestros; en tanto favorecía a cárteles mexicanos a través de sobornos y conspirando en el tráfico de drogas a Estados Unidos de América; hecho por el cual se encuentra detenido y sujeto a un juicio penal en dicho país.

Entre los montajes mediáticos destacan las víctimas del falso caso Wallace, en el que recientemente un oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos identificó a Isabel Miranda Torres, como una persona vinculada a García Luna, durante la petición de asilo de Alejandro Garduño Real, defensor público de Jacobo Tagle Dobin, el mismo defensor de Francisco García Medel, del caso Nelson Vargas, y de Noé Robles Hernández, del caso Martí.

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Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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