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Activistas denuncian que negligencia médica provocó suicidios de reclusas en penal de Santa Martha Acatitla

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La fundadora del colectivo Ave Fénix, Citlali Fernández, denunció que la negligencia médica por parte de las autoridades penitenciarias del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, cometieron negligencia médica, lo que provocó que dos reclusas se suicidaran.

La activista dijo que el pasado 1 de marzo se registró el suicidio de una reclusa llamada Kony, quien vivía en el edificio E, en donde se permite el consumo de drogas, mientras que el 6 de marzo también se identificó el suicidio de Paola, habitante del edificio A.

Por su parte, Adriana Cortés, representante del colectivo Reclusas Vivas, también expuso que desde hace años han evidenciado las constantes violaciones a derechos humanos que padecen las mujeres en reclusión, por lo que no han recibido la suficiente atención médica para el tratamiento de sus enfermedades.

De la misma manera, sostuvo que no se les ha provisto de los insumos sanitarios necesarios para sus necesidades fisiológicas, por lo que requieren mejores condiciones de higiene dentro del penal, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta positiva.

En tanto, Ana María Sánchez Jumilla, activista defensora de los derechos de las mujeres, mencionó que existen condiciones de denigración permanente para las mujeres, lo que ha ocasionado el suicidio de las reclusas, por lo que demandaron la intervención tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que implemente medidas cautelares.

La CNDH enfatizó en su informe sobre la condición de los penales femeniles en México que prevalece el hacinamiento y sobrepoblación, así como escasez de insumos médicos básicos para la atención de diferentes enfermedades, condición que se profundizó con la pandemia de Covid-19.

 

 

 

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Investigaciones

Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

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Las mineras canadienses y mexicanas están apropiándose del agua en Guanajuato hasta 2029

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta la concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

Por Emilio Godoy

DOLORES HIDALGO, México – Ante la escasez existente en la zona, la mexicana Fausta Márquez se considera a sí misma “una guardiana del agua” en su comunidad, pues almacena el líquido, reutiliza el agua de la lavadora y del enjuague de los utensilios de cocina, y tiene un baño seco en su casa.

“Recibimos agua cada tres días y cuando cae, la echan tres veces al día. Pero en época de sequía, la situación empeora”, porque el recurso escasea aún más, relató Márquez, quien compatibiliza la agricultura con el cuidado del hogar,  mientras enseñaba los visibles beneficios de contar con el recurso en el patio de su casa.

Esta madre de tres hijas y un hijo y ya con dos nietos vive en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, a unos 337 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Su jardín muestra las bondades del agua en una zona semidesértica, pues abundan plantas variadas, y el suelo aún está verde, ante la inminencia del frío al que seguirá  la temporada seca.

Márquez, integrante del colectivo Hermandad de la Cuenca de Independencia, posee un sistema de captación de lluvia, que consta de un depósito de unos 12 000 litros y otro de menor capacidad, que alcanza para un año. Un pozo abastece a Santa Bárbara y otras tres comunidades vecinas desde 1994.

Lee más: Minera canadiense Esperanza Silver acosa y divide a la comunidad de Tetlama para imponer proyecto

A la sobreexplotación, especialmente por la agricultura de exportación, y la sequía, otra amenaza se cierne en el horizonte. La Minera Cerro del Gallo, propiedad de la canadiense Argonaut Gold Inc, posee siete concesiones hídricas por 1 240 millones de metros cúbicos (m3) anuales, cuyo uso supondría un golpe devastador al inventario hídrico de la zona y la generación de contaminación.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”: Fausta Márquez.

La mina de tajo a cielo abierto, la primera de su tipo en Guanajuato, dista cinco kilómetros de Santa Bárbara, habitada por unas 600 personas, con sus familias dedicadas a la agricultura.

Su extracción implica la voladura del cerro mediante cargas de dinamita y la separación de los minerales, grandes volúmenes de agua y cianuro, cuyos desechos lodosos contaminan el suelo, el aire y el agua. Ello acarrea riesgos para la salud de la población cercana.

El proyecto extractivo, situado en un área de 20 000 hectáreas y que confina 70 millones de reservas probadas de oro, plata y cobre, encierra riesgos para la llamada Cuenca de la Independencia, que abarca a seis municipios, 21 comunidades, una extensión de 7 000 kilómetros cuadrados y una población que totaliza 569 369 personas, dentro de un estado que tenía más de seis millones de habitantes en 2020 y 46 municipios.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”, señaló Márquez, quien ella sola cultiva maíz y frijol, a la vez que cría cerdos.

apicultor Hidalgo Gto

El apicultor Salvador García asegura que la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, situada en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, representa una amenaza para sus colmenas por el daño a la vegetación y la contaminación del agua que supone esa explotación. Foto: Emilio Godoy / IPS

Para el apicultor Salvador García, el temor estriba en la devastación territorial, que también amenaza a sus colmenas.

“Si van a madrear (golpear) toda esta parte, afecta la vegetación y eso afecta todo”, explicó García, miembro de la asociación ganadera local y que agrupa a 13 productores, mientras revisaba distancia un lote de 25 colmenas en su terreno, en La Colmena, otra comunidad de Dolores Hidalgo.

Él y su familia poseen unos 350 panales, que aportan aproximadamente 10 toneladas de miel anuales, mientras que la asociación suma unas 2500 colmenas, que generan unas 20 toneladas.

Las abejas se mueven en un radio de tres kilómetros para beber el néctar de las flores y agua, y polinizar las plantas circundantes. La polución puede ser letal para estos insectos.

A la distancia, los tajos deforman la silueta del cerro. En su vecindad, los campesinos ya recogieron el maíz, base de la dieta local, y quedaron los esqueletos de los matojos, a la espera de su recolección o su integración al suelo, para continuar con el proceso de fertilidad necesario para la siguiente siembra. Ignorantes de los riesgos, unas mariposas revolotean, a la espera de alimento o de un depredador.

Desde 2017, García registra la cantidad de lluvia en la zona y que cayó de 500 mililitros anuales a 275 en septiembre. “Del agua que cae, solo aprovechamos 30 %, el resto se pierde o se evapora”, lamentó, mientras escrutaba el cielo sobrado de sol.

agua Dolores Hidalgo Gto

Vista de la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, de la canadiense Argonaut Gold, en el municipio de Dolores Hidalgo, la primera de su tipo en el estado de Guanajuato. Contiene reservas de oro, plata y cobre, para cuya extracción tiene siete concesiones hídricas por 1240 millones de metros cúbicos anuales, en una región con escasez del recurso. Foto: Emilio Godoy / IPS

Botín minero

Históricamente, Guanajuato, fraccionado en siete distritos de minería metálica, ha sido un territorio minero. En 2019, contribuyó con 0,07 % de la producción minera mexicana, para ocupar el puesto 19, según el estatal Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La extracción de oro se ha duplicado en años recientes, al pasar de 2374 kilogramos en 2016 a 4118 en 2020, pero la de plata se ha derrumbado de 142 toneladas a 40 en ese periodo. Mientras, el cobre se ha mantenido alrededor de 0,9 toneladas.

Hace dos años, las empresas mineras poseían 631 concesiones sobre un área de 309 209 hectáreas, prácticamente 10 % del territorio del estado, de 3,06 millones de hectáreas, según el SGM. Entre 1995 y 2020, el sector público apoyó a 10 proyectos de oro y plata.

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México se ha transformado en este siglo en un fuerte escenario minero debido a las riquezas del subsuelo, lo que ha generado conflictos sociales y ambientales con comunidades locales.

En 2021 había 316 proyectos en exploración, 84 en producción, 44 en construcción, 757 postergados y nueve en cierre, cinco en 2017 y en 2019. Además, nueve empresas estaban en proceso de cierre.

“Primero, (llega) la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”; Verónica Vázquez.

Este país, la segunda economía latinoamericana, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, ha entregado en concesión 10 % del territorio a compañías mineras.

México es actualmente el principal productor mundial de plata y también es un actor importante en el mercado de 12 minerales.

Pero esa misma actividad ha provocado al menos 374 conflictos ambientales por contaminación del agua, deforestación y generación de residuos.

Verónica Vázquezacadémica del público Colegio de Posgraduados, destacó que el modus operandi y los efectos de la minería son muy conocidos.

“Primero, la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”, indicó desde Texcoco, en el estado de México, vecino a Ciudad de México, donde se ubica el centro universitario.

mapa de concesiones

Captura del mapa de concesiones mineras en Guanajuato, elaborado por Global Forest Watch. De tradición minera, ese territorio al norte de Ciudad de México hospeda concesiones mineras metálicas de oro, plata y cobre. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Agua que no han de beber

Mientras la mitad del país enfrenta falta de agua por escasez o acaparamiento, 100 empresas mineras atesoran concesiones por 250 millones m3 anuales, de los cuales 174 millones corresponden a agua subterránea y 73 millones, a superficial, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los estados de Sonora, Zacatecas y Durango, todos en el norte, concentran el mayor volumen: 200 millones.

En Guanajuato, la canadiense Guanajuato Silver Company Ltd posee una concesión de aguas subterráneas por 513 760 m3 anuales, sin vigencia definida, y cuatro permisos de descarga de residuos líquidos por 7 395 m3 y que vencen entre 2023 y 2040.

La Minera Las Torres tiene una licencia de aguas subterráneas por 480 609 m3 hasta 2026, mientras que San Antón de las Minas, la que desarrolla Cerro del Gallo, propiedad de Argonaut Gold, cuenta siete títulos por 1240 millones de m3, con su  expiración entre 2023 y 2029.

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta una concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

A estas entregas se han aunado la agroexportación y la expansión inmobiliaria.

En la zona “hay un grave problema de agua, pues solo hay subterránea y de lluvia. La población recibe reparto de agua. De estilo de vida campesino pasó a la agricultura extensiva para exportación, que ha agravado la extracción”, explicó Gustavo Lozano, director de la no gubernamental Acción Colectiva.

“Con la mina, la población afectada no tendría agua”, dijo en León, otro municipio guanajuatense.

De los 18 acuíferos de Guanajuato, al menos 11 sufren un déficit conjunto de 531 millones de m3 anuales, debido a que la extracción excede a la recarga, según datos de Conagua.

mapa

Las minas necesitan depósitos de residuos, o jales, para colocar los residuos provenientes de la explotación, pero esos amontonamientos de desechos contaminantes representan riesgos para el ambiente y la salud humana. En la imagen captura del mapa del Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Foto: Emilio Godoy / IPS

Relaciones peligrosas

Los depósitos de desechos, llamados localmente jales, acompañan a las minas, requieren de agua y significan riesgos sanitarios y ambientales, por la contaminación que causan.

El primer Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (Semarnat) enlista 585 depósito, de las cuales 301 funcionan, 275 inactivos, dos inactivos con posibilidades de reactivación, uno inconclusa, cuatro pasivos ambientales y dos temporales.

Los jales consisten en apilamientos de material molido (lodos) derivado de la extracción de minerales de las rocas, que contienen sustancias nocivas y que quedan al aire libre como pequeñas montañas muertas.

El listado revela que el mineral más relacionado con esos depósitos tóxicos –tanto de compañías mexicanas como extranjeras– es el oro, con 131 de esos apilamientos o presas como se las conoce en México. Le siguen la plata, con 40, el cobre, con 17; el hierro y el plomo, con seis.

En Guanajuato existen 12 jales, de los cuales operan seis, uno correspondiente a Cerro del Gallo. Ante esta situación, Conagua podría acotar la entrega del recurso a las mineras y así dejarlo para las poblaciones locales. Esa dependencia y la minera Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, acordaron en 2020 la devolución de cinco millones de m3 del líquido, para permitir la recuperación de un acuífero en Zacatecas. Además, en 2023 la empresa cederá otros cuatro millones.

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Un problema añadido es que la vigilancia de Conagua sobre operaciones hídricas del sector es baja. De los 176 procedimientos administrativos que Conagua ha iniciado desde 2017, 35 ocurrieron en Guanajuato. De ellos, el organismo clausuró un aprovechamiento de 130 000 m3 anuales a San Antón de las Minas y le multó con unos 13 500 dólares por otros dos expedientes. Márquez y García están dispuestos al bloqueo permanente de la mina.

“Esperamos que les quiten las concesiones de agua. Con eso estaríamos salvados”, expresó la activista. A su vez, García planteó “exigirle al Estado que atienda el problema de fondo, tenemos que lograr que nos escuche”.

Para Vázquez, el gobierno debe aumentar su capacidad de vigilancia. “Hay que preguntarse por qué Conagua no retira concesiones hídricas a mineras, dijo.

“La solución pasa por la organización local y demandas legales para rechazar proyectos. Es un modelo que ha dado algunos resultados, como las declaratorias de zonas libres y la aplicación del ordenamiento territorial municipal. Lo segundo es más duradero, es una herramienta legal viable”, sugirió.

 

***

Fotogradía portada: La agricultora Fausta Márquez delante del tanque de agua de lluvia con el que logra tener agua potable en su casa, en medio de la escasez del recurso en su comunidad, Santa Bárbara, y otras vecinas del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Foto: Emilio Godoy / IPS

Este reportaje se publicó originalmente en IPS con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y las organizaciones integrantes del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales.
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Mexico Violento

ONU advierte que presencia de Fuerzas Armadas aumente la violencia en México

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La ONU DH sostuvo que el fallo de la Corte para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles incrementará la violencia en México

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que valida la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028 puede aumentar la violencia en el territorio nacional.

El organismo internacional señaló que puede ser una de las consecuencias de la presencia permanente de la Guardia Nacional en las calles, aunado a que realizarán labores que no son propias de sus funciones ni para las cuales fueron entrenadas, lo que podría favorecer la violación grave de derechos humanos.

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Por ello, la ONU consideró que ese acuerdo es una asignación indebida en tareas de seguridad pública para las fuerzas castrenses y el Poder Judicial dejó de actuar como un contrapeso ante la militarización del país.

De acuerdo con la ONU-DH, las Fuerzas Armadas pueden cometer violaciones graves de derechos humanos en el país, lo que permeará en agresiones constantes para la población civil, mientras que las disputas de los grupos del crimen organizado podrían recrudecer el conflicto nacional.

El Congreso de la Unión avaló la reforma constitucional para permitir la presencia de la Guardia Nacional hasta 2028, luego de obtener los votos necesarios para la mayoría calificada por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó esta reforma que faculta a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública en el país en tanto se consolidan las fuerzas policiacas del país para atender la incidencia delictiva en distintas regiones de la nación.

Por su parte, otros organismos civiles como organizaciones de madres buscadoras de desaparecidos habían rechazado tal medida por temor a que continúen las violaciones de derechos humanos por parte de los elementos del Ejército.

 

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México de conciencia

INE multa a partidos políticos con más de 673 mdp por irregularidades en proceso electoral 2021

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El INE multó a los partidos políticos por más de 600 millones de pesos

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 673 millones de pesos a los partidos políticos por diferentes irregularidades detectadas en el proceso electoral de 2021 por ingresos y gastos que ejercieron en los comicios federales intermedios. Los institutos políticos que tuvieron multan más cuantiosas fue Morena, PRI y el PAN.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con el 82 por ciento del total de los recursos cobrados, ya que el organismo autónomo independiente identificó egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista, y registro extemporáneos de operaciones.

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El consejero electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez, dijo que originalmente se contemplaba una sanción de 900 millones de pesos a los partidos políticos, pero después de las modificaciones en la fiscalización se redujeron casi una tercera parte de las multas, a 673 millones de pesos, aunque Morena recibirá una multa superior a los 300 millones de pesos.

Sin embargo, el representante de Morena ante el INE, Euripides Flores Pacheco, consideró que se trata de una inquisición electoral en contra del partido guinda y que se trata de una revancha contra el instituto político por la reforma electoral.

Por su parte, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, expuso que los partidos políticos deben cumplir con la entrega de los documentos necesarios para la fiscalización de los documentos necesarios, debido a que se han incumplido con los requerimientos establecidos en el Código Electoral.

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Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció en contra de estas modificaciones, al considerar que le cobran más recursos económicos que los que les corresponden, por lo cual iniciarán acciones legales al respecto. Otros partidos, como Movimiento Ciudadano o PRD, no se han pronunciado respecto a estas multas.

 

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